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TSJ

AS/0127/2026

Tribunal Supremo de Justicia
26 de marzo de 2026Sala Social 1era
Proceso
Pago de Beneficios Sociales y Derechos

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Texto del fallo

TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA SALA CONTENCIOSA, CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA PRIMERA AUTO SUPREMO 127/2026 Sucre, 26 de marzo de 2026 DATOS DEL PROCESO Y DE LAS PARTES Expediente : 707/2025 - Demandante : Fabio Chirimani Malue Demandado : Empresa SEGURIBOL Proceso : Beneficios Sociales Distrito : Santa Cruz Relator : Mgdo. Germán Saúl Pardo Uribe I. VISTOS: El Recurso de Casación de fs. 155 a 157, interpuesto por la Empresa SEGURIBOL, a través de su representante legal, impugnando el Auto de Vista 83 de 25 de mayo de 2023, pronunciado por la Sala Social, Administrativa, Contencioso, Contenciosa Administrativa y Tributaria Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, de fs. 142 a 148, dentro del proceso laboral por pago de Beneficios Sociales, seguido Fabio Chirimani Malue contra la empresa recurrente, sin contestación al Recurso de Casación; el Acuerdo transaccional de pago de Beneficios Sociales, de fs. 162 a 163; el memorial del demandante que desiste de la demanda, a fs. 164; el Auto 108 de 27 de diciembre de 2024, a fs.

168 y vta. que rechazó la solicitud de desistimiento de la demanda y que concedió el Recurso de Casación; el Auto de Admisión 767 /2025A de 24 de septiembre que admitió el Recurso de Casación, a fs. 174 y vta., y lo obrado en el proceso.

IL. ANTECEDENTES PROCESALES 1. Sentencia Tramitado el proceso laboral seguido por Fabio Chirimani Malue contra la empresa SEGURIBOL, la Juez de Partido del Trabajo y

Seguridad Social Octavo de la Capital del departamento de Santa Cruz, emitió la Sentencia 57 de 7 de septiembre de 2022, de fs. 114 a 117, que en su parte resolutiva pertinente declaró PROBADA en parte la demanda de fs. 8 a 9, subsanada a fs. 15, con costas; en cuyo mérito dispuso el pago de Beneficios Sociales y derechos laborales en favor del demandante, según planilla a fs. 117, en la suma de Bs19.177,52 (diecinueve mil ciento setenta y siete 52/100 bolivianos), más actualizaciones y reajustes de Ley.

2. Auto de Vista

Interpuesto el Recurso de Apelación, la Sala Social, Administrativa, Contencioso, Contenciosa Administrativa y Tributaria Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, emitió el Auto de Vista 83 de 25 de mayo de 2023, de fs. 142 a 148 que REVOCÓ EN PARTE la Sentencia 57 de 7 de septiembre de 2022, reconociendo como PROBADA EN PARTE la demanda, con costas y modificando el quantum de Derechos y Beneficios sociales, conforme a la planilla de liquidación a fs. 148, en el monto de Bs16.187,50 (dieciséis mil ciento ochenta y siete 50/100 bolivianos), actualizable en ejecución de Sentencia.

II. ARGUMENTOS DEL RECURSO DE CASACIÓN

Recurso de Casación en la forma

1. Infracción del art. 202.a) del Código Procesal del Trabajo (CPT).

Señaló que la Sentencia infringió la norma citada porque no existe relación entre lo afirmado en ella (relación laboral del demandante sujeta a contrato por temporadas) y lo afirmado de su parte en cuanto a la evidencia de los contratos de naturaleza laboral, observando que, en realidad, el actor no cumplió con el tiempo de trabajo que refiere la Sentencia; señalando además que, de su parte, f nunca hizo referencia a ningún tipo de trabajo continuo con el demandante.

Recurso de Casación en el fondo 1. Vulneración del art. 52 de la Ley General del Trabajo (LGT) Del fallo del Tribunal de Apelación, advierte que el mismo confirmó el tiempo trabajado por el demandante, establecido en la Sentencia, alegando que el tiempo de servicio no es el afirmado en dichos fallos, lo que representaría el pago de salarios devengados, sin haberse determinado ninguna excepción al respecto... (sic), lo que no corresponde según lo indicaría el art. 52 de la LGT, norma que, según invoca el recurrente, advierte que el pago de salario es sólo en caso de que la persona hubiera realizado la prestación efectiva del servicio, aduciendo que ello no acontece en el presente caso, ya que el demandante prestó servicios en la empresa en dos fechas o periodos distintos, como sostuvo a lo largo del proceso, y así fue señalado en el Recurso de Apelación; por lo que no puede otorgársele al actor el pago de salarios por un periodo no trabajado, citando como criterios jurisprudenciales al efecto, el de la Sala Social del hoy denominado Tribunal Supremo de Justicia, coincidente con el AS de 4 de enero de 2000 (no refirió Tribunal ni Sala de origen), considerando así que existió vulneración del art. 52 de la LGT al disponerse el pago de salarios devengados cuando no existió trabajo efectivo, agregando que, el trabajo del actor, no fue de un año continuo porque desde su fecha de ingreso en diciembre de 2019 trabajó hasta junio de 2020, y no trabajó el mes de julio de 2020, volviendo a ser contratado en el mes de agosto del mismo año. Solicitó ANULAR obrados hasta el vicio más antiguo (...) (sic), y en su caso, CASAR el Auto de Vista 83 de 25 de mayo de 2023, declarando improbada la demanda en todas sus partes, con costas.

IV. NORMAS LEGALES, DOCTRINALES Y JURISPRUDENCIALES APLICABLES AL CASO CONCRETO Examinado el Recurso de Casación, el Auto de Vista recurrido y los antecedentes del proceso, se establece lo siguiente:

1. El principio de Verdad Material Siguiendo la línea jurisprudencial establecida por esta misma Sala Contenciosa, Contenciosa Administrativa, Social y Administrativa Primera del Tribunal Supremo de Justicia en el , en cuanto al rol de la verdad material en la administración de justicia, debemos puntualizar que el principio de verdad material consagrado por la propia Constitución Política del Estado (CPE), debe impregnar completamente la función de impartir justicia; en ese sentido, no es posible admitir la exigencia de extremos ritualismos o formalismos, que eclipsen o impidan su materialización, debiendo garantizarse que las decisiones de las autoridades jurisdiccionales a cargo del proceso, sean producto de apreciaciones jurídicas -no subjetivas-, procurando la resolución de fondo de las problemáticas sometidas a su jurisdicción y competencia, pues si bien las normas adjetivas prevén métodos y formas que aseguren el derecho a la igualdad de las partes procesales para garantizar la paz social, evitando cualquier tipo de desorden o caos juridico, sin embargo, los mecanismos previstos no pueden ser aplicados por encima de los deberes constitucionales, como es el de otorgar efectiva tutela judicial o protección de los derechos constitucionales y legales, accediendo a una justicia material y por lo tanto, verdaderamente eficaz y eficiente; todo ello con el objetivo final de que el derecho sustancial prevalezca sobre cualquier regla procesal que no sea estrictamente indispensable para resolver el fondo del caso sometido a conocimiento del Juez o Tribunal; criterio que también encuentra precedente en la Sentencia Constitucional Plurinacional (SCP) 1662/2012 de 1 de octubre.

CA El principio de verdad material, consagrado en el art. 180.1 de la CPE, prevé, que la jurisdicción ordinaria se fundamenta, entre otros, en el principio procesal de verdad material, cuyo contenido constitucional implica la superación de la dependencia de la verdad formal; es aquella verdad que corresponde a la realidad, superando cualquier limitación formal que restrinja o distorsione la percepción de los hechos a la persona encargada de juzgar a otro ser humano, o de definir sus derechos y obligaciones. Mediante la verdad material se evita una decisión injusta que no responda a los principios, y valores éticos consagrados en la Norma Suprema. Es decir que, al momento de emitir sus fallos, las autoridades jurisdiccionales deben hacerlo tomando en cuenta, o distinguiendo lo que acontece o aconteció efectivamente en la realidad. Lo anterior no implica que la autoridad jurisdiccional casacional esté obligada a admitir figuras o terminologías inexistentes en materia recursiva, sin sustento jurídico en una norma positiva.

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Datos del proceso

Demandante
Fabio Chirimani Malue
Demandado
Empresa Seguribol
Proceso
Pago de Beneficios Sociales y Derechos
Magistrado relator
Rosmery Ruiz Martinez
Tribunal Supremo de Justicia26 de marzo de 2026AS/0127/2026Fuente oficial