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TSJ

AS/0127/2019

Tribunal Supremo de Justicia
12 de marzo de 2019Penal
Proceso
Falsedad Ideológica y otros

Texto del fallo

TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

SALA PENAL

AUTO SUPREMO Nº 127/2019

Sucre, 12 de marzo de 2019

Expediente : Santa Cruz 134/2018

Parte Acusadora : Ministerio Público y otros

Parte Imputada : Jorge Antonio Issa Villada

Delitos : Falsedad Ideológica y otros

RESULTANDO

Por memorial presentado el 6 de julio de 2018, cursante de fs. 1167 a 1180 vta., Jorge Antonio Issa Villada, opone excepción de extinción de la acción penal por duración máxima del proceso, dentro del proceso penal seguido en su contra, por el Ministerio Público y el Ministerio de Economía y Finanzas por la presunta comisión de los delitos de Falsedad Ideológica, Uso de Instrumento Falsificado, Estafa y Estelionato, previstos y sancionados en los arts. 199, 203, 335 y 337 del Código Penal (CP), respectivamente.

I. ARGUMENTOS DE LA EXCEPCIÓN OPUESTA

El imputado Jorge Antonio Issa Villada opone la excepción sujeta a análisis, al amparo del entendimiento de la S-2 de 8 de Julio y de los arts. 5, 12, 27-10), 133, 308-4) del Código de Procedimiento Penal (CPP); a cuyo efecto, en el apartado III del memorial efectúa un resumen de los actos realizados por el Ministerio Público, así como por el Juzgado de Instrucción, Tribunal de Sentencia y Tribunal Departamental de Justicia, que en su planteamiento demostrarían que fue en dichas instancias donde se produjo la retardación que motiva su pretensión, identificando un total de 124 actuaciones desde la denuncia presentada hasta la notificación con el Auto de Vista que resolvió el recurso de apelación restringida, para luego sostener en el acápite destinado al fundamento jurídico que el 16 de noviembre de 2012, se debe tomar como el primer acto del procedimiento para establecer el plazo de duración máxima del proceso, fecha en la cual se sentó la denuncia ante la FELCC, resultando que hasta el 5 de julio de 2018, transcurrieron cinco años, siete meses y veinte días, que descontando los feriados, las vacaciones judiciales y la retardación que le fuera atribuible, hacen 243 días que daría un total de CUATRO AÑOS, ONCE MESES y DICIESIETE DIAS de duración del proceso.

El excepcionista refiere que los argumentos y fundamentos que sustentan la excepción son de carácter normativo, doctrinal y jurisprudencial, tanto constitucional como de la CIDH, teniendo en cuenta que por imperio del art. 410-II de la Constitución Política del Estado (CPE), tanto la normativa internacional sobre derechos humanos como la jurisprudencia emanada de la CIDH, tienen plena validez y eficacia jurídica y por lo tanto son vinculantes para conocer y resolver el presente caso; enfatiza el derecho de ser juzgado dentro de un plazo razonable, como derecho fundamental de naturaleza procesal y como tal una garantía constitucional conforme los arts. 115-II y 116 de la CPE.

Cita las normas del bloque de constitucionalidad, como los arts. 8 inc. 1) y 7 inc. 5) de la Convención Interamericana Sobre Derechos humanos, 9 inc. 3) y 14 inc. c) parágrafo 3 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, siendo que por imperativo de los arts. 13.1V y 256-1 de la CPE, los jueces y tribunales se encuentran obligados a interpretar y aplicar los derechos y garantías fundamentales de forma preferente y más favorable y el cumplimiento máximo de los mismos que gozan status de derechos humanos, que se hallan también reconocidos en los instrumentos públicos de derechos humanos como el presente caso, así mismo dicha vinculación alcanza también a los fallos y doctrina internacional emanada de los Tribunales internacionales, citando al efecto las sentencias de los casos Genio Lacayo Vs. Nicaragua de 9 de enero de 1997, Suarez Rosero Vs. Ecuador de 12 de noviembre de 1997 y Valle Jaramillo y otros Vs. Colombia de 27 de noviembre de 2008.

En cuanto a la normativa interna hace referencia a los arts. 133 y 5 del CPP, expresando que en el sistema penal, la garantía del plazo razonable es de tres años; vale decir, que por la voluntad soberana del legislador, una persona en resguardo de su derecho a ser procesado en un plazo razonable, no puede ser sometido a procedimiento por más de tres años, ya que de ser así se vulneraría aquel derecho y garantía fundamental de toda persona a ser procesada dentro de un plazo prudencial.

Destaca los entendimientos de las , , y , para luego previa cita del art. 115 de la CPE, relievar que en cada caso concreto se deben considerar los siguientes elementos fundamentales:

  1. 1)La complejidad,
  2. 2)El comportamiento del imputado, y
  3. 3)La actuación del órgano judicial o fiscal, conforme también fuera destacado en el y la SC 0636/20120-R de 19 de julio, relievando que en el presente caso no concurre la complejidad del asunto, ya que se sometió a la investigación tal como se evidencia, siendo identificado desde el primer momento, sin necesidad de pesquisa alguna; de igual manera, por la particularidad de los delitos denunciados, tampoco cabe hablar de complejidad de modo que cualquier demora es puramente atribuible a la negligencia de los órganos públicos, particularmente del Ministerio Público, parte civil y la autoridad jurisdiccional. Respecto a la conducta de las partes que intervienen en el proceso reitera los mismos argumentos y en cuanto a la conducta y accionar de las autoridades competentes (jueces y fiscales), señala que la doctrina entiende que para determinar si fueron causantes de dilaciones, lo que corresponde es constatar si ellas se deben a la inactividad judicial o investigación, para luego afirmar que la demora prácticamente en un 100% es atribuible a la inactividad, negligencia y lamentables impericias del Ministerio Público, parte civil y las autoridades jurisdiccionales que dieron lugar a que el proceso siga en vigencia.

Recalca que del análisis del cuaderno procesal realizado en el punto tercero del memorial, se puede evidenciar que en mayores oportunidades la retardación de justicia es atribuible al Ministerio Público y al Órgano Judicial, destacando que la excepción es de especial y previo pronunciamiento, por lo que al estar superabundantemente vencido el plazo previsto en el art. 133 del CPP, sin que concurra ninguna de las causales de suspensión del plazo a tenor de los arts. 31 y 32 del CPP; y, sin que exista justificativo para salvar la moral procesal existente, solicita se declare la extinción de la acción por la duración máxima del proceso.

II. RESPUESTAS A LA EXCEPCIÓN OPUESTA

Por decreto de 29 de agosto de 2018 de fs. 1188, conforme a lo dispuesto por el art. 314 del CPP, modificado por el art. 8 de la Ley 586 de 30 de octubre de 2014, se corrió traslado a las partes procesales, mereciendo la respuesta de los representantes del Ministerio Público y del Ministerio de Economía y Finanzas, conforme el siguiente detalle.

II.1. El Ministerio Público.

Por memorial presentado el 24 de septiembre de 2018, el Ministerio Público responde a la excepción planteada refiriendo que para su resolución deben considerarse las , y , relievando que del análisis de la relación cronológica efectuada por el excepcionista, de todos los actuados procesales realizados durante la tramitación del presente proceso hasta el planteamiento del recurso de casación ante el Tribunal Supremo de Justicia, se advierte un desconocimiento de los plazos y procedimientos establecidos en el Código de Procedimiento Penal en relación a las diferentes etapas y/o fases procesales; por ejemplo, cuando el incidentista hace referencia a la fecha presentación de la denuncia y las respectivas ampliaciones del plazo de la investigación preliminar, desconociendo lo establecido en el art. 301 del CPP modificado por la Ley 586, que permite al director funcional de la investigación que en el caso de procesos complejos ordene la complementación de las diligencias investigativas fijando un plazo razonable. También refiere a las suspensiones de audiencias por motivos de salud y vacaciones judiciales de los jueces y personal de apoyo que supuestamente generaron retardación en la tramitación del presente proceso investigativo, motivos que nada tienen que ver para una solicitud de extinción de la acción penal por duración máxima del proceso; toda vez, que este tipo de situaciones como el estado de salud o la vacación de las personas son causas de fuerza mayor tuteladas y garantizadas desde la Constitución Política del Estado.

Añade que del detalle descrito por el excepcionista, se puede evidenciar que reconoce sobre las suspensiones que ocasionó así como su defensa técnica, lo que demuestra una falta de lealtad procesal, cuando provocó suspensiones indebidas e injustificadas en la tramitación del presente proceso, que no permitieron su conclusión dentro del plazo establecido en el Código de Procedimiento Penal. Por otra parte, el incidentista en su detalle hace referencia a los memoriales de contestación a los traslados con los diferentes incidentes y apelaciones, alegando retardación y/o dilación en su resolución, desconociendo lo establecido en el art. 314 del CPP modificado por la Ley 586; toda vez, que las excepciones y las peticiones o planteamientos de las partes, tienen una forma de tramitación y tomando en cuenta que todas las resoluciones fueron apeladas por supuesto llevó un tiempo hasta su resolución, lo cual no puede ser considerado como una dilación indebida en la tramitación del proceso que implique una retardación de justicia y la vulneración del derecho a la conclusión de un proceso dentro de un tiempo razonable.

Resalta que el incidentista efectúa una relación cronológica de los actuados del proceso, llegando a la conclusión de que tomando en cuenta el 16 de noviembre de 2012, como el primer acto del procedimiento habrían transcurrido cinco (5) años, siete (7) meses y veinte (20) días, de esto descontando 69 días por los feriados, 125 días por Vacaciones Judiciales y 49 días de retardación atribuible a su persona, el descuento total sería de 243 días equivalente a ocho meses y 3 días, quedando un total de cuatro (4) años, once (11) meses y diecisiete (17) días de tiempo trascurridos de la tramitación del presente proceso penal hasta el 5 de julio de julio de 2018, explicación que no es clara y precisa que permita hacer un análisis sobre la existencia de dilaciones indebidas e injustificadas atribuibles al Ministerio Público y a la autoridad jurisdiccional en la tramitación de la presente causa; toda vez, que el detalle realizado en el memorial no es más que una relación del expediente, pese al entendimiento del .

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Datos del proceso

Demandante
Ministerio Público y otros
Demandado
Jorge Antonio Issa Villada
Proceso
Falsedad Ideológica y otros
Tribunal Supremo de Justicia12 de marzo de 2019AS/0127/2019Fuente oficial