Texto del fallo
TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA
SALA PENAL
AUTO SUPREMO Nº 156/2021-RRC
Sucre, 12 de abril de 2021
Expediente : Cochabamba 27/2020
Parte Acusadora : Ministerio Público, Pastor Godoy Flores, Freddy Tomas Godoy Flores, Grover Godoy Mamani, Nicolasa Godoy de Pino y Margarita Godoy Bedoya
Parte Imputada : Andrés Zamorano Flores, Edson César Ortega Burgoa, Himmel Juan Donaire López, Miguel Ángel Ortega Burgoa
Delito : Asesinato
Magistrado Relator : Dr. Edwin Aguayo Arando
RESULTANDO
Por memorial presentado el 6 de octubre del 2020, cursante de fs. 1374 a 1393 vta., Andrés Zamorano Flores, interpone recurso de casación, impugnando el Auto de Vista 04/2020 de 4 de marzo, de fs. 1306 a 1331 vta., pronunciado por la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público a instancia de Pastor Godoy Flores, Freddy Tomas Godoy Flores, Grover Godoy Mamani, Nicolasa Godoy de Pino y Margarita Godoy Bedoya contra Edson César Ortega Burgoa, Himmel Juan Donaire López, Miguel Ángel Ortega Burgoa y el recurrente, por la presunta comisión de los delitos de Homicidio, Asesinato, Complicidad y Encubrimiento, previstos y sancionados por los arts. 251 y 252 incs. 2) y 7) con relación a los arts. 23 y 171 del Código Penal (CP), respectivamente.
I. ANTECEDENTES DEL PROCESO
Por Sentencia 53/2015 de 20 de octubre (fs. 690 a 718 vta.), el Tribunal Cuarto de Sentencia del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, declaró a:
- 1)Andrés Zamorano Flores, autor y culpable de la comisión del delito de Asesinato, sancionado por el art. 252 incs. 2) y 7) del CP, imponiendo la pena de treinta años de presidio sin derecho a indulto;
- 2)Edson César Ortega Burgoa, culpable del delito de Encubrimiento, previsto por el art. 171 del CP, condenando a dos años de reclusión y absuelto por los delitos de Homicidio y Asesinato, concediendo el beneficio de perdón judicial, sancionando a los sentenciados con el pago de costas;
- 3)Himmel Juan Donaire López y Miguel Ángel Ortega Burgoa absueltos de los delitos endilgados en su contra.
Contra la mencionada Sentencia, el imputado Andrés Zamorano Flores, formuló recurso de apelación restringida (fs. 829 a 858), que fue resuelto por el Auto de Vista 036 de 29 de junio de 2018 (fs. 1113 a 1138 vta.) y Resolución Complementaria de 14 de agosto de 2018 (fs. 1148), que fueron dejados sin efecto por (fs. 1289 a 1298); en cuyo mérito, la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, emitió el Auto de Vista 04/2020 de 4 de marzo, que declaró improcedente el recurso de alzada planteado, por lo que confirmó la Sentencia apelada, motivando posteriormente la interposición del recurso de casación sujeto al presente análisis.
I.1.1. Motivos del Recurso de Casación.
Del recurso de casación interpuesto y el , se extraen los siguientes motivos sujetos de análisis conforme al mandato establecido por los arts. 398 del Código de Procedimiento Penal (CPP) y 17 de la Ley del Órgano Judicial (LOJ).
En el primer motivo de casación, el recurrente denuncia que el Auto de Vista incurre en falta de motivación y fundamentación e incumplimiento de los lineamientos del , ello porque no cumple los parámetros extrínsecos e intrínsecos fijados en dicho fallo; respecto a los primeros, se refieren a las observaciones puntuales en función a los agravios o precedentes contradictorios citados en el recurso de apelación restringida y que son fundamentos en el recurso de casación; y, los segundos, sobre la carga jurisprudencial de los , , , , , y , citados a modo de lineamientos jurisprudenciales que contradicen el primer Auto de Vista que fue anulado y en consecuencia, deben observarse por el segundo Auto de Vista ahora impugnado, situación que no aconteció, refiriendo al incumplimiento del , que anuló el primer Auto de Vista con base en los precedentes contradictorios citados en apelación.
En el tercer motivo el recurrente denuncia que procede la nulidad de oficio prevista en el art. 17 de la LOJ, por existir vulneración del derecho al debido proceso, por inobservancia de los arts. 411 y 412 del CPP, como normas procesales que efectivizan los derechos fundamentales; el Auto de Vista impugnado señala de manera escueta que no se comprobó la vulneración de derechos fundamentales y que en todo caso, debieron ser reclamados oportunamente, empero este razonamiento mecánico, omite el hecho de que ante la vulneración de un derecho, como en este caso, procede la revisión de oficio y la declaratoria de nulidad del acto; el Auto de Vista interpreta incorrectamente la jurisprudencia y cita a su favor el sobre el principio de tipicidad, sin considerar que la Sentencia inclusive aplica el art. 1312 del Código Civil (CC) de manera expresa (fs. 713 vta.) sobre la valoración de la prueba, sin que sea posible aplicar la tasación probatoria que rige en materia civil a materia penal, situaciones que devienen en defectos absolutos no convalidables por vulneración del debido proceso e inobservancia del principio de seguridad jurídica y la garantía constitucional establecida en el art. 203 de la CPE, el debido proceso, la nulidad y los principios de trascendencia e igualdad para su procedencia. Cita como precedentes contradictorios los y 115 de 2 de abril de 2007, sobre la efectivización de los derechos a través del cumplimiento de las normas procesales y la nulidad que conlleva su inobservancia.
El cuarto motivo refiere que el Auto de Vista vulnera el derecho al debido proceso y la seguridad jurídica, porque incumple el art. 203 de la CPE; si bien se esfuerza por hacer un análisis doctrinario de ciertos conceptos, no se pronunció un fallo desde y conforme a la Constitución Política del Estado y el Bloque de Constitucionalidad, al tratar de justificar la no valoración de la prueba testifical de descargo, minimizando las mismas indicando que son parientes y amigos, situación que implica otro defecto absoluto insubsanable, porque toda resolución debe ser completa, más si se trata de un recurso de apelación, se deben resolver todos y cada uno de los puntos apelados.
En el quinto motivo el recurrente con base en el derecho a la igualdad solicita la aplicación respecto a la jurisprudencia del Auto de Vista impugnado o en su caso verifique la contradicción del Auto de Vista con los mismos, por cuanto deben aplicarse a su favor y no en su contra, citando los , sobre la identificación del tipo penal acusado, 338 de 5 de abril de 2007, 315 de 25 de agosto de 2006, 64 de 27 de enero de 2007, sobre la subsunción o adecuación objetiva de la conducta al tipo penal acusado, 099/2011 de 25 de febrero y 82/2006 de 20 de enero, sobre el incumplimiento del art. 124 del CPP respecto a la valoración de la prueba por parte del Tribunal de Sentencia y consiguiente subsunción de la conducta al tipo penal.
En el sexto motivo el recurrente argumenta que el Auto de Vista no resolvió todos los puntos señalados en su recurso de apelación restringida, vulnerando el debido proceso en sus elementos motivación, fundamentación y congruencia, respecto a que la Sentencia no observó los arts. 13, 20 y 252 del CP; pese a que el Auto de Vista afirma la autoría por el delito de Asesinato según se demostró en juicio oral, dicha situación que está vetada para el Tribunal de apelación, que realiza esa afirmación sin analizar la procedencia o improcedencia de sus reclamos respecto a la inobservancia de la Ley sustantiva.
En cuanto al séptimo motivo el recurrente expresa que el Tribunal de apelación no cumplió con los arts. 17 y 25 de la LOJ, respecto al rol de precautelar la legalidad del proceso ante el Tribunal inferior y velar por la legalidad procesal, a través de la revisión de oficio y la responsabilidad de sus actos, por cuanto debió observar que el Tribunal de Sentencia no valoró correctamente la prueba, por cuanto no contrastó la prueba valorada para fundar su decisión de condena, con el resto de la prueba testifical de descargo, por lo que no valoró toda la prueba ofrecida incurriendo en defecto absoluto insubsanable; en consecuencia, correspondía anular la Sentencia y ordenar el reenvío. Cita como precedentes contradictorios los , sobre el deber de control del desarrollo del proceso y contenido de la sentencia, control de legalidad por los Tribunales de apelación y de casación, como obligación inexcusable del Órgano jurisdiccional y 170 de 19 de junio de 2013, sobre el control de legalidad en apelación y casación.
En el octavo motivo el recurrente argumenta que existe contradicción entre el Auto de Vista con los Autos Supremos citados, porque el Tribunal de apelación no se pronunció sobre la valoración de la prueba testifical de descargo, que no fue valorada por ser familiares y amigos y sin embargo, la prueba de los familiares de los fallecidos si fueron valoradas; no se resolvió la denuncia sobre la falta de valoración de las declaraciones testificales de descargo, como ejemplo, refiere a las de Carmiña Zamorano Flores y Andrés Zamorano, que pese a estar descritas, no se valoran intelectivamente para otorgarle un determinado valor y las declaraciones de Steven Figueroa y de Himmel Juan Donaire López, incurriendo en defecto absoluto. Cita como precedentes contradictorios los , que establece la obligación de dar respuesta a todos y cada uno de los agravios denunciados en el recurso de apelación restringida, en aplicación del art. 398 del CPP y 070/2017-RRC de 24 de enero, sobre la valoración prevista en el art. 173 del CPP, a cada uno de los medios de prueba.
En cuanto al noveno motivo de casación, el recurrente expresa que existe contradicción entre el Auto de Vista y el , respecto a la denuncia de inobservancia del art. 20 del CP e incongruencia omisiva, al no resolver este punto de forma expresa, afectando al debido proceso, transcribiendo como jurisprudencia la parte pertinente del . Cita como precedentes contradictorios los , sobre incongruencia omisiva y 152/2013-RRC de 31 de mayo, respecto a la valoración conjunta de toda la prueba.
II. ACTUACIONES PROCESALES VINCULADAS AL RECURSO
II.1. De la Sentencia.
Por Sentencia 53/2015 de 20 de octubre, el Tribunal Cuarto de Sentencia del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, declaró a:
- 1)Andrés Zamorano Flores, autor y culpable de la comisión del delito de Asesinato, sancionado por el art. 252 incs. 2) y 7) del CP, imponiendo la pena de treinta años de presidio sin derecho a indulto;
- 2)Edson César Ortega Burgoa, culpable del delito de Encubrimiento, previsto por el art. 171 del CP, condenando a dos años de reclusión y absuelto por los delitos de Homicidio y Asesinato, concediendo el beneficio de perdón judicial, sancionando a los sentenciados con el pago de costas;
- 3)Himmel Juan Donaire López y Miguel Ángel Ortega Burgoa absueltos de los delitos endilgados en su contra; bajo los siguientes argumentos de hecho y de derecho:
De la prueba judicializada, declaraciones testificales y documentales signadas como A-1, A-2, A-3, A-4, A-5 y A-6, el Tribunal adquiere certeza de los cadáveres de Marcelino y Grover Godoy Flores, en el entendido de que el 17 de marzo de 2012, el Cbo. Eliseo Veizaga solicitó presencia especializada para el levantamiento legal de un cadáver, quién toma contacto con el primer policía que había asistido al lugar, quien indicó que existirían dos personas, una herida y otra fallecida, pudiendo ver a Marcelino Godoy Flores tendido en el piso sin signos de vida, siendo evacuado Grover Godoy a la clínica “Los Olivos”, precediéndose al levantamiento legal del cadáver de Marcelino con probable causa de la muerte por shock hipovolémico, posteriormente se dirigen a la clínica los investigadores, pero Grover Godoy habría también fallecido por hemorragia aguda. De acuerdo al examen médico forense se pudo sostener que Marcelino y Grover Godoy, presentaron traumatismo toráxico penetrante con arma punzo cortante en el corazón y en el pulmón, posibilitando determinarse por medio de la prueba producida, por la relevancia, coherencia y congruencia, la existencia real de dos personas fallecidas, conforme también por inspección al lugar de los hechos.
De la valoración testifical de Eliseo Veizaga, Jorge Limachi y Edson Braydin Claure Choque, el Tribunal llega a la conclusión de que Andrés Zamorano alias “El Bebo” es quién agredió físicamente a las dos víctimas fallecidas con arma punzo cortante, ocasionando el deceso de Marcelino y Grover Godoy, como también lo reconoce el testigo Gabriel Claros Cuellar, existiendo también la declaración de un menor de edad como testigo en reserva, que entra en correlación a la valoración de la declaración testifical de Eliseo Veizaga, por lo que en contraste con la prueba documental A-3 y A-6, permite establecer sin duda alguna la existencia del lugar, la distancia y siendo posible visualizar con claridad la esquina donde fueron agredidos a través de la inspección ocular, donde Andrés Zamorano, se acercó, agredió a las víctimas y cayeron, lo que concuerda con la declaración del testigo Pablo Gabriel Claros Cuellar, así también se lo habría identificado de acuerdo a la declaración de Gisela Judit Córdoba quien en juicio refirió que en la clínica, el tío, antes de morir había indicado “pedro o bebo”, adecuándose por ello la conducta de Andrés Zamorano en los presupuestos del art. 252 nums. 2 y 7 del CP, por cuanto su accionar se debió a motivos fútiles y bajos, con total desprecio por la vida, al haber agredido con arma punzo cortante a ambas víctimas, causándoles la muerte, sin ningún acto de arrepentimiento y el menor auxilio, victimando a ambos para no ser reconocido y detenido.
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