AS/0177/2025

Texto del fallo

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SALA PLENA

TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

<table style="margin:0 0 0 0;"><tbody><tr><td style="padding:0 720 0 720;">AUTO SUPREMO Nº

</td>

<td style="padding:0 720 0 720;">:177/2025

</td>

</tr>

<tr><td style="padding:0 720 0 720;">EXPEDIENTE Nº

</td>

<td style="padding:0 720 0 720;">:3/2025

</td>

</tr>

<tr><td style="padding:0 720 0 720;">PROCESO

</td>

<td style="padding:0 720 0 720;">:Homologación de Sentencia

</td>

</tr>

<tr><td style="padding:0 720 0 720;">PARTES

</td>

<td style="padding:0 720 0 720;">:Miguel Angel Oviedo Sainz contra Mirtha Rosado Carrasco.

</td>

</tr>

<tr><td style="padding:0 720 0 720;">MAGISTRADO TRAMITADOR

</td>

<td style="padding:0 720 0 720;">:Primo Martínez Fuentes.

</td>

</tr>

<tr><td style="border-width:0 0 100 0;border-color:#000000;padding:0 720 0 720;border-style:solid;mso-element:para-border-div;">FECHA

</td>

<td style="border-width:0 0 100 0;border-color:#000000;padding:0 720 0 720;border-style:solid;mso-element:para-border-div;">:03 de septiembre de 2025

</td>

</tr>

</tbody>

</table>

VISTOS EN SALA PLENA. La solicitud de Homologación de Sentencia presentada por Miguel Ángel Oviedo Sainz representada por Brita Mireya Loayza Fernández de la Sentencia de divorcio de 9 de enero de 2014, emitida por la Corte Superior de los Ángeles de Estados Unidos de América dentro del proceso seguido por el solicitante contra Mirtha Rosado Carrasco, la providencia de admisión de 5 de mayo de 2025, notificación mediante provisión citatoria, respuesta afirmativa a la homologación de divorcio, con salvedades y los antecedentes procesales de la solicitud.

CONSIDERANDO I: ANTECEDENTES DE LA SOLICITUD DE HOMOLOGACIÓN DE SENTENCIA.

Miguel Ángel Oviedo Sainz representado por Brita Mireya Loayza Fernández, solicita la Homologación de Sentencia de divorcio de 9 de enero de 2014 (fs. 17 a 21), emitida por la Corte Superior de los Ángeles de Estados Unidos de América dentro del proceso de divorcio, seguido por el solicitante contra Mirtha Rosado Carrasco (fs. 6 a 13).

A la solicitud de Homologación de Sentencia de divorcio, se adjunta la siguiente documentación:

<ul style="margin:0 0 0 0;padding:0 0 0 0;"><li style="margin:0 0 0 4800;">Certificado de Matrimonio de Miguel Ángel Oviedo Sainz y Mirtha Rosado Carrasco de 27 de enero de 1989 (fs. 14).

</li>

<li style="margin:0 0 0 4800;">Certificado de Nacimiento de Angela Victoria Oviedo Rosado de 15 de enero de 1990 (fs. 15).

</li>

<li style="margin:0 0 0 4800;">Certificado de Nacimiento de Caroline Aramy Oviedo Rosado de 9 de diciembre de 1992 (fs. 16)

</li>

<li style="margin:0 0 0 4800;">Sentencia de divorcio (original sin traducción), emitida por la Corte Superior de los Ángeles de Estados Unidos de América de 9 de enero de 2014 (fs. 8 a 13)

</li>

<li style="margin:0 0 0 4800;">Sentencia de divorcio (traducida), emitida por la Corte Superior de los Ángeles de Estados Unidos de América de 9 de enero de 2014 (fs. 6 a 7vta.)

</li>

</ul>

CONSIDERANDO II: MARCO LEGAL DE LA HOMOLOGACIÓN DE SENTENCIA

El Código Procesal Civil (CPC) respecto a la ejecución de las Sentencias dictas en el extranjero dispone lo siguiente: “Art. 502. (Efectos). Las sentencias y otras resoluciones judiciales dictadas en el extranjero tendrán en el Estado Plurinacional de Bolivia, efectos imperativos, probatorios y fuerza ejecutoria, con arreglo a lo que establezcan los tratados o convenios existentes y las disposiciones del presente Capítulo.

Art. 503. (Reconocimiento y ejecución).

<ol style="margin:0 0 0 0;padding:0 0 0 0;"><li style="margin:0 0 0 4800;">Las sentencias extranjeras, para su ejecución y cumplimiento, deberán ser reconocidas y ejecutadas en el Estado Plurinacional, si correspondiere, sin que proceda la revisión del objeto sobre el cual hubieren recaído.

</li>

<li style="margin:0 0 0 4800;">El reconocimiento es el acto o sucesión de actos procesales que tiene por objeto establecer si la sentencia extranjera reúne los requisitos indispensables de fondo y forma señalados en el presente Capítulo.

</li>

<li style="margin:0 0 0 4800;">La ejecución es el acto o sucesión de actos procesales que tiene por objeto el cumplimiento de las sentencias dictadas en el extranjero.

</li>

</ol>

Art. 504. (Principio de reciprocidad).

<ol style="margin:0 0 0 0;padding:0 0 0 0;"><li style="margin:0 0 0 4800;">Si no existiere tratado o convenio internacional suscrito con el país donde se dictó la sentencia cuya ejecución y cumplimiento se pretende, en vía de reciprocidad, se dará a ella la misma fuerza que se reconoce a las sentencias pronunciadas en el Estado Plurinacional de Bolivia.

</li>

<li style="margin:0 0 0 4800;">Si la sentencia hubiere sido dictada en un país donde no se ejecuten los fallos de autoridades judiciales bolivianas, tampoco podrá serlo en el Estado Plurinacional.

</li>

</ol>

Art. 505. (Requisitos de validez).

</li>

<li style="margin:0 0 0 4800;">La sentencia y documentación anexa se encuentren debidamente legalizadas conforme a la legislación boliviana, excepto que ella fuere remitida por vía diplomática o consular o por intermedio de las autoridades administrativas competentes.

</li>

<li style="margin:0 0 0 4800;">Se encuentren debidamente traducidas si fueren dictadas en idioma distinto al castellano.

</li>

<li style="margin:0 0 0 4800;">La autoridad judicial que expidió la sentencia, tenga jurisdicción en la esfera internacional para asumir conocimiento de la causa, de acuerdo con las normas de su propio derecho, excepto que la materia fuere de jurisdicción exclusiva de autoridades judiciales bolivianas.

</li>

<li style="margin:0 0 0 4800;">La parte demandada hubiere sido legalmente citada o emplazada de acuerdo con el derecho del tribunal sentenciador extranjero.

</li>

<li style="margin:0 0 0 4800;">Se hubieren respetado los principios del debido proceso.

</li>

<li style="margin:0 0 0 4800;">La sentencia tenga la calidad de cosa juzgada conforme al ordenamiento jurídico del país de origen.

</li>

<li style="margin:0 0 0 4800;">La sentencia no sea contraria al orden público internacional.

</li>

</ol>

</li>

<li style="margin:0 0 0 4800;">Para solicitar el reconocimiento y cumplimiento de una sentencia extranjera, se acompañarán los siguientes documentos:

</li>

<li style="margin:0 0 0 4800;">Copias legalizadas o autenticadas de las piezas necesarias del proceso que acrediten el cumplimiento de los numerales 5 y 6 del parágrafo anterior.

</li>

<li style="margin:0 0 0 4800;">Certificación franqueada por autoridad competente que acredite la ejecutoria de la sentencia.”

</li>

</ol>

</li>

</ol>

CONSIDERANDO III: TRAMITACIÓN Y RESOLUCIÓN DEL CASO.

Una vez conocida la solicitud de Homologación de Sentencia de divorcio en el extranjero, se dispuso la citación mediante provisión citatoria (fs. 34), habiéndose notificado legalmente a Mirtha Rosado Carrasco, el 9 de julio de 2025 (fs. 85).

Mirtha Rosado Carrasco, mediante memorial de 24 de julio de 2025 (fs. 186 a 191 vta.), responde afirmativamente a la Homologación de Sentencia de divorcio, con las siguientes salvedades: a) El solicitante, no asumió los gastos de manutención y profesionalización de las hijas del matrimonio; b) El pago de los beneficios sociales, sueldos devengados y otras cargas laborales fue asumido por Mirtha Rosado Carrasco en ausencia del solicitante de los emprendimientos realizados en vigencia del matrimonio; c) Reserva de iniciar el proceso judicial correspondiente respecto a la liquidación, división y partición de los bienes gananciales adquiridos durante el matrimonio.

Revisada la documentación adjunta a la solicitud de Homologación de Sentencia de divorcio dictada en el extranjero, se concluye que, la Sentencia de divorcio de 9 de enero de 2014 dictada por la Corte Superior de los Ángeles de Estados Unidos de América, resolvió de la siguiente forma: “(…) LAS ORDENES JUDICIALES, QUE COMPARECEN POR CAUSA JUSTIFICADA. 4a. Se dicta sentencia de disolución, se pone fin al estado civil o de pareja de hecho y las partes vuelven a la condición de personas solteras en: 9 de enero de 2014", habiendo adquirido firmeza porque no presento apelación, ni oposición, es más el proceso de divorcio se siguió en rebeldía de la parte demandada de acuerdo a la legislación de Estados Unidos de América.

Ahora bien, resulta necesario determinar que, la solicitud de Homologación de Sentencia de divorcio, cumpla con los requisitos de validez previstos en el art. 505 del CPC al no existir ningún tratado de ejecución y eficacia de sentencias entre el Estado Plurinacional de Bolivia y Estados Unidos de América; en ese orden, se tiene que, realizar las siguientes disquisiciones de hecho y derecho:

<ol style="margin:0 0 0 0;padding:0 0 0 0;"><li style="margin:0 0 0 4800;">Al tenor del art. 505 de parágrafo I subnumerales 1 a 3 del CPC, se exige: la legalización, autenticación y traducción de la sentencia que se quiere otorgar fuerza ejecutoria, con respecto a estos requisitos, Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia, los considera cumplidos, puesto que, se presenta la Sentencia de divorcio de 9 de enero de 2014, emitida por la Corte Superior de los Ángeles de Estados Unidos de América (fs. 6 a 13), debidamente apostillados, en testimonio y en documento y firma digital cumpliendo los requisitos de legalización y autentificación de la sentencia a otorgar fuerza ejecutoria dentro de la jurisdicción nacional y además debidamente traducida.

</li>

<li style="margin:0 0 0 4800;">Asimismo, conforme al art. 505 parágrafo I subnumerales 4 a 8 del CPC exigen adicionalmente las siguientes condiciones:

</li>

</ol>

1) La autoridad judicial que expidió la sentencia, tenga jurisdicción en la esfera internacional para asumir conocimiento de la causa, de acuerdo con las normas de su propio derecho, con respecto a esta exigencia, este Tribunal Máximo de Justicia, lo considera efectuado, en razón a que, la Sentencia de divorcio de 9 de enero de 2014 (fs. 6 a 13), pronunciada por la Corte Superior de los Ángeles de Estados Unidos de América claramente expresa, que se sustenta en el Código de Familia de California, por consiguiente, queda comprobada la competencia nacional para emitir la sentencia a homologar.

2) La parte demandada hubiere sido legalmente citada o emplazada de acuerdo con el derecho del tribunal sentenciador extranjero, esta condición se considera ejecutada, debido a que, el proceso se prosiguió en rebeldía de la demandada y expresamente Mirtha Rosado Carrasco en su escrito de respuesta a la solicitud de homologación de sentencia de divorcio (fs. 186 a 191 vta.) señala: “(…) solicita se tenga por respondida en sentido afirmativo la solicitud de homologación de la sentencia de divorcio por autoridad extranjera, reconocimiento únicamente sus efectos disolutorios del vinculo matrimonial en el Estado Plurinacional de Bolivia (…)”.

3) Se hubieren respetado los principios del debido proceso, sobre este requisito, la jurisprudencia constitucional, constituida en la Sentencia Constitucional N° 1439/2013 de 19 de agosto, ha establecido que el debido proceso en su triple dimensión como derecho, principio y garantía, en la primera dimensión unido al valor justicia es cumplimiento estricto tanto de la Ley sustantiva y adjetiva, formal y materialmente, así lo determina la mencionada Sentencia Constitucional Plurinacional que determina: “(…) En similar sentido se pronunció la SC 0086/2010-R de 4 de mayo, que sostuvo que: «…el debido proceso, consagrado en el texto constitucional en una triple dimensión, en los arts. 115.II y 117.I como garantía, en el art. 137 como derecho fundamental y en el art. 180 como principio procesal; y, en los arts. 8 del Pacto de San José de Costa Rica y 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP), como derecho humano…»’ (…) En ese sentido la SC 1756/2011-R de 7 de noviembre señaló que: ‘En mérito a lo anteriormente desarrollado, y tomando en cuenta el nuevo entendimiento asumido por el Tribunal Constitucional mediante su jurisprudencia, es necesario concluir recalcando que este derecho fundamental no se satisface solamente con el cumplimiento mecánico de las reglas formales, sino que tiene una naturaleza protectora de fondo, es decir, que si bien es importante el tratar de que se logre el objetivo de llevar adelante un proceso -sea este administrativo o judicial- sin errores formales, es aún más importante, si cabe el término, el velar por un orden justo, o mejor dicho en otras palabras, velar por la justicia material’ (…). Este entendimiento consiste básicamente en el papel que debe desempeñar el juez o del tribunal colegiado que tiene por especial misión el administrar la jurisdicción constitucional, dentro de su tarea de velar por la protección de los derechos fundamentales reconocidos en la Constitución Política del Estado, por lo que tendrá casos especiales en los que se tendrán que evaluar el cumplimiento del debido proceso formal y material, en los que posiblemente, los hechos denunciados se acomoden dentro de las leyes y estatutos que normen este tipo de situaciones, es decir, que las autoridades demandadas hayan cumplido con la normativa aplicable al caso, entonces nos encontramos con un debido proceso formal, sin embargo, si del análisis se establece que dicha normativa es de por si restrictiva de los derechos de defensa, o vulnere la seguridad jurídica de la administración de justicia y de los propios accionantes, entonces el juzgador deberá conceder la tutela precautelando sobre todo el orden justo y el debido proceso material’ (…). Del desarrollo jurisprudencial precedente, concluimos que la garantía del debido proceso, conlleva el cumplimiento de formalidades legales, procesales establecidas en una determinada disposición, norma, reglamento por parte de la autoridad jurisdiccional, administrativa, legislativa. Pues la observancia de la normativa procedimental es base de la seguridad jurídica dentro de un Estado por lo que los órganos legislativos tienen la responsabilidad de enmarcar sus actos conforme a las normas procesales reglamentarias”. De tal forma, que se considera ejecutado, el principio del debido proceso, al haberse aplicado al proceso de divorcio seguido en Estados Unidos de América, el Código de Familia de California, vigente en la legislación interna del citado Estado.

4) La sentencia tenga la calidad de cosa juzgada conforme al ordenamiento jurídico del país de origen, esta condición se considera efectuada, puesto que, que la sentencia extranjera a ejecutar dentro de la jurisdicción nacional, expresamente señala en su última parte: “(…) Cada uno de los anexos de esta sentencia se incorpora a esta sentencia, y se ordena a las partes cumplir con las disposiciones de cada una de ellas. Se reserva la competencia para dictar las demás providencias que sean necesarias para la ejecución de la presente sentencia”.

5) La sentencia no sea contraria al orden público internacional. La contradicción de la sentencia con el orden público internacional en el ámbito del derecho internacional privado, se define, como la contradicción de la ley sustancial extranjera que se utiliza para resolver el conflicto jurídico en la sentencia extranjera a homologar, por ir está en contravención a los principios y reglas del Estado donde se va a homologar y ejecutar la sentencia, con base en la anterior definición, se considera cumplido el citado requisito en el presente caso, debido a que, la jurisprudencia constitucional, ha definido qué debe entenderse por orden público, así se deduce de la Sentencia Constitucional Nº 779/2005-R de 8 de julio, que establece que el orden público son las libertades y garantías constitucionales fundamentales y que tienen un límite en la Ley (principio de reserva legal), en ese sentido, la Sentencia de divorcio de 9 de enero de 2014, emitida la Corte Superior de los Ángeles de Estados Unidos de América (fs. 6 a 13), no contraviene las libertades, derechos y garantías fundamentales establecidas en la Constitución Política del Estado y tampoco infringe las prescripciones del Código de las Familias y del Proceso Familiar (Ley 603 de 19 de noviembre de 2014), es más, en el Código de las Familias y del Proceso Familiar se encuentra prescrito el proceso de divorcio con convenio regulador en el art. 210 parágrafo I y en caso de no haberse resuelto la división y partición de bienes gananciales, es competente el Juez Público de Materia Familiar de conformidad al art. 421 inc. c) del Código de las Familias y del Proceso Familiar.

<ol style="margin:0 0 0 0;padding:0 0 0 0;"><li style="margin:0 0 0 4800;">Asimismo, es necesario señalar que, al haber Mirtha Rosado Carrasco respondido afirmativamente a la Homologación de Sentencia de Divorcio, con salvedades mediante memorial de 24 de julio de 2015 (fs. 186 a 191 vta.), todas las objeciones propuestas y especialmente la división y partición de bienes gananciales podrán ser resueltas, en un proceso ordinario posterior por el Juez Público de Materia Familiar de conformidad al art. 421 inc. c) del Código de las Familias y del Proceso Familiar.

</li>

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Texto del fallo

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