AS/0148/2025

Texto del fallo

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TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

S A L A C I V I L

Auto Supremo: 148/2025

Fecha: 25 de febrero de 2025

Expediente: LP-205-24-S

Partes: Ángel Chipana Mamani c/ Filomena Figueredo Figueredo.

Proceso: Acción negatoria y reivindicación.

Distrito: La Paz.

VISTOS: El recurso de casación cursante de fs. 849 a 850 vta., interpuesto por Filomena Figueredo Figueredo contra el Auto de Vista Nº 904/2023, de 04 de diciembre, que corre de fs. 840 a 845, pronunciado por la Sala Civil y Comercial Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, dentro del proceso ordinario de acción negatoria y reivindicación seguido por Ángel Chipana Mamani contra la recurrente; la contestación de fs. 858 a 859; el Auto de concesión de 23 de septiembre de 2024, visible a fs. 860, el Auto Supremo de admisión N° 1370/2024-RA, de 20 de noviembre, visible de fs. 867 a 868 vta., todo lo inherente al proceso; y:

CONSIDERANDO I:

ANTECEDENTES DEL PROCESO

1. Ángel Chipana Mamani, mediante escrito que cursa de fs. 23 a 25, subsanado a fs. 27, de fs. 45 a 46 y de fs. 50 a 51 planteó demanda ordinaria de acción negatoria y reivindicación, contra Filomena Figueredo Figueredo, Betzaida Pantoja Figueredo y Porfirio Mirma; quienes una vez citados, la primera mediante memorial saliente de fs. 65 a 66, contestó de forma negativa a la demanda; mediante Auto a fs. 105 y vta., se declaró rebeldes a Betzaida Pantoja Figueredo y Porfirio Mirma; por Auto interlocutorio de 01 de julio de 2022, de fs. 538 y vta., se dispuso la acumulación del proceso de usucapión decenal interpuesto por Filomena Figueredo Figueredo contra Ángel Chipana Mamani, Rubén Carlos Huanca Machaca y Santiago Sillo Villca; desarrollándose el proceso hasta la emisión de la Sentencia N° 37/2022, de 28 de julio, saliente de fs. 810 a 816 vta., en la que el Juez Público Mixto Civil, Comercial, Familia, Niñez, Adolescencia e Instrucción Penal 1° de Palos Blancos Provincia Sud Yungas del departamento de La Paz, declaró PROBADA la demanda principal e IMPROBADA la usucapión decenal.

2. Resolución de primera instancia que, al haber sido recurrida en apelación por Filomena Figueredo Figueredo, mediante memorial visible a fs. 818 a 821, originó que la Sala Civil y Comercial Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, emita el Auto de Vista N° 904/2023, de 04 de diciembre, corriente de fs. 840 a 845, que CONFIRMÓ la Sentencia apelada bajo los siguientes fundamentos:

- Que, la parte demandante Ángel Chipana Mamani, adjuntó prueba documental que acredita su derecho propietario sobre el bien inmueble, consistente en la Escritura Pública N° 096/2016, de fecha 13 de mayo, así también Folio Real N° 2.11.4.01.0002568 emitido por Derechos Reales y que del acta de inspección judicial de fs. 807 vta., a 808, se constató que la demandada Filomena Figueredo Figueredo habita el bien inmueble, de lo que se infiere que la parte actora cumplió con los requisitos de procedencia de la acción negatoria, debido a que la ahora recurrente afirma tener derecho sobre el bien inmueble objeto de litis, sin contar con un título debidamente inscrito en Derechos Reales que acredite su titularidad.

- En cuanto a que la parte demandante jamás estuvo en posesión del bien inmueble y que no se demuestra la ubicación exacta del mismo, del material probatorio producido por las partes se establece que se han cumplido los presupuestos de la acción reivindicatoria es decir, que la demandada Filomena Figueredo Figueredo se encuentra en posesión del bien inmueble objeto de la demanda; que este bien cuenta con una extensión superficial de 640 m2, además de estar debidamente registrado en la oficina de Derechos Reales; y que la posesión que ejerce la demandada es indebida.

- Que, los presupuestos de viabilidad de la usucapión extraordinaria no han sido cumplidos en su totalidad, si bien se ha acreditado que el inmueble a ser usucapido se encuentra dentro del comercio humano y que la actora se encuentra en posesión del inmueble, sin embargo, no se demostró que haya transcurrido el plazo de ley para operar la prescripción adquisitiva, que en el caso en análisis no ha acontecido y que la posesión ha sido interrumpida en el momento en que la parte demandante presentó su demanda de acción negatoria y reivindicación.

- Que, si la parte demandante de usucapión consideró que no fue valorada la prueba de descargo, debió utilizar los medios de impugnación que tuvo a su alcance. Por último, en relación al documento privado de 16 de mayo de 2014 el Tribunal de alzada aclara que no se encuentra sometido a debate la nulidad o anulabilidad del contrato de fs. 61 a 63, sino que por el contrario se está dilucidando una pretensión de acción negatoria y reivindicación, reconvenida de usucapión.

3. Fallo de segunda instancia recurrido en casación por la recurrente según escrito que corre de fs. 224 a 230, que es objeto de análisis en la presente resolución.

CONSIDERANDO II:

DEL RECURSO DE CASACIÓN Y SU CONTESTACIÓN.

1. Mediante el recurso de casación que se analiza, la recurrente Filomena Figueredo Figueredo, acusó:

a) La incorrecta interpretación y aplicación del art. 1453 del Código Civil, en razón de no haber existido desposesión contra el demandante porque nunca poseyó el bien, requisito que no fue considerado por los de instancia, para la procedencia de la demanda, siendo inviable a consecuencia de la acción de la prescripción adquisitiva opuesta por la recurrente en virtud de la usucapión.

b) Mediante Escritura Pública N° 0193/2008, de 24 de septiembre cursante de fs. 715 a 724 vta., acreditó que su ex esposo Santiago Sillo Villca era el único beneficiario originalmente respecto a una transferencia de una fracción de lote de terreno a favor de la urbanización Nueva Alianza y un año antes a esta transferencia ya se encontraban en posesión, es decir, desde el inicio de la constitución de la referida urbanización en forma pública, pacífica, continua e ininterrumpida, cumpliendo con la función económico social; toda vez que la acción negatoria y reivindicación fue planteada el 17 de agosto de 2017, fecha en la que ya operó la usucapión del bien inmueble objeto del proceso conforme a los arts. 87.I y 138 del Código Civil.

En el mismo sentido, acusó falta de valoración de la prueba de cargo, en cuanto a la documental del acuerdo transaccional de división y partición de bienes comunes de 19 de julio de 2009 de fs. 764, por la que se establece la posesión desde junio de 2007, momento en que adquirieron de la Asociación Misionera de Bolivia, mediante Escritura Pública N° 0193/2008, de 24 de septiembre; aun teniendo en cuenta que su ex cónyuge Santiago Sillo Villca, transfirió a Ángel Chipana Mamani a título de compraventa mediante documento privado de 16 de mayo de 2014, cursante de fs. 61 a 63 de obrados, sin embargo dicha transferencia no fue consentida, por lo que el Código Civil salva los efectos de la usucapión.

c) De igual forma no se valoró la prueba de cargo, que comprende las declaraciones testificales, cursantes de fs. 805 a 807 vta., quienes manifestaron de manera uniforme que la demandada desde la gestión 2007, vive junto a su familia sin haber abandonado, realizando construcciones de data antigua, plantaciones de plantas frutales, contando con servicios de agua y energía eléctrica acreditados conforme a las facturas de pago y otras pruebas documentales presentadas oportunamente, extremos ratificados por el acta de inspección judicial al bien inmueble objeto del proceso, obrante de fs. 807 vta., a 809 del expediente.

Fundamentos por los cuales la parte recurrente solicitó se revoque el Auto de Vista N° 904/2023, de 04 de diciembre y se dicte Auto Supremo CASANDO la resolución recurrida por consiguiente se declare probada la demanda de usucapión decenal e improbada la pretensión de acción negatoria y reivindicación.

De la contestación al recurso de casación.

El recurso de casación descrito ha sido objeto de contestación por Ángel Chipana Mamani por escrito de fs. 858 a 859 vta., manifestando que: el recurso fue presentado fuera del plazo legal establecido para dicho efecto; que en cuanto a la vulneración del art. 1453 del Código Civil, la jurisprudencia del Tribunal Supremo de Justicia ha establecido que no es necesario tener la posesión previa o demostrar la eyección del precio, siendo tal hecho intrascendente.

Que, la propia demandante ha reconocido que se encuentra en posesión del inmueble de su propiedad desde el 19 de julio de 2009 y habiendo sido citada con la demanda de reivindicación el 17 de julio de 2017, simplemente no se ha cumplido el plazo previsto por el art. 138 del Código Civil, siendo improcedente la acción de usucapión, sin que los hechos invocados en su propia demanda puedan ser modificados en casación.

Respecto a la valoración de la prueba, refirió que la recurrente no identifica si se trata de una errónea valoración de hecho o derecho, deficiencia que impide el pronunciamiento de fondo por parte de este Tribunal.

Argumentos por los que solicita se declare improcedente el recurso de casación, con costas y costos.

CONSIDERANDO III:

DOCTRINA APLICABLE AL CASO

III.1. De la errónea e indebida aplicación de la Ley

Sobre esta materia el Auto Supremo Nº 263/2018 de 04 de abril estableció que: “…La interpretación errónea de la Ley, se refiere al error en el que incurre el Tribunal que dicta la resolución recurrida sobre el pensamiento latente de la norma, o sea la ratio legis para ello el Tribunal de Casación debe interpretar cada Ley determinada de manera uniforme en sus distintos fallos, (este es el fin de la jurisprudencia). Para eso el Tribunal de Casación escudriña la voluntad del legislador y toma en cuenta su redacción gramatical, así como diversos elementos, tal el sistemático, porque una Ley no puede interpretarse aisladamente, sino dentro del conjunto de Leyes que regulan una materia determinada, porque ese conjunto es un todo armónico que responde a una idea general. Al investigar el espíritu de la Ley, desde el punto de vista práctico, debe indagarse los motivos que determinaron su dictación (Pastor Ortiz Mattos. El Recurso de Casación en Bolivia, p. 152).

La aplicación indebida consiste en la infracción de la Ley Sustantiva por haberse aplicado sus preceptos a hechos no regulados por aquellas, Calamandrei sostiene que el juez que dictó la resolución recurrida incurre en aplicación indebida cuando se equivoca en establecer la diferencia o semejanza que media entre la hipótesis legal y la tesis del caso concreto, tal cuando se aplica una ley a hechos no regulados por ella. En ese caso el error in judicando no se contiene en la premisa mayor del silogismo, sino en la menor (mismo autor y obra citados) …”

III.2. La usucapión decenal e interrupción.

Respecto a la usucapión decenal o prescripción adquisitiva extraordinaria el Código Civil en el art. 138 estatuye: La propiedad de un bien inmueble se adquiere también por sólo la posesión continuada durante diez años.

Continuando en el Auto Supremo N° 1007/2018 de 5 de octubre, entre otros, sobre el instituto en examen se señaló: ¨(…) Ihering citado por Néstor Jorge Musto nos indica: …la determinación del elemento corpus depende fundamentalmente de la naturaleza de las cosas y de la forma habitual u ordinaria en que el dueño se comporta frente a ellas, según su especie y según el destino económico que cumplan (…), y lo mismo ocurre con los inmuebles que pueden estar defendidos por obstáculos materiales o, por el contrario, estar abiertos y libres, de modo que no se trata de posibilidades físicas sobre las cosas y de exclusión, también física, de injerencias de extraños, sino más bien de las invisibles barreras creadas por el orden jurídico que hacen posible el uso económico de las cosas, en orden a la satisfacción de las necesidades humanas. En cambio, respecto del animus, indica que se requiere de la presencia, en el sujeto, de una voluntad determinada, de tratar la cosa como si le perteneciera, como si fuera dueño. Al respecto Savigny, a tiempo de desarrollar la teoría subjetiva de la posesión, sostuvo que la misma se distingue de la mera tenencia por el hecho de que consta no solo del dominio físico sobre el objeto (o corpus) sino también de la voluntad de comportarse en cuanto a ese objeto como dueño y propietario (animus domini o intención de tratar como propia la cosa que debe formar el objeto de la posesión). A partir de esa postulación se conoce y acepta que la posesión supone la existencia de dos elementos que la componen: el corpus y el animus, referidos a la relación de hecho del hombre con las cosas y su provecho material sin dependencia o subordinación a otra voluntad”.

En relación a la interrupción de la prescripción el art. 1503 del Código Civil, estipula: I. La prescripción se interrumpe por una demanda judicial, un decreto o un acto de embargo notificados a quien se quiere impedir que prescriba, aunque el juez sea incompetente.

III.3. Sobre la valoración de la prueba.

El Auto Supremo N° 240/2015 de 14 de abril, emitido por la Sala Civil del Tribunal Supremo de Justicia orientó que: “…respecto a la valoración de la prueba, resulta loable destacar que es una facultad privativa de los Jueces de grado, el apreciar la prueba de acuerdo a la valoración que les otorga la ley y cuando ésta no determina otra cosa, podrán hacerlo conforme a su prudente criterio o sana crítica, según dispone el art. 1286 del Código Civil concordante con el art. 397 parágrafo I de su procedimiento. Ésta Tarea encomendada al Juez es de todo el universo probatorio producido en proceso (principio de unidad de la prueba), siendo obligación del Juez el de valorar en la Sentencia las pruebas esenciales y decisivas, conforme cita el art. 397 parágrafo II del código adjetivo de la materia, ponderando unas por sobre las otras; constituyendo la prueba un instrumento de convicción del Juez, porque él decide los hechos en razón de principios de lógica probatoria, en consideración al interés general por los fines mismos del derecho, como remarca Eduardo Couture”.

La valoración de la prueba está regida por el sistema de apreciación de la sana crítica o prudente criterio y la prueba legal o tasada.

Entendiendo que la sana crítica o prudente criterio, en la resolución, interesa que el juzgador deba observar las reglas de la lógica y la experiencia, concibiendo que esta fundamentación o motivación, básicamente consistirá en una operación racional fundada en la certeza, observando los principios lógicos supremos que gobiernan la elaboración de los juicios (conclusiones) y dan base cierta para determinar si son verdaderos o falsos, de tal manera que las leyes del pensamiento se presentaran como leyes necesarias, evidentes e indiscutibles a momento de analizar esas conclusiones, leyes que, como es conocido en la doctrina, están gobernadas por los principios lógicos de identidad, contradicción, tercero excluido y razón suficiente.

Ahora bien, el sistema de valoración de la prueba legal o tasada, introducido como un freno o un obstáculo en la actividad valorativa de la autoridad jurisdiccional, supone que el propio ordenamiento jurídico establece en forma legal una serie de máximas, con arreglo a las cuales los hechos valen como probados con independencia del convencimiento del Juez, siempre que se cumplan unos determinados requisitos o formas, o lo que es lo mismo, este sistema se caracteriza porque la ley indica, por anticipado, el valor o grado de eficacia que tiene cada medio probatorio, lo que implica que el Juez no tiene libertad de apreciación, sino que, ante determinada prueba le deberá atribuir el valor o eficacia que indica la ley.

Siendo así que, ante la impugnación de errónea valoración de la prueba (ya sea por error de hecho o por error de derecho); es decir, incorrecta aplicación de los anteriores criterios en la fundamentación de la Sentencia o Auto de Vista por el Juez o Tribunal de alzada, es este Tribunal Supremo el encargado de verificar si los argumentos y conclusiones de las resoluciones de instancia, reúnen los requisitos para ser considerados lógicos, esto es, que no contengan afirmaciones falsas, incoherentes o irracionales, lo que se podrá verificar, haciendo un análisis respecto de la valoración de la prueba, contrastando justamente con las señaladas leyes del pensamiento humano, luego, si este Tribunal encuentra que se ha quebrantado estas leyes; es decir, existe errónea aplicación de la ley adjetiva o sustantiva en dicha apreciación, por inadecuada valoración de la prueba por parte de las autoridades jurisdiccionales, corresponde enmendar tal situación, ello en resguardo de los principios de unidad, comunidad, concentración, contradicción, verdad material, entre otros, que son rectores del proceso civil y a los que están sometidas las pruebas, para el resultado final de resolución.

CONSIDERANDO IV:

FUNDAMENTOS DE LA RESOLUCIÓN.

Expuestos como están los argumentos del recurso de casación, así como los fundamentos legales y doctrinales que sustentarán la presente resolución y en virtud al principio de congruencia que debe regir en todo proceso judicial como elemento del debido proceso, corresponde a continuación dar respuesta a lo acusado en el recurso interpuesto.

a) Sobre la incorrecta interpretación e indebida aplicación del art. 1453 del Código Civil.

El fundamento específico de este agravio radica en que, a criterio de la recurrente, no hubo desposesión en contra del demandante, no habiéndose valorado este extremo en las instancias jurisdiccionales previas y que, en todo caso, la reivindicación es inviable como consecuencia de haberse operado la prescripción adquisitiva en su favor.

En este punto es importante acudir a la doctrina invocada en el punto III.1 de la presente resolución, que con absoluta precisión ha diferenciado lo que constituye interpretación errónea de la Ley y/o su aplicación indebida, la primera opera cuando el Tribunal que dicta una resolución genera un pensamiento emergente de la norma distinto al pretendido por el legislador, para evitar ello, es de suma importancia contar con una jurisprudencia uniforme en sus distintos fallos; la segunda, se presenta cuando los preceptos que contiene la ley no corresponden a la hipótesis legal y a la tesis del caso concreto, básicamente cuando se aplica una ley a hechos no regulados por ella.

En la especie, este Tribunal ha identificado que el reclamo de la recurrente se decanta por la primera de las deficiencias anotadas es decir, por la errónea interpretación de la ley sustantiva, cuyo precepto se encuentra regulado en el art. 1453 del Código Civil, reclamo que consiste en que el demandante nunca hubo poseído el bien, por lo que no hubo desposesión de su parte, precisamente, la uniforme jurisprudencia de este Tribunal Supremo de Justicia ha establecido, entre muchos otros, en el Auto Supremo N° 789/2021, de 09 de septiembre, que: “… por la acción reivindicatoria el actor no pretende que se declare su derecho de dominio, puesto que afirma tenerlo sino que demanda la restitución de la cosa a su poder por el que la posee.”; de lo expuesto se tiene que esta acción se encuentra reservada para el titular del derecho propietario, derecho que por su naturaleza, conlleva la “posesión” emergente del derecho mismo, por lo que el propietario que pretende reivindicar no necesariamente debió estar en posesión corporal o natural del bien, en consideración a que tiene la “posesión civil”, que está a su vez integrado por sus elementos “corpus” y “animus”.

En ese sentido, ha razonado el Tribunal de alzada cuando en el Auto de Vista impugnado, sobre el derecho propietario del actor, expresó que: “fue debidamente respaldado conforme se tiene del folio real con matrícula N° 2.11.4.01.0002568 emitido por Derechos Reales donde figura como último titular del dominio del bien inmueble demandado…”. Y cuando concluyó que, la parte demandada en su escrito de demanda de usucapión decenal o extraordinaria sostiene textualmente que: “…hago conocer a su autoridad que he poseído el bien inmueble por más de 10 años, tomando posesión del mismo en fecha 19 de julio de 2009…”. Conclusión que establece que al haber adquirido el demandante la propiedad del bien inmueble y hacerlo público y oponible a terceros en aplicación del art. 1538 del Código Civil, ha adquirido per se la posesión natural del mismo y por la confesión judicial espontánea de la demandada, éste se encuentra privado de dicha posesión (corpus) pero no del animus domini; en consecuencia, la norma legal sobre la cual se sostiene la decisión de alzada, no ha sido interpretada erróneamente y menos aún aplicada indebidamente, como sostiene la recurrente, deviniendo este agravio en infundado.

b) En el segundo agravio en análisis, la recurrente cuestiona la valoración de la prueba efectuada por el Tribunal de alzada en el Auto de Vista impugnado, haciendo énfasis en que la posesión sobre el bien inmueble objeto de reivindicación y simultáneamente de usucapión decenal, habría iniciado no solo a consecuencia del acuerdo transaccional de división y partición de fecha 19 de julio de 2009 como sostiene en su contestación a la demanda, sino a partir del mes de junio de 2007, hecho refrendado o acreditado por la Escritura Pública N° 0193/2008, de 24 de septiembre, en la cual su entonces cónyuge Santiago Sillo Vargas figura como beneficiario – adjudicatario de una fracción de terreno en la urbanización Nueva Alianza, aferrándose al argumento de que su posesión sobre el lote de terreno N° 1, del manzano 2, de la urbanización Nueva Alianza, inició en la fecha mencionada, transcurso de tiempo que tiene incidencia tanto en su demanda de usucapión decenal, cuanto en la demanda de reivindicación que el propietario del predio le instauró. Análisis documental el señalado, que no fue adecuadamente contemplado por las autoridades de segunda instancia.

Conforme la regla del art. 271.I del Código Procesal Civil, si la parte recurrente de casación cuestiona error en la valoración o apreciación de la prueba, debe precisar si el error que acusa es de derecho o de hecho, éste último deberá evidenciarse por documentos o actos auténticos que demuestren la equivocación manifiesta de la autoridad, lo que en el presente caso no se cumple adecuadamente, siendo evidente que la recurrente no identifica si el error en la valoración de ambos documentos (público y privado, respectivamente) que se efectuó en alzada, es de derecho o de hecho, pero más allá de aquella deficiencia técnica, corresponde contrastar el análisis relativo a la valoración de la prueba aludida efectuado en el Auto de Vista recurrido, y establecer si este agravio fuera determinante para sostener una decisión casacional.

Al respecto, el Tribunal de alzada en el Auto de Vista recurrido, sostiene que, a fin de demostrar la posesión ininterrumpida ejercida sobre el inmueble, la confesión judicial espontánea de la demandada (ahora recurrente), reconoce expresamente que aquella posee el bien inmueble por más de 10 años, desde el 19 de julio de 2009 y que la parte demandante Ángel Chipana Mamani presentó su demanda de reivindicación en fecha 17 de agosto de 2017, acto procesal con el que ha sido interrumpida la prescripción liberatoria, por lo que no reúne los requisitos necesarios e inexcusables exigidos por el instituto de la usucapión decenal.

Esta conclusión, de forma alguna es contradictoria o transgrede la adecuada contrastación de los medios de prueba indicados por la recurrente como defectuosamente valorados; es así que, la Escritura Pública N° 193/2008, de 24 de septiembre de 2008 (fs. 119 a 130) se refiere a la transferencia de una fracción de terreno que efectúa la Asociación Misionera de Bolivia en favor de la urbanización Nueva Alianza y éste documento efectivamente consigna a Santiago Sillo Villca como miembro de dicha urbanización; empero, no identifica con precisión de cual o cuales fracciones de terreno es titular, no siendo un medio de prueba documental idóneo para sostener una demanda de usucapión decenal que exige –entre otros requisitos- la identificación precisa del bien a usucapir.

Todo lo contrario acontece con el acuerdo transaccional de 19 de julio de 2009 (fs.118), suscrito entre la demandada Filomena Figueredo Figueredo y su ex cónyuge Santiago Sillo Villca, en cuya cláusula Segunda, inciso 1) las partes convienen: “El lote de terreno signado con el N° 1 del manzano D-2 de la Urbanización Nueva Alianza de la localidad de Palos Blancos, provincia Sud Yungas de La Paz, deberá quedarse a favor de mi esposa Sra. Filomena Figueredo Figueredo teniendo que tramitarse la documentación que acredita derecho propietario a su nombre”. Es este documento, como lo reconoce la propia demandante de usucapión, el que de forma precisa individualiza el lote de terreno objeto de posesión y el momento a partir del cual se empezó a ejercer; es ésta confesión judicial espontánea a la que el Tribunal de alzada le ha otorgado valor determinante para establecer que la posesión se ha iniciado en ese momento exacto y también que ha sido interrumpida por la presentación de la demanda en fecha 17 de agosto de 2017; es decir, antes de los diez años de operarse la prescripción adquisitiva en su favor.

En consecuencia, este Tribunal advierte que dicha labor valorativa es correcta, pues los fundamentos expuestos en su tenor, permiten comprender a cabalidad el razonamiento que tuvo el Tribunal de alzada respecto al contenido de la valoración de la prueba documental ofrecida por la demandante, el cual no pueden ser rebatido por simples alegaciones generales e imprecisas como las expuestas por la recurrente, sin desmerecer en absoluto la aplicación de las reglas de la sana crítica aplicadas por los jueces de instancia, argumentos ambiguos e imprecisos que no llevan a enervar los fundamentos explanados por el Tribunal de alzada.

c) Con respecto al último agravio, relacionado a la omisión en la valoración de la prueba testifical prestada por Luis Roberto Morales Velásquez, Pablo Ayca y Francisco Castaya Perca, según refiere el recurso acreditaría que su posesión la ejerció desde antes del año 2009, específicamente desde el año 2007, y que su inmueble cuenta con los servicios de agua potable y energía eléctrica a su nombre.

Sobre este agravio, es necesario acudir a la redacción textual del recurso de apelación de fs. 818 a 821, que sobre el particular y de manera literal reclama: “No se valoró correctamente la prueba testifical de cargo de Luis Roberto Morales Velásquez, Pablo Ayca y Francisco Castaya Perca, cursante a fs. 805 a 807 y vta., de obrados, quienes han manifestado de manera uniforme que la señora Filomena Figueredo Figueredo, desde el 2009 vive junto a su familia e inclusive desde más antes sin haber en ningún momento abandonado y manifestaron que realizó construcciones de su vivienda data antigua y plantaciones de plantas frutales coco y mangos, así también que no saben si ingresó o no en posesión el sr. Ángel Chipana Mamani”.

Aseveración en la que no se advierte la mención específica, de que la posesión iniciara en el año 2007, como temerariamente reclama la recurrente, sino un lacónico “desde más antes” que, contrastada con la valoración efectuada por el Tribunal de alzada de la prueba documental, no enerva aquellas conclusiones ni rebate la confesión judicial espontáneamente deducida por la recurrente. Menos aún en relación a los comprobantes de pagos efectuados por servicios básicos y otros de fs. 148 a 153, que son de data posterior al momento inicio de la posesión establecida judicialmente y que no tienen el potencial de revertir el criterio asumido por la resolución recurrida en relación a la valoración efectuada a los medios de prueba que se han considerado, trascendentes y determinantes, en la resolución de la causa.

Por lo que este último agravio, deviene también en infundado y no amerita ser acogido por este Tribunal de casación.

Consiguientemente, toda vez que las acusaciones expuestas en el recurso de casación no resultan evidentes, corresponde a este Tribunal Supremo de Justicia emitir resolución conforme prevé el art. 220.II del Código Procesal Civil.

POR TANTO: La Sala Civil del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, con la facultad conferida por los arts. 41 y 42.I num. 1 de la Ley del Órgano Judicial y en aplicación del art. 220.II del Código Procesal Civil, declara INFUNDADO el recurso de casación cursante de fs. 849 a 850 vta., interpuesto por Filomena Figueredo Figueredo contra el Auto de Vista Nº 904/2023, de 04 de diciembre, que corre de fs. 840 a 845, pronunciado por la Sala Civil y Comercial Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, con costas y costos.

Se regula el honorario profesional del abogado que contestó al recurso en la suma de Bs. 1.000.

Regístrese, comuníquese y devuélvase.

Relator: Mgdo. Primo Martínez Fuentes.

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Texto del fallo

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