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TSJReiteradora

AS/0180/2019

Tribunal Supremo de Justicia
27 de febrero de 2019Civil

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DAÑO EMERGENTE Y LUCRO CESANTE/El daño…

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Resumen del caso

Derecho Civil / Derecho Procesal Civil / Elementos comunes de procedimiento / Judicatura civil / Competencia / Material

La entidad aduanera, observa que al disponerse la actualización del monto por el daño, el Auto de Vista no señaló de qué manera los principios de igualdad e imparcialidad concurren y son aplicables para ese efecto, por lo que no se advierte el modo de dicha actualización ya que esta debería realizar…

Proceso
Daños y Perjuicios.

Vista de texto de la resolución.

Texto del fallo

TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

S A L A C I V I L

Auto Supremo: 180/2019

Sucre: 27 de febrero de 2019

Expediente: O-29-17-S

Partes: Import Export Disbollantas Ltda. c/ Aduana Nacional de Bolivia.

Proceso: Daños y Perjuicios. Distrito: Oruro.

VISTOS: El recurso de casación de fs. 1555 a 1570 vta., interpuesto por Oscar Daniel Arancibia Bracamonte – Gerente Regional Oruro de la Aduana Nacional; Jose Alberto Rodriguez Mollinedo; Patricia Trujillo Caviades y Ruben Ayala Veizaga, en representación de Marlene Daniza Ardaya Vasquez – Presidenta Ejecutiva a.i. de la Aduana Nacional de Bolivia; contra el Auto de Vista 84/2017 de 24 de julio de fs. 1505 a 1527 vta., y su auto complementario de fs. 1531; pronunciado por la Sala Civil Segunda del Tribunal Departamental de Oruro, dentro del proceso ordinario sobre pago de daños y perjuicios, seguido por Import Export Disbollantas Ltda., representada por Grover Peña Crespo y Gaston Galarza Gatica en contra de la institución recurrente; la respuesta al recurso de casación de fs. 1574 a 1584; el Auto de Concesión de fecha 30 de agosto de 2017 cursante a fs. 1585; el Auto Supremo de Admisión de fs. 1590 a 1591; El Auto Constitucional JPF2 Nº 12/2018 de fecha 18 de octubre de 2018, visible en fs. 1652 a 1658 vta., repetido en 1688 a 1691; los demás antecedentes procesales; y:

CONSIDERANDO I:

ANTECEDENTES DEL PROCESO

Que, el Juez Publico Civil y Comercial Nº 1 de la ciudad de Oruro, pronunció la Sentencia Nº 90/2016 de fecha 19 de septiembre, y su auto complementario cursante de fs. 1386 a 1403, por las que declara: PROBADA la demanda de fs. 48 a 62, reiterada en fs. 110 a 118 de obrados.

Resolución de primera instancia que fue apelada por Grover Peña Crespo y Gaston Galarza Gatica por la empresa Import Export Disbollantas Ltda., mediante el escrito que cursa en fs. 1408 a 1410; y por Oscar Daniel Arancibia Bracamonte – Gerente Regional Oruro de la Aduana Nacional; Jose Alberto Rodriguez Mollinedo; Patricia Trujillo Caviades y Ruben Ayala Veizaga, en representación de Marlene Daniza Ardaya Vasquez – Presidenta Ejecutiva a.i. de la Aduana Nacional de Bolivia, mediante el escrito de fs. 1413 a 1424, a cuyo efecto la Sala Civil Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro, mediante el Auto de Vista 84/2017 de fecha 24 de julio, obrante de fs. 1505 a 1527 vta., y su auto complementario de fs. 1531, CONFIRMÓ la Sentencia antes mencionada, señalando los siguientes extremos:

- El procedimiento contravencional con Vista de Cargo AN-GRGR-UFIOR-VC-Nº 009/2016 de 07 de enero de 2016, no es objeto de la presente demanda de resarcimiento de daños y perjuicios, y en realidad la presente acción versa sobre la existencia de un procedimiento penal indebido, injustificado, denunciado a instancias de personeros de la Aduana Nacional Regional Oruro, proceso penal iniciado el 2011 y concluido en la vía jurisdiccional con el auto definitivo de incompetencia el 2015, por no existir delito y presuntamente tratarse de una contravención correspondiendo su conocimiento a la vía administrativa, sin que la Aduana pueda atribuir la responsabilidad a las autoridades del Ministerio Publico o del órgano jurisdiccional, puesto que en obrados se constata que la Aduana no solo fue quien presentó la denuncia, sino también presento querella, y acusación particular, de ahí que al tratar de responsabilizar a otras instituciones por su obrar deficiente no hace tutelable su agravio.

- Por la conducta negligente de los funcionarios de la Aduana se sustancio el proceso penal, y ésta fue precisamente la que causó el daño en la mercancía comisada, daño que debe ser reparada por quien la hubo ocasionado, situación que nada tiene que ver con el proceso administrativo que se viene tramitando por la presunta omisión tributaria, misma que corresponderá su curso en resguardo de los intereses del Estado Boliviano, conforme orienta el .

- La parte demandada trata por todo lado evadir su responsabilidad, ingresando inclusive en la incongruencia e inconsistencia de sus pretensiones, pues solo si se considera responsable correspondería argüir la supuesta eximente de responsabilidad por culpa de la víctima; así como tampoco constituye eximente que el demandante no haya activado los recursos necesarios para recuperar y/o buscar resguardo de su mercancía, cuando éste si realizó su petición en las instancias correspondientes, sin embargo dicho pedido fue denegado, de ahí que no se pueda considerar que se pueda eximir de la obligación a la Aduana Nacional Regional Oruro.

- El accionante basó su pretensión en aplicación del art. 984 del CC y el art. 113 de la CPE, por lo que el supuesto agravio respecto a la improponibilidad fue superado por el Auto de Vista Nº 14/2016 de 14 de marzo, en la que se estableció parámetros claros relativos a la procedibilidad de la presente demanda; por otra parte la supuesta falta de legitimación no constituye un argumento para nada leal a los datos del proceso, toda vez que en el cuaderno se establece la participación activa de la Aduana en todas las instancias procesales del proceso penal que fue iniciado injustamente al ahora demandante.

- En cuanto a la incorrecta apreciación de la nota Cite DIRANB Nº 73/2014, no corresponde realizar mayor fundamentación que la señalada por el juez de primera instancia quien se limitó a valorar la resolución emitida por el Tribunal de Sentencia Nº 1, que toma dicha nota como base para la decisión de declarar probada la excepción de incompetencia, resolución que al no ser impugnada por la parte ahora demandada fue debidamente ejecutoriada, es más al ser presentada como prueba esta no fue objetada por la parte hoy apelante, de ahí que se puede colegir que las instancias superiores de la Aduana son concientes del actuar negligente y culposo de los funcionarios de la Aduana Nacional Regional Oruro.

- En lo relativo a la falta de valoración de la prueba, la prueba pericial fue valorada en el marco del principio de congruencia interna y externa, asumiendo el juez el monto menor que fue pretendido por la parte demandante, con relación a la confesión provocada y la inspección judicial, estas fueron valoradas bajo el principio de verdad material, no correspondiendo al Tribunal de alzada nueva valoración por el principio de inmediación, pues tampoco la parte apelante refiere el modo de la supuesta falta de valoración.

- Con relación a la errónea determinación del lucro cesante, el apelante es reiterativo al señalar que aún está pendiente de resolución la vía administrativa respecto a la existencia de tributos omitidos por lo que no es posible admitir el pago sobre posibles beneficios del actor con la venta de su mercancía, cuando esta no ha terminado de ingresar legítimamente a nuestro Estado, al respecto reitera que la demanda tiene como fundamento base de su admisibilidad la existencia de un hecho ilícito como emergencia de haberse promovido injustificadamente una acción penal que duro más de cuatro años, tiempo que pese a las solicitudes de la parte demandante a objeto de la devolución de mercancía le fueron negadas, he ahí la objetividad del daño emergente y el lucro cesante.

- Termina expresando las consideraciones pertinentes sobre el recurso de apelación en efecto diferido y el recurso de apelación de la parte demandante (que no es recurrida en casación).

Fallo de segunda instancia que fue impugnada mediante el recurso de casación que cursan en fs. 1555 a 1570 vta., interpuesto por Oscar Daniel Arancia Bracamonte; Jose Alberto Rodriguez Mollinedo; Patricia Trujillo Caviades y Ruben Ayala Veizaga, en representación de Marlene Daniza Ardaya Vasquez – Presidenta Ejecutiva a.i. de la Aduana Nacional de Bolivia; recurso que tras ser considerado, este Tribunal de Casación, dispone Casar en parte el referido Auto de Vista.

Contra la referida resolución Suprema, la parte recurrente interpuso acción de amparo constitucional, la cual fue resuelta mediante el , donde el Tribunal de garantías concedió en parte la tutela solicitada y en ese marco se dispuso que este Tribunal ingrese a considerar nuevamente el referido recurso de casación (únicamente en cuanto a uno de sus reclamos).

CONSIDERANDO II:

DEL CONTENIDO DEL RECURSO DE CASACIÓN

1. Acusa la errónea interpretación de la ley sobre las causales eximentes de responsabilidad y la errónea interpretación de la jurisprudencia (), denunciando ausencia de motivación en el punto 9.3 del Auto de Vista, en sentido de no haberse tomado en cuenta los argumentos de defensa concernientes a la ausencia de culpa, o dicho de otra manera a la culpa de la víctima como causal de eximente de responsabilidad introducida en el art. 996 del CC (aplicable por analogía), que en el presente caso acontecen por dos situaciones concretas;

  1. i)el hecho de haber existido omisión de tributos que hace que el operador de comercio exterior se auto exponga a las consecuencias, sea como delito o contravención;
  2. ii)así como por su inactividad o desidia para recuperar y/o buscar resguardo de su mercancía, por lo que no existiría nexo o vinculo de causalidad entre el presunto daño y la culpa que se le atribuye a la institución.

2. Refiere que el actuar de la administración aduanera se enmarca en los arts. 66 y 100 del Código Tributario, emitiendo actos administrativos correspondientes al proceso de control diferido establecidos en la Resolución de Directorio Nº 01-004-09 de 12 de marzo de 2009, en virtud de la cual, así como lo dispuesto por el art. 80 de la Ley General de Aduanas, estaba prevista la retención de mercancía ante a existencia de observaciones en el control diferido, razón por la que no existiría el hecho ilícito acusado, puesto que todas las actuaciones de la Aduana estarían enmarcadas en la norma vigente y ello en defensa de los tributos del Estado ante la importación de mercancías sin que exista el pago total de tributos (situación vigente mientras no se demuestre lo contrario), aspectos que no habrían sido tomadas en cuenta por el Tribunal de alzada.

3. Denuncia error de hecho en la apreciación de la prueba, señalando que en el proceso judicial se ha adjuntado prueba documental que demuestra que existe un procedimiento administrativo inconcluso, empero el Tribunal de apelación no ha establecido la existencia de este proceso que afecta a la presente causa, toda vez que no es viable la determinación de daños existiendo cuestiones pendientes, como la determinación de la existencia de tributos omitidos, que en todo caso afectan al fondo del proceso, pues a través de esta determinación se podrá establecer la existencia del ilícito tributario, y no es correcto dividir el proceso en dos fases (judicial y administrativa), porque se trata de un solo control diferido que no amerita división al no haber existido nulidad de actuados a tiempo de la declinatoria de competencia, por lo que primero debe concluir este procedimiento para que el operador pueda optar por otras vías en una supuesta pretensión de resarcimiento.

4. Señala que no es competencia de la Aduana la admisión y la tramitación de los procesos penales, tampoco el retardo de los mismos, por lo que no se puede argüir el daño ocasionado, cuando ha sido el Ministerio Publico y el Órgano Jurisdiccional quienes han dado el trámite correspondiente al proceso, en cuyo entendido si el actor creyó la inexistencia del delito, debió plantear la incompetencia al inicio del trámite y no recién la gestión pasada (2015), ya que dicha excepción pudo ser planteada en cualquier etapa del proceso conforme establece el art. 46 del CPC, Ley Nº 1990.

5. Sostiene que se ha otorgado el pago del lucro cesante en favor del actor, sin tomar en cuenta que se encuentra pendiente la resolución firme sobre la existencia de tributos omitidos, en consecuencia no es posible admitir el pago de los posibles beneficios del actor con la venta de su mercancía, cuando esa mercancía no ha terminado de ingresar legítimamente a nuestro Estado, es decir que no puede existir la privación de ganancias legitimas cuando nos encontramos con omisión de pago de tributos (situación que no está terminando de ser desvirtuada por el sujeto pasivo).

6. Reclama la errónea apreciación de la Nota Cite: DIRANB Nº 73/2014, señalando que no se trata de una nota que tenga la facultad de decidir la existencia de delitos o el incumplimiento de funciones de los funcionarios públicos, pues estas calificaciones son propias del juzgador del proceso penal (en el primer caso) y fruto de un proceso administrativo (en el segundo caso), por lo que no se podría asumir una decisión en virtud de dicha nota al no tratarse de una resolución o algo similar, ni contar con la firma de la Presidenta Ejecutiva (conforme dispone el art. 35 de la LGA), aspectos que el juzgador no habría valorado en la Sentencia ni su auto complementario.

7. Imputa error u omisión en la apreciación de la prueba pericial, en sentido de que la pericia de fs. 1344 a 1348 ha sido elaborada con los mismos criterios del peritaje de la parte actora, que solo toma en cuenta los estados financieros de la gestión 2011 en adelante, sin realizar una comparación con el porcentaje de gestiones anteriores; así también observa la valoración de la confesión provocada, señalando que este medio probatorio hace evidente que el demandante no solicitó formalmente la devolución de su mercancía; por otra parte cuestiona la apreciación de la inspección judicial que daría cuenta que la mercancía del actor se hallaba en custodia de la Almacenera Boliviana ALBO, que en consecuencia sería responsable de la mala conservación de dicha mercancía; finalmente señala que la prueba por informe de fs. 1010 a 1014, establece los fundamentos de la retención de la mercancía.

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Datos del proceso

Demandante
Import Export Disbollantas Ltda.
Demandado
Aduana Nacional de Bolivia.
Proceso
Daños y Perjuicios.
Magistrado relator
Juan Carlos Berrios Albizu
Tribunal Supremo de Justicia27 de febrero de 2019AS/0180/2019Fuente oficial