Texto del fallo
SALA PLENA
AUTO SUPREMO: N° 194/2019
FECHA: Sucre, 28 de noviembre de 2019
EXPEDIENTE N°: Recurso de Revisión de Sentencia Condenatoria
PROCESO: Recurso de Revisión de Sentencia Condenatoria Ejecutoriada (Materia Penal)
PARTES: David Llave Socompi contra la Sentencia de 28 de diciembre de 2012
MAGISTRADO RELATOR: Dr. Juan Carlos Berrios Albizu
VISTOS EN SALA PLENA: El Recurso de Revisión Extraordinaria de Sentencia presentado por David Llave Socompi (fs. 9-13 y 24), dentro el fenecido proceso penal seguido por el Ministerio Público contra el recurrente, por la comisión del delito de asesinato; el (fs. 25-26); la contestación del Ministerio Público al Recurso de Revisión de Sentencia (fs. 32 - 50) y; la contestación de la Defensoría de la Niñez y Adolescencia del Municipio de Cotagaita (fs. 112-113).
CONSIDERANDO I:
David Llave Socompi, invocando los principios de favorabilidad al imputado, seguridad jurídica, respeto a los derechos, imparcialidad y justicia, los arts. 58, 60, 115 y 123 de la Constitución Política del Estado (CPE) y, arts. 267 y 268 del Código Niña, Niño y Adolescente (CNNA) - Ley 548, solicita se proceda a emitir una nueva Sentencia en previsión del art. 424.2) y 426 del Código de Procedimiento Penal (CPP), por lo cual plantea los siguientes argumentos:
1. Fundamentación fáctica.
Señala que a sus 17 años, se encontraba enamorado de Alejandra Bautista Socampi, con quien mantuvo una relación estable y tenía relaciones sexuales; el 24 de octubre de 2012, habiendo acordado encontrarse en su cuarto, en un juego torpe empujo a la víctima contra la pared dejándola inconsciente, en ese instante comenzó a convulsionar y tomó la decisión más estúpida de su vida, tomó un machete y creyendo que era lo mejor, le asesto un corte en el cuello, trasladando posteriormente el cuerpo en una carretilla a un lugar desolado donde quiso enterrarla; hallado el cuerpo y realizadas las primeras averiguaciones, refiere que declaró lo ocurrido, sometiéndose a un proceso abreviado.
Manifiesta que fue juzgado cuando contaba con 17 años, 1 mes y 11 días, estando sometido a circunstancias especiales de incapacidad de querer o entender en el momento del hecho; asimismo, refiere que dentro el proceso no cursa certificado médico forense o de autopsia que establezca la causa de la muerte, no existen mayores elementos que la declaración realizada, asumiendo el Ministerio Publico una actitud cómoda y pasiva frente a la investigación; de igual forma, por su ignorancia y escasos recursos económicos, no accedió a una defensa técnica toda vez que no estuvo asistido de un abogado defensor, vulnerándose el debido proceso y el derecho a la defensa.
Refiere que la Sentencia hace una relación vaga de los hechos, sin hacer mención a los medios de prueba de los que se valió; de igual manera, las declaraciones testificales serían circunstanciales pues ninguno de los testigos habría manifestado de forma certera que se lo haya visto matar a la víctima, elementos que vician de nulidad el proceso.
Concluye, que no se consideró su situación emocional, su edad, su personalidad, su conducta anterior y posterior al hecho, tampoco se consideró el art. 2 del Código Niño, Niña y Adolescente - Ley 2026, dado que fue sentenciado a una condena de 30 años, sin derecho a indulto.
2. Fundamentación jurídica.
Invoca el Auto Supremo (AS) de la Sala Civil Nº 113/2013 de 11 de marzo y la Sentencia Constitucional Plurinacional (SCP) Nº 812/2015-S1 de 4 de septiembre; de igual manera, los arts. 1 y 40 de la Declaración sobre los Derechos del Niño de 20 de noviembre de 1989, los arts. 58, 60, 109, 115 y 123 de la CPE, arts. 267 y 268 del CNNA; señala que esta última norma, contiene disposiciones específicas, taxativas y claras que establecen con absoluta certeza cuál es el régimen al que deben ser sometidos los adolescentes, debiendo valorarse para la aplicación precisa del art. 268 del CNNA, que en la fecha y día de la comisión del delito, el ahora impetrante contaba con 17 años, 1 mes y 10 días de vida, siendo completamente favorable esta norma al caso concreto y es la que solicita sea aplicada para el cumplimiento de la pena que le fue impuesta, por ser más favorable en la situación jurídica en la que se encuentra, tomando en cuenta la edad que tenía a tiempo de la comisión del delito.
CONSIDERANDO II:
En aplicación del art. 423 del CPP y los argumentos expresados por el recurrente, este Tribunal a través del Auto Supremo de Sala Plena N° 12/2019 de 09 de enero, admitió el Recurso de Revisión de Sentencia (fs. 25 - 26) y ordenó que el Juez de la causa, remita los antecedentes originales del proceso penal, que según consta del oficio Cite: Of. Nº 63/2012 (fs. 58), fue cumplido; también dispuso la citación al Fiscal General del Estado, para que comparezca y conteste el recurso dentro del plazo de diez días previsto por ley; y, practicadas las diligencias de citación (fs. 28), el Ministerio Público se apersonó y contestó el recurso y provisión citatoria respectiva (fs. 32 - 50); asimismo, por disposición de la providencia de 29 de abril de 2019 (fs. 68), consta la emisión de la provisión citatoria respectiva para la notificación a la Defensoría de la Niñez y Adolescencia del Gobierno Municipal de Cotagaita (fs. 106), quiénes contestaron el recurso interpuesto (112-113); por lo que se extrae lo siguiente:
1. Irma Armella Cardozo y Patricia Bohorquez Barrientos, Fiscales Superiores de la Fiscalía General del Estado, contestan el recurso, solicitando su rechazo por ser IMPROCEDENTE, bajo los siguientes argumentos:
a. La petición tiene como fundamento la causal prevista en el art. 421 inc.5) del CPP, por la aplicación de una ley más benigna, por cuanto el impetrante a momento de ingresar al penal era considerado imputable conforme determina el art. 5 del CP, y si bien se promulgó la Ley 548 durante el cumplimiento de la condena, debe hacerse hincapié en la naturaleza y realidad de los hechos, debiendo apreciar el grado de lesividad e infracción al bien jurídico tutelado, siendo la sanción al adolescente de carácter penal y no social.
b. Citando el , la , la , las Sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH): Caso: Ivcher Bronstein de 6 de febrero de 2001, Fernandez Ortega y otros vs. México, Veliz Franco y otros vs. Guatemala y, Hermanos Gómez-Paquiyauri vs. Perú, refiere que Bolivia no responde a la violencia contra las mujeres y por ende, ante los derechos suprimidos de una adolescente menor de edad (doble situación de vulnerabilidad) y del condenado menor de edad, deben prevalecer los derechos de la menor víctima, en este caso al cumplimiento de una sentencia ponderada y proporcional al daño provocado por las acciones del recurrente.
2. Yhoeselin Chambi Romero, abogada de la Defensoría de la niñez y adolescencia del Municipio de Cotagaita, adhiriéndose a lo expuesto por el Ministerio Público, solicita se RECHACE el recurso planteado y responde:
Haciendo referencia al Interés superior del niño, niña y adolescente, e invocando los arts.15 de la CPE, la Ley 348, el art. 9 de la Convención Belém Do Para, el art. 408 de la de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y el , señala que en vista de que existen dos víctimas menores de edad, una la víctima y otro su victimario, se debe realizar una ponderación de derechos los cuales nos servirán para realizar un juicio de ponderación de derechos y establecer la prevalencia de aplicabilidad normativa respecto al bien jurídico lesionado o violentado; así también, que al ser ciudadanos y miembros de la sociedad, tienen el deber de respetar y obedecer las disposiciones legales establecidas en los Códigos; de igual forma, debe verse la situación de la víctima quien se encontraba doblemente protegida, uno por ser menor de edad y otro por ser mujer en estado de gestación, aspectos que ponen a la víctima en un estado de doble vulnerabilidad; añade, que conforme establece el art. 148 del Código Niña, Niño y Adolescente, tiene derecho a ser protegida contra cualquier forma de vulneración a su integridad sexual.
Concluye señalando, que la Sentencia que se encuentra en revisión, ha sido debidamente fundamentada y se basó de acuerdo al marco legal aplicable con la finalidad de hacer cumplir la ley y no dejar desprotegida a la víctima menor de edad.
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