Texto del fallo
SALA PLENA
AUTO SUPREMO: 150/2019.
FECHA: Sucre, 11 de septiembre de 2019.
EXPEDIENTE Nº: 15/2018.
PROCESO: Extradición.
PARTES: A solicitud de la Embajada de la República Federativa del Brasil del ciudadano Henry Sanjinés Valdez.
MAGISTRADO TRAMITADOR: Olvis Egüez Oliva.
VISTOS EN SALA PLENA: El pedido de Extradición del ciudadano boliviano Henry Sanjinés Valdez, formulado por la Embajada de la República Federativa de Brasil puesto a conocimiento de este Alto Tribunal de Justicia mediante nota GM-DGAJ-UAJI-Cs-2405/2018 presentada el 8 de octubre de 2018 por el Ministerio de Relaciones Exteriores del Estado Plurinacional de Bolivia, en el marco del “Acuerdo sobre Extradición entre los Estados parte del Mercosur, y la República de Bolivia y la República de Chile”, el pronunciamiento del Ministerio Público; y todo cuanto convino ver.
CONSIDERANDO I: Que, de los antecedentes adjuntos a la Nota Verbal 483 del Estado requirente, se tiene el Oficio Nº 1088/2018 de 23 de julio del Director de Secretaría del Ministerio de Justicia remitiendo el “Pedido de Extradición” del Ministerio Público Federal, asimismo el “Mandado de Prisión Preventiva” Nº 0003387-73.2010.4.03.6104.0002 del Juez Federal Quinto de la Comarca Federal, Cuarta Subsección Judicial de Sao Paulo, la denuncia del Ministerio Público Federal, y la decisión de denegar la revocatoria de prisión preventiva al encausado Henry Sanjinés Valdez por parte de la referida autoridad judicial, actuados que en lo sustancial refieren lo siguiente:
Henry Sanjinés Valdez, conocido como “Herbert” o “Gordón” de nacionalidad boliviana, nacido el 1 de septiembre de 1964 en Irupana, Sud Yungas de La Paz, con CI 3598974, hijo de Olga Valdez Quispe y Fortunato Valdez Quispe, con domicilio residencial sobre calle MZ 16 UV19, barrio Melchor Pinto, y domicilio comercial en la Frontera Arroyo, Concepción Bolivia, cerca de la frontera de Corumbá-MS, sería pasible de ser localizado en Bolivia, encontrándose en la actualidad con notificación roja, en virtud a la solicitud del Juez de la Quinta Vara Federal de Santos.
El hecho atribuido al extraditable sería el de “tráfico internacional de drogas”, tipificado en la legislación del vecino país en los arts. 33 y 35, c/c art. 40.I de la Ley 11.343/2006, consistiendo el mismo en que, entre el 21 de agosto y el 10 de septiembre de 2010, el denunciado integró una sofisticada organización criminal, cuya actividad principal consistía en la exportación de cocaína de Bolivia a Brasil (26,38 kg), donde el estupefaciente era refinado, distribuido y comercializado, siendo el encausado quien suministraba las drogas al líder de la organización criminal Marcelo Moura dos Santos.
De los actos esenciales de la causa, se advierte la denuncia ofrecida el 17 de noviembre de 2010, determinándose la notificación del procesado el 31 de enero de 2012 por medio de carta rogatoria, y al encontrarse este prófugo, se decretó su prisión preventiva el 6 de octubre de 2010, renovada el 6 de octubre de 2016; posteriormente, el procesado habría constituido defensor de oficio, formulando una solicitud de revocación de su prisión preventiva, la cual fue rechazada, en tal sentido al demostrar tener conocimiento de los hechos imputados, el encausado fue considerado citado el 21 de junio de 2017; por otra parte, el 10 de agosto de 2017 el procesado habría presentado defensa previa, en la forma prevista por el art. 55 de la Ley Nº 11.343, alegando inocencia y requiriendo el rechazo de la pieza acusatoria.
En cuanto a la prescripción de los tipos penales denunciados, considerando que la denuncia fue recibida el 29 de septiembre de 2017, se señala que, el delito de tráfico de drogas es penado con reclusión de 5 a 15 años, siendo la prescripción en abstracto de 20 años. El delito de asociación para el tráfico es penado con reclusión de 3 a 10 años, y la prescripción en abstracto de 16 años, declarando por ello, la autoridad del Estado requirente que los delitos no se encuentran prescritos según la legislación brasileña, conforme prevén los arts. 109 y 111 del Código Penal de dicho país.
Cursa también de fojas 84 a 87, memorial por el cual Henry Sanjinés Valdez se apersona al proceso de autos asumiendo defensa y denuncia violación al principio de reciprocidad, aduciendo que la República Federativa de Brasil no da curso a la solicitud de extradición de sus nacionales, alega también que la acción penal que motiva la solicitud de extradición, al presente se encuentra prescrita, por lo que solicita no dar curso a la solicitud de extradición que se ampare en el Tratado de Extradición entre Bolivia y Brasil de 1938.
Por otra parte, de la revisión de la documentación remitida por los Tribunales Departamentales de Justicia y la certificación del Registro de Antecedentes Penales (REJAP), se verifica la inexistencia de procesos penales en contra de Henry Sanjinés Valdez en el Estado Plurinacional de Bolivia, a excepción del trámite de Extradición solicitado por la Embajada de la República Federativa del Brasil.
Finalmente, mediante Dictamen FGE/JLP Nº 06/2019 cursante de fs. 405 a 410, el Ministerio Público, considerando que la solicitud de extradición realizada por la República Federativa de Brasil, cumple la normativa internacional y nacional contenidas en el art. 157 del CPP y el Tratado de Extradición suscrito entre Brasil y Bolivia en fecha 25 de febrero de 1938, requirió porque se declare procedente la extradición del ciudadano Henry Sanjinés Valdez, conforme prevé el art. 150 del CPP.
CONSIDERANDO II: Que, de conformidad a lo establecido por el art. 184.3 de la Constitución Política del Estado, concordante con los arts. 50.3 del Código de Procedimiento Penal y 38.2 de la Ley del Órgano Judicial, la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia es competente para conocer y sustanciar las solicitudes de extradición en única instancia.
El actual Código de Procedimiento Penal, vigente según su Disposición Final Primera desde 31 de mayo de 2001, establece en su art. 149 que: “La extradición se regirá por las Convenciones y Tratados internacionales vigentes y subsidiariamente por las normas del presente Código o por las reglas de reciprocidad cuando no exista norma aplicable”.
De igual manera, el art. 152 del Adjetivo Penal establece que si el Estado requirente contempla para el delito que motiva el pedido de extradición la pena de muerte o pena privativa de libertad perpetua, únicamente procederá la extradición si existe el compromiso del Estado requirente a conmutar la pena por una pena privativa de libertad no mayor a treinta años; por un razonamiento en contrario sensu, si la pena privativa de libertad excede de los treinta años establecidos por la legislación del Estado requirente, esta circunstancia no debe entenderse como un óbice para la procedencia de la extradición, en atención a que en Bolivia, la pena máxima prevista por el sistema penal, es el de treinta años de presidio sin derecho a indulto.
Las causales de improcedencia de la extradición están previstas por el art. 151 del ritual de la materia, estableciéndose específicamente los siguientes casos:
- 1)Cuando existan motivos fundados que hagan presumir que la extradición se solicita con el fin de procesar o castigar a una persona en razón de sus opiniones políticas, raza, sexo, religión, nacionalidad, origen étnico, o que será sometida a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes;
- 2)Cuando en el país, exista sentencia ejecutoriada, por el mismo delito que motiva la solicitud de extradición; y,
- 3)De conformidad con las leyes del Estado requerido o requirente, el delito que motiva la solicitud de extradición haya prescrito o haya sido amnistiado, o la persona requerida haya sido indultada.
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