Texto del fallo
O A JE TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA SALA PENAL AUTO SUPREMO N? 176/2026-RA Sucre, 09 de marzo de 2026 ANÁLISIS DE ADMISIBILIDAD
Proceso : Oruro 02/2024 Parte acusadora : Ministerio Público Parte acusada : Daniel Cabrera Machaca, Israel Callahuara Bello, Shirley
Peñaranda Rodríguez, Juan Carlos López Rojas, Dionicio Jarro
Jancko, Félix Flores, Rogelio Jarro Jancko y Veronica Yanina Soto
Uño Delito : Asesinato y Robo Agravado, arts. 252 y 332 del Código Penal (CP) l. VISTOS: Por memoriales de casación presentados el 9, 10 y 18 de octubre de 2023, los imputados Dionicio Jarro Jancko (fs. 2322 a 2379 vta.), Juan Carlos Flores Rojas (fs.
2529 a 2531), Daniel Cabrera Machaca (fs. 2533 a 2535), Israel Callahuara Bello (fs.
2537 a 2546) y Shirley Peñaranda Rodríguez (fs. 2548 a 2564), respectivamente;
impugnan el Auto de Vista 78/2023 de 28 de septiembre (fs. 2260 a 2302 vta.), pronunciado por la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro, dentro del proceso penal seguido en su contra por el Ministerio Público, por la presunta comisión de los delitos de Robo Agravado y Asesinato, previstos y sancionados por los arts. 332 incs. 1) y 2); y, 252 incs. 2), 3) y 6) del CP.
Ill. ANTECEDENTES ll.1. Sentencia.
Por Sentencia 2/2023 de 25 de enero (fs. 357 a 408), el Tribunal de Sentencia Penal Tercero del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro, declaró a Daniel Cabrera Machaca, Israel Callahuara Bello, Dionicio Jarro Jancko, Shirley Peñaranda Rodríguez y Juan Carlos López Rojas, autores de la comisión de los delitos de Asesinato y Robo Agravado, previstos y sancionados por los arts. 252 incs. 2), 3) y 6) y 332 incs. 1) y 2) del CP, imponiendo la pena de 30 años de presidio, sin derecho a indulto; siendo absueltos por el presupuesto del inc. 3) del art. 332 del CP.
li.2. Apelación restringida y Auto de Vista Contra la referida Sentencia, Dionicio Jarro Jancko (fs. 429 a 498), Juan Carlos Flores Rojas (fs. 485 a 488), Israel Callahuara Bello (fs. 490 a 493), Daniel Cabrera Machaca (fs. 483 a 497) y Shirley Peñaranda Rodríguez (fs. 599 a 659 vta.), formularon recursos de apelación restringida, resueltos por el Auto de Vista 078/2023 de 28 de septiembre (fs. 2260 a 2302 vta.), emitido por la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro, que declaró improcedentes los recursos planteados, siendo complementado por Auto Interlocutorio 082/2023 de 6 de octubre, a solicitud de la - co-acusada Shirley Peñaranda Rodríguez.
I1.3. Auto Supremo y Resolución Constitucional Contra el Auto de Vista 078/2023 de 28 de septiembre, los imputados Dionicio Jarro Jancko (fs. 2322 a 2379 vta.), Juan Carlos Flores Rojas (fs. 2529 a 2534), Daniel Cabrera Machaca (fs. 2533 a 2535 vta.), Israel Callahuara Bello (fs. 2537 a 2546) y Shirley Peñaranda Rodríguez (fs. 2548 a 2564), interpusieron recursos de casación, resueltos por el (fs. 2589 a 2597) que declaró inadmisibles los recursos interpuestos. Resolución que fue impugnada, mediante ¡Acción de Amparo Constitucional, por Daniel Cabrera Machaca y resuelta mediante Resolución Constitucional 188/2024 de 29 de octubre (fs. 2635 s 2640) emitido por la Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro que concedió la tutela al accionante y dejo sin efecto el citado Auto Supremo, bajo los siguientes fundamentos:
Insuficiente fundamentación en el , al haberse constatado que la decisión de inadmisión del recurso de casación no exteriorizó de manera clara, concreta y suficiente las razones jurídicas que justifiquen dicha remain En ese entendido, la ratio decidendi de la resolución constitucional radica en que, si bien el Tribunal de Casación tiene la potestad de verificar el cumplimiento de los presupuestos de admisibilidad del recurso extraordinario, así como de establecer la oncurrencia o no de los criterios de flexibilización, dicha facultad no puede ser jercida mediante afirmaciones genéricas o fórmulas dogmáticas, sino a través de una otivación materialmente suficiente, que explique de forma puntual por qué los Laravios expuestos carecen de claridad, precisión o carga argumentativa bastante para habilitar el examen de fondo. Además, que aún en los supuestos en los que el ecurrente no hubiera desarrollado con técnica recursiva óptima sus denuncias, Coresponda al Tribunal Supremo de Justicia exponer de manera fundada las razones
por las cuales consideraba que el recurso no contenía los elementos mínimos que
permitan su análisis por la vía de la flexibilización.
ll. RECURSOS DE CASACIÓN
lll.1 Del recurso de casación de Dionicio Jarro Jancko.
- a)Bajo el subtítulo de PRIMER FUNDAMENTO DEL RECURSO DE CASACIÓN VIOLACIÓN DEL DERECHO AL DEBIDO PROCESO PREVISTO EN EL ART. 115-11 de la CPE, EN SUS VERTIENTES: ACCESO A LA JUSTICIA Y EL PRINCIPIO DE LEGALIDAD;
CONSIGUIENTE VULNERACIÓN DE DERECHOS Y GARANTÍAS CONSTITUCIONALES (sic), alega que a tiempo de resolver el defecto de sentencia de errónea aplicación de la norma sustantiva, el Tribunal de Apelación asumió que la errónea aplicación de la Ley sustantiva opera cuando el Tribunal o Juez de Sentencia aplica erróneamente una determinada norma contenida en la Ley Sustantiva, haciéndose visible este defecto al momento del análisis intelectivo de adecuación de un hecho probado a la descripción típica del delito o cuando se interpreta de manera errada los términos o disposiciones que prevé la norma.
Argumentos que no serían evidentes, en razón a que en su recurso de alzada habría alegado que la errónea aplicación de la Ley sustantiva acontece en el proceso de subsunción de la conducta del acusado a los tipos penales, ocasionando la vulneración del debido proceso en sus vertientes de motivación y congruencia de la decisión, ... constituyendo el agravio a los efectos del presente motivo, la determinación de autoría de todos los acusados (incluido el recurrente sobre los hechos llevados a juicio ... (sic); por lo que, existiría violación del debido proceso en sus vertientes de acceso a la justicia y a la defensa y el principio de legalidad, pues la subsunción de la conducta del recurrente a los tipos penales acusados no contaría con elementos objetivos que sostengan esa afirmación, no se aportó elementos que generen certeza sobre la participación concreta del acusado; es decir, no se probó su autoría.
Señala también, que el Tribunal de Apelación afirmó que los argumentos de apelación mezclan la valoración probatoria y la errónea aplicación de los arts. 14 y 20 del CP, pretendiendo que la Sentencia explique y fundamente la coautoría y el dominio del hecho, sin explicar el apelante cuál el mecanismo para esa actuación pretendida; argumentos de alzada que el recurrente califica como incorrectos, pues en alzada habría sostenido que la participación conjunta de los acusados en el hecho punible fue argumentado bajo la supuesta realización de una misma y compleja operación delictiva con división de trabajo; conclusión que el apelante calificó de subjetiva y que tiene base en dos elementos concretos:
- a)Trabajo
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pericial de criminalística, planimetría y fotografías; y, b) La prueba pericial de telecomunicaciones y telemática; esta última que haría referencia a la interceptación de llamadas telefónicas; que la ratificación por parte del Tribunal de Apelación pone de manifiesto la no delimitación del elemento volitivo con el que actuó el acusado hoy recurrente, así como el animus necandi o el ánimus laendi, por lo que, en su criterio existe violación del derecho al debido proceso en sus vertientes de acceso a la justicia y a la defensa y el principio de legalidad, porque en los hechos sólo hay un solo protagonista; situación que no había sido analizada; señala que la aplicación que pretende es que el Tribunal Supremo de Justicia, aplicando de forma correcta y observando los preceptos jurídicos y la verdadera dimensión y alcance de los arts. 14 y 20 del CP haga que la Sentencia explique y fundamente el entendimiento cabal de la coautoría y el dominio del hecho, estableciendo qué elementos acreditan la planificación del hecho típico y la división del trabajo, fundamente en qué elementos basa la vinculación de los acusados sobre la resolución común, por lo que debe aplicar el art. 413 del CPP y anular la Sentencia ordenando la reposición del juicio.
- b)Bajo el título de SEGUNDO FUNDAMENTO DEL RECURSO DE CASACIÓN VIOLACIÓN DEL DERECHO AL DEBIDO PROCESO PREVISTO EN EL ART. 115-11 DE LA CPE, EN SUS VERTIENTES: DEBIDA MOTIVACIÓN Y FUNDAMENTACIÓN DE LAS RESOLUCIONES; CONSIGUIETNE VULNERACIÓN DE DERECHOS Y GARANTÍAS CONSTITUCIONALES (sic), alega que, el Tribunal de Alzada señaló que en la
coautoría funcional lo importante no es la realización de los elementos propios del tipo, sino la división de trabajo que permite la consumación final como el fallecimiento y sustracción de los bienes de la víctima; al respecto, como apelante manifestó que los autores son los que tienen la posibilidad de dejar seguir o interrumpir la ejecución de la acción típica, por lo que, es necesario resaltar las características de las figuras de autoría y coautoría; análisis al que debió circunscribirse la determinación de los intervinientes en el hecho, pero que no se analizó la coautoría y tampoco fue acreditada por los acusadores, existiendo una ausencia de proposiciones fácticas; razón por la cual, acusa que la Sentencia condenatoria no contiene una adecuada fundamentación, motivación y congruencia. En cuanto a la conclusión asumida por el Tribunal de Alzada en sentido de que la Sentencia fue correcta porque los acusados cometieron el delito con dolo y voluntad, planificando la comisión de los delitos, distribuyéndose tareas específicas; el apelante señala que esa conclusión no puede ser lírica y debió sustentarse en prueba suficiente y razonable, que en el caso de autos se fundó en dos elementos de prueba; al respecto, transcribe la y cita la que mencionaría que los elementos no limitativos del debido
proceso, el derecho a la valoración razonable de la prueba y la motivación, la cual no se hubiese efectuado en la Sentencia. Como aplicación que pretende, señala que el Tribunal de Casación haga que la Sentencia razone sobre el estado constitucional de inocencia, solicita se aplique el art. 413 del Código de Procedimiento Penal (CPP), anulando la Sentencia y ordenando la reposición del juicio por otro Tribunal.
- c)Bajo el acápite TERCER FUNDAMENTO DEL RECURSO DE CASACIÓN VIOLACIÓN DEL DERECHO AL DEBIDO PROCESO PREVISTO EN EL ART. 115-111 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO EN SUS VERTIENTES: DERECHO DE DEFENSA, CAUSANDO GRAVE ESTADO DE INDEFENCIÓN; CONSIGUIENTE VULNERACIÓN DE DERECHOS Y GARANTÍAS CONSTITUCIONALES. (sic), manifiesta que, la resolución del Tribunal de Apelación respecto a la notificación que se le hizo a efectos del cumplimiento del art. 340.11 del CPP, al no haber sido reclamado oportunamente fue convalidado, Es un argumento engañoso pues su derecho a la defensa material le fue coartado y que no se tomó en cuenta que el fin de la averiguación de la verdad histórica de los hechos conlleva ordenar la producción de cualquier prueba aún si la ofrecida es irregular o extemporánea, que la trascendencia de la incorporación de la prueba de defensa radica en que uno sólo de ellos o todos puede generar la absolución del apelante, esa trascendencia fue extrañada por el Tribunal de Apelación. Alega que lo señalado denota el nexo entre el debido proceso y el derecho a la defensa, explicando el alcance del mencionado derecho y cita la y -53 de 7 de mayo, señala que no se cumplió con los requisitos de una resolución como la determinación con claridad de los hechos atribuidos, la exposición clara de los aspectos fácticos pertinentes, describir los hechos contenidos en la norma aplicable al caso, la individualización de los medios aportados por las partes procesales, la valoración de los mismos, determinar el nexo causal entre las denuncias o pretensiones de las partes procesales; señaló que la aplicación que pretende es la observación de los preceptos jurídicos en su verdadera dimensión y alcance de los arts. 115 y 116 de la Constitución Política del Estado (CPE) y que haga que la Sentencia obedezca la efectivizarían plena de los derechos de las partes, y en aplicación del art. 413 del CPP, se anule la Sentencia y orden la reposición del juicio.
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