Texto del fallo
TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA
SALA PENAL
AUTO SUPREMO Nº 147/2019-RA
Sucre, 26 de marzo de 2019
Expediente: La Paz 5/2019
Parte Acusadora : Ministerio Público y otro
Parte Imputada : Gabriela Geraldine Zapata Montaño y otros
Delitos : Legitimación de Ganancias Ilícitas y otros
RESULTANDO
Por memoriales presentados el 30 de julio, 24 de octubre, 14, 16 y 30 de noviembre de 2018, cursantes de fs. 5115 a 5121, 5267 a 5297 vta., 5321 a 5338, 5346 a 5349 vta., 5367 a 5382, 5390 a 5397, 5398 a 5402 vta., y 5427 a 5445, Jimmy Ysrael Morales Cuba, Gabriela Geraldine Zapata Montaño, Ricardo Abelardo Alegría Sequeiros, Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional, Walter Humberto Antonio Zuleta Buitrago, Pastora Cristina Choque Espinoza, Carlo Marvin Ramírez Aramayo y el Ministerio de Presidencia, interponen recursos de casación impugnando el Auto de Vista 32/2018 de 18 de mayo, de fs. 5067 a 5103, pronunciado por la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público, además del Ministerio de Presidencia, Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional, Universidad Mayor de San Andrés y el Servicio General de Identificación Plurinacional (SEGIP), por la presunta comisión de los delitos de Uso Indebido de Influencias, Incumplimiento de Deberes, Falsedad Ideológica, Uso de Instrumento Falsificado, Contribuciones y Ventajas Ilegítimas, Legitimación de Ganancias Ilícitas, Asociación Delictuosa y Uso Indebido de Bienes y Servicios Públicos, previstos y sancionados por los arts. 146, 154, 199, 203, 228, 185 bis, 132 del Código Penal (CP) respectivamente; y art. 26 de la Ley de Lucha Contra la Corrupción, Enriquecimiento Ilícito e Investigación de Fortunas, Marcelo Quiroga Santa Cruz (Ley 004).
I. DE LOS RECURSOS DE CASACIÓN
I.1. Antecedentes.
De la revisión de los antecedentes venidos en casación se establece lo siguiente:
Por Sentencia 31/2017 de 23 de mayo (fs. 4417 a 4446 vta.), el Tribunal de Sentencia Anticorrupción y contra la violencia hacia la Mujer del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, declaró a:
Gabriela Geraldine Zapata Montaño, autora y culpable de la comisión de los delitos de Falsedad Ideológica, Uso de Instrumento Falsificado, Contribuciones y Ventajas Ilegítimas, Legitimación de Ganancias Ilícitas, Asociación delictuosa y Uso Indebido de Bienes y Servicios Público, previstos y sancionados por los arts. 199, 203, 228, 185 bis, 132 del CP respectivamente y 26 de la Ley 004, imponiendo la pena de diez años de presidio, más la multa de 200 días a razón de Bs. 10.- por día, más al pago de daños civiles y costas al Estado.
Pastora Cristina Choque Espinoza, autora de la comisión de los delitos de Uso Indebido de Bienes y Servicios Público, Incumplimiento de Deberes y Asociación Delictuosa, previstos y sancionados por los arts. 26 de la Ley 004, 154 y 132 del CP, condenando a la pena cuatro años de reclusión; más la multa de 200 días a razón de Bs. 2.- por día; más el pago de daño civiles y costas; por otro lado, la absolvió de la comisión del delito de Uso Indebido de Influencias, tipificado en el art. 146 del CPP.
Jimmy Ysrael Morales Cuba, autor y culpable de la comisión de los delitos de Uso Indebido de Bienes y Servicios Públicos, Incumplimiento de Deberes y Asociación delictuosa, tipificados por los arts. 26 de la Ley 004, 154 y 132 del CP, condenado a la pena de tres años de reclusión, más la multa de 200 días a razón de Bs. 2.- por día, más al pago de daños civiles y costas.
Ricardo A. Alegría Sequeiros, autor de la comisión del delito de Uso Indebido de Bienes y Servicio Públicos en grado de complicidad, previsto y sancionado por los arts. 26 de la Ley 004 con relación al 23 del CP, condenado a la pena de dos años de reclusión y el pago de la multa de 100 días a razón de Bs. 1.- por día, más al pago de daños civiles y costas; siendo absuelto de la comisión de los delitos de Asociación Delictuosa y Legitimación de Ganancias Ilícitas.
Carlo Marvin Ramírez Aramayo, autor del delito de Uso Indebido de Bienes y Servicio Públicos en grado de complicidad, tipificado por los arts. 26 de la Ley 004 con relación al 23 del CP, condenado a la pena de dos años de reclusión y el pago de la multa de 100 días a razón de Bs. 1.- por día, más al pago de daños civiles y costas; por otro lado, lo absolvió de la comisión del delito de Asociación Delictuosa.
Walter H. Antonio Zuleta Buitrago, autor de la comisión del delito de Uso Indebido de Bienes y Servicio Públicos y Contribuciones y Ventajas Ilegítimas en grado de complicidad, previstos y sancionados por los arts. 26 de la Ley 004 y 228 del CP con relación al 23 del CP, condenado a la pena de tres años de reclusión y el pago de la multa de 500 días a razón de Bs. 2.- por día, más al pago de daños civiles y costas; quedando absuelto de la comisión de los delitos de Asociación Delictuosa, tipificado por el art. 132 del CP.
Contra la mencionada Sentencia, Carlo Marvin Ramírez Aramayo (fa. 4486 a 4404), Pastora Cristina Choque Espinoza (fs. 4544 a 4556), Gabriela Geraldine Zapata Montaño (4680 a 4696 vta.), Ricardo Abelardo Alegría Sequeiros (fs. 4699 a 4711 vta.), el Ministerio de Presidencia (4717 a 4728 vta.), Jimmy Israel Morales Cuba (FS. 4731 a 4740), Walter Humberto Antonio Zuleta Buitrago (fs. 4749 a 4761), Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional (Fs. 4763 a 4766), respectivamente, formularon recursos de apelación restringida, que fueron resueltos por Auto de Vista 72/2018 de 17 de julio, dictado por la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, que declaró admisibles e improcedentes todos los recursos planteados y como consecuencia, confirmo la Sentencia. Esta resolución fue complementada con los Autos de 20 de agosto, 8 de octubre y 9 de noviembre de 2018, (Fs. 5128 a 5129 vta., 5137, 5305, 5307 y 5320).
Por diligencia de 23 de julio de 2018 (fs. 5104), el imputado Jimmy Israel Morales Cuba fue notificado con el Auto de Vista impugnado formulando su recurso de casación el 30 de julio del mismo año. El 17 de octubre de 2018 (fs. 5138 “A”), fue notificada la imputada Gabriela Geraldine Zapata Montaño con Auto Complementario presentando su casación el 24 de octubre de 2018. El 7 de noviembre de 2018 (fs. 5299 y 5301), fueron notificados Abelardo Alegría Sequeiros y la representación del Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional con Auto Complementario y formularon recursos de casación el 14 de noviembre. Walter Humberto Antonio Zuleta Buitrago, fue notificado con Auto de Vista Complementario el 9 de noviembre de 2018 (fs. 5303) y presentó su recurso de casación el 16 de noviembre. Por último, conforme las diligencias de 23 de noviembre (fs. 5386 y 5389), Pastora Cristina Choque Espinoza, Carlo Marvin Ramírez Aramayo y el Ministerio de la Presidencia, fueron notificados con Auto de Vista Complementario el 23 de noviembre de 2018, presentando sus recursos de casación el 30 del mismo mes y año.
II. DE LOS MOTIVOS DE LOS RECURSOS DE CASACIÓN
De los memoriales de casación se extraen los siguientes motivos:
II.1. Recurso de casación de Jimmy Ysrael Morales Cuba.
Previa referencia a los antecedentes de la sentencia y el Auto de Vista impugnado y a la primacía del Principio de Convencionalidad en el ordenamiento jurídico boliviano, desarrolla el contenido y alcance del principio non bis in ídem, así como criterios doctrinales y sentencias emitidas por el Tribunal Constitucional Español y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en las casos Loayza Tamayo contra Perú, destacando que resulta violatorio del derecho al debido proceso reabrir causa penal o administrativa ya fallada por unos mismos hechos aun cambiando su calificación penal o sancionatoria, resultando en el caso que el Tribunal de Sentencia estableció su culpabilidad debido a un supuesto proceso interno sumario que motivó según la sentencia la Resolución PA-ALC- Nº 001/2016 de 1 de abril y Resolución del Recurso Jerárquico Nº 001/2015 del proceso interno, siendo ratificado este extremo por el Auto de Vista impugnado; lo que implica, que se creó convicción para su condena, con base a un hecho ejecutado a instancia administrativa tomando como delito el Uso Indebido de Bienes del Estado y Servicios Públicos, cuando el proceso administrativo revela conductas traducidas en un ilegal manejo del vehículo de la institución y la supuesta mala utilización del salón VIP de la Unidad de Gestión Social del Ministerio de la Presidencia, por lo que se está ante una trasgresión al principio non bis in ídem, argumentando además que en el mencionado proceso administrativo no existió por parte del Ministerio de Presidencia una auditoría que pueda demostrar con claridad la finalidad de la Ley 1178 con relación al art. 56 del Reglamento de Responsabilidad por la Función Pública aprobado por DS 23318-A de 3 de noviembre de 1992.
Refiere que ninguna de estas consideraciones fueron parte de la sentencia ni del “Auto Supremo” subido en grado de apelación, con lo que implícitamente se tiene una mala adecuación del tipo, lo que se traduce en una incorrecta aplicación del inciso 1) del art. 370 del CPP.
En mérito a las previsiones relativas a un recurso efectivo conforme el art. 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos y a la motivación de las resoluciones, refiere que el Tribunal de Sentencia y el de alzada, realizan en sus respectivas resoluciones un desarrollo de la conducta y el tipo, sin contrastar la actitud del presunto imputado con cada una de las pruebas que lo involucra, es más utiliza como argumento la prueba signada como MP-127, consistente en un trámite respectivo a un proceso administrativo que como se explicó tiene como efecto que sea contrario al principio non bis in ídem, pues previa glosa parcial del contenido de ambas resoluciones, señala que el fallo de primera instancia y su ratificación en segunda instancia, ha explicado o ha agotado la interpretación de las normas jurídicas que generan la convicción del hecho delictivo y tampoco realiza una explicación entre pruebas y hechos, simplemente se limita a determinar que existen elementos que comprueban el hecho, pero no los enuncia ni los advierte, tampoco cómo lograron incriminarlo para que sea culpable de los delitos de Incumplimiento de Deberes y Asociación Delictuosa, de modo que de convalidarse estos extremos el Estado Boliviano nuevamente se vería en una situación compleja como el caso Andrade Salmón vs Bolivia.
Añade que el , determina los elementos para que se configuren el delito de Incumplimiento de Deberes, referidos a que la conducta omisiva del servidor público sea dolosa, relacionada a actos propios de función, obligado imperativamente por las normas, y siendo necesario que retarde, rehúse u omita cumplirlas, resultando en el caso que las autoridades de primera y segunda instancia, no motivaron y fundamentaron sus resoluciones en relación a todas las características que debía cumplir el tipo penal del art.154 del CP para su configuración, en vulneración al principio de máxima taxatividad expresada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
II.2. Recurso de casación de Gabriela Geraldine Zapata Montaño.
- 1)El Tribunal de apelación convalidó actividad procesal defectuosa absoluta, incurriendo en vicio de fundamentación:
a. Considera la recurrente que la negatoria a la proposición de prueba pericial sobre aspectos de tipo económico financiero, alegándose que los acusadores ya la propusieron por parte de la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF), vulneró el principio de imparcialidad y la igualdad de armas en el proceso. Agrega que tal hecho fue denunciado en apelación restringida invocando la inaplicación del art. 12 del CPP, y el art. 370 num 1) de la misma Ley como norma habilitante; empero, el Tribunal de apelación no analizó este punto, lo que en perspectiva del recurso “constituye un defecto absoluto insubsanable que debe ser corregido pro el máximo Tribunal de Justicia a la luz del art. 169 numeral 3 del CPP” (sic).
b. Habiendo el tribunal de origen aceptado la producción de audiencia de inspección, a proposición de la recurrente, no fue materializada en el argumento que “las llaves de los ambientes objeto de inspección no ha sido encontrados” (sic); tal hecho en consideración de la recurrente, infringe la última parte del primer párrafo del art. 338 del CPP, y generando una lesión a sus derechos y garantías como la de probidad, eficacia, eficiencia, accesibilidad e igualdad de las partes contenidos en el art. 180 de la Constitución Política del Estado (CPE), quebrantándose también los arts. 179 y 171 de la norma procesal penal. Reclama que el Tribunal de apelación no analizó aquellos extremos que “inclusive debieron ser ponderados de oficio por la gravedad que reviste” (sic).
c. En apelación restringida se denunció la vulneración del art. 334 del CPP y la consiguiente generación de defectos absolutos inconvalidables, aseverando que “de la simple revisión de las actas de audiencia…podrá advertir[se] que dicho precepto…no ha sido cumplido …por el contrario también ha sido objeto de incumplimiento e infracción, aspectos estos que tampoco han sido adecuadamente valorados por la autoridad de alzada” (sic).
d. Señala que el art. 8 del CPP fue conculcado, pues el Tribunal de origen restringió el ejercicio de su defensa material en el interrogatorio a los testigos de descargo y contrainterrogatorio a los testigos de cargo; añade que la vulneración se presentó también limitando el “tiempo y contenido del derecho a ser oído por el Tribunal de sentencia, bajo el principio de inmediatez, antes de la deliberación para la sentencia” (sic) actos que no hubieran sido “remediados por el tribunal de alzada, lo cual también hacen al debido proceso” (sic).
e. Explicando que el texto del art. 185 bis del CP, fue modificado por la Ley 262, acusa a la Sentencia 031/2017, de no precisar concretamente “cuál de los sub tipos penales…ha adecuado su conducta…de qué forma y cual el resultado de dicha adecuación…con la cual habría legitimado ganancia ilícitas” (sic). Añade que la “Unidad de Investigaciones Financieras no ha elevado ningún informe previo a [su] aprehensión, que denote movimiento económicos sospechosos, estableciendo cuale le origen de los mismos y cual el destino…y si los mismos proceden del TGN que cause daño económico directo al Estado” (sic); incumpliéndose con ello el art. 40 del Decreto Supremo Nº 24771, reglamentario a la Ley 1768, que dispone las formalidades para la remisión de antecedentes al Ministerio Público por parte de la UIF; expresando paralelamente que el Tribunal de sentencia se hallaba en la obligación de establecer el monto de los recursos legitimados, incumpliéndose lo consignado en el art. 5 nums. 6) inc. c), y 7) de la Convención Internacional de Viena de 19 de diciembre de 1988,y el art. 12 num. 4) de la Convención de Palermo. En suma considera que en su caso quedó demostrado la vulneración al art. 370 num 1) del CPP, habida cuenta se aplica un precepto legal en la emisión de la condena sin identificar el tipo penal exacto del cual se le atribuyó autoría.
Con tal argumento e invocando el , manifiesta que “corresponde al Máximo Tribunal de la Justicia ingresar a su análisis, dentro del marco establecido por el artículo 3 del Código de Procedimiento Penal para resolverlo en alguna de las formas establecidas por el art. 419 de igual cuerpo de leyes” (sic).
f. Considera que en el caso de la sala que pronunció el Auto de Vista impugnado, no se siguieron las directrices de los arts. 123 y 124 del CPP, pues el fallo recurrido en casación “apenas se circunscribe a una relación de hechos, con transcripciones parciales de la sentencia y memoriales de apelación…sin ninguna fundamentación descriptiva ni intelectiva de los tipos penales juzgados” (sic), manifiesta que “no existe fundamentación ni congruencia en el auto de vista impugnado…cuando…se evidencia… no se pronunció sobre el fondo de los puntos cuestionados en el recurso de apelación restringida, aspecto que vulnera lo establecido por los arts. 124 y 398 del CPP” (sic)
g. Luego de un bosquejo jurisprudencial y doctrinario sobre la conceptualización del principio de congruencia en materia penal, expresa que la variación de hechos entre acusación y condena que no hayan sido de conocimiento del imputado configuran vulneración al derecho a la defensa, reconocido por el art. 119.II de la CPE; en ese ámbito, la recurrente señala que “en el curso del proceso desde la lectura de la acusación la teoría objetivas de la acusación ha sufrido muchas mutaciones y transformaciones” (sic) con el fin de forzar un estado culpabilidad en contra suya.
h. alega que la pena impuesta por el delito de Legitimación de Ganancias Ilícitas, no adoptó un correcto proceso de subsunción pues no se identificaron de qué forma su persona legitimó recursos económicos “además vinculados a cuál del amplio catálogo de delitos descritos expresamente por el art. 185 Bis del CP” (sic), asegura que esa falencia en sí misma constituye lesión al debido proceso en su vertiente de certeza sobre la subsunción de una conducta a un tipo penal, lesionándose en esa consecuencia la seguridad jurídica.
Prosigue en sentido que a fs. 1619, se señalan seis acusados por el delito de Asociación Delictuosa, empero se sentenciaron únicamente a tres, cuando el art. 132 exige la presencia de “cuatro personas activas destinadas a cometer delitos…la sentencia no identifica a las cuatro personas destinadas a cometer delitos, tampoco refiere que delitos habrían cometido…en todo caso de ser así se tendría que hablar de una co autoría” (sic).
- 2)Bajo el epígrafe “defectos absolutos no susceptibles de convalidación”, la recurrente denuncia que:
a. El Auto de Vista impugnado no fundó su resolución señalando si el defecto del art. 370 num. 5) del CPP, denunciado en apelación restringida, “se debió a la falta de fundamentación fáctica por haberse omitido el hecho histórico; o si debido a la falta de fundamentación probatoria descriptiva o intelectiva por haberse verificado algún defecto en el resumen de las pruebas o la referencia de las pruebas documentales o testificales” (sic).
Considera la recurrente que el Tribunal de apelación no tomó en cuenta el reclamo sobre la variación de los hechos entre acusación y condena, menos el contenido de la y el . Agregando que con referencia al supuesto que “el tribunal de sentencia habría confundido hechos atribuidos con calificaciones jurídicas” (sic) y la negación de los de apelación expresando que debió haberse propuesto anteriormente actividad procesal defectuosa, la Sala Penal Segunda no tomó en cuenta que el memorial de apelación restringida en “en el subtítulo 1.- denominado defectos absolutos…realizó adecuadamente y preciso la actividad procesal defectuosa” (sic).
b. En apelación restringida se adujo que la Sentencia no cumplía con una debida fundamentación, al esgrimir una relación de hechos distinta entre los acusados y los sentenciados, así como entre lo probado y lo concluido; cuestionó que una transcripción de doctrina no suple la abstracción de los hechos a las normas, manifestando también que el fallo de origen se sustenta en medios probatorios no idóneos, y que los “propios testigos de cargo refieren no haber[la] visto manejar recursos económicos del Estado u ninguno refiere que [su] persona es funcionaria pública” (sic). Alega que tales cuestiones fueron expuestas ante el Tribunal de apelación, sin que hayan sido valoradas y analizadas, al contrario esa instancia habría razonado que “para entender las denuncias referidas a la falta de fundamentación…si es la parte descriptiva o intelectiva de la sentencia o la fundamentación jurídica, extremos que no puede apreciarse en la apelación” (sic), sin que se haya tomado en cuenta que “en todo caso cuando se verificó una omisión de la valoración de la prueba por haberse omitido la cita e interpretación de normas jurídicas, como para llegar a la conclusión de la existencia del defecto de sentencia previsto en el art. 370 num. 5) del Código de Procesal Penal” (sic)
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