Texto del fallo
TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA SALA CONTENCIOSA, CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA SEGUNDA AUTO SUPREMO N 120/2026 Sucre, 31 de marzo de 2026 DATOS DEL PROCESO Y DE LAS PARTES Expediente : 575/2025 Demandante : María Elena Saucedo Roda Demandado : Seguro Social Universitario de Santa Cruz Proceso : Reincorporación laboral y salarios devengados Distrito : Santa Cruz Relator : Mgdo. Germán Saúl Pardo Uribe I. VISTOS: El recurso de casación de fs. 634 a 636 interpuesto por María Elena Saucedo Roda contra el Auto de Vista N 192 de 20 septiembre de 2024, de fs. 624 a 628 vta., emitido por la Sala Social, Administrativa, Contenciosa y Contenciosa Administrativa, Tributaria Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz; dentro del proceso de reincorporación laboral y pago de sueldos devengados, por presunto despido injustificado, instaurado por la recurrente, contra Seguro Social Universitario (SSU) de Santa Cruz, representado legalmente por Rolando Pérez Sokolov; la contestación del recurso a fs. 6040; el Auto Interlocutorio N 54 de 23 de junio de 2025, de fs. 641, que concedió el recurso de casación; el Auto Supremo N 575/2025-A de 30 de julio, de fs. 648 y vta., que admitió el recurso y todo lo que en materia fue pertinente analizar:
IL. ANTECEDENTES DEL PROCESO:
Sentencia. Tramitado el proceso de reincorporación laboral, la Jueza Pública de Trabajo y Seguridad Social Décimo Primera del departamento
de Santa Cruz, emitió la Sentencia N 04/23 de 3 de abril de 2023, de fs. 573 a 577 vta., declarando admisible la tacha de testigos opuesto por el SSU; e IMPROBADA la demanda, de fs. 142 a 144 vta., complementación a fs. 172 y vta.; con costas, por haberse probado que la demandante habría 2ido despedida justificadamente, por incurrir en las causales, establecidas en el art. 16-a) y e) de la Ley General del Trabajo (LGT); y, 9-a) y e) de su Decreto Reglamentario de la Ley General del Trabajo (DR-LGT) Auto de Vista.
En conocimiento de dicha Sentencia, la demandante, interpuso recurso de apelación de fs. 589 a 591, que fue resuelto por el Auto de Vista N 192 de 20 de septiembre de 2024, de fs. 624 a 628 vta., emitido por la Sala Social, Administrativa, Contenciosa, Contenciosa Administrativa y Tributaria Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz; que CONFIRMÓ la Sentencia de primera instancia.
II. ARGUMENTOS DEL RECURSO DE CASACIÓN:
María Elena Saucedo Roda, interpuso recurso de casación, manifestando lo siguiente:
Falta de consideración y fundamentación de jurisprudencia constitucional
Denunció, que el Tribunal de Alzada omitió pronunciarse de manera fundamentada sobre la , la cual, según refiere, establece que el SSU de La Paz, pese a ser una entidad descentralizada de derecho público, cuenta con autonomía de gestión, administrativa, financiera y patrimonio propio; por lo que, sus dependientes no tienen la calidad de servidores públicos, rigiéndose sus relaciones laborales por la LGT.
Señaló que, si bien dicha sentencia fue mencionada, no fue debidamente fundamentada ni considerada en la Resolución impugnada, generando incertidumbre, que conforme a los
principios del derecho laboral como el in dubio pro operario y la aplicación de la norma más favorable, debió resolverse en su favor.
Asimismo, señaló que el Auto de Vista incurrió en omisión al no explicar por qué no se otorgó valor probatorio a la Sentencia Constitucional Plurinacional (SCP) N 1262 /2013, que por mandato constitucional es de cumplimiento obligatorio, porque la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno, es una entidad con autonomía de gestión, legal, administrativa, financiera y patrimonio propio, sus dependientes en aplicación a esta Sentencia sus trabajadores no pueden ser considerado servidores públicos.
Indebida consideración de pago de beneficios sociales
Sostuvo que, se incurrió en error al considerar como pago de beneficios sociales un monto de dinero que fue embargado dentro de un proceso ejecutivo (actual proceso monitorio), situación que no puede ser válida como cumplimiento de obligaciones laborales.
Argumentó que, conforme al Decreto Supremo (DS) N 28699, el empleador que pretende evitar la multa por incumplimiento en el pago de beneficios sociales, debe realizar el depósito en fondos en custodia ante la Jefatura Departamental de Trabajo, lo que no ocurrió en el presente caso; por el contrario, el SSU habría depositado el dinero en la cuenta personal del trabajador sin su consentimiento, lo que permitió su retención judicial para el pago de una deuda a un tercero.
En ese sentido, invocó la SCP N 270/2016, señalando que la facultad de optar entre el cobro de beneficios sociales o la reincorporación corresponde exclusivamente al trabajador, y no al empleador. Por ello, considera que el depósito realizado no constituye prueba fehaciente de que hubiera optado por el cobro de beneficios sociales, evidenciándose una contradicción en la decisión judicial.
Añadió que dicha prueba, presentada como derreciente obtención,
tampoco fue debidamente valorada ni motivada por el Tribunal de Alzada.
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