AS/0149/2025

Texto del fallo

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TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

S A L A C I V I L

Auto Supremo: 149/2025

Fecha: 25 de febrero de 2025

Expediente: LP-214-24-S

Partes: Basilia Bustamante Mita c/ David Alave Bustamante.

Proceso: Nulidad de documento.

Distrito: La Paz.

VISTOS: El recurso de casación cursante de fs. 494 a 495 vta., interpuesto por Basilia Bustamante Mita contra el Auto de Vista Nº 575/2024, de 05 de septiembre, obrante de fs. 488 a 491 vta., pronunciado por la Sala Civil y Comercial Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, dentro del proceso ordinario de nulidad de documento, seguido por la recurrente contra David Alave Bustamante; la contestación visible de fs. 498 y vta.; el Auto de concesión de 15 de octubre de 2024, visible a fs. 499, el Auto Supremo de admisión N° 1441/2024-RA, de 02 de diciembre, obrante de fs. 505 a 506, todo lo inherente al proceso; y:

CONSIDERANDO I:

ANTECEDENTES DEL PROCESO

1. Basilia Bustamante Mita, mediante el memorial saliente de fs. 20 a 27 vta., subsanado mediante los escritos de fs. 30 a 35, y de fs. 38 y vta., promovió demanda ordinaria de nulidad de documento, contra David Alave Bustamante, quien, una vez citado, por escrito cursante de fs. 275 a 280 vta., contestó negativamente a la demanda; desarrollándose de esta manera la causa hasta la emisión de la Sentencia N° 449/2023, de 17 de octubre, saliente de fs. 450 a 461, en la que el Juez Público Civil y Comercial 10º de la ciudad de La Paz declaró IMPROBADA la demanda principal con costas y costos.

2. Resolución de primera instancia que, al haber sido recurrida en apelación por Basilia Bustamante Mita mediante el memorial que sale de fs. 464 a 467, originó que la Sala Civil y Comercial Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, pronuncie el Auto de Vista Nº 575/2024, de 05 de septiembre, corriente de fs. 488 a 491 vta., que CONFIRMÓ en todas sus partes la Sentencia apelada, en base a los siguientes argumentos:

Que, las documentales de fs. 305 a 337 vta., respecto a dictamen pericial sobre las firmas y huellas de la demandante, vinculado al documento objeto de la litis; concluirían en sentido de la correspondencia y relación de la mismas a la parte actora (Basilia Bustamante Mita), documentales que no fueron objeto de impugnación por la recurrente; por lo que, no se hubiera demostrado la falta de consentimiento o falsedad en el Testimonio N° 417/2010 de fs. 79 a 81 de obrados.

Que, la recurrente no hubiera acreditado su calidad de persona analfabeta, que requiera testigos para la validez del documento reclamado de nulidad; puesto que participó de la suscripción del Testimonio N° 3515/2000 de fs. 3 a 5, sin la necesidad de testigos instrumentales.

Que, el reclamo sobre la diferencia del precio de venta del inmueble objeto de la litis por Bs. 20.000.- siendo su valor de $us 108.308,93, no fue objeto de debate en el proceso al no ser demandando; por lo que, no podría existir pronunciamiento al respecto en aplicación del art. 265 del Código Procesal Civil.

3. Fallo de segunda instancia recurrido en casación por Basilia Bustamante Mita, mediante memorial de fs. 494 a 495 vta., recurso que es objeto de análisis.

CONSIDERANDO II:

DEL CONTENIDO DEL RECURSO DE CASACIÓN Y SU CONTESTACIÓN

1. La recurrente en el recurso de casación alegó que:

a) El Tribunal de alzada no consideró la vulneración del art. 452 del Código Civil; toda vez que, esta regularía los elementos esenciales de la conformación del contrato, siendo estos el consentimiento, objeto, causa y forma, de manera que el contrato sería válido, cuando reúne estos cuatro elementos; por lo que, al existir en el presente, un contrato sin el consentimiento de las partes, se invalida el mismo, aspecto que puede ser reclamado por cualquier persona al tenor del art. 551 del mismo cuerpo normativo; siendo que, el Tribunal Ad quem ha ratificado la Sentencia, sin tomar en cuenta, ni considerar la valoración de la prueba de reciente obtención, así como en el caso de los testigos.

b) Interpone recurso de casación contra el Auto de Vista N° 575/2024 de 05 de septiembre; por haber, Interpretación y/o errónea aplicación de la ley, que le causa agravios existiendo error “in iudicando”; por haber violado directa y arbitrariamente la ley en sus arts. 105, 549, 551, 1542 num. 3 y 1544 del Código Civil.

Fundamentos por los cuales, solicitó se case el Auto de Vista recurrido y se revoque la Sentencia de primera instancia.

2. Contestación al recurso de casación:

David Alave Bustamante, responde al recurso de casación mediante memorial de fs. 498 vta., solicitando en lo principal que:

La Sentencia sería justa y proba, siendo incongruente el recurso aspecto que fuera demostrado en el Auto de Vista, recayendo nuevamente en una mala interpretación de la recurrente.

Por lo referido, solicitó se declare infundado el recurso de casación, manteniéndose firme el Auto de Vista.

CONSIDERANDO III:

DOCTRINA APLICABLE AL CASO

III.1. Con relación a la valoración de la prueba.

Sobre esta temática el Auto Supremo N° 252/2022, de 19 de abril, en su doctrina legal aplicable expresó: “…el doctrinario Antezana refirió que la valoración de la prueba ‘…Consiste en el análisis crítico e integral, del conjunto de elementos de convicción reunidos y definitivamente introducidos con la actividad práctica probatoria. Este análisis, persigue la obtención, como resultado, de un juicio final de certeza o de probabilidad, respecto al fundamento de las pretensiones hechas a valer…’ (ANTEZANA Palacios, Alfredo, Lecciones de Derecho Procesal Civil, Editorial Judicial, 1999, Tomo I, pág. 309), por su parte el jurista Palacio expreso que: ‘…La apreciación de la prueba es el acto mediante el cual el órgano judicial, en oportunidad de dictar sentencia definitiva, se pronuncia acerca de la eficacia o atendibilidad de aquella para formar su convicción sobre la existencia o inexistencia de los hechos controvertidos en el proceso…’ (PALACIO, Lino Enrique, Derecho Procesal Civil, Tomo IV, Actos Procesales, Editorial Abeledo-Perrot, pág. 411) citas doctrinarias, que nos permiten concluir que: ‘La valoración de la prueba es: ‘…el juicio de aceptabilidad (o de veracidad) de los resultados probatorios (las hipótesis). La valoración constituye el núcleo del razonamiento probatorio; es decir, del razonamiento que conduce, a partir de las informaciones aportadas al proceso a través de los medios de prueba, a una afirmación sobre hechos controvertidos (…) La valoración de la prueba no puede ser una operación libre de todo criterio y cargada de subjetividad, sino que debe estar sometida a las reglas de la lógica, de la sana crítica, de la experiencia”. (Las negrillas y subrayado nos pertenecen).

En ese sentido, para realizar tal acto de valoración de la prueba, el Auto Supremo Nº 532/2021 de 14 de junio de refirió que: “…que nuestro ordenamiento jurídico, sigue la doctrina moderna en materia de valoración de la prueba, adoptando la tesis de la valoración razonada, libre valoración o sana crítica, cuando en el Código Procesal Civil en su articulado 145.II, describe que: ‘Las pruebas se apreciaran en conjunto tomando en cuenta la individualidad de cada una de las pruebas producidas y de acuerdo con las reglas de la sana crítica o prudente criterio…’, ello entendemos por influencias del Código General del Proceso del Uruguay de 1989, para el juicio oral por audiencias, deduciendo de ello y bajo los criterios del referido autor Obando Blanco, que el sistema de sana crítica en la valoración probatoria importa un proceso racional en el que el juez debe utilizar a fondo su capacidad de análisis lógico para llegar a un juicio o conclusión producto de las pruebas actuadas en el proceso, situación que importa la libertad reglada del juez a través de cauces de racionalidad que tiene que justificarla utilizando el método analítico al estudiar la prueba individualmente y después la relaciona en su conjunto, es decir, que la sana crítica o prudente criterio, en la fundamentación de la resolución, interesa que el juzgador deba observar las reglas fundamentales de la lógica y la experiencia, concibiendo que esta fundamentación o motivación, básicamente consistirá en una operación racional fundada en la certeza, observando los principios lógicos supremos que gobiernan la elaboración de los juicios (conclusiones) y dan base cierta para determinar si son verdaderos o falsos, de tal manera que las leyes del pensamiento se presentaran como leyes necesarias, evidentes e indiscutibles a momento de analizar esas conclusiones, leyes que, como es conocido en la doctrina, están gobernadas por los principios lógicos de identidad, contradicción, tercero excluido y razón suficiente.

Ahora bien el sistema de valoración de prueba legal o tasada, se encuentra vigente a partir de la segunda parte del mencionado precepto legal (art. 145.II), cuando esta dice ‘…salvo que la ley disponga expresamente una regla de apreciación distinta’, introducido como un freno o un obstáculo a manera de generar seguridad jurídica en las actuaciones del juez, que en ocasión de aplicar la valoración en base al sistema de sana critica o prudente criterio puede expresar conductas traducidas en arbitrariedades.

En cuyo entendido el sistema de valoración de la prueba legal o tasada, supondrá que el propio ordenamiento jurídico establezca en forma legal una serie de máximas, con arreglo a las cuales los hechos valen como probados con independencia del convencimiento del juez, siempre que se cumplan unos determinados requisitos o formas, o lo que es lo mismo, este sistema se caracteriza porque la ley indica, por anticipado, el valor o grado de eficacia que tiene cada medio probatorio, lo que implica que el juez no tiene libertad de apreciación, sino que, ante determinada prueba le deberá atribuir el valor o eficacia que indica la ley.

Siendo así que, ante la impugnación de errónea valoración de la prueba (ya sea por error de hecho o por error de derecho) es decir, incorrecta aplicación de los anteriores criterios en la fundamentación de la Sentencia o Auto de Vista por el Juez o Tribunal de Alzada, es este Tribunal Supremo el encargado de verificar si los argumentos y conclusiones de las resoluciones de instancia, reúnen los requisitos para ser considerados lógicos, esto es, que no contengan afirmaciones falsas, incoherentes o irracionales, lo que se podrá verificar, haciendo un análisis respecto de la valoración de la prueba, contrastando justamente con las señaladas leyes del pensamiento humano…”. (El subrayado nos corresponde).

III.2. De la incongruencia omisiva y de la trascendencia o relevancia de la incongruencia.

El Auto Supremo Nº 254/2014 de 27 de mayo, ha orientado en sentido que: “La inobservancia de estas reglas conllevan incongruencia, que a decir de la doctrina se diferencian en: Incongruencia positiva, que es aquella en la que el juzgador extiende su decisión más allá de los límites del problema judicial que le fue sometido a su consideración; e Incongruencia negativa, cuando el juzgador omite el debido pronunciamiento sobre alguno de los términos del problema judicial. En ésta última, encontramos la denominada “citra petita”, que resulta de la omisión de alguna de las pretensiones deducidas en proceso…

Es de importancia considerar que el principio de congruencia procesal, si bien pondera el derecho al debido proceso, sin embargo “no es absoluto”, en la medida de la afectación de otros derechos, garantías y principios fundamentales que emergen en procura de brindar la tutela judicial efectiva a las partes.

En el recurso de casación en la forma y en relación al principio de congruencia, la trascendencia y la afectación del agravio debe gravitar indefectiblemente para suponer la nulidad de obrados, previendo siempre la garantía al debido proceso, a la defensa y a la justicia pronta, oportuna y sin dilaciones que sustenta el art. 115 de la Constitución Política del Estado.

De donde se tiene que el Juez no puede simple y llanamente aplicar la nulidad, que es restrictiva, sino que debe ponderar la omisión frente a los otros principios y derecho constitucionales fundamentales para llegar a una decisión judicial que esté acorde con la nueva dogmática de la nulidad que se afianzó con la Constitución Política del Estado Plurinacional en su art. 115 y los art. 16 y 17 de la Ley 025, pues sólo será posible la nulidad si existe afectación del derecho a la defensa”. (El subrayado y las negrillas nos pertenecen).

III.3. De la legitimación para recurrir de casación.

La Ley Nº 439 de 19 de noviembre de 2013, en su art. 272, respecto a la legitimación para interponer el recurso de casación dispone lo siguiente: “I. El recurso podrá interponerse por la parte que recibió un agravio en el auto de vista. II. No podrá hacer uso del recurso quien no apeló de la sentencia de primera instancia ni se adhirió a la apelación de la contraparte, cuando la resolución del tribunal superior hubiere confirmado totalmente la sentencia apelada”. (El resaltado nos corresponde).

Ahora bien en relación al principio del “per saltum”, (pasar por alto), es una locución latina que significa pasar por alto las formas regulares de impugnación de las resoluciones judiciales, saltando etapas en las cuales correspondía hacer valer el derecho a la impugnación respectiva, toda vez que los reclamos deben ser acusados en forma vertical, este entendimiento ya fue vertido en varios Autos Supremos que orientan sobre la aplicación del per saltum, así tenemos el Auto Supremo Nº 482/2016 de 12 de mayo 2016, el que ha orientado en sentido de que: “Por la característica de demanda de puro derecho a la que se asemeja el recurso de casación, las violaciones que se acusan deben haber sido previamente reclamadas ante el Tribunal de Alzada, a objeto de que estos tomen aprehensión de los mismos y puedan ser resueltos conforme la doble instancia, o sea, el agravio debe ser denunciado oportunamente ante los Tribunales inferiores conforme cita el art. 254 núm. 4) del Código Adjetivo Civil, y de ningún modo realizarlo en el recurso extraordinario de casación, porque no es aceptable el "per saltum", que implica el salto de la o las instancias previas a la intervención del Tribunal de Casación, como es el caso. Toda vez que el Tribunal de Casación, apertura su competencia para juzgar la correcta o incorrecta aplicación o inaplicación de la norma contenida en el pronunciamiento de alzada, respecto precisamente, al o los agravios que oportunamente fueron apelados y sometidos a conocimiento del Ad quem”. (negrillas y resaltado nos corresponden).

CONSIDERANDO IV:

FUNDAMENTOS DE LA RESOLUCIÓN

Expuestos como están los argumentos del recurso de casación, así como a la doctrina aplicable al caso, corresponde a continuación ingresar a considerar los reclamos planteados en el recurso de casación.

a) Señaló que, el Tribunal de alzada vulneró el art. 452 del Código Civil; toda vez que, el contrato hubiera sido constituido sin su consentimiento, siendo invalido aspecto que puede ser reclamado por cualquier persona en aplicación del art. 551 del mismo cuerpo normativo, siendo que, el Tribunal Ad quem ha ratificado la Sentencia, sin tomar en cuenta, ni considerar la valoración de la prueba de reciente obtención, así como en el caso de los testigos.

Al respecto y conforme a lo desglosado en el Considerando III.1, de la presente resolución, corresponde señalar que la valoración probatoria es privativa de las autoridades de instancia, a través de los sistemas de la sana crítica y legal, debiéndose acudir a efecto de su valoración y contrastación a la aplicación de principios como los de unidad y comunidad de la prueba; pudiendo ingresar este Tribunal al análisis de la misma, cuando sean objeto de reclamo a través del recurso de casación, como el generado por la recurrente, referente a que el Tribunal Ad quem, otorgó validez a un contrato constituido, sin su consentimiento conculcando el art. 452 del Código Civil, aspecto que del análisis de la prueba aportada no sería correcto; toda vez que, la demandante sustenta que su hijo, aprovechándose de que fuera analfabeta, le hubiera solicitado los documentos de su casa para presumiblemente sanearlos; siendo que, posteriormente le hubiera generado un poder a su favor a través de Escritura Pública N° 417/2010 de 25 de febrero, mediante el cual generó un contrato de venta consigo mismo por Escritura Pública N° 268/2010 de 15 de marzo, apropiándose de su inmueble, argumentos desvirtuados a través de informe pericial de fs. 305 a 336, por el cual, se concluye que la firma de Basilia Bustamante Mita (demandante) estampados en el Protocolo N° 417/2010 poder especial amplio y suficiente, “corresponden a su persona al existir identidad gráfica y similitud, encontrando idéntica personalidad gráfica”, y en relación a la huella estampada en el documento Protocolo N° 417/2010 poder especial amplio y suficiente expresa que “fuera producto de la impresión del pulpejo digital (pulgar derecho) de la mano de Basilia Bustamante Mita”; prueba que, no mereció objeción, ni impugnación alguna por la hoy recurrente de casación, conforme las facultades establecidas en el art. 201 del Código Procesal Civil; por lo que, la afirmación de la demandante de no haber participado del referido Poder N°417/2010, no es cierto; aspecto que fue analizado de forma correcta por el Tribunal de alzada.

En el mismo sentido, el argumento de que la demandante fuera analfabeta, fue desvirtuado a través de documentales de fs. 253 a 255 del expediente; en sentido que dichas pruebas acreditan que la demandante, ha tenido instrucción escolar básica, que hacen permisible sostener que tendría la capacidad de escribir y leer, más aún cuando las documentales de fs. 3 a 5 vta., del expediente consistente en la Escritura Pública N° 3515/2000 de 14 de noviembre, del cual devino la propiedad de la recurrente, la misma participo firmando, sin aludir que no tendría la capacidad de leer o escribir; por lo que el reclamo de la recurrente sobre el particular devendría en infundado.

Por otro lado y en relación a la prueba de reciente obtención, misma que cursaría de fs. 411 a 427, debe considerar la recurrente, que las mismas carecerían de trascendencia; toda vez que, la pretensión de la recurrente deviene en la nulidad del contrato poder inserto en la Escritura Pública N° 417/2010 de 25 de febrero, por falta de consentimiento, sustentado en la falsificación de su firma además de argumentar que para la suscripción del documento sería analfabeta, elementos desvirtuados en los parágrafos anteriores, ahora la prueba extrañada por la recurrente deviene en certificado médico de fs. 411 el cual establecería una afectación de la vista de Basilia Bustamante Mita (demandante), misma que no desvirtúa la supuesta falsificación de su firma en el documento objeto de la litis, o su analfabetismo.

Además, debe considerase que, la capacidad de obrar “querer o entender” al momento de la constitución del contrato poder inserto en la Escritura Pública N° 417/2010, de 25 de febrero, del cual podría devenir la nulidad del documento objeto de la demanda, no fue objeto de debate en la presente causa; por lo que, no podría ingresarse al análisis del mismo, pudiendo acudir la parte demandante a efecto de hacer valer sus derechos ante el juez competente en materia civil.

En el mismo sentido, respecto a la prueba de fs. 412 a 424, referente a un informe de avaluó pericial, en el que denota que el valor del inmueble objeto del contrato poder inserto en la Escritura Pública N° 417/2010, de 25 de febrero, alcanzaría a la suma de $us. 108.308,93 valor inferior al establecido en el contrato de venta consigo mismo realizado por el hijo de la demandante por Escritura Pública N° 268/2010, de 15 de marzo, que alcanzo a la suma de Bs. 20.000, debe considerarse, que si bien dicho aspecto dilucidaría la recisión del contrato por lesión enorme, dicha pretensión no fue establecida en la demanda principal y por consecuencia no fue objeto de debate en el proceso; por lo que, no podría ingresarse al análisis del mismo, salvando los derechos de la recurrente a la vía llamada por ley; con relación a las prueba de fs. 415 a 434 de obrados, la misma trataría del proceso de divorcio generado entre Basilia Bustamante Mita de Alabe y Marcelino Alave Zacarias (+), documentales que no acreditan los presupuestos de la demanda principal respecto a la falsificación de la firma de la recurrente o su analfabetismo, recayendo en dicho sentido la carencia de relevancia de las mismas; en el mismo sentido, respecto a las documentales de fs. 435 a 436 referentes a certificaciones del Registro Público de Abogados de quienes hubieran intervenido como testigos instrumentales en la Escritura Pública N° 417/2010, de 25 de febrero, las mismas no desvirtuarían los presupuestos de la demanda principal de la recurrente, sobre la nulidad por falsificación de la firma o su analfabetismo, siendo intrascendentes en la presente causa; con relación a las documentales de fs. 427 certificado de nacimiento de Daniela Judith Alave Bustamente hija de la hoy recurrente, la misma no tendría ninguna vinculación sobre la constitución del contrato poder inserto en la Escritura Pública N° 417/2010, de 25 de febrero; por lo que, su valoración es infructífera a efectos de la presente causa y las pretensiones de la demandante, recayendo ahí su escasa relevancia; por último, en cuanto a las declaraciones testificales deberá considerarse la regulación establecida en el art. 1328 num. 2 del Código Civil que establece la prohibición de la admisión de la prueba testifical contra instrumentos públicos; por lo que, los mismos carecen de trascendencia para desvirtuar la Escritura Pública N° 417/2010, de 25 de febrero; consecuentemente, siendo irrelevantes los reclamos de la recurrente sobre la valoración de la prueba de reciente obtención y testifical conforme a lo desarrollado en el considerando III.2, de la presente resolución, corresponde declarar infundado el mismo.

b) Acusa que, interpone recurso de casación contra el Auto de Vista N° 575/2024, de 05 de septiembre, por haber interpretación y/o errónea aplicación de la ley, que le causa agravios existiendo error “in iudicando”; por haber violado directa y arbitrariamente la ley en sus arts. 105, 549, 551, 1542 num. 3 y 1544 del Código Civil.

Sobre el tema, corresponderá señalar que los reclamos traídos por la recurrente casación son nuevos, en sentido que no fueron planteados debidamente en su recurso de apelación de fs. 464 a 467, aspecto que impide que este Tribunal de casación ingrese a su análisis y consideración; puesto que, no es permisible el “per saltum” o saltar la instancia; siendo que, las violaciones que se acusan deben haber sido previamente reclamadas ante el Tribunal de Alzada, a objeto de que estos tomen aprehensión de los mismos y puedan ser resueltos conforme la doble instancia, y de ningún modo realizarlo en el recurso extraordinario de casación, de forma directa; toda vez que, los reclamos deben ser acusados en forma vertical, aspecto ampliamente desarrollado en el considerando III.3. de la presente resolución.

En mérito a lo expuesto, no se acreditó un accionar incorrecto del Tribunal de alzada en el análisis y emisión de la resolución impugnada, estando la misma conforme a derecho; por consiguiente, corresponde negar la pretensión de la recurrente y emitir resolución en la forma prevista por el art. 220.II del Código Procesal Civil.

POR TANTO: La Sala Civil del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, con la facultad conferida en los arts. 41 y 42.I num. 1 de la Ley del Órgano Judicial de 24 de junio de 2010 y en aplicación de lo previsto por el art. 220.II del Código Procesal Civil, declara INFUNDADO el recurso de casación cursante de fs. 494 a 495 vta., interpuesto por Basilia Bustamante Mita contra el Auto de Vista Nº 575/2024, de 05 de septiembre, obrante de fs. 488 a 491 vta., pronunciado por la Sala Civil y Comercial Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz. Con costas y costos.

Se regula el honorario de la parte que contesto al recurso de casación en el monto de Bs. 500.-

Regístrese, comuníquese y devuélvase.

Relator: Mgdo. Primo Martínez Fuentes.

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