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TSJ

AS/0185/2026-EA

Tribunal Supremo de Justicia
4 de agosto de 2026Sala Penal
Proceso
Estafa

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Texto del fallo

AMY JE TRIBUNAL SUPREMO DE ¿USTICIA SALA PENAL AUTO SUPREMO N 0185/2026-EA EXCEPCIÓN DE EXTINCIÓN DE LA ACCIÓN PENAL POR DURACIÓN MÁXIMA DEL PROCESO Y ANÁLISIS DE ADMISIBILIDAD DEL RECURSO DE CASACIÓN Proceso: La Paz 689/2025 Parte acusadora: Ministerio Público y Mindale Baltazar Poma Parte imputada: Ondine Ivonne Justiniano Morales Delitos: Estafa, art. 335 del Código Penal (CP) Sucre, 9 de marzo de dos mil veintiséis Por memorial de casación presentado el 26 de noviembre de 2024, de fs. 454 a 462 vta., Ondine Ivonne Justiniano Morales, impugna el Auto de Vista 439/2023 de 4 de diciembre de fs. 438 a 446 vta., pronunciado por la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, dentro del proceso penal seguido en su contra por el Ministerio Público a instancias de Mindale Baltazar Poma, por la presunta comisión del delito de Estafa, previsto y sancionado por el art. 335 del CP; y por memorial presentado el 8 de diciembre de 2025, cursante de fs. 634 a 642, opone excepción de extinción de la acción penal por duración máxima del proceso.

I ACTOS PROCESALES VINCULADOS AL RECURSO DE CASACIÓN Ll.

SENTENCIA Por Sentencia 1/2022 de 17 de enero, de fs. 406 a 411, el Juzgado de Sentencia Penal Octavo del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, declaró a Ondine Ivonne Justiniano Morales, autora de la comisión del delito de Estafa, previsto y sancionado por el art. 335 del CP, imponiendo la pena de tres años de reclusión y multa de cien días a razón de 50 Bs. por día, más pago de costas, daños y perjuicios a la víctima, averiguables en ejecución de Sentencia.

I2.

APELACIÓN RESTRINGIDA Y AUTO DE VISTA Contra la referida Sentencia, la imputada Ondine Ivonne Justiniano Morales de fs. 417 a 419 vta., formuló el recurso de apelación restringida, resuelto por el Auto de Vista 439/2023 de 4 de diciembre de fs. 438 a 446 vta., pronunciado por la Sala Penal Primera del T ribunal Departamental de Justicia de La Paz, que declaró improcedente el recurso planteado y confirmó la Sentencia apelada.

II MOTIVO DEL RECURSO DE CASACIÓN La recurrente, denuncia que el Auto de Vista impugnado vulneró el derecho al debido proceso, en sus componentes debida fundamentación, motivación, congruencia y derecho a recurrir, al confirmar la Sentencia, sin responder de manera concreta el agravio relativo a la falta de fundamentación en la fijación judicial de la pena, toda vez que se le impuso tres años de privación de libertad por el delito de Estafa, sin explicar adecuadamente la aplicación de los arts.

37, 38, 39 y 40 del CP, ni considerar las atenuantes alegadas, como ser su primer delito, tener empleo, no contar con antecedentes ni Sentencia condenatoria previa. En ese sentido, acusa que el Tribunal de alzada respondió de forma aparente, mecánica y evasiva, sin ejercer control de logicidad sobre la Sentencia, incurriendo en infracción de los arts. 124, 398 y 399 del Código de Procedimiento Penal (CPP), configurándose el defecto absoluto previsto en el art. 169 inc. 3) del mismo cuerpo legal.

Invoca como precedente contradictorio, los Autos Supremos (AASS) 167/2013 de 13 de junio, 182/2014-RA de 13 de mayo, 495/2015RA-L de 13 de agosto, 65/2012-RA de 19 de abril, 118/2020-RRC de 29 de enero, 199/2013 de 11 de julio, 218/2014 de 4 de junio, 840/2016-RRC de 21 de octubre, 154/2018-RRC de 20 de marzo, 297/2012-RRC de 20 de noviembre, 6 de 26 de enero de 2007, 329/2016-RRC de 21 de abril, 68 de 27 de enero de 2007 y 346/2013 de 12 de agosto, así como las Sentencias Constitucionales (SSCC) 1075/2003-R, y la Sentencia Constitucional Plurinacional (SCP) 632/2012.

II DE LA EXCEPCIÓN DE EXTINCIÓN DE LA ACCIÓN PENAL POR DURACIÓN MÁXIMA DEL PROCESO HI.1.

Argumentos de la excepción opuesta

La excepcionista, estructura su planteamiento a partir de una relación cronológica de actuados en el siguiente orden legal:

Señala como punto de partida la imputación formal de 16 de marzo de 2020, indicando que fue notificada con dicho actuado el 3 de septiembre de 2020; posteriormente, menciona la notificación a coimputado el 6 de octubre de 2020, la emisión de la Resolución Cautelar 53/2021 de 8 de febrero de 2021, varios informes de Secretaría sobre la falta de provisión de fotocopias para la remisión de la apelación incidental, la Resolución 208/2021 de 11 de mayo de 2021, la devolución de obrados el 28 de junio de 2021 y la remisión al Juzgado de Sentencia Penal Octavo de La Paz el 21 de julio de 2021.

Sobre esa base, afirma que desde la imputación formal hasta la remisión al Juzgado de Sentencia transcurrió un año cuatro meses y seis días.

Luego, en relación con la fase de juicio, refiere que la primera audiencia fue suspendida el 7 de enero de 2022 por ausencia del Ministerio Público; posteriormente, se señaló audiencia para el 17 de enero de 2022 y se emitió la Sentencia 1/2022 el 20 de enero de 2022.

Con esos datos, sostiene que desde la imputación formal de 16 de marzo de 2020 hasta la Sentencia transcurrieron un año, diez meses y seis días, y que desde la emisión de la Sentencia hasta su notificación en marzo de 2022 transcurrió un mes y veintiún días.

El argumento central del incidente es que, desde la imputación formal de 16 de marzo de 2020 hasta la presentación del memorial el ocho de diciembre de 2025, habrían transcurrido aproximadamente cinco años y ocho meses de proceso, excediendo ampliamente el plazo máximo de tres años previsto por el art. 133 del CPP. La incidentista, sostiene que no fue declarada rebelde, por lo que, no existiría causal que justifique excluir el cómputo del plazo por rebeldía; además, afirma que no cuenta con Sentencia condenatoria ejecutoriada, por lo que considera plenamente viable la extinción de la acción penal.

En cuanto al fundamento jurídico, invoca el art. 27 inc. 10) del Constitución Política del Estado (CPP), que prevé la extinción de la acción penal por vencimiento del plazo máximo de duración del proceso, y el art. 133 de la misma norma, que establece que todo proceso tendrá una duración máxima de tres años, contados desde el primer acto del procedimiento, salvo el caso de rebeldía.

También relaciona su petición con el art. 115.1 y II de la Constitución Política del Estado (CPE), relativo a la tutela judicial efectiva, debido proceso, defensa y justicia pronta, oportuna y sin dilaciones; el art.

8.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, sobre el 3

derecho a ser oído dentro de un plazo razonable; y el art. 14.3.c del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, referido al derecho a ser juzgado sin dilaciones indebidas.

La incidentista, sostiene que la mora procesal no le es atribuible, sino al Organo Judicial y al Ministerio Público, señalando como elementos de demora la tramitación de la etapa preparatoria, la remisión de antecedentes, las incidencias vinculadas a la apelación incidental, la suspensión de audiencia por ausencia Fiscal y el tiempo transcurrido hasta la etapa actual. Bajo esa lógica, afirma que se afectaron la seguridad jurídica, el plazo razonable, la celeridad procesal y la finalidad del proceso penal, pues no puede mantenerse a una persona indefinidamente sometida a persecución penal.

También desarrolla el cómputo del plazo y sostiene que deben descontarse determinados periodos, como las vacaciones judiciales y la suspensión de actividades por la pandemia del COVID-19. Sobre las vacaciones judiciales, cita las y , los y -L de 22 de julio, señalando que el cómputo de la duración máxima debe efectuarse en tiempo corrido, con los descuentos que correspondan. Asimismo, refiere que por la pandemia deben descontarse 79 días, desde el 22 de marzo de 2020 hasta el 8 de junio de 2020; sin embargo, afirma que incluso efectuando esos descuentos el proceso continúa excediendo el plazo legal de tres años.

II.2.

Respuesta a la excepción formulada El Ministerio Público, sostiene que el plazo de tres años previsto por el art. 133 del CPP, Lo debe aplicarse de forma automática ni como simple cómputo aritmético, sino mediante una valoración integral de la complejidad del caso, la conducta de las partes y la conducta de las autoridades judiciales, conforme a la y al .

Afirma, que la excepcionista solo expuso cuadros cronológicos, pero no explicó de manera concreta qué actos fueron dilatorios, a qué autoridad serían atribuibles ni por qué el plazo resultaría irrazonable.

Además, señala que los tiempos identificados por la propia incidentista (un año, cuatro meses y seis días en etapa preparatoria, catorce días en juicio oral y un mes y veintiún días en notificación de Sentencia) suman aproximadamente un año, seis meses y diez días, por lo que no superarían los tres años del art. 133 del CPP.

También observa, que no corresponde computar de forma automática todo el tiempo desde el inicio del proceso, pues deben considerarse la

Crgano Judicial carga procesal de los juzgados, las vacaciones judiciales y el TECESO por la pandemia del COVID-19, además de que la parte excepcionista no habría presentado prueba idónea para acreditar la inexistencia de causales de suspensión o interrupción, incumpliendo la carga procesal prevista por el art. 314 del CPP, conforme al . Solicitando se declare infundada la excepción, debido a que, la incidentista no demostró una mora procesal superior al plazo legal, no individualizó actos dilatorios atribuibles al Organo Judicial o al Ministerio Público, ni acompañó prueba suficiente para sustentar la extinción solicitada.

IV MARCO NORMATIVO Y JURISPRUDENCIAL DE LA RESOLUCIÓN DEL RECURSO DE CASACIÓN El derecho a recurrir resulta una facultad inherente al ser humano, consagrado y reconocido en el sistema universal e interamericano de derechos humanos, Constitución Política del Estado (CPE), y ley ordinaria.

A la luz de lo establecido en los arts. 18 de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, 8 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, 8.2.h y 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos, se reconoce el derecho que tiene toda persona a un recurso sencillo, rápido y efectivo para hacer valer sus derechos ante jueces y tribunales competentes.

La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), dentro del caso Herrera Ulloa contra Costa Rica, Sentencia de 02 de julio de 2004, sostuvo que: La Corte considera que el derecho de recurrir del fallo es una garantía primordial que se debe respetar en el marco del debido proceso legal, en aras de permitir que una sentencia adversa pueda ser revisada por un juez o tribunal distinto y de superior jerarquía orgánica. El derecho de interponer un recurso contra el fallo debe ser garantizado antes de que la sentencia adquiera calidad de cosa juzgada. Se busca proteger el derecho de defensa otorgando durante el proceso la posibilidad de interponer un recurso para evitar que quede firme una decisión que fue adoptada con vicios y que contiene errores que ocasionarán un perjuicio indebido los intereses de una persona (sic).

Del mismo modo, en el Caso Barreto Leiva contra Venezuela, Sentencia de 17 de noviembre de 2009, la CorteIDH, estableció de forma categórica que: ... el derecho de impugnar el fallo busca proteger el derecho de defensa, en la medida en que otorga la posibilidad de interponer un recurso para evitar que quede firme una decisión

adoptada en un procedimiento viciado y que contiene errores que ocasionarán un perjuicio indebido a los intereses del justiciable.

El art. 180.II de la CPE, garantiza la impugnación como un principio en los procesos judiciales. El art. 394 del CPP, consagra el derecho a recurrir, señalando que: Las resoluciones judiciales serán recurribles en los Casos expresamente establecidos por este Código. El derecho de recurrir corresponderá a quien le sea expresamente permitido por ley, incluida la víctima aunque no se hubiere constituido en querellante.

Asimismo, el , precisó que: (...) se constituye no sólo en un derecho humano sino también en un principio, que debe ser observado en la administración de justicia, lo que importa, el deber de toda autoridad judicial de asegurarlo y garantizarlo en el curso de cualquier proceso sometido a su conocimiento, convirtiéndose, a su vez, en una garantía fundamental que debe ser otorgada por el Estado en la administración de justicia.

Por otra parte, el principio de reserva de ley, también conocido como principio de legalidad en sentido estricto, constituye un pilar fundamental dentro un sistema democrático. Su esencia radica en la exigencia de que ciertas materias, particularmente aquellas que inciden en derechos fundamentales o imponen restricciones a los mismos, sean reguladas exclusivamente por ley formal, emanada del órgano legislativo, depositario de la soberanía popular. En el ámbito del derecho procesal, y con especial énfasis en materia recursiva, este principio adquiere una trascendencia aún mayor, al erigirse como garante de la seguridad jurídica, la predictibilidad de las decisiones judiciales y la proscripción de la arbitrariedad.

De lo señalado, se infiere que ningún derecho fundamental tiene un carácter absoluto, pues ningún derecho, ni aún los de naturaleza o carácter constitucional, pueden considerarse como ilimitados!; sin embargo, al ser derechos de rango constitucional, pueden ser restringidos sólo mediante, o sobre la base, de normas con rango constitucional o de rango inferior al de la Constitución?.

! Sentencia 11/1981 de 08 de abril, Tribunal Constitucional de España, fundamento jurídico 7.

2 El jurista y filósofo del derecho Robert Alexy, con relación a las restricciones de rango constitucional, señala que, éstas pueden ser directamente constitucionales e indirectamente constitucionales. Respecto a este último, refiere que: Las restricciones indirectamente constitucionales son aquellas cuya imposición está autorizada por la Constitución. La competencia para imponer restricciones indirectamente constitucionales se expresa de manera clarísima en las cláusulas de reserva explícitas. Las cláusulas de reserva explícitas son aquellas disposiciones de derecho fundamental, o partes de disposiciones de derecho fundamental, que autorizan expresamente llevar a cabo intervenciones, restricciones o limitaciones. Alexy, R. (2012). Teoría de los Derechos Fundamentales. Centro de Estudios Políticos y Constitucionales.

En ese sentido, el constituyente boliviano consagró el principio de reserva legal en el art. 109.11 de la CPE estableciendo que: , Los derechos y sus garantías sólo podrán ser regulados por la ley. En consecuencia, el principio de impugnación consagrado en el art. 180.11 de la CPE, debe ser interpretado en concordancia con el principio de reserva legal, que implica que, el ejercicio del derecho a la impugnación o derecho a recurrir se encuentra sujeta a la regulación legal realizada por el legislador boliviano.

En mérito a lo expuesto, la casación se configura como un recurso extraordinario y excepcional, con una doble finalidad. Por un lado, busca la unificación de la jurisprudencia a nivel nacional; y, por otro, procura la efectiva aplicación del derecho objetivo, función doctrinalmente conocida como nomofiláctica o de salvaguarda de la ley.

El art. 416 del CPP preceptúa que, este recurso procede para impugnar Autos de Vista emitidos, por los ahora denominados, Tribunales Departamentales de Justicia (antes Cortes Superiores de Justicia), que contravengan otros precedentes dictados por las Salas Penales de dichos Tribunales o por la Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia. Por su parte, el art. 417 del mismo cuerpo legal, establece los requisitos que deben observarse para su interposición. El primero, de carácter temporal, exige su presentación dentro de los cinco días hábiles siguientes a la notificación con el Auto de Vista impugnado o, en su caso, con el Auto de Complementación, ante la Sala que pronunció la resolución objetada.

El segundo requisito concierne a su contenido, demandando la invocación de un precedente contradictorio al momento de la interposición del recurso de apelación restringida. No obstante, la simple mención y cita de dicho precedente resulta insuficiente, recayendo en el recurrente la carga procesal de explicitar, con claridad y precisión, la contradicción existente entre el Auto de Vista impugnado y el precedente invocado. En consecuencia, debe exponerse de manera fundada, la existencia de precedentes contradictorios entre la resolución judicial impugnada y otros precedentes, consistentes en Autos Supremos emitidos por la Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia o Autos de Vista pronunciados por las Salas Penales de los Tribunales Departamentales de Justicia, mediante la comparación de hechos análogos y de las normas aplicadas con interpretaciones jurídicas divergentes. Por consiguiente, resulta ineficaz la mera mención, invocación o transcripción del precedente, así como la argumentación subjetiva del recurrente sobre .

7

su parecer respecto a la resolución de la alegación, siendo imperativa la adecuación del recurso a la normativa legal.

Sobre la invocación de Sentencias Constitucionales como precedente contradictorio dentro de un recurso de casación, este Tribunal ha sido categórico en señalar, de manera uniforme, sobre la imposibilidad de fundar un recurso de casación en la contradicción existente entre el Auto de Vista recurrido y una Sentencia Constitucional. Así el , entre otros estableció: (...) Con relación a la temática planteada invocaron como precedentes contradictorios sentencias constitucionales y , las cuales versan sobre la no inpugnación de las resoluciones una vez que estas adquieren autoridad de cosa juzgada y la relacionada al principio de favorabilidad.

Se debe tener presente que las Sentencias Constitucionales, no cuentan con la calidad de precedentes contradictorios debido a que no se encuentra bajo los alcances del art. 416 del CPP; aspecto que hace inviable su consideración a efectos del contraste.

Conforme a lo anteriormente descrito, el incumplimiento de tales requisitos, acarrea la declaración de inadmisibilidad del recurso.

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Datos del proceso

Demandante
Mindale Baltazar Poma y Ministerio Público
Demandado
Ondine Ivonne Justiniano Morales
Proceso
Estafa
Magistrado relator
Carlos Eduardo Ortega Sivila
Tribunal Supremo de Justicia4 de agosto de 2026AS/0185/2026-EAFuente oficial