Texto del fallo
TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA SALA PENAL AUTO SUPREMO 0153/2026-E Sucre, 17 de abril de 2026 EXCEPCIÓN DE EXTINCIÓN DE LA ACCIÓN PENAL POR PRESCRIPCIÓN Proceso : Chuquisaca 57/2025 Parte acusadora : Ministerio Público y Diego Amael Urquizu Romero Parte acusada : Mónica Patricia Salinas Caballero Delito : Estafa, art. 335 del Código Penal (CP) Por memorial presentado el 12 de marzo de 2026 de fs. 461 a 466, Mónica Patricia Salinas Caballero, plantea excepción de extinción de la acción penal por prescripción, dentro del proceso penal seguido en su contra por el Ministerio Público y Diego Amael Urquizu Romero, por la presunta comisión del delito de Estafa, previsto y sancionado por el art. 335 del CP.
l. ARGUMENTOS DE LA EXCEPCIÓN DE EXTINCIÓN DE LA ACCIÓN PENAL POR PRESCRIPCIÓN La acusada interpone excepción de extinción de la acción penal por prescripción sobreviniente, dentro del proceso penal seguido en su contra por la presunta comisión del delito de Estafa, previsto y sancionado por el art. 335 del CP, sosteniendo que, conforme a los antecedentes del proceso, el hecho generador de la persecución penal se encontraría vinculado a la suscripción de un contrato de anticresis de 25 de noviembre de 2014, celebrado entre Diego Amael Urquizu Romero y su persona, por la suma de Sus14.000, (Catorce mil 00/100 dólares estadounidenses), fecha en la cual se habría producido el acto de disposición patrimonial que constituye el núcleo de consumación del delito de Estafa.
Refiere que inicialmente, la acusación versó sobre los delitos de Estafa y Estelionato;
sin embargo, concluida la fase de juicio oral, el Juez de Sentencia Penal Tercero de la Capital del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca, emitió la Sentencia 27/2023, absolviéndole de pena y culpa respecto al delito de Estelionato, y declarándola culpable de la comisión del delito de Estafa, imponiendo la pena
privativa de libertad de tres años y seis meses a ser cumplida en el Centro Penitenciario de San Roque de Chuquisaca; dicha Sentencia fue apelada únicamente por su persona, manifestando que la absolución del delito de Estelionato se encontraría ejecutoriada, quedando vigente en fase recursiva únicamente la condena emitida por el delito de Estafa.
Agrega que dicha Sentencia fue apelada únicamente por su persona, por lo que la absolución por el delito de Estelionato se encontraría ejecutoriada, subsistiendo en fase recursiva únicamente la condena emitida por el delito de Estafa.
En ese contexto, el análisis de prescripción debe circunscribirse exclusivamente al delito de Estafa, cuya consumación se produjo el 25 de noviembre de 2014, al ser la fecha en la que la víctima realizó el acto de disposición patrimonial consistente en la entrega de dinero por concepto de anticresis. Señala que la Estafa es un delito de carácter instantáneo, pues se consuma en el momento en que mediante engaños o artificios, se provoca o fortalece error en la víctima y esta realiza un acto de disposición patrimonial en perjuicio propio o de un tercero.
En previsión de los arts. 27 inc. 8), 29 inc. 2), 30, 31, 32, 34 y 308 núm. 4 del CPP, alega que el delito de Estafa previsto en el art. 335 del CP tiene pena privativa de libertad de uno a cinco años, por lo que correspondería aplicar el plazo de cinco años previsto por el art. 29 inc. 2) del CPP.
Respecto al inicio del cómputo, debe computarse desde la medianoche del día en que se consumó el hecho ilícito, conforme al art. 30 del CPP; por ello, tomando como fecha de consumación el 25 de noviembre de 2014, el cómputo debía iniciar el 26 de noviembre de 2014, por lo que, hasta la presentación de la excepción, realizada el 12 de marzo de 2026, habrían transcurrido 11 años, 3 meses y 18 días, superando ampliamente el plazo legal de cinco años.
Con relación a la interrupción del término de la prescripción
Señala que durante toda la tramitación del proceso penal no fue declarada rebelde, por lo que no habría operado la causal de interrupción prevista en el art. 31 del CPP.
A efectos de acreditar dicho extremo, ofrece como prueba el Certificado de Antecedentes Penales del Registro Judicial de Antecedentes Penales (REJAP), así como el cuaderno procesal y la certificación emitida por la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca; elementos que demostrarían la inexistencia de declaratoria de rebeldía en su contra.
En cuanto a la suspensión del término de la prescripción
eñala que no concurrió ninguna de las causales previstas por el art. 32 del CPP, toda vez que:
- a)No se resolvió la suspensión condicional de la persecución penal ni se
encuentra dentro de un periodo de prueba;
- b)No existen cuestiones prejudiciales pendientes de resolución;
- c)No se tramitó antejuicio alguno en su contra ni se requiere conformidad de gobierno extranjero para el inicio del proceso; y
- d)El delito atribuido no corresponde a aquellos que causen alteración del orden constitucional o impidan el ejercicio regular de la competencia de las autoridades legalmente constituidas.
No interpuso incidentes ni excepciones que hubieran sido declarados manifiestamente dilatorios, maliciosos o temerarios conforme al art. 315.11 del CPP;
no existió acuerdo conciliatorio pendiente de cumplimiento que pudiera suspender el plazo conforme al art. 327 del CPP; y no formuló recusaciones que hubieran sido rechazadas por manifiestamente infundadas, temerarias o abiertamente dilatorias, conforme al art. 321.V del CPP. Asimismo, la denuncia, querella, imputación formal, acusación fiscal, acusación particular, Auto de apertura de juicio, Sentencia de primera instancia, Auto de Vista o Sentencia sin ejecutoria no constituyen causales de interrupción ni suspensión de la prescripción, al no encontrarse previstas en los arts. 31 y 32 del CPP.
Respalda sus argumentos en las Sentencias Constitucionales (SSCC) 0101/2006-R, 0658/2007-R, 0190/2007-R, e invoca los Autos Supremos (AASS) 097/2014-RRC de 7 de abril y 094/2013-RRC de 3 de abril, para sostener la posibilidad de interponer excepciones sobrevinientes ante la autoridad que se encuentre conociendo el proceso.
Finalmente, ofrece como prueba la acusación fiscal, la copia simple de la Sentencia 27/2023, el Certificado de Antecedentes Penales del REJAP y Certificado de No Violencia de SENVI actualizados, certificación emitida por la Sala Penal Segunda y todo el cuaderno procesal formado ante el Juzgado Tercero de Instrucción y posteriormente remitido al Juzgado Tercero de Sentencia Penal.
Solicita declarar fundada la excepción de extinción de la acción penal por prescripción sobreviniente, se disponga el archivo de obrados, dejando sin efecto cualquier medida asumida en su contra y, en su caso, se impongan costas únicamente si existiera oposición.
.1. Respuesta del Ministerio Público
El Ministerio Público, contesta la excepción opuesta, solicitando que sea declarada infundada, al considerar que no concurren los presupuestos legales previstos en los arts. 27 inc. 8), 29, 30, 31 y 32 del CPP.
La existencia de una Sentencia condenatoria constituye un acto jurisdiccional que resolvió el fondo del proceso y consolidó el ejercicio de la acción penal; por lo que, permitir que opere la prescripción en etapa recursiva implicaría desconocer la
actividad jurisdiccional desarrollada, afectar la seguridad jurídica y generar impunidad pese a existir una decisión judicial de fondo.
Respecto a la naturaleza del delito, si bien no desconoce que la Estafa sea un delito instantáneo, sus efectos pueden proyectarse en el tiempo, especialmente cuando existen actos posteriores vinculados al perjuicio económico. En ese sentido, en el caso concreto el daño patrimonial no se habría agotado con la firma del contrato, sino se consolidó con la imposibilidad de recuperación del dinero, por lo que considera incompleto y sesgado realizar el cómputo rígidamente desde el año 2014.
Finalmente, el proceso tuvo actividad procesal continua, con acusación formal, juicio oral, Sentencia y etapa recursiva activa, lo que demostraría que no existió inactividad estatal, y que la excepción de prescripción no puede ser utilizada para desnaturalizar etapas procesales concluidas ni reabrir debates ya resueltos, solicitando la prosecución del trámite recursivo conforme a derecho
El acusador particular no presentó respuesta al memorial de extinción de la acción por prescripción.
II. ANÁLISIS Y RESOLUCIÓN DE LA EXCEPCIÓN DE EXTINCIÓN DE LA ACCIÓN PENAL POR PRESCRIPCIÓN
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