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TSJ

AS/0174/2026

Tribunal Supremo de Justicia
27 de marzo de 2026Sala Social 1era
Proceso
Pago de Beneficios Sociales y Derechos

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Texto del fallo

LAA TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA SALA CONTENCIOSA, CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA PRIMERA AUTO SUPREMO 174/2026 Sucre 27 de marzo de 2026 DATOS DEL PROCESO Y DE LAS PARTES Expediente : 719/2025 Demandante : Roberto Pacheco Demanda : Gobierno Autónomo Municipal de La Paz Proceso : Beneficios Sociales Distrito : La Paz Relatora : Mgda. Rosmery Ruiz Martínez I. VISTOS: El Recurso de Casación de fs. 240 a 246, interpuesto por el Gobierno Autónomo Municipal de La Paz a través de su representante legal, impugnando el Auto de Vista 209/2025 de 30 de junio, pronunciado por la Sala Social Administrativa, Contencioso y Contenciosa Administrativa Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, de fs. 234 a 238 vta., dentro del proceso social por pago de Beneficios Sociales seguido por Roberto Pacheco contra la entidad recurrente; contestación al recurso, de fs. 248 a 249; el Auto de 8 de agosto de 2025 que concedió el recurso a fs. 250; el Auto de Admisión 719/2025-A de 15 de septiembre que admitió el Recurso de Casación, a fs. 257 y vta., y los antecedentes del proceso.

IL. ANTECEDENTES PROCESALES Sentencia Tramitado el proceso laboral por pago de Beneficios Sociales el Juez de Partido del Trabajo y Seguridad Social Séptimo de la Capital del departamento de La Paz, emitió la Sentencia 21/2025 de 14 de marzo, de fs. 195 a 206, declarando PROBADA EN PARTE la demanda de fs. 4 añ5 subsanada de fs. 8 a 10, disponiendo que la entidad demandada pague a favor del demandante la suma de Bs197.197,35 (ciento noventa y siete

mil ciento mil noventa y siete 35/100 bolivianos), por concepto de indemnización, desahucio y vacaciones, y que en ejecución de Sentencia, se dé cumplimiento al art. 9.1, II del Decreto Supremo (DS) 28699, en cuanto a la actualización en UFVs y la imposición de multa correspondiente mediante planilla.

Auto de Vista

En grado de Apelación promovida por el Gobierno Autónomo Municipal de La Paz a través de su representante legal, la Sala Social Administrativa, Contencioso y Contenciosa Administrativa Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, por Auto de Vista 209/2025 de 30 de junio, de fs. 234 a 238 vta., CONFIRMA la Sentencia 21/2025 de 14 de marzo, de fs. 195 a 206.

III. ARGUMENTOS DEL RECURSO DE CASACIÓN DE CASACIÓN

1. El recurrente alega que el Tribunal de Alzada incurrió en un error de derecho al aplicar erróneamente la Ley de Municipalidades para incluir al demandante dentro de la Ley General del Trabajo (LGT). El art. 11 de la Ley de Municipalidades protege los derechos laborales de quienes ingresaron antes de su promulgación (1999).

El demandante ingresó en 2008, por lo que su relación es estrictamente administrativa y regulada por el Estatuto del Funcionario Público.

Se ignoró que el contrato suscrito establecía explicitamente que el personal era eventual y estaba sujeto a la Ley SAFCO y reglamentos internos, excluyéndolo expresamente de la LGT.

La resolución impugnada aplicó erróneamente el art. 59 de la Ley de Municipalidades, cuando el demandante no prestaba servicios en una empresa municipal, sino en la estructura central del GAMLP.

2. El recurrente sostiene la omisión de la Ley de Municipalidades, vigente hasta 2014, al momento de la suscripción del contrato en 2008, denunciando una indebida ponderación exclusiva del DS 16187 que deviene en falta de fundamentación.

Refiere también una falta de pronunciamiento sobre la Planilla 12100 y violación del art. 6 del Estatuto del Funcionario Público y art. 60 del DS 26115, que excluyen al personal eventual del ámbito de la Ley General del Trabajo, sujetándolo al contrato y ordenamiento administrativo.

E A A Alega la infracción del art. 271.1 del Código Procesal Civil (CPC), acusando violación de la ley, interpretación errónea, aplicación indebida y error (de derecho o hecho) en la apreciación de las pruebas.

Afirma que se incurrió en error en la determinación de las funciones, precisando que el actor trabajó en direcciones administrativas del GAMLP y no en una empresa municipal, conforme a las competencias de los arts. 302 y 283 de la Constitución Política del Estado (CPE).

El recurrente manifiesta una omisión de las interrupciones contractuales registradas entre fs. 150 a 184 y fs. 137 a 143, las cuales demostrarian la eventualidad de la relación al no haber superado el año calendario en cada contrato.

Y la inaplicabilidad de la LGT dado que el demandado es una institución pública que realiza tareas no permanentes bajo la Ley 341, regulando el vinculo mediante contratos administrativos por necesidad de servicios.

3. Se denuncia la omisión de las y (no se señala Sala emisora), las cuales establecen que en el sector público no opera la tácita reconducción ni la conversión a contrato indefinido, aun ante contratos sucesivos. Se alega que el personal de la partida 12100 tiene naturaleza administrativa y eventual, regulándose exclusivamente por su contrato y el art. 60 de las NBSAP (DS 26115), quedando fuera del alcance de la Ley General del Trabajo.

Se sostiene que en el Contrato C-7562 operó la conclusión natural el 31 de diciembre de 2020, ya que el plazo estaba determinado desde su suscripción. Asimismo, se argumenta que para la gestión 2021 la unidad organizacional advirtió la falta de recursos y de necesidad de servicios, por lo que no correspondía la continuidad de la relación bajo el régimen laboral general.

4. La institución recurrente sostiene que el demandante no está sujeto al régimen de la LGT ni a la Ley 321, basándose en la Ley de Municipalidades en su art. 59. Argumenta que, al haber ingresado bajo una modalidad de personal no permanente antes de la vigencia de la Ley 482, no le corresponde el pago de indemnización por el periodo de casi 13

años reclamado, ya que su relación jurídica no se encontraba bajo dicho paraguas legal.

Se denuncia que el juzgador no valoró adecuadamente el informe CASMU, el cual demostraría que no hubo una relación ininterrumpida. Según el agravio, existen cortes claros entre la suscripción de un contrato y otro, lo que desvirtúa la continuidad laboral necesaria para el cálculo de los beneficios sociales pretendidos.

5. Se acusa la falta de consideración del Art. 19 de la LGT y el art. 2.III del DS 110, que establecen como base de cálculo de la indemnización el promedio del total ganado de los últimos tres meses. Se señala como error la inclusión del bono de antiguedad, retroactivos y otros pagos en el cálculo, bajo el argumento de que el demandante no acreditó la percepción continua del bono de antigtiedad.

Denuncia una incorrecta compulsa de los contratos y sus modificatorios (gestiones 2013, 2014, 2015, 2018 y 2019) ofrecidos en el término de prueba, los cuales acreditarian el pago de incrementos salariales que no fueron valorados por las instancias inferiores.

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Demandante
Roberto Pacheco
Demandado
Gobierno Autonomo Municipal de la Paz
Proceso
Pago de Beneficios Sociales y Derechos
Magistrado relator
Rosmery Ruiz Martinez
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