AS/0138/2025

Texto del fallo

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TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

S A L A C I V I L

Auto Supremo: 138/2025

Fecha: 25 de febrero de 2025

Expediente: LP-207-24-S

Partes: Raúl Ernesto Aguirre Córdoba Core representado por José Andrés Gumucio Camargo c/ Juan Carlos Pacheco Grisi.

Proceso: Resarcimiento convencional.

Distrito: La Paz.

VISTOS: El recurso de casación cursante de fs. 298 a 300 vta., interpuesto por Juan Carlos Pacheco Grisi contra el Auto de Vista N° 488/2024, de 07 de agosto, que sale de fs. 291 a 296 vta., pronunciado por la Sala Civil Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, dentro el proceso ordinario de resarcimiento convencional, seguido por Raúl Ernesto Aguirre Córdoba Core representado por José Andrés Gumucio Camargo contra el recurrente; la contestación de fs. 303 a 305; el Auto de concesión de 04 de octubre de 2024, obrante a fs. 306, el Auto Supremo de admisión N° 1367/2024-RA, de 19 de noviembre, obrante de fs. 312 a 313, todo lo inherente al proceso; y:

CONSIDERANDO I:

ANTECEDENTES DEL PROCESO

1. Raúl Ernesto Aguirre Córdoba Core representado por José Andrés Gumucio Camargo, mediante memorial visible de fs. 14 a 15, subsanado de fs. 30 a 32, promovió el proceso ordinario de resarcimiento convencional, contra Juan Carlos Pacheco Grisi, quien una vez citado, según escrito que sale de fs. 44 a 46 vta., contestó negativamente a la demanda e interpuso excepción de incumplimiento de contrato, que mereció el Auto N° 174/2019, de 13 de junio de 2019, obrante de fs. 79 a 81 vta. que declaró el desistimiento de esta última pretensión; desarrollándose de esta manera el proceso hasta la emisión de la Sentencia N° 613/2023, de 16 de agosto, que discurre de fs. 251 a 257, en la que el Juez Público, Civil y Comercial 29° de la ciudad La Paz, declaró PROBADA la demanda principal.

2. Resolución de primera instancia que, al haber sido recurrida en apelación por Juan Carlos Pacheco Grisi según memorial visible de fs. 276 a 278 vta., dio lugar a que la Sala Civil Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, emita el Auto de Vista N° 488/2024, de 07 de agosto, corriente de fs. 291 a 296, que CONFIRMÓ la Sentencia apelada, en base a los siguientes argumentos:

En el parámetro del art. 365.III del Código Procesal Civil, no correspondía tomar en cuenta los argumentos vertidos en el memorial de respuesta dado que la norma procesal civil faculta a la autoridad judicial a que, en caso de inasistencia a la audiencia preliminar, proceda a emitir sentencia dando por ciertos los argumentos alegados por la parte demandante.

Conforme el contrato de compraventa de bien inmueble de fs. 11 a 12 vta., la parte actora entregaría el inmueble de forma física, sin embargo, el demandado no cumplió con el pago acordado en la suma de $us. 400.000.-, por lo que la parte actora, hizo presente cartas notariadas cursantes a fs. 3, y de fs. 5 a 6, solicitando el cumplimiento de pago, sin recibir respuesta del ahora demandado, por lo cual, se el demandado incumplió con el contrato, ya debió efectuar el pago, para después realizarse la entrega al bien.

3. Fallo de segunda instancia recurrido en casación por Juan Carlos Pacheco Grisi según escrito obrante de fs. 298 a 300 vta., recurso que es objeto de análisis en cuanto a su admisibilidad.

CONSIDERANDO II:

DEL CONTENIDO DEL RECURSO DE CASACIÓN Y SU CONTESTACIÓN

1. El recurrente en el recurso de casación alegó que:

a) Incorrecta interpretación y aplicación del art. 365.III del Código Procesal Civil, debido a la incomparecencia del entonces mandatario y abogado patrocinante del demandado, por lo que mereció el desistimiento de la pretensión en relación a la excepción planteada por el recurrente; empero, las autoridades de instancia soslayaron valorar y considerar los argumentos vertidos en el memorial visible a fs. 44, en el que se respondió de manera negativa a la demanda, por lo que atentatoriamente dan por hechos los extremos indicados por el demandante, pues de haberlo hecho se prueba lo contrario a lo peticionado por Raúl Ernesto Aguire Córdoba Core.

Fundamento por el cual el recurrente solicitó se dicte un Auto Supremo que case el Auto de Vista recurrido.

2. Contestación al recurso de casación:

Raúl Ernesto Aguirre Cordoba Core representado por José Andrés Gumucio Camargo respondió el recurso de casación mediante memorial de fs. 303 a 305 solicitando en lo principal que:

Del cotejo del memorial de apelación y el recurso de casación se tiene ambos son similares, fundándose en lo mismo, sin nexo causal, es decir, sin especificar en que consiste la infracción, la violación, falsedad o error cometido en el Auto recurrido, incumpliéndose los requisitos formales del recurso extraordinario, debiendo declararse improcedente.

El desistimiento de la pretensión es con todos sus efectos, por ende, no puede tomarse en cuenta ninguno de los elementos de la defensa, menos la contestación de 26 de octubre, ya que no fue ratificada, lo que evidencia un compromiso formal con los argumentos y pruebas presentadas.

El contrato se interpreta como un todo y no en clausulas aisladas, siendo que el contrato de la causa cumplió con los requisitos substanciales, y desde una lógica jurídica, el pago del precio es previo a la entrega, sea en segundos, minutos, horas, días, semanas, meses o años; caso contrario el vendedor esta facultado a retener la cosa y negar la entrega si el comprador no satisface el precio.

Por lo referido, solicitó se declare la improcedencia por no cumplir las exigencias dispuestas en la norma procesal civil, o infundado, con costos y costas.

CONSIDERANDO III:

DOCTRINA APLICABLE AL CASO

III.1. De la nulidad procesal, su trascendencia y relevancia constitucional.

En el Auto Supremo Nº 290/2019, de 01 de abril emitido por la Sala Civil del Tribunal Supremo de Justicia, se asumió el siguiente criterio: “… Eduardo J. Couture en su libro Fundamentos del Derecho Procesal Civil, señala sobre el principio de trascendencia, ‘…cuyo contenido nos expresa; que no hay nulidad de forma, si la desviación no tiene trascendencia sobre las garantías esenciales de defensa de juicio, es así que las nulidades no tienen por finalidad satisfacer pruritos formales, sino enmendar los perjuicios efectivos que pudieran surgir de la desviación de los métodos de debate cada vez que esta desviación suponga restricción de las garantías a que tienen derecho los litigantes’.

De dicho antecedente, se infiere que ‘no hay nulidad sin perjuicio’, en ese sentido, la jurisprudencia y la doctrina es unánime al sostener que no puede hacerse valer la nulidad cuando la parte, mediante la infracción, no haya sufrido un gravamen; (…)

Concordante con lo expuesto, la SCP Nº 1062/2016-S3 de 3 de octubre de 2016, señaló: ‘Sobre la relevancia constitucional en los hechos alegados por el accionante, la jurisprudencia se pronunció al respecto en la SC 0995/2004-R de 29 de junio, ‘…los errores o defectos de procedimiento que materialmente no lesionan derechos y garantías fundamentales no tienen relevancia constitucional y por lo mismo, no son susceptibles de corrección por la vía del amparo, a menos que concurran necesariamente, los presupuestos jurídicos que se detallan a continuación: a) cuando el error o defecto procedimental en el que incurra el Juez o Tribunal, provoque una lesión evidente del debido proceso en cualquiera de sus elementos constitutivos; b) los errores o defectos procedimentales que ocasionan una indefensión material en una de las partes que interviene en el proceso judicial, impidiéndole toda posibilidad de que pueda hacer valer sus pretensiones, alegando, contrastando o probando; y c) esas lesiones tengan relevancia constitucional, es decir, que esa infracción procedimental de lugar a que la decisión impugnada tenga diferente resultado al que se hubiera dado de no haberse incurrido en los errores o defectos denunciados’.

Lo contrario, significaría sujetar a la justicia constitucional a toda emergencia suscitada, tanto en procedimientos administrativos como judiciales, con los cuales no estén conformen las partes intervinientes, lo que no necesariamente implica vulneración de derechos y garantías que amerite la activación de las acciones de defensa que reconoce la Ley Fundamental, tomando en cuenta que el art. 109.I, de la CPE dispone: ‘Todos los derechos reconocidos en la Constitución son directamente aplicables y gozan de iguales garantías para su protección”; constituyendo las acciones de defensa, garantías destinadas a efectivizar el ejercicio pleno de derechos y demás garantías reconocidos, razón por la cual, los hechos denunciados deben necesariamente involucrar la vulneración material de los mismos”.

III.2. En relación a la interpretación de los contratos.

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Texto del fallo

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