Texto del fallo
TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA
S A L A C I V I L
Auto Supremo: 134/2020 Fecha: 20 de febrero de 2020
Expediente: LP-2-20-S
Partes: Ángela Calzadilla de Morales c/ Gobierno Autónomo Municipal de La Paz
Proceso: Mejor derecho de propiedad y otros.
Distrito: La Paz.
VISTOS: El recurso de casación de fs. 393 a 409 vta., interpuesto por el Gobierno Autónomo Municipal de La Paz a través de su representante legal contra el Auto de Vista Nº S-347/2019 de 23 de julio, cursante de fs. 382 a 384 vta., pronunciado por la Sala Civil Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, dentro el proceso ordinario de mejor derecho de propiedad y otros, seguido por Ángela Calzadilla de Morales contra la entidad recurrente; la contestación de fs. 412 a 417 vta., el Auto de concesión de 29 de noviembre de 2019, cursante a fs. 418; el Auto Supremo de Admisión N° 21/2020 de 9 de enero de fs. 424 a 425 vta.; todo lo inherente al proceso; y:
CONSIDERANDO I:
ANTECEDENTES DEL PROCESO
La Juez Público Civil y Comercial Nº 12 del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, pronunció la Sentencia Nº 161/2018 de 30 de abril cursante de fs. 339 a 345, por la que declaró: PROBADA la demanda principal sobre mejor derecho propiedad incoada por Ángela Calzadilla de Morales e IMPROBADAS las pretensiones sobre acción negatoria de la actora y reconvencionales opuestas por el Gobierno Autónomo Municipal de La Paz.
Resolución de primera instancia que fue apelada por el Gobierno Autónomo Municipal de La Paz a través de su representante legal, por medio del escrito que cursa de fs. 351 a 354, a cuyo efecto la Sala Civil Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, mediante Auto de Vista Nº S-347/2019 de 23 de julio, cursante de fs. 382 a 384 vta., CONFIRMÓ la sentencia mencionada arguyendo que, con relación a la anterioridad del registro en favor de la Alcaldía Municipal de La Paz, la copia del folio real presentada a fs. 189 no cuenta con el voto pleno del art. 1296 del CC; pese a que su contenido da cuenta de un presunto registro anterior al de la parte actora, esta literal no reúne la cualidad probatoria capaz de solventar su certidumbre plena, con base en un título original.
Esta resolución fue impugnada mediante recurso de casación cursante de fs. 393 a 409 vta., interpuesto por el Gobierno Autónomo Municipal de La Paz a través de su representante legal; el cual se analiza.
CONSIDERANDO II:
DEL CONTENIDO DEL RECURSO DE CASACIÓN Y SU CONTESTACIÓN
En la forma.
Acusó la vulneración de los arts. 394 y 395 del Código de Procedimiento Civil, arguyendo que si bien la juzgadora de grado a través del Auto de 03 de diciembre de 2017 ordenó se franquee el proceso a las partes para que por su orden y turno formulen sus respectivos alegatos, recién el 20 de abril de 2017 decretó “autos para sentencia”, lo que quiere decir que este decreto fue emitido con una demora de 28 días después de la notificación al GAMLP con el Auto de clausura de 03 de febrero de 2017 (notificación de fecha 23 de marzo de 2017), quebrantando las citadas normas, toda vez que formuladas las conclusiones de las partes y transcurridos los plazos establecidos por el art. 394 la juez debió emitir decreto de “autos” dentro de las 48 horas siguientes, tal cual establece el referido art. 395; lo que a su vez significa que la juzgadora de grado perdió competencia para dictar sentencia, pues si se computa desde el decreto originario de “autos” (20 de abril de 2017) hasta la fecha de la emisión de la sentencia (30 de abril de 2018) claramente se podrá advertir que esta resolución fue emitida fuera del plazo establecido por el art. 204 del CPC.
Esta omisión, según la parte recurrente, tuvo una apreciación parcial y subjetiva por parte del Tribunal de alzada, porque no observó que con la suspensión de plazos asumida por la juez de grado a través del Auto de 19 de mayo de 2017 se incurría en demora injustificada, ya que los plazos para dictar sentencia fueron suspendidos por más de una ocasión, sin que se hayan siquiera cumplido con el objeto de la suspensión (producción de pruebas de oficio).
Alegó total y manifiesta incongruencia en el fallo recurrido, debido a que el Tribunal de alzada sostiene que la municipalidad no demostró su derecho propietario, sin considerar la abundante documentación y material probatorio cursante de fs. 42 a 71, 189 a 211, 246 a 250, 264 a 250, 267, 268, 278, 284 a 287 y 316 a 321 adjuntos al informe a fs. 315 de obrados; concretamente porque el Ad quem no tomó en cuenta que dentro de este acervo probatorio cursan documentos públicos ofrecidos por el GAMLP y admitidos por la juez de origen (las cursantes de fs. 189 a 211), los cuales se encuentran debidamente legalizados por un funcionario autorizado por la normativa municipal vigente y el Manual de Organización y Funciones, ello en atención al art. 3 de la Ley N° 482 de Gobiernos Autónomos Municipales y el art. 1311 del CC, a la cual se le niega esa calidad de documentos públicos.
Refirió que el Tribunal de alzada no realizó consideración alguna respecto al recurso de apelación diferido y opuesto contra la Resolución Nº 136/2015 que fue anunciada mediante memorial a fs. 162 y concedida por la juez de instancia conjuntamente con el recurso de apelación opuesto a través del escrito de fs. 351 a 354.
Señaló que el Tribunal Ad quem, ante la duda del registro de propiedad del GAMLP debió disponer medidas de mejor proveer en segunda instancia para complementar, mediante informe los antecedentes dominiales y el tracto sucesivo del registro de la entidad edil; así como para establecer la sobreposición a planos históricos del inmueble objeto de litigio respecto a la planimetría vigente y para verificar el estado de los procesos administrativos de fiscalización predial sobre dicho inmueble; pues para ello el juez tiene la facultad de decretar pruebas de oficio con la finalidad de consolidar la justicia material.
Sostuvo que el Auto de Vista es contradictorio ya que no aplicó una verdadera subsunción jurídica y peor aún llegó a la conclusión de un silogismo falso que soslaya la acreditación del registro propietario del GAMLP a partir de los informes técnicos producidos y del registro con Folio Real Nº 2.01.0.99.000.93083, cuyo contenido funda el petitorio de la contestación negativa y la demanda reconvencional.
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