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TSJReiteradora

AS/0157/2019-RA

Tribunal Supremo de Justicia
27 de febrero de 2019Civil
Resumen del caso

Derecho Penal / Derecho Procesal Penal / Elementos comunes de procedimiento / Medidas cautelares / De carácter real

Proceso
s: Contratos Lesivos al Estado y otros.

Vista de texto de la resolución.

Texto del fallo

TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

S A L A C I V I L

Auto Supremo: 157/2019-RA

Fecha: 27 de febrero de 2019

Expediente: Chuquisaca 01/2015 (FOCAS)

Parte acusadora: Ministerio Público.

Parte imputada: Gonzalo Daniel Sánchez de Lozada Sánchez Bustamante y

otros.

Delitos: Contratos Lesivos al Estado y otros.

VISTOS: Los recursos de apelación presentados por el Ministerio Público de fs. 90 a 105, y la Procuraduría General del Estado de fs. 107 a 109, del cuadernillo de apelación remitido a esta Sala Civil del Tribunal Supremo de Justicia, como emergencia de la impugnación a la modificación de las medidas cautelares dispuesta mediante , por la Sala Penal, en el proceso de privilegio constitucional seguido a instancias del Ministerio Público contra Gonzalo Daniel Sánchez de Lozada Sánchez-Bustamante y otros, por la presunta comisión de los delitos de Contratos Lesivos al Estado y otros.

CONSIDERANDO I:

ANTECEDENTES DEL PROCESO.

a. De la revisión de los antecedentes venidos en apelación, se establece que la Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia, mediante , resolvió la solicitud de modificación de medida cautelar de arraigo, establecida como medida sustitutiva a la detención preventiva con la emisión del .

b. En la resolución impugnada, sostuvo la Sala Penal que el imputado Samuel Jorge Doria Medina Auza, como argumento esencial, dedujo que el arraigo que le fue impuesto, perjudica sus actividades labores y políticas; asimismo, señaló que la solicitud se justifica en la Ley Nº 369 del Adulto Mayor, al haber cumplido la edad de 60 años; también expuso el fundamento contenido en los y .

El contralor de derechos y garantías constitucionales, expuso en la emisión del , impuso medidas sustitutivas a la detención preventiva a los imputados Domingo Enrique Ipiña Melgar, Jesús Herman Antelo Laughlin, Fernando Illanes de la Riva. Antonio Céspedes Toro, Germán Reynaldo Peters y Raúl España Smith, al considerar que todos son mayores de 60 años, amparado en los art. 256 y 13.IV de la CPE, la protección reconocida por la Declaración Universal de los Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles, Económicos y Culturales, así como los fundamentos de la Ley General de las Personas Adultas Mayores de 1 de mayo de 2013.

Consideró el Tribunal A quo, que la posibilidad de modificación de las medidas cautelares, responde a los principios de instrumentalidad, proporcionalidad, temporalidad, provisionalidad y excepcionalidad, tomando en cuenta la variabilidad conforme al criterio sentado en la , exponiendo que de acuerdo al certificado de nacimiento deduce que el imputado Samuel Jorge Doria Medina Auza cumplió la edad de 60 años, considerado merecedor de la tutela que otorga la Ley Nº 369 de 1 de mayo de 2013 del Adulto Mayor, circunstancia que hace que la medida impuesta, adquiera una connotación diferente de acuerdo al contenido del .

Expone que de acuerdo a la prueba presentada deduce que con la finalidad de justificar la instrumentalidad de la medida cautelar de arraigo, el imputado ha cumplido regularmente con las medidas impuestas, ponderando las circunstancias de las salidas e ingreso al país del imputado, no ha causado efecto negativo alguno en consideración de no haber generado suspensión de la actividad jurisdiccional, ni dilación en los actos de investigación; también sostiene que se ha cumplido con las tres medidas restrictivas de libertad.

Describió que la medida cautelar de arraigo, por las circunstancias emergentes de la edad del imputado y su calidad de persona de “adulto mayor”, merece una aplicación distinta a la considerada en una primera oportunidad, habiendo sufrido un cambio considerable para mantener vigente el arraigo impuesto.

Con relación a la excepcionalidad, describió que la excepción a la regla se encuentra en el cumplimiento de la medidas impuestas, así como en la edad de imputado, de la cual describe que las personas de la tercera edad, merecen protección especial, que no solo tiene que ver con la protección de sus derechos civiles, políticos, económicos y culturales sino también con los derechos esenciales que hacen a su dignidad humana, vinculada a sus derechos en el desarrollo de su personalidad.

Manifestó desarrollar el test de proporcionalidad, a la luz de la predictibilidad, y en función al efecto horizontal de la jurisprudencia emitida por Sala Penal, que impone al Juez el deber de mantener la uniformidad de criterios judiciales, en precautela de la congruencia de los fallos; estimó la idoneidad de la medida asumida con la emisión del , la misma debe merecer un análisis integral, que obliga al juzgador a valorar las condiciones procesales y fáctica presentes, aduciendo que a la fecha el flujo migratorio, refleja que se ha permitido al imputado pueda ausentarse al exterior y retorne al país de la misma manera, surgiendo así la disyuntiva que eventualmente el Ministerio Público al momento de solicitar medidas cautelares sostuvo que la existencia de pasaporte y actividad económica hacían presumir el riesgo de fuga de imputado y tomando en cuenta la persistencia de la medida por dos años, resulta que la medida impuesta resulta inconsistente en la medida a los fines de neutralización real y efectivamente de las facilidades que el imputado tiene para abandonar el país, al presente no necesariamente constituye un riesgo de fuga, por lo que su imposición ha perdido vigor.

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Datos del proceso

Proceso
s: Contratos Lesivos al Estado y otros.
Magistrado relator
Juan Carlos Berrios Albizu
Tribunal Supremo de Justicia27 de febrero de 2019AS/0157/2019-RAFuente oficial