Texto del fallo
TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA SALA PENAL AUTO SUPREMO N 0186 /2026-EF Sucre, 9 de marzo de 2026 EXCEPCIÓN DE EXTINCIÓN DE LA ACCIÓN PENAL POR PRESCRIPCIÓN Proceso : Cochabamba 433/2025 Parte acusadora : Ministerio Público e Yigal Ada Sandoval Rodríguez Parte imputada : Haleth Gerania Gutiérrez Maita Delitos : Robo Agravado y Hurto arts. 332 y 326 del Código Penal (CP) Il. VISTOS: Por memorial presentado el 5 de diciembre de 2025 de fs. 268 a 270 vta., Haleth Gerania Gutiérrez Maita, opone excepción de extinción de la acción penal por prescripción, dentro del proceso penal seguido en su contra por el Ministerio Público e Yigal Ada Sandoval Rodríguez, por la presunta comisión de los delitos de Robo Agravado y Hurto previsto en los arts. 332 y 326 del CP.
Il. ARGUMENTOS DE LA EXCEPCIÓN DE EXTINCIÓN DE LA ACCIÓN PENAL POR PRESCRIPCIÓN Haleth Gerania Gutiérrez Maita interpone excepción de extinción de la acción penal por prescripción dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público e Yigal Ada Sandoval Rodríguez, señalando que inicialmente fue procesada por el delito de Robo Agravado, pero posteriormente condenada por el delito de Hurto Agravado previsto en el art. 326 del CP.
Como antecedente de la denuncia, la recurrente refiere que el hecho investigado ocurrió el 15 de noviembre de 2019, iniciándose la acción penal el 16 de noviembre del mismo año, señala que, no obstante de ello, fue condenada mediante Sentencia 25/2023 de 28 de abril, a la pena de dos años y tres meses de privación de libertad; añadiendo que, computado el tiempo transcurrido desde la media noche desde la primera fecha hasta la interposición del presente recurso, habrían transcurrido seis (6) años y seis (6) días. Sobre esa base sostiene
que, de conformidad con el art. 30 del CPP, el término de la prescripción debe computarse desde la medianoche del día en que se cometió el hecho punible, es decir, desde el 15 de noviembre de 2019. Asimismo, argumenta que el delito de Hurto Agravado tiene prevista una pena máxima de cinco años de privación de libertad, por lo que considera aplicable el plazo de prescripción de cinco años establecido en el art. 29 inc. 2) del CPP, concluyendo que la acción penal se encontraría prescrita.
A la fecha de interposición del incidente, en noviembre de 2025, transcurrió en exceso el plazo legal de prescripción sin que se configure causal de interrupción o suspensión. A tal efecto, señala que durante toda la tramitación del proceso nunca fue declarada rebelde, extremo que respalda con certificación judicial y certificado de Registro Judicial de Antecedentes Penales (REJAP) adjuntos.
Asimismo, previamente intentó promover la excepción ante el Juzgado de Sentencia de origen; sin embargo, dicha autoridad le indicó que, al encontrarse la causa en etapa de casación, debía formular el incidente ante el Tribunal que conoce la causa, razón por la cual acude ante la Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia solicitando se declare probada la excepción de prescripción y en consecuencia, extinguida la acción penal con archivo de obrados al haber operado la prescripción.
Corrido en traslado la excepción opuesta a los acusadores conforme se advierte en la providencia a fs. 271, siendo notificadas conforme las diligencias a fs. 274 y vta., el 14 de enero de 2026, no respondieron dentro del plazo previsto por ley.
lll. MARCO NORMATIVO Y JURISPRUDENCIAL REFERIDO A LA DE EXTINCIÓN DE LA ACCIÓN PENAL POR PRESCRIPCIÓN
lI.1. De la competencia de este Tribunal para resolver cuestiones incidentales sobre la extinción de la acción penal
En lo que respecta a la delimitación competencial para el conocimiento y resolución de incidentes de extinción de la acción penal, esta Sala Penal considera necesario acudir al entendimiento asumido por la , que precisó que los fundamentos de la no constituyen argumento suficiente para sostener que únicamente la autoridad jurisdiccional que dictó la Sentencia de primera Instancia sea competente para conocer dichos incidentes.
En efecto, a la luz de lo previsto por el art. 44 del CPP, el Juez o Tribunal que ostente competencia para conocer un proceso penal, la mantiene respecto de todas las cuestiones e incidentes que se susciten durante su tramitación,
correspondiéndole asimismo dictar y ejecutar las resoluciones pertinentes.
En consecuencia, se deja establecido que la autoridad competente para conocer y resolver incidentes de extinción de la acción penal, sea por duración máxima del proceso o prescripción, es el Juez o Tribunal donde radica la causa principal.
Así, si el planteamiento se formula en etapa de apelación o de casación, las decisiones adoptadas por las Salas Penales o por el Tribunal Supremo de Justicia no admiten ulterior impugnación, en atención a la naturaleza propia de la fase procesal y con el objeto de evitar dilaciones indebidas, particularmente aquellas generadas por remisiones innecesarias de expedientes entre instancias, situación que en reiteradas oportunidades ha ocasionado la postergación injustificada del pronunciamiento de fondo. Tal práctica devino en vulneración del derecho a ser juzgado dentro de un plazo razonable, del acceso efectivo a la justicia y de los principios de celeridad y concentración procesal.
No obstante, corresponde puntualizar que, si el incidente se deduce ante el Juez de Instrucción en lo Penal o ante Tribunales o Jueces de Sentencia, sus resoluciones sí resultan impugnables, toda vez que la naturaleza de la etapa procesal así lo permite. Este entendimiento, comporta una reconducción de la línea jurisprudencial fijada en la hacia la doctrina desarrollada en la , sustentada a su vez en los criterios vertidos por las , , y y el .
En el caso de autos, y considerando que la causa se encuentra radicada a fs. 237 ante esta Sala Penal como consecuencia del recurso de casación de fs. 202 a 223 vta., interpuesto por Haleth Gerania Gutierrez Maita contra el Auto de Vista 59 de 23 de junio de 2025, resulta indiscutible, conforme al bloque jurisprudencial referido, que esta Sala es la autoridad competente para conocer y resolver la excepción opuesta, garantizando de este modo la continuidad procesal y la tutela judicial efectiva.
llI.2. Del instituto jurídico de la prescripción y las causas de suspensión e interrupción
La prescripción constituye una institución de orden público que extingue la acción penal por el transcurso del tiempo fijado por ley, en resguardo del interés social y de la seguridad jurídica, impidiendo la prolongación indefinida de la persecución penal. Conforme a la y al art. 32 del CPP, su suspensión se limita a las causales taxativas allí previstas; y, en cuanto a la interrupción, el art. 31 del CPP reconoce únicamente la declaratoria de rebeldía, que borra el tiempo transcurrido y reinicia el cómputo desde cero, conforme lo precisado por el y la . Asimismo, en observancia de las y , se establece que ni la
denuncia tampoco el inicio de la acción penal constituyen causales de suspensión o interrupción.
Que, es necesario recordar que la prescripción constituye una institución jurídica en virtud de la cual, y por el transcurso del tiempo determinado por ley, cesa la persecución penal del Estado ejercitada a través de los Órganos Jurisdiccionales o por los particulares en delitos de acción privada. Su fundamento radica en el interés social de evitar la prolongación indefinida de los procesos penales, ya sea por negligencia de la víctima o inactividad de los órganos encargados de su impulso, garantizando así seguridad jurídica y estabilidad social.
En cuanto a la suspensión del término de la prescripción, el art. 32 del CPP, interpretado por la , dispone que ésta procede exclusivamente cuando:
1. Se haya resuelto la suspensión de la persecución penal y esté vigente el periodo de prueba correspondiente;
2. Esté pendiente la resolución de cuestiones prejudiciales planteadas;
3. Se tramite cualquier forma de antejuicio o conformidad de un gobierno extranjero de la que dependa el inicio del proceso; y,
4. Endelitos que alteren el orden constitucional e impidan el ejercicio regular de la competencia de autoridades legalmente constituidas, mientras dure ese estado.
Respecto a la interrupción del término de la prescripción, el art. 31 del CPP, establece como única causal la declaratoria de rebeldía. Tal como lo desarrolló la , reiterando precedentes contenidos en las , y , y precisado por el que remite a la , la declaratoria de rebeldía borra el tiempo transcurrido y reinicia un nuevo cómputo desde el momento en que se dicta, como consecuencia de la incomparecencia injustificada, evasión del centro de detención, incumplimiento de mandamiento de aprehensión o abandono no autorizado del lugar asignado para residir (art. 87 del CPP).
Este efecto responde a criterios de política criminal y a la necesidad de sancionar la desobediencia procesal, sin excluir al rebelde del beneficio de la prescripción, pero imponiéndole el cómputo íntegro del nuevo plazo conforme al art. 29 del CPP.
Finalmente, y en concordancia con las y , se establece que ni la denuncia tampoco el inicio de la acción penal constituyen causales de suspensión o interrupción, al no estar contempladas en los arts. 29 y n
31 del CPP, careciendo de efectos en el cómputo de la prescripción.
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