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TSJ

AS/0175/2026

Tribunal Supremo de Justicia
22 de julio de 2026Sala Penal
Proceso
Lesiones graves y leves

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Texto del fallo

LA LA TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA SALA PENAL AUTO SUPREMO N? 0175/2026 EXCEPCIONES DE EXTINCIÓN DE LA ACCIÓN PENAL POR PRESCRIPCIÓN Y POR DURACIÓN MÁXIMA DEL PROCESO ANÁLISIS DE ADMISIBILIDAD DEL RECURSO DE CASACIÓN Sucre, 9 de marzo de 2026 Proceso : Cochabamba 265/2025 Parte acusadora : Ministerio Público y Jhonatan Mario Caballero Caero Parte acusada : Ricardo Nogales Zambrana y Sergio Nogales Zambrana Delito : Lesiones Graves y Leves, art. 271 del Código Penal (CP) Vistos: Por memorial de recurso de casación presentado el 26 de mayo de 2025, cursante de fs. 409 a 419 vta., Ricardo Nogales Zambrana impugna el Auto de Vista 265/2023-RAR de 14 de noviembre, de fs. 388 a 393, pronunciado por la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, dentro del proceso penal que sigue en su contra y de Sergio Nogales Zambrana el Ministerio Público y Jhonatan Mario Caballero Caero, por la presunta comisión del delito de Lesiones Graves y Leves, previsto y sancionado por el art. 271 del CP. Asimismo, el recurrente opone extinción de la acción penal por duración máxima del proceso y prescripción a través del memorial de fs. 434 a 445 vta.

l. ACTOS PROCESALES VINCULADOS AL RECURSO DE CASACIÓN 1.1. Sentencia Por Sentencia 49/2021 de 5 de agosto, de fs. 310 a 321, el Tribunal de Sentencia Penal Cuarto de la Capital del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, declaró a Ricardo Nogales Zambrana autor y culpable del delito de Lesiones Graves, previsto en el art. 271 primera parte del CP, imponiendo la pena de tres años de privación de libertad, a cumplirse en el Centro Penitenciario:de San Pablo de Quillacollo, con costas a favor del Estado y de la víctima.

1.2. Apelación restringida y Auto de Vista Contra la referida Sentencia, Ricardo Nogales Zambrana interpone recurso de apelación restringida de fs. 361 a 366, resuelto por el Auto de Vista 265/2023-RAR de 14 de noviembre de fs. 388 a 393, pronunciado por la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, que declaró improcedente el recurso y confirmó la Sentencia apelada.

II. EXCEPCIONES DE EXTINCIÓN DE LA ACCIÓN PENAL ll.1. Argumentos de la Excepción de Extinción de la Acción Penal por Prescripción En cuanto a la procedencia, invoca como jurisprudencia constitucional la Sentencia Constitucional (SC) 007/2011-R de 7 de febrero y las Sentencia Constitucionales Plurinacionales (SSCCPP) 1061/2015-S2 de 26 de octubre y 2475/2012 de 28 de noviembre, refiriendo que el incidente puede ser planteado durante la tramitación del proceso penal de manera sobreviniente en la fase de ejecución de la Sentencia y que el Tribunal competente para conocer el proceso también lo es para resolver los incidentes emergentes.

Interpone la excepción de extinción de la acción penal por duración máxima del proceso y por prescripción, al amparo del art. 308 núm. 4) del Código Procedimiento Penal (CPP), sosteniendo que ambas causales se encuentran plenamente configuradas dentro del proceso seguido en su contra por el delito de Lesiones Graves y Leves (art. 271 del CP).

En relación con los hechos, la acusación particular y la Sentencia circunscriben el objeto del proceso a un conflicto surgido el 2017 entre Ricardo y Sergio Nogales Zambrana contra Jhonathan Mario Caballero Caero, por el delito de Lesiones Graves y Leves ocurrido el 9 de julio de 2017 en una fiesta de cumpleaños donde se suscitó el hecho. Respecto a los requisitos, el excepcionista afirma no haber incurrido en actos dilatorios, que el proceso se encuentra en etapa de casación, sin cuestiones prejudiciales pendientes ni causales de suspensión previstas en los arts. 31 y 32 del CPP, atribuyendo la dilación al Órgano Judicial y al Ministerio Público, asimismo, el delito de Lesiones Graves y Leves, previsto en el art. 271 del CP, tiene una pena de tres a seis años de privación de libertad, lo que lo sitúa dentro del inc.

  1. 8)del art. 27 del CPP, que establece un plazo de prescripción de ocho años para delitos cuya pena máxima sea de seis años o más seis años. En consecuencia, dicho delito prescribe a los ocho años computables desde su comisión. Realiza el cómputo desde el 9 de julio de 2017 hasta el 24 de noviembre de 2025, concluyendo que transcurrió más de ocho años (3060 días) sin que el plazo haya

O A AA sido interrumpido o suspendido, por lo que correspondería declarar extinguida la acción penal.

Finalmente, la excepción de prescripción resulta plenamente procedente, en tanto busca materializar derechos constitucionales como los derechos al debido proceso y a la justicia sin dilaciones; que el transcurso excesivo del tiempo extingue la potestad punitiva del Estado. En respaldo de su posición, cita el y la y la .

Il.2. Argumentos de la Excepción de Extinción de la Acción Penal por Duración Máxima del Proceso Acorde al art. 133 del CPP, todo proceso penal debe concluir en un plazo máximo de tres años, computables desde el primer acto del procedimiento, salvo en caso de declaratoria de rebeldía. Asimismo, las causales de suspensión del proceso interrumpen dicho cómputo y, una vez cesan, el plazo vuelve a correr sumándose el tiempo ya transcurrido.

En cuanto a la extinción de la acción penal por duración máxima del proceso, el excepcionista sostiene que se ha superado el plazo de tres años previsto en el art.

133 del CPP.

Si bien se advierte que el proceso tuvo una duración superior al plazo referido, corresponde precisar que la extinción por duración máxima del proceso no opera de forma automática por el solo vencimiento del término, sino exige verificar si la dilación es atribuible de manera exclusiva al Órgano Jurisdiccional o al Ministerio Público.

En el caso concreto, no fue declarado rebelde conforme el certificado de antecedentes penales y realiza una auditoria jurídica:

En cuanto a la etapa inicial del proceso, se advierte que desde la denuncia verbal de 9 de julio de 2017 hasta la presentación de la acusación fiscal de 8 de mayo de 2018, transcurrieron 303 días, e juivalentes a nueve meses. Durante este periodo, si bien se evidencian ciertas demoras en la tramitación, particularmente en la emisión de proveídos, notificaci nes y señalamientos de audiencias, así como en la sustanciación de la solicitud de acumulación que demandó 189 días, también se constata que la suspensión de audiencias de medidas cautelares obedeció tanto a la inasistencia del Ministerio Público como en una única oportunidad, a la ausencia de su abogado defensor. En ese entendido, si bien parte de la dilación es atribuible a la carga procesal del Órgano Jurisdiccional y a la actuación del Ministerio Público, no puede sostenerse de manera absoluta que la misma sea completamente ajena a la conducta de las partes.

Respecto a la etapa intermedia y de juicio oral, se tiene que, desde el requerimiento conclusivo de 8 de mayo de 2018 hasta la emisión de la Sentencia de 5 de agosto de 2021, transcurrieron 1185 días, equivalentes a tres años, dos meses y veinticinco días. En esta fase se evidencian múltiples suspensiones de audiencias, motivadas por la imposibilidad de conformar quórum del Tribunal de Sentencia debido a acefalías, inasistencia del Ministerio Público, así como, solicitudes de la acusación particular; además, de la suspensión extraordinaria de plazos procesales a consecuencia de la emergencia sanitaria por el COVID-19. Tales circunstancias denotan la concurrencia de factores estructurales y externos que incidieron en la duración del proceso.

En lo que concierne a la etapa recursiva, se establece que desde la interposición del recurso de apelación restringida el 15 de septiembre de 2021 hasta noviembre de 2025, transcurrieron 1531 días, equivalentes a cuatro años, dos meses y nueve días. En este periodo se advierten dilaciones significativas en la tramitación ante el Tribunal de Alzada, particularmente en la radicatoria, sorteo y emisión del Auto de Vista, así como en su posterior notificación; aspectos que responden a la carga procesal del Órgano Judicial.

A partir de estos antecedentes el excepcionista realiza el cómputo del plazo final señalando que desde el 9 de julio de 2017 hasta el 24 de noviembre de 2025 han transcurrido 3060 días, equivalentes a ocho años, cuatro meses y quince días. No obstante, conforme a la doctrina constitucional aplicable, para el análisis de la duración máxima del proceso corresponde considerar las causales de suspensión legalmente previstas, tales como las vacaciones judiciales y la paralización de plazos por situaciones extraordinarias como la pandemia, así como la incidencia de actos procesales atribuibles a las partes, excediendo ampliamente el plazo máximo de tres años previsto por el art. 133 del CPP.

Finalmente, en aplicación de la y SSCCPP 0765//2022-51 de 9 de agosto y 347/2020-S1 de 18 de agosto, que toda persona tiene derecho a ser juzgado dentro de un plazo razonable, refiere haber demostrado con prueba idónea que se cumple con los requisitos establecidos dentro del presente proceso, respecto a que los actos dilatorios son atribuibles al sistema judicial y Ministerio Público.

En ese contexto, solicita se declare probada la excepción de extinción de la acción penal por duración máxima del proceso y excepción por prescripción de la acción penal conforme al art. 27 incs.8) y 10) del CPP.

Como respaldo probatorio, indica que ha individualizado todas las actuaciones procesales mencionadas en su memorial, adjuntando copias simples cuyos originales cursan en el cuaderno de autos, así como el certificado del REJAP,

O A AA Certificado de No Violencia y auditoría jurídica de los actos procesales.

lll. MOTIVOS DEL RECURSO DE CASACIÓN 1) El recurrente refiere que el proceso penal tiene su origen en un hecho suscitado el 9 de julio de 2017, habiéndose formulado acusación formal el 30 de abril de 2018 y dictado Sentencia condenatoria el 5 de agosto de 2021, contra el cual interpuso recurso de apelación restringida el 15 de septiembre de 2021; sin embargo, el Auto de Vista fue emitido recién el 14 de noviembre de 2023, evidenciándose una dilación indebida por parte del Tribunal de Alzada, en inobservancia de los plazos, vulnerando el derecho a ser juzgado dentro de un plazo razonable.

Asimismo, en la parte final del Auto de Vista impugnado se hubiera dispuesto que la resolución es recurrible en casación sin efecto suspensivo, en aplicación del art.

396.inc.1) del CPP, modificado por la Ley 1443 de 4 de julio de 2022; señalando que dicha norma fue aplicada retroactivamente a un proceso cuya sentencia data de 2021, contraviniendo el art. 123 de la Constitución Política del Estado (CPE), que consagra el principio de irretroactividad, salvo excepciones que no concurren en el caso.

En relación a ello, solicitó enmienda conforme al art. 125 del CPP, que fue rechazada mediante Auto Complementario, consolidándose la vulneración a su derecho a la seguridad jurídica, al aplicarse normas posteriores de manera desfavorable, violando en principio de irretroactividad.

  1. 2)Con relación al art. 370 inc. 5) del CPP respecto a la inexistencia de fundamentación; en varias oportunidades manifestó los parámetros que debería contener una resolución fundamentada, empero la resolución inpugnada incurrió en deficiente, insuficiente y contradictoria fundamentación al establecer proposiciones contradictorias, tomando en cuenta que lo único que hizo fue defender la integridad física de su hermano menor, en observancia de los principios de proporcionalidad, racionalidad y necesidad de la defensa, empero el Tribunal de Sentencia dicto una Sentencia injusta e ilegal y carente de fundamentación.
  1. 3)En cuanto al defecto del art. 370 inc. 6) del CPP, en el presente caso era imprescindible la valoración de la necesidad racional de la defensa para determinar si su persona ejerció la defensa de forma razonable o no al momento de defender a su hermano, por cuanto no se acreditó la inexistencia de la legitima defensa, ya que existió una mala valoración de la prueba, no se aplicaron correctamente las reglas de la sana crítica, ni se consideró la concurrencia de la legítima defensa, prevista en el art. 11 del CP, afirmando que su conducta se encontraba justificada al haber actuado en defensa de un tercero ante una

agresión ilegítima, actual y proporcional; denunciando además la vulneración de los principios de presunción de inocencia e in dubio pro reo.

Finalmente, invoca precedentes contradictorios como el , de 19 abril relacionados con la debida fundamentación de las resoluciones judiciales y la aplicación temporal de la ley, sosteniendo que el Auto de Vista impugnado se aparta de dichos entendimientos jurisprudenciales.

IV. MARCO NORMATIVO Y JURISPRUDENCIAL DE LA EXCEPCIÓN DE EXTINCIÓN DE LA ACCIÓN PENAL POR PRESCRIPCIÓN Y VENCIMIENTO DEL PLAZO MÁXIMO DE DURACIÓN DEL PROCESO IV.1. De la competencia de este Tribunal para resolver cuestiones incidentales referidas a la extinción de la acción penal En lo que respecta a la delimitación competencial para el conocimiento y resolución de incidentes de extinción de la acción penal, esta Sala Penal considera necesario remitirnos al entendimiento asumido por la -52 de 26 de octubre, que precisó que los fundamentos de la , no constituyen argumento suficiente para sostener que únicamente la autoridad jurisdiccional que dictó la Sentencia de primera instancia sea competente para conocer dichos incidentes.

En efecto, ala luz de lo previsto por el art. 44 del CPP, el Juez o Tribunal que ostente competencia para conocer un proceso penal, la mantiene respecto de todas las cuestiones e incidentes que se susciten durante su tramitación, correspondiéndole asimismo dictar y ejecutar las resoluciones pertinentes.

En consecuencia, se deja establecido que la autoridad competente para conocer y resolver incidentes de extinción de la acción penal, sea por duración máxima del proceso o por prescripción, es el Juez o Tribunal donde radica la causa principal.

Así, si el planteamiento se formula en etapa de apelación o de casación, las decisiones adoptadas por las Salas Penales o el Tribunal Supremo de Justicia no admiten ulterior impugnación, en atención a la naturaleza propia de la fase procesal y con el objeto de evitar dilaciones indebidas, particularmente aquellas generadas por remisiones innecesarias de expedientes entre instancias, situación que en reiteradas oportunidades ocasionó la postergación injustificada del pronunciamiento de fondo. Tal práctica ha devenido en vulneración de los derechos a ser juzgado dentro de un plazo razonable y del acceso efectivo a la justicia y de los principios de celeridad y concentración procesal.

No obstante, corresponde puntualizar que, si el incidente se deduce ante el Juez de Instrucción en lo Penal o ante Tribunales o Jueces de Sentencia, sus resoluciones sí resultan impugnables, toda vez que la naturaleza de la etapa

AZ procesal así lo permite. Este entendimiento comporta una reconducción de la línea jurisprudencial fijada en la hacia la doctrina desarrollada en la , sustentada a su vez en los criterios vertidos por las , , , 0105-R, 1365/2005-R y el .

En el caso de autos, y considerando que la causa se encuentra radicada ante esta Sala Penal como consecuencia del recurso de casación interpuesto por el recurrente contra el Auto de Vista 265/2023-RAR de 14 de noviembre y Auto Complementario 265/2025-RAR de 14 de mayo, resulta indiscutible, conforme al bloque jurisprudencial referido, que esta Sala es la autoridad competente para conocer y resolver las excepciones opuestas, garantizando de este modo la continuidad procesal y la tutela judicial efectiva.

IV.2. Del instituto jurídico de la prescripción y las causas de suspensión e interrupción La prescripción constituye una institución de orden público que extingue la acción penal por el transcurso del tiempo fijado por ley, en resguardo del interés social y de la seguridad jurídica, impidiendo la prolongación indefinida de la persecución penal. Conforme a la y al art. 32 del CPP, su suspensión se limita a las causales taxativas allí previstas; y, en cuanto a la interrupción, el art. 31 del CPP reconoce únicamente la declaratoria de rebeldía, que borra el tiempo transcurrido y reinicia el cómputo desde cero, conforme lo precisado por el y la . Asimismo, y en observancia de las y , se establece que ni la denuncia tampoco el inicio de la acción penal constituyen causales de suspensión o interrupción.

Es necesario recordar que la prescripción constituye una institución jurídica en virtud de la cual, y por el transcurso del tiempo determinado por ley, cesa la persecución penal del Estado ejercitada a través de los Órganos Jurisdiccionales o por los particulares en delitos de acción privada. Su fundamento radica en el interés social de evitar la prolongación indefinida de los procesos penales, ya sea por negligencia de la víctima o inactividad de los órganos encargados de su impulso, garantizando así seguridad jurídica y estabilidad social.

En cuanto a la suspensión del término de la prescripción, el art. 32 del CPP, interpretado por la , dispone que esta procede exclusivamente cuando:

1. Se haya resuelto la suspensión de la persecución penal y esté vigente el

periodo de prueba correspondiente;

2. Esté pendiente la resolución de cuestiones prejudiciales planteadas;

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Datos del proceso

Demandante
Jhonatan Mario Caballero Caero y MINISTERIO PÚBLICO
Demandado
Ricardo Nogales Zambrana y Sergio Nogales Zambrana
Proceso
Lesiones graves y leves
Magistrado relator
Norma Velasco Mosquera
Tribunal Supremo de Justicia22 de julio de 2026AS/0175/2026Fuente oficial