Texto del fallo
74 CA TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA SALA PENAL AUTO SUPREMO N 0155/2026-E Sucre, 3 de marzo de 2026 EXCEPCIÓN DE EXTINCIÓN DE LA ACCIÓN PENAL POR PRESCRIPCIÓN Proceso: Potosí 13/2021 Parte acusadora: Ministerio Público, Efraín Olañeta Burgoa y Mirtha Zúñiga Tamares Parte acusada: Héctor Gerónimo Llave Poquechoque Delito: Concusión, art. 151 del Código Penal (CP) Por memorial presentado el 7 de octubre de 2025, de fs. 2862 a 2874 vta., Héctor Gerónimo Llave Poquechoque, opone excepción de extinción de la acción penal por prescripción, dentro del proceso penal seguido en su contra por el Ministerio Público, Efraín Olañeta Burgoa y Mirtha Zúñiga Tamares, por la presunta comisión del delito de Concusión, previsto y sancionado por el art. 151 del CP.
l. ARGUMENTOS DE LA EXCEPCIÓN DE EXTINCIÓN DE LA ACCIÓN PENAL POR PRESCRIPCIÓN El acusado, reconociendo la competencia de esta Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia, opone excepción sobreviniente de extinción de la acción penal por prescripción, señalando que por su naturaleza de previo y especial pronunciamiento, corresponde su resolución con carácter preferente respecto de cualquier otra tramitación.
Refiere que dicha excepción forma parte del derecho a la defensa frente a la inactividad del Estado; en ese entendido, enfatiza que durante la tramitación del proceso no fue declarado rebelde ni concurrieron causales de suspensión del término de la prescripción previstas en los arts. 31 y 32 del Código de Procedimiento Penal (CPP).
Señala que los hechos que dieron origen a la investigación penal datan del 18 de febrero de 2014 y hasta la presentación de esta excepción (8-10-2025), transcurrieron más de once años; tiempo suficiente para que opere la prescripción, considerando además que la pena prevista no supera los ocho años.
Añade que, al tratarse de un delito de carácter instantáneo, el cómputo del plazo de prescripción se inició en la fecha del hecho (18 de febrero de 2014), habiendo transcurrido a la fecha más de once años sin que de hubieran configurado causales de interrupción como la declaratoria de rebeldía ni de suspensión del plazo.
Para sustentar su pretensión, en el otrosí segundo de su memorial, ofrece y adjunta prueba pertinente, enfatizando que al tener la prescripción naturaleza sustantiva, no corresponde considerar como causal de interrupción la suspensión de plazos procesales prevista en el
art. 130 del CPP.
Finalmente, recalca que en su condición de adulto mayor, se encuentra protegido por normas constitucionales y convencionales, por lo que solicita se le otorgue un trato preferente y favorable.
Solicita se declare FUNDADA la excepción de extinción de la acción penal por prescripción, extinguida la acción penal en su contra y se disponga el archivo de obrados, al haber operado la prescripción.
Corrida en traslado la excepción opuesta, el Ministerio Público mediante memorial de fs.
2880 a 2881, solicita se rechace la excepción de prescripción, refiriendo que para su procedencia, la defensa debe proponerla fundamentando con hechos y pruebas que demuestre el cumplimiento de plazos; en el caso concreto, el excepcionista solo extracta Autos Supremos y Sentencias Constitucionales, sin demostrar que en la fase investigativa fue declarado rebelde, tampoco consideró las vacaciones judiciales y otras circunstancias que causaron la suspensión de plazos procesales.
En conclusión, pide que se declare INFUNDADA la excepción formulada.
ll. ANÁLISIS Y RESOLUCIÓN DE LA EXCEPCIÓN DE EXTINCIÓN DE LA ACCIÓN PENAL POR PRESCRIPCIÓN
ll.1. De la competencia de este Tribunal para resolver cuestiones incidentales sobre la extinción de la acción penal
En lo que respecta a la delimitación competencial para el conocimiento y resolución de incidentes de extinción de la acción penal, esta Sala Penal considera necesario acudir al entendimiento asumido por la , que precisó que los fundamentos de la no constituyen argumento suficiente para sostener que únicamente la autoridad jurisdiccional que dictó la Sentencia de primera Instancia sea competente para conocer dichos incidentes.
En efecto, a la luz de lo previsto por el art. 44 del CPP, el Juez o Tribunal que ostente competencia para conocer un proceso penal, la mantiene respecto de todas las cuestiones e incidentes que se susciten durante su tramitación, correspondiéndole asimismo dictar y ejecutar las resoluciones pertinentes.
En consecuencia, se deja estabiecido que la autoridad competente para conocer y resolver incidentes de extinción de la acción penal, sea por duración máxima del proceso o prescripción, es el Juez o Tribunal donde radica la causa principal. Así, si el planteamiento se formula en etapa de apelación o de casación; las decisiones adoptadas por las Salas Penales o el Tribunal Supremo de Justicia no admiten ulterior impugnación; en atención a la naturaleza propia de la fase procesal y con el objeto de evitar dilaciones indebidas, particularmente aquellas generadas por remisiones innecesarias de expedientes entre instancias, situación que en reiteradas oportunidades ha ocasionado la postergación injustificada del pronunciamiento de fondo. Tal práctica derivó en vulneración de los derechos a ser juzgado dentro de un plazo razonable, del acceso efectivo a la justicia y de
los principios de celeridad y concentración procesal.
No obstante, corresponde puntualizar que, si el incidente se deduce ante el Juez de Instrucción en lo Penal o ante Tribunales o Jueces de Sentencia, sus resoluciones sí resultan impugnables, toda vez que la naturaleza de la etapa procesal así lo permite. Este entendimiento, comporta una reconducción de la línea jurisprudencial fijada en la hacia la doctrina desarrollada en la , sustentada a su vez en los criterios vertidos por las , , y y, el .
En el caso de autos, y considerando que la causa se encuentra radicada a fs. 1207 ante esta Sala Penal como consecuencia del recurso de casación de fs. 1156 a 1193, interpuesto por Héctor Gerónimo Lllave Poquechoque contra el Auto de Vista 1/2021 de 18 de enero, resulta indiscutible, conforme al bloque jurisprudencial referido, que esta Sala es la autoridad competente para conocer y resolver la excepción opuesta, garantizando de este modo la continuidad procesal y la tutela judicial efectiva.
l1.2. Del instituto jurídico de la prescripción y las causas de suspensión e interrupción La prescripción constituye una institución de orden público que extingue la acción penal por el transcurso del tiempo fijado por ley, en resguardo del interés social y de la seguridad jurídica, impidiendo la prolongación indefinida de la persecución penal. Conforme a la y al art. 32 del CPP, su suspensión se limita a las causales taxativas allí previstas; y, en cuanto ala interrupción, el art. 31 del CPP reconoce únicamente la declaratoria de rebeldía, que borra el tiempo transcurrido y reinicia el cómputo desde cero, conforme lo precisado por el y la . Asimismo, en observancia de las y , se establece que ni la denuncia tampoco el inicio de la acción penal constituyen causales de suspensión o interrupción.
Que, es necesario recordar que la prescripción constituye una institución jurídica en virtud de la cual, y por el transcurso del tiempo determinado por ley, cesa la persecución penal del Estado ejercitada a través de los Órganos Jurisdiccionales o por los particulares en delitos de acción privada. Su fundamento radica en el interés social de evitar la prolongación indefinida de los procesos penales, ya sea por negligencia de la víctima o inactividad de los órganos encargados de su impulso, garantizando así seguridad jurídica y estabilidad social.
En cuanto a la suspensión del término de la prescripción, el art. 32 del CPP, interpretado por la , dispone que ésta procede exclusivamente cuando:
1. Se haya resuelto la suspensión de la persecución penal y esté vigente el periodo de
prueba correspondiente;
2. Esté pendiente la resolución de cuestiones prejudiciales planteadas;
3. Se tramite cualquier forma de antejuicio o conformidad de un gobierno extranjero de la que dependa el inicio del proceso; y,
4. En delitos que alteren el orden constitucional e impidan el ejercicio regular de la competencia de autoridades legalmente constituidas, mientras dure ese estado.
Respecto a la interrupción del término de la prescripción, el art. 31 del CPP, establece como única causal la declaratoria de rebeldía. Tal como lo desarrolló la , reiterando precedentes contenidos en las , y , y precisado por el que remite a la , la declaratoria de rebeldía borra el tiempo transcurrido y reinicia un nuevo cómputo desde el momento en que se dicta, como consecuencia de la incomparecencia injustificada, evasión del centro de detención, incumplimiento de mandamiento de aprehensión o abandono no autorizado del lugar asignado para residir (art. 87 del CPP).
Este efecto responde a criterios de política criminal y a la necesidad de sancionar la desobediencia procesal, sin excluir al rebelde del beneficio de la prescripción, pero imponiéndole el cómputo íntegro del nuevo plazo conforme al art. 29 del CPP.
Finalmente, y en concordancia con las y , se establece que ni la denuncia tampoco el inicio de la acción penal constituyen causales de suspensión o interrupción, al no estar contempladas en los arts. 29 y 31 del CPP, careciendo de efectos en el cómputo de la prescripción.
11.3. De las vacaciones judiciales y otras causales de interrupción y suspensión de plazos procesales en el cómputo de la prescripción Corresponde acudir, en primer término, al , dictado por la Sala Penal Primera de la entonces Corte Suprema de Justicia, que estableció .../os plazos se suspenderán durante las vacaciones judiciales; tiempo que no se toma en cuenta para realizar el cálculo de la extinción de la acción penal por prescripción.
En el mismo sentido, la , reafirmó este criterio, precisando que el tiempo correspondiente a las vacaciones judiciales solo es válido para el cálculo de la extinción de la acción penal por duración máxima del proceso. Dicho fallo constitucional, al interpretar los arts. 31 y 32 del CPP, recordó que:
1. El art. 31 del CPP dispone que la prescripción se interrumpe por la declaratoria de rebeldía del imputado.
2. El art. 32 del CPP establece que el término de la prescripción de la acción penal se suspende únicamente cuando:
- a)Se haya resuelto la suspensión de la persecución penal y esté vigente el periodo de prueba correspondiente;
- b)Mientras esté pendiente la presentación del fallo que resuelva cuestiones prejudiciales;
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