Texto del fallo
NAS AA TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA SALA CONTENCIOSA Y CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA SOCIAL Y ADMINISTRATIVA PRIMERA AUTO SUPREMO 171/2026 Sucre, 27 de marzo de 2026 Expediente : 789/2025 Demandante : Gherald Ernesto Vargas Morales Demandado : Liquidadora de la Administración de Aeropuertos y Servicios Auxiliares a la Navegación Aérea (AASANA) Proceso : Pago de Beneficios Sociales Distrito : La Paz Relatora : Mgda. Rosmery Ruiz Martínez I. VISTOS: El Recurso de Casación interpuesto por la Liquidadora de la Administración de AASANA a través de su representante legal de fs. 398 a 400 vta., impugnando el Auto de Vista 244/2025 de 28 de julio, pronunciado por la Sala Social Administrativa, Contencioso y Contenciosa Administrativa Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz de fs. 392 a 396, dentro del proceso por pago de Beneficios Sociales deducido por Gherald Ernesto Vargas Morales en contra de la entidad recurrente, la contestación de fs.
405 a 407, el Auto 457/2025 de 17 de septiembre que concedió el recurso a fs. 409, el Auto de Admisión 789/2025-A de 6 de octubre que admitió el Recurso de Casación de fs. 416 y vta. y lo obrado en el proceso.
IL. ANTECEDENTES PROCESALES.
Sentencia Tramitada la demanda por pago de Beneficios Sociales, seguido por Gherald Ernesto Vargas Morales contra la Liquidadora de la
Administración de AASANA, el Juez de Partido del Trabajo, Seguridad Social Séptimo de la Capital del Departamento de La Paz, emitió la Sentencia 35/2024 de 21 de mayo de fs. 348 a 359, declarando PROBADA EN PARTE la demanda interpuesta, sin costas; ordenando que se cancele en favor del actor Bs24.252,72.- (veinticuatro mil doscientos cincuenta y dos 72/ 100 Bolivianos), por concepto de indemnización (3 meses y 7 días) y desahucio; así como la actualización y multa de conformidad al art. 9 del Decreto Supremo (DS) 28699, a calcularse en ejecución de Sentencia.
Auto de Vista.
Interpuesto el Recurso de Apelación de fs. 366 a 369 vta., la Sala Social Administrativa, Contencioso y Contenciosa Administrativa Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, por Auto de Vista 244/2025 de 28 de julio, resolvió la admisibilidad e improcedencia del recurso interpuesto; en consecuencia, CONFIRMÓ la Sentencia apelada, sin costas en aplicación del art.
39 de la Ley 1178.
III. DE LOS ARGUMENTOS DEL RECURSO DE CASACIÓN.
Contra el referido Auto de Vista, la Liquidadora de la Administración de AASANA a través de su representante legal de fs. 398 a 400 vta., interpuso Recurso de Casación contra del Auto de Vista 244/2025 de 28 de julio, con los siguientes argumentos: 1. Sobre la inexistencia de una relación laboral bajo la Ley General del Trabajo (LGT), señaló, que la controversia principalmente giró en torno a la aplicación o no de la LGT con respecto a la relación sostenida del demandante con AASANA, resaltando que dicha situación no fue dilucidada por el Tribunal de Apelación, puesto que la normativa citada en la Sentencia como en el Auto de Vista no resulta aplicable a la ex AASANA. Refiere que, primigeniamente se deben considerar las normas de creación de la entidad como ser el (DS) 8019 y la Ley 412, las cuales no determinaron que los
O AAA funcionarios contratados se rijan por la LGT, en tal sentido los Vocales omitieron realizar un análisis crítico respecto de la condición de funcionario público y provisorio del ex trabajador;
invocando los arts. 232 y 233 de la Constitución Política del Estado (CPE), los arts. 3 y 4 de la Ley Estatuto del Funcionario Público y el art. 1 del Reglamento a la Ley General del Trabajo, la recurrente señala que fueron inobservados por el Tribunal de Apelación, habiéndose emitido Memorándum MEM-YVYA-1920/2019 de fecha 30 de septiembre, que evidencia la designación en calidad de funcionario provisorio de Gherald Ernesto Vargas Morales como abogado junior de manera interina como funcionario provisorio dependiente de la Unidad Nacional Jurídica.
Destacó que la calidad de funcionario provisorio es de vital importancia para excluir la aplicación de la Ley General del Trabajo, sustentándose en la Sentencia Constitucional (SC) 1068/2011-R de 11 de julio, la cual diferencia entre funcionarios de carrera y funcionarios designados o de libre nombramiento, mientras los primeros se rigen por la carrera administrativa, los segundos pertenecen al ámbito de los funcionarios provisorios, cuyo ingreso no se deriva de procesos de reclutamiento y selección de personal, sino de una invitación personal del máximo ejecutivo para ocupar funciones de confianza o asesoramiento, con carácter temporal o provisional.
Manifestó que los Memorándums de designación a fs. 2, ratificado por memorándum 2554/2019 a fs. 3, demuestran que el actor no fue considerado servidor público de carrera administrativa, sino que se encontraba bajo lo dispuesto por el artículo 12 de la Ley 11049 de la Carrera Administrativa de 27 de agosto de 1973, normativa que establece que los funcionarios no incorporados al régimen de carrera gozarán de derechos como ascensos, incrementos, estabilidad en el ejercicio de la función pública e indemnización,
entre otros, dentro del marco del Estatuto del Funcionario Público (Ley 2027), empero no corresponde reconocer la existencia de una relación laboral bajo la Ley General del Trabajo ni sus normas conexas. Añadió que el demandante suscribió un contrato de carácter administrativo y realizó las Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas como todo funcionario público al inicio y conclusión de su vínculo, lo que confirma su condición no acogida al régimen de la Ley General del Trabajo.
Manifestó, que el Auto de Vista 244/2025, no tuvo en cuenta los informes emitidos por la Contraloría General del Estado, los cuales son trascendentales para sustentar la inexistencia de la relación laboral bajo la Ley General del Trabajo, como ser el Informe Legal LX/XP3DO9, el cual señaló que AASANA desde su creación se encuentra dentro de las regulaciones legales del empleado público y sujeta al ámbito de aplicación del Estatuto del Funcionario Público (antes Decreto Ley 7375, actualmente Ley 2027), al no contar con normativa específica que la ubique dentro de la Ley General del Trabajo, así como, el Informe de Auditoría EX/EP10/N08-r1 que ratifica esta postura, indicando que la entidad se rige por el Estatuto del Funcionario Público desde su creación, al carecer de una ley especial, en tal virtud, no existió una relación laboral.
Asimismo, refirió que el Auto de Vista 244/2025 de 28 de julio, no valoró lo previsto por la CPE, la Ley del Estatuto del Funcionario Público, el DS 23570 y 28699 y los informes emitidos por la Contraloría General de Estado.
2. Denunció que el Auto de Vista 244/2025 de 28 de julio, no contempló la inexistencia de una relación laboral ni analizó que no se constituyeron las características esenciales de todo vínculo laboral, conforme se tuvo relatado en el punto anterior; por consiguiente, tampoco correspondería otorgar el pago de beneficios
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