Texto del fallo
TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA SALA PENAL AUTO SUPREMO N 0184/2026-E Sucre, 3 de marzo de 2026 EXCEPCIÓN DE EXTINCIÓN DE LA ACCIÓN PENAL POR DURACIÓN MÁXIMA DEL PROCESO
Proceso : La Paz 374/2025
Parte acusadora : Ministerio Público y AAA?
Parte acusada : Jhonny Ortiz Ortiz
Delitos : Violencia Familiar o Doméstica, art. 272 Bis.1 del Código Penal (CP) Por memorial presentado el 8 de diciembre de 2025, de fs. 1277 a 1289 y a fs. 1298 y vta., Jonny Ortiz Ortiz opone extinción de la acción penal por duración máxima del proceso, dentro del proceso penal seguido en su contra por el Ministerio Público y AAA, por la presunta comisión del delito de Violencia Familiar o Doméstica, previsto y sancionado por el art. 272 Bis.1 del CP Il. ARGUMENTOS DE LA EXCEPCIÓN DE EXTINCIÓN DE LA ACCIÓN PENAL POR DURACIÓN MÁXIMA DEL PROCESO l.1 Argumentos de la excepción opuesta El excepcionista reconociendo y competencia de la autoridad jurisdiccional para resolver la excepción, citando la Sentencia Constitucional Plurinacional (SCP) 1061/2016-52 de 26 de octubre y el y amparándose en los arts. 27 inc. 10) y 133 del Código de Procedimiento Penal (CPP), así como 115 y 180 de la Constitución Política del Estado (CPE), 8.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH) y 14.3 del Pacto Internacional de Derechos Civiles (PIDCP), señala que el proceso penal excedió el plazo máximo de tres años sin existir sentencia condenatoria ejecutoriada; enfatiza que el cómputo debe iniciarse desde la notificación con la imputación formal realizada el 25 de abril 1 Art. 86.14 de la Ley 348, respecto al principio de confidencialidad, señala: Los órganos receptores de la denuncia, los funcionarios de las unidades de atención y tratamiento, los tribunales competentes y otros deberán guardar la confidencialidad de los asuntos que se someten a su consideración, salva que la propia mujer solicite la total o parcial publicidad. Deberá informarse previa y oportunamente a la mujer sobre la posibilidad de hacer uso de este derecho.
Art. 89. (RESERVA) de la Ley 348, señala: El proceso por hechos de violencia es reservado, salvo que la propia mujer, previa información, libre y oportuna, solicite la total o parcial publicidad. En todos los casos se mantendrá en estricta reserva el nombre de la víctima.
de 2021 y hasta la presentación de la excepción el 8 de diciembre de 2025, transcurrieron más de cuatro años, siete meses y catorce días, superando ampliamente el límite legal previsto por el art. 133 del CPP.
Arguye que nunca fue declarado rebelde, por lo que no corresponde suspender el cómputo del plazo, y que la mora procesal no le es atribuible, sino a las autoridades jurisdiccionales y al Ministerio Público. Que la finalidad de la extinción es evitar persecuciones penales indefinidas y garantizar el derecho a ser juzgado en un plazo razonable. invocando jurisprudencia constitucional y del Tribunal Supremo de Justicia que reconoce la procedencia de esta excepción cuando el retardo es atribuible a los órganos estatales.
Asimismo, desarrolla criterios jurisprudenciales para la procedencia de la extinción, indicando que deben valorarse factores como la complejidad del asunto, la conducta de las partes, el actuar de las autoridades y el funcionamiento de la Administración de Justicia. También, para el cómputo del plazo, únicamente deben descontarse las vacaciones judiciales.
Solicitó se declare FUNDADA la excepción de extinción de la acción penal por duración máxima del proceso y se declare extinguida la acción penal en su contra y se disponga el archivo de obrados.
l.2. Argumentos de respuesta a la extinción de la acción penal por duración máxima del proceso
Corrido en traslado la extinción opuesta, el Ministerio Público mediante memorial de fs. 1299 a 1302 vta., solicita se rechace la extinción solicitada, siendo que el incidentista no acreditó el cumplimiento de los requisitos del art. 133 del CPP, toda vez que, el cómputo del plazo es incorrecto porque no descuenta las dilaciones atribuibles al imputado, como suspensiones de audiencias, recursos dilatorios e inasistencias, además, el Ministerio Púbico actuó diligentemente, tampoco hubo vulneración al debido proceso, pues las demoras fueron ocasionadas por la conducta procesal del imputado y el trámite se desarrolló conforme a las garantías legales y constitucionales.
También el incidentista incumplió con su carga argumentativa y probatoria, al no demostrar la ausencia de responsabilidad en las dilaciones, la negligencia estatal, ni la falta de complejidad del caso, además de no presentar prueba documental idónea que respalde sus afirmaciones.
En conclusión, pide se declare INFUNDADA la extinción incursa.
A (94 ll. MARCO NORMATIVO Y JURISPRUDENCIAL SOBRE LA EXCEPCIÓN OPUESTA II.1. De la competencia de este Tribunal para resolver cuestiones incidentales referidas a la extinción de la acción penal La Sentencia Constitucional Plurinacional (SCP) 1061/2015-S2 de 26 de octubre, estableció el siguiente entendimiento: Pues bien, al estar fijados los entendimientos desarrollados precedentemente, los fundamentos de la , no constituyen argumentos suficientes para determinar que la única autoridad competente para asumir el conocimiento de los incidentes de extinción de la acción penal, sean las autoridades jurisdiccionales que emitieron la sentencia de primera instancia, sino que, en virtud a lo establecido por el art. 44 del CPP, el juez o tribunal que sea competente para conocer de un proceso penal, lo será también para decidir todas las cuestiones e incidentes que se susciten en el curso de su tramitación, así como para dictar las resoluciones respectivas y ejecutarlas. En este sentido, es menester dejar establecido que, la autoridad competente para asumir el conocimiento y resolver los incidentes de extinción de la acción penal, ya sea por duración máxima del proceso o por prescripción, es el juez o Tribunal donde radica la causa principal, así, si el planteamiento de la excepción se da en etapa de apelación o casación, las decisiones emergentes de las salas penales y del Tribunal Supremo de Justicia, en virtud los entendimientos plasmados precedentemente, pero fundamentalmente por la naturaleza de la etapa procesal, no admiten impugnación; en efecto, lo que se pretende es evitar las exageradas dilaciones que conllevan las peticiones y envíos de expedientes entre el Tribunal Supremo de Justicia y los tribunales o jueces conocedores de la causa principal, que a cuya postergado innecesariamente las decisiones oportunas en cuanto al fondo del consecuencia, muchos en casos, se han proceso se refiere, muchas veces por las comunicaciones inoportunas de los jueces y tribunales conocedores de la causa principal, como ocurrió en el caso analizado; asimismo, como se expresó, la interposición de los incidentes ante las prenombradas autoridades, en la práctica sirvió para paralizar el pronunciamiento de fondo, ya que inclusive, estando sorteada la causa, el máximo Tribunal de justicia ordinaria, se vio impedido de emitir la resolución mientras no esté resuelta la excepción ante el Juez de instancia, lo que sin duda constituye una clara vulneración de los derechos a ser juzgado dentro de un plazo razonable, de acceso a justicia y una afrenta a la vigencia del principio de celeridad y también de concentración de actos.
En este sentido, cuando el justiciable decida plantear extinción de la acción penal por duración máxima del proceso, deberá formularlo ante el Juez o Tribunal que conoce la causa principal; sin embargo, también es imperioso aclarar que, si el incidente fuere suscitado ante el Juez de Instrucción en lo Penal o, ante los Tribunales o Jueces de Sentencia Penal, sus decisiones efectivamente son impugnables, ya que la naturaleza de la etapa procesal así lo permite. El presente
entendimiento implica la reconducción de la línea jurisprudencial establecida en la a los entendimientos asumidos en la , que emergió de los razonamientos establecidos en las , , , 0105-R, 1365/2005-R y (las negrillas son del texto original).
l.2. Naturaleza jurídica de la extinción de la acción penal por duración máxima del proceso
La norma prevista por el art. 133 del CPP, establece que todo proceso tendrá una duración máxima de tres años contados desde el primer acto del procedimiento, salvo caso de rebeldía, por su parte el art. 27 inc. 10) del mismo cuerpo legal, establece que la acción penal se extingue por vencimiento del plazo máximo de duración del proceso; sin embargo, la aplicación de dichos preceptos legales por las autoridades jurisdiccionales, requiere en cada caso concreto de una valoración integral de varios factores que hacen a la defensa del debido proceso con relación al procesado, pero también al resguardo de las garantías jurisdiccionales que asisten a las otras partes procesales, ya sea Ministerio Público o el acusador particular (víctima), determinando y posibilitando de esa manera que la potestad de impartir justicia efectivice los principios ordenadores del sistema de Administración de Justicia.
Ahora bien, la valoración concurrente de los factores que deben ser considerados por el juzgador al momento de determinar la extinción de la acción penal, y que no esté supeditada única y exclusivamente al transcurso del tiempo, ha sido desarrollada por la jurisprudencia constitucional en la , que al efecto señala: Es importante recordar que la extinción del proceso penal por mora judicial tiene su base de sustentación en el derecho que tiene toda persona procesada penalmente a un proceso sin dilaciones indebidas, un derecho que forma parte de las garantías mínimas del debido proceso, consagrado por el art. 14.3.c) del Pacto Internacional de Derecho Civiles y Políticos y, art. 8.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos como un derecho a un proceso dentro de un plazo razonable, instrumentos normativos que forman parte del bloque de constitucionalidad, conforme ha determinado este Tribunal en su amplia jurisprudencia.
Empero, conforme ha definido este Tribunal Constitucional en su y su , la determinación de la extinción debe responder a una cuidadosa apreciación, en cada caso concreto, de los siguientes factores concurrentes al plazo previsto por la Ley:
- a)la complejidad del asunto, referida no sólo a los hechos, sino también a la cuestión jurídica;
- b)la conducta de las partes que intervienen en el proceso; y
- c)la conducta y accionar de las autoridades competentes, en este último caso para determinar si el comportamiento y accionar de las autoridades competentes
fue manifiestamente negligente dando lugar a un desenvolvimiento del proceso fuera de las condiciones de normalidad; en consecuencia, conforme se expresa en la doctrina y la jurisprudencia emanada de los órganos regionales de protección de los Derechos Humanos, como la Corte Interamericana de Derechos Humanos, se entiende por un proceso sin dilación indebida a aquel que se desenvuelve en condiciones de normalidad dentro del tiempo requerido y en el que los intereses litigiosos pueden recibir pronta satisfacción; de lo referido se infiere que este derecho se lesiona cuando el proceso penal no se desarrolla en condiciones de normalidad debido a la actuación negligente de las autoridades competentes, es decir, con un funcionamiento anormal de la administración de justicia, con una irregularidad irrazonable, dando lugar a que el proceso tenga una demora injustificada (negrillas agregadas).
Con relación a ello, la (moduladora) dejó claramente establecido que el plazo fatal y fijo, no puede ser considerado como único criterio para extinguir una causa por duración máxima del proceso, sino también debe ponderarse en forma concurrente los factores ya citados en la jurisprudencia constitucional glosada, efectuando un análisis para cada caso concreto, donde deberá analizarse si existen elementos suficientes que establezcan la extinción de la acción, como son la conducta de las partes que intervinieron en el proceso penal y de las autoridades que conocieron el mismo, aspectos que constituyen una omisión indebida por parte de los codemandados, sin soslayar que la situación de los Jueces y Tribunales bolivianos, así como del Ministerio Público no se encuentra sujeta únicamente a su propia voluntad sino a aspectos ajenos al propio órgano, como la falta de nombramiento oportuno de dichas autoridades, las frecuentes e intempestivas renuncias de funcionarios de esas reparticiones, así como otras circunstancias que inciden negativamente en el propósito encomiable de una pronta y oportuna administración de justicia. En consecuencia, corresponderá efectuar un estudio integral de los elementos que incidieron en la mora procesal, sin atentar contra la eficacia de la coerción penal favoreciendo a la impunidad.
I1.3. De la rebeldía, vacaciones judiciales y otras causales de interrupción y suspensión de plazos procesales en el cómputo de la extinción de la acción penal por vencimiento del plazo máximo de duración del proceso El primer párrafo del art. 133 del CPP en forma expresa determina que: Todo proceso tendrá una duración máxima de tres años, contados desde el primer acto del procedimiento, salvo el caso de rebeldía (énfasis añadido).
Como puede advertirse, la norma citada excluye al declarado rebelde del cómputo del plazo de duración máxima del proceso. Esta exclusión encuentra su explicación en el propio fundamento de la extinción de la acción penal, que no es otro que garantizar al imputado el derecho a que el proceso penal concluya dentro de un plazo razonable.
Efectivamente, no sería compatible con el fundamento anotado, ni la tendencia política criminal del Código de Procedimiento Penal boliviano, el incluir al declarado rebelde en la extinción de la acción penal por duración máxima del proceso dentro del plazo previsto por el art. 133 del CPP; toda vez que, en el caso de la rebeldía, es el propio imputado el que se coloca en estado de indefensión y provoca la dilación en la tramitación del proceso.
Por otra parte, con relación a la suspensión de plazos, corresponde acudir al , dictado por la Sala Penal Primera de la entonces Corte Suprema de Justicia, que estableció: (...) los plazos se suspenderán durante las vacaciones judiciales; tiempo que no se toma en cuenta para realizar el cálculo de la extinción de la acción penal por prescripción.
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