AS/0142/2025

Texto del fallo

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TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

S A L A C I V I L

Auto Supremo: 142/2025

Fecha: 25 de febrero de 2025

Expediente: LP-220-24-S

Partes: Rosendo Paco Calamani y Santusa Torrez Mamani c/ Ana María Suarez Vda. De Mauricio.

Proceso: Acción reivindicatoria, restitución de bien inmueble y pago de daños y perjuicios.

Distrito: La paz.

VISTOS: El recurso de casación cursante de fs. 298 a 300 vta., interpuesto por Ana María Suárez Vda. de Mauricio representada por Isidoro Yupanqui Calizaya, contra el Auto de Vista Nº 329/2024, de 10 de julio, corriente de fs. 251 a 254, pronunciado por la Sala Civil Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, dentro del proceso ordinario de reivindicación, restitución de bien inmueble más pago de daños y perjuicios, seguido por Rosendo Paco Calamani y Santusa Torrez Mamani contra la recurrente, el escrito de contestación que sale de fs. 306 a 308 vta., el Auto de concesión de 31 de octubre de 2024, visible a fs. 309, el Auto Supremo de admisión N° 1439/2024-RA, de 02 de diciembre, visible de fs. 317 a 318 vta., todo lo inherente al proceso; y:

CONSIDERANDO I:

ANTECEDENTES DEL PROCESO

1. Rosendo Paco Calamani y Santusa Torrez Mamani, mediante el memorial saliente de fs. 12 a 14, subsanado y ampliado por los escritos cursantes a fs. 34, de fs. 36 a 39, de fs. 42 a 45 y de fs. 51 y vta., promovieron demanda ordinaria de reivindicación, restitución de bien inmueble, más pago de daños y perjuicios en contra de Ana María Suárez Vda. de Mauricio, quien tras ser citada, por medio de los escritos que discurren de fs. 61 a 62 vta. y de fs. 91 a 93, respondió de forma negativa a la acción principal; y opuso excepciones de impersonería de la parte demandante y falta de legitimación o interés legítimo que surja de los términos de la demanda, que fueron desestimadas por el Auto de 07 de junio de 2023 que sale a fs. 163 y vta.; desarrollándose así el proceso hasta que el Juez Público Civil y Comercial 11º de la ciudad de El Alto – La Paz, pronunció la Sentencia Nº 551/2023, de 30 de junio, saliente de fs. 196 a 199, a través de la cual declaró PROBADA la acción reivindicatoria y restitución de bien inmueble e IMPROBADA en cuanto a la pretensión de pago de daños y perjuicios.

2. Resolución de primera instancia que, al haber sido recurrida en apelación por Ana María Suárez Vda. de Mauricio representada por Isidoro Yupanqui Calizaya, mediante el memorial que sale de fs. 207 a 209, originó que la Sala Civil Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, emita el Auto de Vista Nº 329/2024, de 10 de julio, corriente de fs. 251 a 254, por el cual CONFIRMÓ la Sentencia de primera instancia en todas sus partes, bajo los siguientes fundamentos:

- Que, lo expuesto en apelación, resulta confuso y solo pretende retrotraer los actos procesales, no siendo verídicos sus argumentos, el memorial de subsanación de la demanda fue presentado dentro de las 24 horas, por lo que no se advierte que la demanda haya sido corregida fuera del plazo legal establecido.

Sobre que, debió considerarse defectuosa la demanda y en consecuencia darse por no presentada, los argumentos orientados al no cumplimiento de los requisitos de la reivindicación debieron ser sometidos a análisis, y cuestionarse mediante excepciones o incluso en audiencia preliminar, y al no ejercer activar estos mecanismos de defensa, operó el principio de preclusión.

- En cuanto al incumplimiento del art. 262 del Código Procesal Civil, la resolución de alzada determinó que, la demandante contestó a la demanda y formuló la excepción de impersonería, ameritando la Resolución N° 348/2024 que declaró improbada esta excepción y que, pese al anuncio de apelación en el efecto diferido, su fundamentación escrita simultánea al recurso de apelación contra la Sentencia de primer grado, nunca se efectivizó, por lo que el Ad quem entendió que fue desistida, motivo por cual es inviable emitir criterio alguno.

- Por último, acerca de la prueba testifical y documental de descargo que presuntamente no fue valorada y se le denegó el diligenciamiento de prueba pericial en primera instancia, resulta ser un agravio ambiguo y genérico, por lo que consideró que cualquier solicitud relativa al diligenciamiento o producción de la prueba debe realizarse en la etapa procesal pertinente, invocando una vez más, el principio de preclusión.

3. Fallo de segunda instancia recurrido en casación en casación por Ana María Suárez Vda. de Mauricio representada por Isidoro Yupanqui Calizaya, a través del escrito que corre de fs. 298 a 300 vta., medio de impugnación que es objeto de análisis en la presente resolución.

CONSIDERANDO II:

DEL RECURSO DE CASACIÓN Y SU CONTESTACIÓN

1. Del recurso de casación que se analiza, se extrae que la recurrente Ana María Suárez Vda. de Mauricio representada por Isidoro Yupanqui Calizaya, plantea recurso de casación en la forma y en el fondo, resumiéndose la pretensión en los puntos subsiguientes:

En la forma

a) La supuesta nueva demanda formulada por Rosendo Paco Calamani y Santusa Torrez Mamani en contra de su persona, fue promovida sin dar estricto cumplimiento con los dispuesto por los arts. 292, 362 y 363 del Código Procesal Civil, en el entendido que Ana María Suárez Vda. de Mauricio nunca fue citada ni convocada para la celebración de una audiencia de conciliación previa conforme lo determinan las precitadas reglas de derecho, por ende, refirió que corresponde decretar la nulidad de obrados.

En el fondo

a) Acusa la recurrente, que los demandantes modifican y amplían la demanda, que fue observada por el Juez A quo, en 7 puntos distintos conforme el art. 110 del Código Procesal Civil, los que no habrían sido objeto de cumplimiento en tiempo oportuno, por lo que debió darse por no presentada, en aplicación del art. 113 del mismo Código Procesal Civil, contradictoriamente la demanda fue admitida, sorprendiendo la buena fe de la autoridad judicial.

b) Que, el Auto de Vista recurrido le causa graves perjuicios y agravios a sus derechos, pues el análisis de la prueba fue parcial a favor de los actores, la prueba de cargo ha sido denunciada de fraudulenta por causar una doble titulación, no se consideró las declaraciones testificales de descargo, tampoco las literales de descargo como ser comprobantes de pago de impuestos de varios años antes, las fotografías ofrecidas y tampoco el acta de inspección ocular, actuado judicial en el que se advierte que el inmueble objeto de la demanda no se encuentra habitado por los demandantes, sino por sus inquilinos, y que no fue diligenciado el nombramiento de un perito que efectúe la medición de la extensión actual del lote de terreno en litigio.

c) Que, cursan en obrados, otras pruebas contundentes en relación a lo denunciado que no fueron analizadas en segunda instancia, siendo ellas: la Escritura Pública N° 771/2022, de 26 de abril, y matrícula N° 2.01.4.01.0082283 que acreditan el derecho propietario de los verdaderos propietarios del inmueble; actuados de otra demanda civil dirigida por los legítimos propietarios del inmueble contra los actuales demandantes Rosendo Paco Calamani y Santusa Torrez Mamani, cuyo estado es el de verificarse la audiencia preliminar; la Imputación Formal N° 37/2024, de 25 de mayo, dictada en contra de los mencionados actores por el delito de uso de instrumento falsificado y otros; certificaciones por las que los verdaderos dueños del predio solicitan la nulidad del visado y certificación del plano del terreno adquirido fraudulentamente; prueba de reciente obtención, que pidieron se tenga presente.

Fundamentos por los cuales, la recurrente solicitó que se emita un Auto Supremo en el que se case el Auto de Vista impugnado y deliberando en el fondo se anule obrados.

2. De la contestación al recurso de casación.

El recurso de casación descrito ha sido objeto de contestación por los demandantes Santusa Torrez Mamani y Rosendo Paco Calamani, manifestando esencialmente que, adolece de total técnica recursiva, pues todo su contenido es una copia fiel del recurso de apelación, reitera los mismos argumentos, que todos los agravios denunciados han sido respondidos por el Tribunal de alzada.

Que, rechazada que fue la excepción de impersonería por el A quo y habiendo formulado una apelación en el efecto diferido contra tal decisión, al no haber sido fundamentado conjuntamente con el recurso de apelación de la Sentencia, dicho recurso ha sido declarado por desistido por el Ad quem, habiendo dejado precluir su derecho.

El recurso no especifica la norma vulnerada, infringida aplicada indebidamente o interpretada erróneamente, ni como tales violaciones le causan perjuicio; el petitorio solicita se CASE el Auto de Vista y simultáneamente se ANULE OBRADOS, pretensiones totalmente contradictorias.

Argumentos por los que, solicita se declare improcedente el recurso de casación, con costas y costos.

CONSIDERANDO III:

DOCTRINA APLICABLE AL CASO

III.1. Ante la interposición del recurso de casación en la forma y fondo, es necesario en primer lugar resolver los reclamos de forma.

Sobre este punto, corresponde señalar lo expresado en la doctrina aplicable contenida en el Auto Supremo Nº 203/2016, de 11 de marzo, pronunciado por la Sala Civil del máximo Tribunal de Justicia Ordinaria, que de forma clara ha expresado: “En principio corresponde orientar que conforme establece el art. 274 del Código Procesal Civil, el recurso de casación puede ser interpuesto tanto en la forma como en el fondo; norma que posee un contenido análogo con lo que establecía el art. 258 núm. 2) del Código de Procedimiento Civil, tipo de recursos que tiene relación con la forma de resolución que ha de emitirse, en vista de que el recurso de casación en la forma, es el mecanismo recursivo, mediante el cual se acusan aspecto inherentes a la forma de la tramitación de la causa, cuya finalidad es anular obrados y el recurso de casación en el fondo, es el mecanismo recursivo idóneo para observar la errónea aplicación, violación o interpretación de la ley realizado por los jueces de instancia y la finalidad de la misma es casar el Auto de Vista, y debido a esa notoria diferenciación, es que de principio y por metodología estructural corresponde pronunciarse en un primer momento, sobre los reclamos de forma, pues que de ser evidente los mismos, la resolución a emitirse como se expuso es una anulatoria y no corresponde realizar un análisis en cuanto a los reclamos de fondo, entonces debido a ese antecedente, es que en principio corresponde realizar un análisis de los reclamos inherentes a la forma del proceso”.

III.2. De la nulidad procesal, su trascendencia y relevancia constitucional.

Conforme se tiene desarrollado en varios Auto Supremos emanados de este Tribunal Supremo de Justicia, es menester señalar que cuando se trata de nulidades procesales se debe tomar en cuenta que no se hace defensa de meras formalidades, pues las formas previstas por ley no deben ser entendidas como meros ritos, sino como verdaderas garantías de que el proceso se desarrollará en orden y en resguardo del derecho de las partes a una justicia pronta, oportuna y sin dilaciones (art. 115 de la Constitución Política de Estado), por lo que, en materia de nulidades procesales, tanto la doctrina como las legislaciones han avanzado y superado aquella vieja concepción que vislumbraba a la nulidad procesal como el mero alejamiento del acto procesal de las formas previstas por ley, esto en función del Estado Constitucional de Derecho que rige en el país.

En este sentido, Eduardo J. Couture en su libro Fundamentos del Derecho Procesal Civil, sobre el principio de trascendencia, señala: “…cuyo contenido nos expresa; que no hay nulidad de forma, si la desviación no tiene trascendencia sobre las garantías esenciales de defensa de juicio, es así que las nulidades no tienen por finalidad satisfacer pruritos formales, sino enmendar los perjuicios efectivos que pudieran surgir de la desviación de los métodos de debate cada vez que esta desviación suponga restricción de las garantías a que tienen derecho los litigantes”.

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