Texto del fallo
TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA SALA CONTENCIOSA, CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA SEGUNDA AUTO SUPREMO N 188/2026 Sucre, 31 de marzo de 2026 Expediente : 569/2025 Demandante : Cristina Apaza Felipe Demandado : Gobierno Autónomo Municipal de Oruro Proceso : Beneficios Sociales Distrito : Oruro Relatora : Mgda. Rosmery Ruiz Martinez I. VISTOS: El recurso de casación de fs. 285 a 297, interpuesto por Cristina Apaza Felipe, contra el Auto de Vista N 231/2025 de 06 de junio, de fs. 276 a 283 vta., pronunciado por la Sala Contenciosa, Contenciosa Administrativa, Social y Administrativa del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro, dentro del proceso laboral de pago de beneficios sociales seguido por la demandante recurrente, contra el Gobierno Autónomo Municipal de Oruro (GAM-Oruro); con respuesta a fs. 300 a 304 vta., el Auto Interlocutorio N 311/2025 de 14 de julio, a fs. 306 y vta., que concedió el recurso, el Auto Supremo N 569/2025-A de 29 de julio, a fs. 312 y vta., que admitió la casación, los antecedentes del proceso, y IL ANTECEDENTES DEL PROCESO Sentencia Tramitado el proceso de referencia, el Juez de Partido del Trabajo y Seguridad Social, Administrativo, Coactivo Fiscal y Tributario 1 de Oruro, emitió la Sentencia N 010/2025, de 24 de febrero, de fs. 240 a 246 vta., declaró IMPROBADA la demanda de beneficios sociales.
Auto de Vista
En grado de apelación deducida por la parte demandante, cursante de fs. 248 a 253 vta., la Sala Contenciosa, Contenciosa Administrativa, t5Social y Administrativa del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro, mediante Auto de Vista N 231/2025 de 06 de junio, de fs. 276 a 283 vta., CONFIRMÓ la Sentencia N 010/2025 de 24 de febrero. Sin costas por ser la entidad demandada una institución pública.
II. ARGUMENTOS DEL RECURSO DE CASACIÓN
El referido fallo, motivó a la parte demandante, a interponer el recurso de casación de fs. 285 a 297, manifestando, en síntesis:
Arguyó incorrecta valoración de la prueba, porque la recurrente sostuvo que el Tribunal de Alzada no valoró adecuadamente la prueba testifical, la cual acreditó que la demandante ingresó a trabajar el 02 de enero de 1998 y que desarrolló sus labores de manera continua hasta el año 2023; en este sentido se invoca el art. 169 del Código Procesal del Trabajo (CPT), el cual establece que las declaraciones concordantes de dos o más testigos sobre hechos, tiempo y lugar constituyen prueba válida dentro del proceso laboral, asimismo la recurrente argumentó que el Tribunal de Alzada otorgó mayor valor a documentos administrativos como registros de aportes a la AFP o planillas institucionales, sin considerar adecuadamente el conjunto del material probatorio existente en el proceso.
La recurrente sostuvo que el Tribunal de Alzada interpretó erróneamente la Ley N 321 de 20 de diciembre de 2012, que incorpora a la LGT a trabajadores municipales que desempeñan funciones manuales o técnicas operativas, se argumenta que el cargo de peón desempeñado por la demandante corresponde claramente a funciones manuales; por lo que, la trabajadora debería ser considerada dentro del ámbito de aplicación de la citada Ley; además se señaló que la interpretación de la norma debe realizarse bajo los principios protectores del derecho laboral
priorizando la realidad de la relación laboral sobre formalidades administrativas.
La recurrente mencionó que, mediante la ¡Resolución Administrativa N 019/2007 y la Resolución Ministerial N 249/07 el Ministerio de Trabajo reconoció que los trabajadores de Avance de Obras se encuentran bajo el amparo de la LGT, siempre que hubieran ingresado antes de la vigencia de las Leyes N 2027 y N 2028 de 1999, asimismo se señaló que dicha Resolución fue objeto de un proceso contencioso administrativo el cual fue declarado improbado mediante Auto Supremo N 280/2008 manteniéndose vigente dicha normativa.
La actora invocó diversos principios constitucionales y laborales entre ellos: principio protector, principio de in dubio pro operario, principio de la condición más beneficiosa, principio de primacía de la realidad, estos principios se encuentran consagrados en el art.
48 de la Constitucion Política del Estado (CPE) que establece la protección de los derechos laborales y la irrenunciabilidad de los beneficios sociales, la recurrente sostuvó que los derechos laborales adquiridos no pueden ser desconocidos por razones administrativas o presupuestarias, ya que forman parte de derechos constitucionalmente protegidos, en particular se argumentó que el bono de antigúedad constituye un derecho laboral reconocido por la normativa vigente y que las vacaciones no gozadas deben ser compensadas económicamente en caso de terminación de la relación laboral, asimismo se señaló que el empleador tiene la obligación de demostrar el pago de beneficios sociales en virtud del principio de inversión de la carga de la prueba.
Concluyó solicitando se case el Auto de Vista recurrido, y declare PROBADA la demanda de pago de beneficios sociales, disponer el pago de los mismos, incluyendo indemnización por tiempo de
servicios, bono de antigúedad, pago de vacaciones no gozadas y la multa del 30 establecida en el Decreto Supremo (DS) N 28699.
IV. CONTESTACIÓN AL RECURSO DE CASACIÓN Por memorial de fs. 300 a 304 vta., el GAM Oruro, contestó el recurso de casación, argumentando que el memorial interpuesto por la actora no contempló que tipo de impugnación viene solicitando; es decir, no establece si la casación que impetra va dirigida a la forma o en el fondo, aspecto esencial que no es cumplido.
Señaló también que, la recurrente no identificó con claridad los reclamos o supuestos errores en que se hubiese incurrido, y más aún, se advierte la inexistencia de agravios que hubiere sufrido el actor con la emisión del Auto de Vista, no cumpliendo de esta manera con el art. 274-2) y 3) del Código Procesal Civil (CPC- 2013); por lo que no correspondería ni su admisibilidad.
Por otro lado, indicó que, la actora empezó a trabajar en Avance de Obras en la gestión 2011; por lo que no se encuentra bajo el paraguas de la Ley N 321, al ser su fecha de ingreso al municipio posterior a la promulgación de la Ley 2027 y 2028.
Agregó que, es importante manifestar que fue una trabajadora de Avance de Obras, tomando en cuenta que la misma desempeñó funciones bajo dependencia de los supervisores, cuya precepción de su salario de conformidad al avance por día trabajado y/o realizado por metro cuadrado; es decir, percibía un salario por obra vendida y ningún sueldo era igual al otro; por lo que, se entiende que el trabajo que realizaba era por periodos temporales y eventuales de acuerdo a los requerimientos del municipio y que de ninguna manera significaba que es un trabajo permanente.
Asimismo, señaló que, los salarios de la ex trabajadora en la modalidad de Avance de obra no están contemplados en el grupo 10000 de gastos personales; es decir, no están contemplados en la
Partida Presupuestaria de 121.000; que contempla los salarios del personal eventual regular con items; y al ser el GAM-Oruro, una institución pública que administra recursos económicos del Estado, debe cumplir conforme a normativa nacional impuesta, ya que la disposición de recursos económicos del Estado es susceptible a fiscalización.
Concluyó y señalando que, el recurso de casación presentado si bien señala, error en la aplicación de la norma; empero, no estableció con claridad qué agravios y qué normas le causa con agravios, solicitando declarar IMPROCEDENTE E INFUNDADO el recurso de casación; por lo que, en consecuencia, deberá de mantenerse firme y subsistente el AUTO DE VISTA N 231/2025, sea con costas y costos.
V. NORMAS LEGALES, DOCTRINALES Y JURISPRUDENCIALES APLICABLES AL CASO CONCRETO
Expuestos los argumentos del recurso de casación presentado, para su resolución, conforme a la Constitución Politica del Estado, el bloque de constitucionalidad y las normas aplicables al caso concreto; caben las siguientes consideraciones de orden legal:
La protección constitucional a los derechos del trabajador y su aplicación preferente
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