AS/0152/2020

TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

S A L A C I V I L

Auto Supremo: 152/2020

Fecha: 21 de febrero de 2020

Expediente: CH-03-20-S

Partes: Elena Esther Lowenthal Claros de Padilla, Freddy Félix Padilla Ledesma, Olga Marilin Padilla Ledesma, Renán Padilla Ledesma, Josefina Barahona de Padilla, Richard Gonzalo Padilla Ledesma, Loyda Azucena Saravia de Padilla, Silvia Graciela Padilla Lowenthal, Ronald Roca Gantier, Tatiana Ramona, Jaime Jesús, Marcelo y Jorge Armando Padilla Tapia c/ Leonardo Reynaldo Barrón Escobar y el Gobierno Autónomo Municipal de Sucre.

Proceso: Nulidad de cesión o donación de inmueble.

Distrito: Chuquisaca.

VISTOS: El recurso de casación interpuesto por Elena Esther Lowenthal Claros de Padilla, Freddy Félix Padilla Ledesma y Silvia Graciela Padilla Lowenthal por sí y en representación de Olga Marilin Padilla Ledezma, Renán Padilla Ledezma, Josefina Barahona de Padilla, Richard Gonzalo Padilla Ledezma, Loyda Azucena Saravia de Padilla, Ronald Roca Gantier, Tatiana Ramona, Jaime Jesús, Marcelo y Jorge Armando Padilla Tapia de fs. 907 a 919 vta., contra el Auto de Vista N° S.C.C. II N° 261/2019 de 21 de octubre, pronunciado por la Sala Civil y Comercial Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca (fs. 852 – 855), dentro el proceso ordinario de nulidad de cesión o donación de inmueble, seguido por los recurrentes contra Leonardo Reynaldo Barrón Escobar y el Gobierno Autónomo Municipal de Sucre; la respuesta de Leonardo Reynaldo Barrón Escobar de fs. 940 a 941 vta., la respuesta del Gobierno Autónomo Municipal de Sucre (fs. 962 – 963); el Auto interlocutorio de concesión del recurso de 02 de diciembre de 2019 (fs. 964); el Auto Supremo de Admisión Nº 01/2020-RA de 07 de enero (fs. 983 – 985); todo lo inherente al proceso; y:

CONSIDERANDO I:

ANTECEDENTES DEL PROCESO

1. Elena Esther Lowenthal Claros de Padilla, Freddy Félix Padilla Ledesma, Olga Marilin Padilla Ledesma, Renan Padilla Ledesma, Josefina Barahona de Padilla, Richard Gonzalo Padilla Ledezma, Loyda Azucena Saravia de Padilla, Silvia Graciela Padilla Lowenthal, Ronald Roca Gantier, Tatiana Ramona, Jaime Jesús, Marcelo y Jorge Armando Padilla Tapia, al amparo de los arts. 655 y 658.II concordante con el art. 549 num. 5) todos del Código Civil (CC) y los arts. 362, 363.II, 64 y 215 del Código Procesal Civil (CPC); plantearon demanda de nulidad de cesión o donación de inmueble del Testimonio N° 67/2017, otorgado mediante minuta de 6 de abril de 2017, con relación a un terreno de 4.698,97 m2 en un porcentaje de 19,34% como área de equipamiento, terrenos que serían de su propiedad; asimismo solicitaron la cancelación de los registros en Derechos Reales (DDRR) y el pago de daños y perjuicios, al demostrar la mala fe del loteador (fs. 283 – 295 y 308), pretensión que es planteada bajo los siguientes argumentos:

Manifiestan, que los esposos Padilla Lowental adquirieron de Eloy Hugo Dávalos Valda, un lote de terreno de 5.032 m2, ubicado en la zona de Tucsupaya de esta ciudad, transferencia registrada en DDRR el 31 de agosto de 1999, bajo el Folio N° 1011990010885, Asiento A-1; refieren que les realizaron transferencias de fracciones del lote de terrero los que se encuentran inscritos en DDRR, encontrándose en posesión de los mismos; habiendo intentado realizar el trámite de lotificación de los 5.032 m2 en varias oportunidades, por informe de asesoría legal de Loteamientos de 8 de abril de 2015, se les informa que no pueden proseguir con el proyecto debido a gravámenes en el predio, siendo el primero la anotación preventiva registrada a favor de Silvia Graciela Padilla Lowenthal por anticipo de legítima que no fue inscrito en forma definitiva por falta de plano de loteamiento, el segundo, con el Banco Nacional y el Banco de Crédito por préstamos otorgados a favor de Renán Padilla Ledezma, Josefina Barahona de Padilla, Richard Padilla y Loyda Saravia de Padilla, créditos obtenidos para la construcción de sus viviendas.

Señalan, que por un comunicado de prensa el 14, 16 y 17 de enero de 2012, Leonardo Reynaldo Barrón convocó a los propietarios afectados por el trámite de lotificación, a cuyo efecto plantearon oposición alegando la existencia de un proceso judicial iniciado por Eloy Hugo Dávalos Valda representado por Víctor Hugo Silvestre Dávalos Planos demandando la restitución y entrega de lotes de terreno contra Leonardo Reynaldo Barrón y otros, proceso en el que si bien se declaró improbada la demanda, no se favoreció ni reconoció derecho alguno a favor de Reynaldo Barrón Escobar; de igual manera, habrían manifestado que Reynaldo Barrón Escobar ofreció 5.032 m2 de superficie, como área de equipamiento en la que se construyó un muro perimetral y donde existen cuatro viviendas edificadas por sus propietarios con base en los préstamos bancarios; ante la oposición planteada, el municipio de Sucre habría dispuesto la devolución del trámite de lotificación a Leonardo Reynaldo Barrón, empero, cuatro años después, engañando al municipio y sin tomar en cuenta el Informe N° 166 de 14 de diciembre de 2011, que acredita el incumplimiento del Reglamento de Lotificaciones y el art. 20 de la Ordenanza Municipal N° 105/2007, donde se afirma que el área de equipamiento tiene una variación de área y una sobreposición con la propiedad de Freddy Padilla, lo que demostraría que el área ofrecida para equipamiento no era libre y menos alodial, se dio lugar a que la escritura pública de cesión o donación a favor del municipio sea nula, conforme prevé el art. 658 del Código Civil.

Añaden, que el derecho propietario primigenio de Juan Durán Bejarano, comprendido en el loteamiento de Leonardo Reynaldo Barrón Escobar, es nulo en mérito a la Resolución Suprema N° 18811 de 20 de julio de 1978, así como por otras resoluciones que tienen el valor de cosa juzgada agraria, ordinaria y constitucional, de donde el demandado carece de títulos de propiedad válidos.

Señalan, que el demandado realizó una fusión irregular de folios reales respecto a terrenos ubicados en la zona de Jatun Mecka ubicada en Alto Delicias y otro en Alto Tucsupaya, haciendo aparecer de forma irregular un total de 26.098 m2, por lo que en conformidad con los arts. 549 num. 5) y 658.Il del CC, demandan la nulidad de la cesión gratuita del terreno de su propiedad.

Leonardo Reynaldo Barrón Escobar, se apersona al proceso planteando excepciones de falta de legitimación activa, pasiva y cosa juzgada (fs. 353 – 357) y responde negativamente la demanda (fs. 445 – 453), con los siguientes argumentos:

Presentando prueba documental, refiere que su persona es propietaria del lote de terreno cedido al Gobierno Autónomo Municipal de Sucre (GAMS), derecho propietario que tendría su antecedente en los derechos propietarios de Juan Duran Álvaro Oquendo y el Sr. Bustillos; añade, que la familia Dávalos inició un proceso de reivindicación no solo en su contra sino en contra de treinta y nueve familias, siendo declarada improbada la misma, buscando a través de la presente demanda reabrir este tema.

Afirma que no es evidente que se haya cedido un inmueble ajeno como área de equipamiento, ya que su derecho propietario se encuentra respaldado tanto por la Sentencia 11/2015 de 2 de marzo, folio real actualizado y la Ley N° 4026.

Concluye que la aprobación de su solicitud de loteamiento fue realizada mediante Resolución Administrativa Municipal DJ N° 2290/2016, acto que fue de conocimiento de la familia Padilla y de la población, no habiéndose impugnado la misma.

El Gobierno Autónomo Municipal de Sucre se apersonó al proceso planteando excepciones de falta de legitimación o interés legítimo, cosa juzgada, evicción y saneamiento, respondió negativamente la demanda (fs. 413 – 415), bajo los siguientes argumentos:

Refirió que por Resolución N° 2290/2016 de 14 de noviembre, se aprobó el trámite de loteamiento realizado por el demandado, asimismo, por Testimonio N° 067/2017 de 6 de abril, el demandado cedió una superficie total de 13.251,63 m2, registrándose la misma en DDRR; añadió que el demandante no demostró tener derecho propietario dentro los terrenos del demandado y de las personas que demandó en otro proceso ordinario, en el cual se declaró improbada la demanda.

Aclaró que ha momento de realizarse las primeras inspecciones del terreno, no existía construcción alguna, empero, iniciado el proceso de exploración al lugar, se dio cuenta de una sobreposición respecto del terreno del Sr. Padilla, siendo Eloy Hugo Dávalos quien dio a conocer al GAMS del inicio de la demanda de restitución, tramitada en el Juzgado Público en lo Civil y Comercial N° 7 de esta ciudad, motivo por el cual se paralizó el trámite de loteamiento y se solicitó a Leonardo Reynaldo Barrón que solucione este aspecto; presentada la sentencia ejecutoriada que declara improbada la demanda, al existir una resolución que disponía la usucapión masiva, dejando sin efecto el derecho propietario de Eloy Hugo Dávalos, se reinició el trámite de loteamiento hasta su aprobación efectuándose las respectivas publicaciones de ley.

Arguyó que habiéndose enterado el GAMS de las construcciones clandestinas que se estaban realizando, procedió a realizar las notificaciones para su paralización, sin embargo, los demandantes hicieron caso omiso y continuaron las construcciones.

Concluyó que al existir un registro en DDRR sobre el derecho propietario de Leonardo Reynaldo Barrón Escobar en la zona de Tucsupaya Alta con una superficie de 24.694,37 m2, de los cuales efectuó la cesión gratuita a favor del Gobierno Municipal, no corresponde su nulidad.

Serafín Fernández Vallejos, Félix Limachi Puma y Wilfredo Pérez Contreras, se apersonan al proceso (fs. 534 – 536 y 571) solicitando, se declare improbada la demanda, bajo los siguientes argumentos:

Señalaron, que de prosperar la demanda, ellos se encontrarían en la situación de los demandantes, contraviniendo lo dispuesto en la Sentencia 11/2015 que tuvo su sustento en la Ley N° 4026, misma que elevó a rango de ley las Resoluciones Supremas Nros. 105287, 163250 y 197856, por constituirse en definitiva irrevisable la tramitación agraria; la Resolución Suprema N° 105287, califica a Tucsupaya afectable en su integridad; la Resolución Suprema N° 163250, reconoce derecho de dotación a Hugo Eloy Dávalos tan solo en una extensión de 10 has; y la Resolución Suprema N° 197856, anula la Resolución Suprema N° 188111, mediante la cual la familia Dávalos logró la nulidad de títulos ejecutoriales a favor de los campesinos; concluye, que producto de esta afectación Hugo Eloy Dávalos Valda, ya no era propietario de 79 has sino de 10 has.

2. Asumida la competencia por el Juzgado Público Civil y Comercial Sexto de la Capital, pronunció la Sentencia N° 017/2019 de 25 de enero, declarando IMPROBADA la demanda con costas y costos (fs. 754 – 758), bajo los siguientes fundamentos: