AS/0119/2025

Texto del fallo

<div>

SALA PLENA

TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

<table style="margin:0 0 0 0;"><tbody><tr><td style="padding:0 720 0 720;">AUTO SUPREMO Nº

</td>

<td style="padding:0 720 0 720;">: 119/2025

</td>

</tr>

<tr><td style="padding:0 720 0 720;">EXPEDIENTE Nº

</td>

<td style="padding:0 720 0 720;">: 13/2025

</td>

</tr>

<tr><td style="padding:0 720 0 720;">PROCESO

</td>

<td style="padding:0 720 0 720;">: Recurso de Casación

</td>

</tr>

<tr><td style="padding:0 720 0 720;">PARTE RECURRENTE

RESOLUCIÓN RECURRIDA

</td>

<td style="padding:0 720 0 720;">:Sociedad Accidental de Cuentas en Participación Consorcio Integración Del Cono Sur.

: Sentencia 132/2024 de 20 de mayo

</td>

</tr>

<tr><td style="padding:0 720 0 720;">MAGISTRADA TRAMITADORA

</td>

<td style="padding:0 720 0 720;">: Fanny Coaquira Rodríguez.

</td>

</tr>

<tr><td style="border-width:0 0 100 0;border-color:#000000;padding:0 720 0 720;border-style:solid;mso-element:para-border-div;">FECHA

</td>

<td style="border-width:0 0 100 0;border-color:#000000;padding:0 720 0 720;border-style:solid;mso-element:para-border-div;">: 2 de julio de 2025

</td>

</tr>

</tbody>

</table>

VISTOS EN SALA PLENA: El Recurso de Casación interpuesto por la Sociedad Accidental de Cuentas en Participación Consorcio Integración Del Cono Sur, (fs. 838 a 845) representada por Luis Alberto Aguilar Galzin, contra la Sentencia N° 132/2024 de 20 de mayo (fs. 809 a 821 vta.), pronunciada por la Sala Contenciosa, Contenciosa Administrativa, Social y Administrativa Segunda del Tribunal Supremo de Justicia, dentro del proceso contencioso seguido por la parte recurrente contra la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC), el escrito de respuesta de 14 de enero de 2025 (fs. 854 a 855 vta.), el Auto de 17 de enero de 2025 (fs. 856) que concedió el Recurso y los antecedentes del proceso.

I. ANTECEDENTES DEL PROCESO

1.-La demanda contenciosa fue interpuesta por la Sociedad Accidental de Cuentas en Participación Consorcio Integración Del Cono Sur, representada por Luis Alberto Aguilar Galzin, (fs. 302 a 314 vta.), contra la ABC, solicitando la resolución del contrato ABC 362/2016 de 5 de mayo, y demandó el pago de Bs. 3.612.920.45.- (Tres millones seiscientos doce mil novecientos veinte 45/100 bolivianos), así como la devolución de la boleta de garantía de cumplimiento de contrato en la suma de Bs. 1.698.486.- (Un millón seiscientos noventa y ocho mil cuatrocientos ochenta y seis 00/100 bolivianos); que fue admitida mediante decreto de 4 de noviembre de 2022 (fs. 318 y vta.), corrido el traslado a la parte contraria, que contestó en forma negativa (fs. 637 a 642).

2.-La Sala Contenciosa, Contenciosa Administrativa, Social y Administrativa Segunda del Tribunal Supremo de Justicia, tramitó el proceso señalado y pronunció la Sentencia Nº 132/2024 de 20 de mayo (fs. 809 a 821 vta.), que declaró PROBADA en parte la demanda contenciosa interpuesta por la Sociedad Accidental de Cuentas en participación Consorcio Integración del Cono Sur (fs. 302 a 314 vta.), contra la ABC, únicamente respecto a la devolución de la Boleta de Garantía N° 0201-88361 de Cumplimiento de Contrato con cargo al Banco de Crédito (BCP); e IMPROBADA la demanda respecto a la pretensión de pago de los montos reclamados por la supervisión de obras adicionales autorizadas, aprobadas y pagadas al Contratista equivalentes al 14,89% del monto del contrato, que asciende a Bs.3.612.920,45.- (Tres millones seiscientos doce mil novecientos veinte 45/100 bolivianos); así como, el daño emergente y lucro cesante.

3.-La Sentencia en el caso de autos, fue recurrida en casación por la Sociedad demandante mediante escrito presentado el 31 de octubre de 2025 (fs. 838 a 845); memorial de contestación presentado por la ABC el 14 de enero de 2025 (fs. 854 a 855 vta.); dicho recurso que fue concedido mediante Auto de 17 de enero de 2025 (fs. 856), ahora remitidos a esta Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia.

II. DISPOSICIONES LEGALES.

El Código de Procedimiento Civil de 6 de agosto de 1975 (CPC-1975), elevado a rango de Ley Nº 1760 de 28 de febrero de 1997, se aplica en materia contenciosa, en mérito a la facultad remisiva contenida en el art. 4 de la Ley Nº 620, Ley Transitoria para la tramitación de los procesos contencioso y contencioso administrativo de 29 de diciembre de 2014.

El art. 5.I.2 de la Ley Nº 620, dispone: “Contra la resolución que resuelva el proceso contencioso, procederá el Recurso de Casación, conforme a lo siguiente: 2. En los procesos contenciosos tramitados en la Sala Contenciosa y Contenciosa Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, los Recursos de Casación serán resueltos por la Sala Plena de ese Tribunal.”

Al presente, estando en vigencia plena el Código Procesal Civil (CPC-2013), que establece en su Disposición Abrogatoria Segunda, la abrogación del Código de Procedimiento Civil, por ello, corresponde ahora aplicar el art. 274 en relación al art. 277.I del citado Código, para realizar el examen de admisibilidad, respecto al Recurso de Casación objeto de análisis.

III. ANÁLISIS DEL CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS.

1. De la resolución impugnada.

Del análisis de la Sentencia 132/2024 de 20 de mayo (fs. 809 a 821 vta.), se advierte que la misma resolvió el proceso contencioso en el caso de autos; lo que permite inferir que la misma se encuentra dentro de los casos de procedencia que establece el art. 270 del CPC y el art. 5.I.2 de la Ley Nº 620.

2. Del plazo de presentación del recurso de casación.

De la revisión de antecedentes se tiene que la Sociedad Accidental de Cuentas en Participación Integral Del Cono Sur, fue notificada el 17 de octubre de 2024 (fs. 822), con la Sentencia Nº 132/2024 de 20 de mayo (fs. 809 a 821 vta.), conforme la papeleta de notificación N° 41548; es así que presentó Recurso de Casación el 31 de octubre de 2024 (fs. 838 a 845), en consecuencia, el Recurso de Casación planteado se encuentra dentro del plazo de días, señalado por el art. 273 del CPC.

3. De la legitimación procesal.

De igual forma, se examina que la empresa recurrente, al margen de identificar la resolución impugnada, es decir, la Sentencia Nº 132/2024 de 20 de mayo (fs. 809 a 821 vta.), goza de plena legitimación procesal para interponer el presente Recurso de Casación, puesto que la emisión de la referida Sentencia que declara probada en parte la demanda interpuesta por la sociedad recurrente, por lo que se colige que la interposición de este medio de impugnación es completamente permisible, esto conforme al sistema de impugnación vertical, dando cumplimiento al art. 274.I.2 del CPC.

4. Del contenido del recurso de casación.

De la revisión del Recurso de Casación interpuesto por la Sociedad Accidental de Cuentas en Participación Consorcio Integración Del Cono Sur, representada por Luis Alberto Aguilar Galzin, se observa que en lo trascendental dicho medio de impugnación acusó:

En el Fondo

Refiere que la demanda interpuesta por el Consorcio Supervisor contra la ABC, en exigencia del cumplimiento de obligaciones emergentes del Contrato Administrativo ABC N° 362/16 GNT-SCT-SPV-CAF, de 5 de mayo de 2016, relativo a la prestación de servicios de supervisión técnica, ambiental y social de la construcción del tramo carretero Puente Taperas – La Palizada; pues, la controversia gira en torno a la negativa de la entidad contratante de reconocer el pago por servicios adicionales de supervisión derivados del incremento de volúmenes de obra ejecutados por el contratista constructor y aprobados mediante contrato modificatorio; conscientemente, el Tribunal de instancia desestimó la pretensión argumentando que el contrato habría sido “resuelto por cumplimiento” conforme a la cláusula 20.1, y que el Supervisor no ejerció de manera oportuna su derecho a reclamo dentro del procedimiento de liquidación final establecido en la cláusula trigésima séptima; sin embargo, dicha fundamentación adolece de errores jurídicos de interpretación y aplicación normativa.

En primer lugar, la cláusula 20.1 no regula la resolución del contrato, sino únicamente su conclusión por cumplimiento, mientras que la cláusula 20.2 sí contempla la resolución como una forma extraordinaria de terminación por incumplimiento imputable a una de las partes. En consecuencia, invocar la “resolución por cumplimiento” constituye un error conceptual, al no estar prevista tal figura en el marco del contrato ni del régimen jurídico de contratación administrativa; por lo que la sentencia incurre en una indebida motivación, vulnerando el principio de legalidad y la tipicidad de las causas de extinción contractual.

En segundo lugar, la Sentencia recurrida omite considerar que los efectos jurídicos de los contratos administrativos no se agotan con su ejecución material, sino que se extienden a la etapa post-contractual, en la cual persisten obligaciones pendientes como el pago por servicios efectivamente prestados, la devolución de garantías y la subsistencia de responsabilidades derivadas de la correcta ejecución; por tanto, la negativa al pago por mayores servicios de supervisión prestados durante la vigencia contractual infringe el principio de continuidad de los efectos jurídicos del contrato.

Asimismo, la decisión judicial desconoce que el reclamo por mayores volúmenes de supervisión fue oportunamente presentado por el Consorcio Supervisor, fundado en instrucciones expresas de la ABC, como la Nota CONT-INT/ABC/499-218 de 15 de noviembre de 2018 y en la aprobación posterior de mayores volúmenes de obra al contratista, mediante contrato modificatorio que incrementó el objeto contractual en un 14,89%, conforme a los parámetros establecidos por el Decreto Supremo N° 0181; pues dicha aprobación constituye el hecho generador del derecho del Supervisor a percibir el pago correspondiente, conforme al principio de conmutatividad contractual.

La Sentencia impugnada incurre también en una errónea valoración probatoria al ignorar que la negativa de la ABC a resolver el reclamo del Supervisor generó un estado de indefensión, impidiéndole ejercer su derecho al pago de forma efectiva, situación que vulnera el debido proceso y el derecho a la tutela judicial efectiva. Adicionalmente, se incurre en una interpretación sesgada del contrato al exigir que el Supervisor debió incorporar su reclamo en el certificado de liquidación final, pese a que ninguna cláusula establece dicha exigencia como condición habilitante del derecho y además, la retención injustificada de la garantía de cumplimiento contractual, aun después de la recepción de obra, ha generado un perjuicio económico al Supervisor, quien se vio obligado a incurrir en gastos adicionales por su mantenimiento y renovación. Esta circunstancia también fue soslayada por el fallo, que omite analizar los efectos económicos derivados del incumplimiento contractual por parte de la ABC.

Cumplidos los requisitos exigidos en el art. 274 del CPC, en el examen efectuado conforme el art. 277.I del mismo cuerpo legal; procede la admisión del recurso de casación.

POR TANTO: La Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, ADMITE el Recurso de Casación interpuesto por la Sociedad Accidental de Cuentas en Participación Consorcio Integración Del Cono Sur, representada por Luis Alberto Aguilar Galzin, impugnando la Sentencia Nº 132/2024 de 20 de mayo (fs. 809 a 821 vta.), pronunciada por la Sala Contenciosa, Contenciosa Administrativa, Social y Administrativa Segunda del Tribunal Supremo de Justicia.

Disponiéndose la prosecución de la presente causa y aguarde turno para ulterior sorteo conforme prelación.

No interviene el Magistrado Carlos Alberto Egüez Añez por haber emitido criterio en la Sentencia 132/2024 de 20 de mayo (fs. 809 a 821 vta.).

Regístrese, comuníquese y cúmplase.

Romer Saucedo Gómez

PRESIDENTE

Rosmery Ruiz Martínez

DECANA

Mostrando 92 de 184 parrafos.

Texto del fallo

Lee el fallo completo con Pixi

Datos del proceso