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TSJ

AS/0126/2026-E

Tribunal Supremo de Justicia
16 de junio de 2026Sala Penal
Proceso
Tráfico de Sustancias Controladas

Vista de texto de la resolución.

Texto del fallo

A TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA SALA PENAL AUTO SUPREMO N 126/2026 Sucre, 16 de enero de 2026 EXCEPCIÓN DE EXTINCIÓN DE LA ACCIÓN PENAL POR PRESCRIPCIÓN Proceso : Tarija 253/2024 Parte acusadora : Ministerio Público Parte acusada : Tito Castillo Tejerina Delito : Tráfico de Sustancias Controladas en grado de complicidad, arts. 76 con relación al 48 y 33 inc. m) de la Ley del Régimen de la Coca y Sustancias Controladas (Ley 1008) Por memorial presentado el 2 de diciembre de 2025, de fs. 1521 a 1523 vta., Tito Castillo Tejerina, opone excepción de extinción de la acción penal por prescripción, dentro del proceso penal seguido en su contra por el Ministerio Público, por la presunta comisión del delito de Tráfico de Sustancias Controladas en grado de complicidad, previstos en los arts. 76 con relación al 48 y 33 inc. m) de la Ley 1008.

Il. ARGUMENTOS DE LA EXCEPCIÓN DE EXTINCIÓN DE LA ACCIÓN PENAL POR PRESCRIPCIÓN El acusado opone excepción de extinción de la acción penal por prescripción, señalando que conforme a la el citado instituto legal puede ser tramitado en instancia casacional, por lo que interpone nuevamente excepción de extinción de la acción penal por prescripción, luego de que una primera decisión que la declaró probada mediante Auto Definitivo 03/2025 de 22 de mayo, fuera revocada en apelación por el Auto de Vista 93/2025-SP2 de 6 de junio, debido a que no se descontaron periodos de suspensión (vacaciones judiciales y pandemia).

Señala que el hecho ocurrió el 24 de noviembre de 2016 y que, al tratarse de un delito instantáneo, el cómputo inició en esa fecha y hasta el día de presentación de la prescripción, ya han transcurrido más de 9 años. Afirma que no existieron causales de interrupción (como rebeldía) ni de suspensión del plazo.

Además, aplicando el criterio del Tribunal de Alzada que exige descontar vacaciones judiciales y la suspensión por el COVID-19, el plazo requerido sería de 8 años, 9 meses y 10 días, el cual igualmente ya fue superado.

Solicita se declare FUNDADA la excepción de extinción de la acción penal por prescripción, extinguida la acción penal en su contra y se disponga el archivo de obrados, al haber operado la prescripción.

Corrida en traslado la excepción opuesta, el Ministerio Público mediante memorial de fs. 1528 a 1533, solicita su rechazo, refiriendo que por la gravedad del delito y el hecho probado involucra tráfico de drogas (gran cantidad de marihuana), lo que afecta la salud pública y a la sociedad, especialmente a jóvenes; por lo que debe priorizarse la justicia material, máxime si ya existe Sentencia condenatoria que declaró culpable al imputado, por ello extinguir la acción penal dejaría el delito en la impunidad.

Además, la dilación del proceso es atribuible al imputado, toda vez que el tiempo transcurrido no puede beneficiarlo, porque fue él mismo quien interpuso recursos (apelación y casación), generando la demora del proceso, no correspondiendo aplicar mecánicamente la prescripción, debiendo considerarse la jurisprudencia que impide que una persona se beneficie del tiempo cuando contribuyó a la dilación del proceso.

Asimismo, deben existir la prevalencia de la tutela judicial efectiva, garantizando el derecho de la sociedad a obtener justicia y la ejecución de la sentencia, por encima del mero cómputo del tiempo.

En conclusión, pide que se declare sin lugar la excepción y se continúe el proceso hasta la confirmación de la resolución impugnada.

II. ANÁLISIS Y RESOLUCIÓN DE LA EXCEPCIÓN DE EXTINCIÓN DE LA ACCIÓN PENAL POR PRESCRIPCIÓN

11.1. De la competencia de este Tribunal para resolver cuestiones incidentales sobre la extinción de la acción penal

En lo que respecta a la delimitación competencial para el conocimiento y resolución de incidentes de extinción de la acción penal, esta Sala Penal considera necesario acudir al entendimiento asumido por la -52 de 26 de octubre, que precisó que los fundamentos de la no constituyen argumento suficiente para sostener que únicamente la autoridad jurisdiccional que dictó la Sentencia de primera Instancia sea competente para conocer dichos incidentes.

En efecto, a la luz de lo previsto por el art. 44 del Código de Procedimiento Penal (CPP), el Juez o Tribunal que ostente competencia para conocer un proceso penal, la mantiene respecto de todas las cuestiones e incidentes que se susciten durante su tramitación, correspondiéndole asimismo dictar y ejecutar las resoluciones pertinentes.

174 En consecuencia, se deja establecido que la autoridad competente para conocer y resolver incidentes de extinción de la acción penal, sea por duración máxima del proceso o prescripción, es el Juez o Tribunal donde radica la causa principal. Así, si el planteamiento se formula en etapa de apelación o de casación, las decisiones adoptadas por las Salas Penales o por el Tribunal Supremo de Justicia no admiten ulterior impugnación, ello en atención a la naturaleza propia de la fase procesal y con el objeto de evitar dilaciones indebidas, particularmente aquellas generadas por remisiones innecesarias de expedientes entre instancias, situación que en reiteradas oportunidades ocasionó la postergación injustificada del pronunciamiento de fondo.

Tal práctica ha devenido en vulneración de los derechos a ser juzgado dentro de un plazo razonable y del acceso efectivo a la justicia, y de los principios de celeridad y concentración procesal.

No obstante, corresponde puntualizar que, si el incidente se deduce ante el Juez de Instrucción en lo Penal o ante Tribunales o Jueces de Sentencia, sus resoluciones sí resultan impugnables, toda vez que la naturaleza de la etapa procesal así lo permite.

Este entendimiento, comporta una reconducción de la línea jurisprudencial fijada en la hacia la doctrina desarrollada en la , sustentada a su vez en los criterios vertidos por las , , y , y el .

En el caso de autos, y considerando que la causa se encuentra radicada a fs. 1467 ante esta Sala Penal como consecuencia del recurso de casación a fs. 1451 y vta., interpuesto por Tito Castillo Tejerina contra el Auto de Vista 526/2022 SP1-SP1 de 9 de noviembre de 2023, resulta indiscutible, conforme al bloque jurisprudencial referido, que esta Sala es la autoridad competente para conocer y resolver la excepción opuesta, garantizando de este modo la continuidad procesal y la tutela judicial efectiva.

l1.2. Del instituto jurídico de la prescripción y las causas de suspensión e interrupción

La prescripción constituye una institución de orden público que extingue la acción penal por el transcurso del tiempo fijado por ley, en resguardo del interés social y de la seguridad jurídica, impidiendo la prolongación indefinida de la persecución penal.

Conforme a la y al art. 32 del CPP, su suspensión se limita a las causales taxativas allí previstas; y, en cuanto a la interrupción, el art.

31 del CPP reconoce únicamente la declaratoria de rebeldía, que borra el tiempo transcurrido y reinicia el cómputo desde cero, conforme lo precisado por el y la . Asimismo, en observancia de las y , se establece que ni la denuncia

tampoco el inicio de la acción penal constituyen causales de suspensión o interrupción.

Que, es necesario recordar que la prescripción constituye una institución jurídica en virtud de la cual, y por el transcurso del tiempo determinado por ley, cesa la persecución penal del Estado ejercitada a través de los órganos jurisdiccionales o por los particulares en delitos de acción privada. Su fundamento radica en el interés social de evitar la prolongación indefinida de los procesos penales, ya sea por negligencia de la víctima o inactividad de los órganos encargados de su impulso, garantizando así seguridad jurídica y estabilidad social. En cuanto a la suspensión del término de la prescripción, el art. 32 del CPP, interpretado por la , dispone que ésta procede exclusivamente cuando:

1. Se haya resuelto la suspensión de la persecución penal y esté vigente el periodo de prueba correspondiente;

2. Esté pendiente la resolución de cuestiones prejudiciales planteadas;

3. Se tramite cualquier forma de antejuicio o conformidad de un gobierno extranjero de la que dependa el inicio del proceso; y, 4. En delitos que alteren el orden constitucional e impidan el ejercicio regular de la competencia de autoridades legalmente constituidas, mientras dure ese estado.

Respecto ala interrupción del término de la prescripción, el art. 31 del CPP, establece como única causal la declaratoria de rebeldía. Tal como lo desarrolló la R, reiterando precedentes contenidos en las , y , y precisado por el que remite a la , la declaratoria de rebeldía borra el tiempo transcurrido y reinicia un nuevo cómputo desde el momento en que se dicta, como consecuencia de la incomparecencia injustificada, evasión del centro de detención, incumplimiento de mandamiento de aprehensión o abandono no autorizado del lugar asignado para residir (art. 87 del CPP).

Este efecto responde a criterios de política criminal y a la necesidad de sancionar la desobediencia procesal, sin excluir al rebelde del beneficio de la prescripción, pero imponiéndole el cómputo íntegro del nuevo plazo conforme al art. 29 del CPP.

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Citada por

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Datos del proceso

Demandante
MINISTERIO PÚBLICO
Demandado
Tito Castillo Tejerina y Juan Alberto Perez Ruiz
Proceso
Tráfico de Sustancias Controladas
Magistrado relator
Norma Velasco Mosquera
Tribunal Supremo de Justicia16 de junio de 2026AS/0126/2026-EFuente oficial