Texto del fallo
TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA SALA CONTENCIOSA Y CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA SEGUNDA AUTO SUPREMO N 195/2026 Sucre, 31 de marzo de 2026 Expediente : 587/2025 Demandante ; María Llanos Ríos Demandado : Gobierno Autónomo Municipal de Sucre Proceso : Conversión de contrato, estabilidad laboral y pago de beneficios sociales Distrito : Chuquisaca Relator : Mgdo. Germán Saúl Pardo Uribe I. VISTOS: El recurso de casación de fs. 257 a 259 vta., interpuesto María Llanos Ríos; y el recurso de casación de fs. 203 a 273, interpuesto por el Gobierno Autónomo Municipal de Sucre (GAM de Sucre), a través la representante legal, Vania Bolivar Barrios ambos impugnando el Auto de Vista N 47/2025 de 18 de junio, de fs. 249 a 254, emitido por la Sala Civil, Comercial y Social Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca, dentro del proceso de conversión de contrato, estabilidad laboral y pago de beneficios sociales, suscitado entre los recurrentes; la contestación a uno de los recursos, de fs. 277 a 282, el Auto Interlocutorio N 78 de 29 de julio de 2025, a fs. 286, que concedió los recursos, el Auto Supremo N 587/2025-A de 4 de agosto, a fs. 292 y vta., que admitió ambos recursos, y todo lo que en materia fue pertinente analizar:
IL ANTECEDENTES DEL PROCESO:
Sentencia.
Tramitado el referido proceso laboral, la Juez Cuarta de Partido de Trabajo, Seguridad Social, Administrativo, Coactivo Fiscal y Tributario de Sucre, emitió la Sentencia N 01/2024 de 16 de enero, de fs. 205 a 210, declarando PROBADA en parte la demanda, disponiendo que, el GAM de Sucre, garantice la fuente laboral para Maria Llanos Rios Página 1 de 28
Escobar, en el mismo cargo que ejercía al momento de la presentación de la demanda, debiendo pactarse los contratos anuales desde el primer día hábil de cada gestión hasta el último día hábil de la misma, con todos los derechos y beneficios sociales que le corresponden, por estar amparada en la Ley General del Trabajo (LGT), debiendo cumplir con el pago del bono de antigúedad de acuerdo a la calificación de realice en el Calificación de Años y Servicios (CAS).
Auto de Vista.
En conocimiento de la Sentencia, el GAM de Sucre, interpuso recurso de apelación de fs. 217 a 218, a su turno, la actora María Llanos Ríos, formuló recurso de apelación, de fs. 219 a 225 vta.; que fueron resueltos por el Auto de Vista N 47/2025 de 18 de junio, de fs. 249 a 254, emitido por la Sala Civil, Comercial y Social Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca; que REVOCÓ parcialmente la Sentencia N 01/2024 de 16 de enero, de fs. 205 a 210, únicamente con respecto a que el contrato de trabajo suscrito con la demandante debe ser por tiempo indefinido, conforme establece el art. 2 del Decreto Ley (DL) N 16187, no siendo procedente disponer que se elaboren contratos anuales y a plazo fijo, ratificandose en lo demás.
II. ARGUMENTOS DE LOS RECURSOS DE CASACIÓN:
Recurso de casación de la demandante Maria Llanos Ríos.
Contra el Auto de Vista N 47/2025 de 18 de junio, la María Llanos Ríos, formuló recurso de casación en el fondo y en la forma de fs. 257 a 259 vta., exponiendo los siguientes argumentos:
Señaló que, si bien dicha Resolución dispuso que sus contratos de trabajo eran por tiempo indefinido, no resolvió de manera integral las infracciones planteadas, ni garantizó la efectiva materialización de sus derechos laborales.
Sostuvo que, tanto la Juez de primera instancia como el Tribunal de Alzada reconocieron su estabilidad laboral y la aplicación de la Ley N Página 2 de 28
321, pero emitieron decisiones incoherentes y carentes de razonabilidad, al limitarse a disponer la continuidad de su relación laboral sin adoptar medidas concretas que aseguren su cumplimiento efectivo y la materialización de su decisión. En ese sentido, cuestionó que no se haya dispuesto la otorgación de un ítem, ni se haya resuelto sobre otras pretensiones planteadas en la demanda y en el recurso de apelación, incurriéndose en incongruencia omisiva.
Manifestó que el Tribunal de Alzada vulneró el principio de congruencia previsto en el art. 265 del Código Procesal Civil (CPC- 2013), al no circunscribirse a los puntos reclamados en su apelación ni pronunciarse sobre todas sus solicitudes, afectando su derecho al debido proceso y a la tutela judicial efectiva. Asimismo, denunció que ambas instancias omitieron aplicar adecuadamente los principios protectores del derecho laboral, particularmente el principio de razonabilidad y el principio pro homine.
En cuanto al fondo, alegó que las autoridades judiciales interpretaron y aplicaron incorrectamente la normativa laboral, en especial la Ley N 321, la LGT y el DL N 16187, así como disposiciones constitucionales relativas al derecho al trabajo y a la estabilidad laboral, sosteniendo que, al encontrarse amparada por la LGT, correspondía declarar la conversión de sus contratos a plazo fijo en uno indefinido desde la suscripción del tercer contrato.
Indicó que la falta de una decisión que materialice plenamente su estabilidad laboral permitía a la entidad demandada continuar suscribiendo contratos a plazo fijo, vulnerando sus derechos laborales, incluyendo el acceso a vacaciones, salarios devengados y otros beneficios sociales, los cuales -según afirmó- le eran adeudados desde el inicio de su relación laboral.
Finalmente, invocó jurisprudencia del Tribunal Supremo de Justicia relativa a la protección efectiva de los derechos laborales y la necesidad de una justicia material, solicitando que se case Página 3 de 28
parcialmente el Auto de Vista y, deliberando en el fondo, se declare probada la demanda en todas sus partes, disponiendo la conversión de su contrato a plazo indefinido, la asignación de un ítem o contrato indefinido, así como el pago de beneficios sociales, salarios devengados y demás derechos reclamados, a ser determinados en ejecución de sentencia.
Recurso de casación de la entidad demandada, Gobierno Autónomo Municipal de Sucre.
Contra el Auto de Vista N 47/2025 de 18 de junio, el GAM de Sucre formuló recurso de casación de fs. 263 a 273, exponiendo los siguientes argumentos:
Alegó que dicha resolución vulneró el debido proceso en sus componentes de motivación, fundamentación y congruencia, porque el Tribunal de Alzada emitió una decisión arbitraria, incurriendo en motivación insuficiente y omisión de pronunciamiento, al no considerar los argumentos expuestos por la entidad demandada ni la normativa aplicable al sector público, limitándose a atender las infracciones de la parte actora.
Manifestó que el Auto de Vista omitió analizar aspectos esenciales vinculados a la naturaleza jurídica del Gobierno Autónomo Municipal como institución pública, así como el régimen normativo que regula su actuación, particularmente en materia presupuestaria y de contratación, dejando de lado disposiciones como las Leyes N 031 y 1178 y demás normativa conexa. Asimismo, denunció la falta de valoración de prueba relevante que acreditaba la inexistencia de partidas presupuestarias para contratos a plazo indefinido, lo que, a su criterio, evidenciaba la imposibilidad material y legal de cumplir con lo dispuesto por el Tribunal de Alzada.
Refirió también que el Auto de Vista no respondió de manera adecuada a las infracciones planteadas en apelación por la entidad demandada, en particular aquellos relacionados con la supuesta emisión de una Página 4 de 28
9 Z sentencia ultra petita y la indebida limitación de la forma de desvinculación laboral únicamente a las causales previstas en la LGT, sin considerar el régimen de responsabilidades previsto en la Ley N 1178 y normas complementarias, aplicables a los servidores públicos.
En cuanto al fondo, sostuvo que el Tribunal de Alzada incurrió en errónea interpretación y aplicación de la Ley N 321, al considerar únicamente su disposición relativa a la incorporación de ciertos trabajadores al ámbito de la LGT, desconociendo que dicha norma también mantiene la sujeción de estos trabajadores al régimen de responsabilidad administrativa propio del sector público. Señaló que esta interpretación parcial generó un conflicto con el marco normativo presupuestario y administrativo vigente, el cual no fue resuelto por el Tribunal de Alzada.
Afirmó que la decisión impugnada desconoció la normativa que regula la administración económica y financiera del Estado, así como los límites de gasto establecidos para las entidades públicas, lo que derivaba en la imposibilidad de materializar contratos a plazo indefinido, al no existir partidas presupuestarias destinadas a ese tipo de contratación. En ese sentido, sostuvo que el fallo resultaba de imposible cumplimiento, al no prever mecanismos para su ejecución ni considerar las restricciones legales aplicables.
Finalmente, alegó que el Tribunal de Alzada aplicó indebidamente normativa propia del sector privado a una entidad pública, contrariando la jurisprudencia constitucional que establece que la conversión de contratos a plazo fijo en indefinidos no opera en el sector público, debido a la existencia de un régimen normativo especial. En virtud de todo ello, solicitó que se anule el Auto de Vista por vicios de forma o en su defecto, se case parcialmente, manteniendo el criterio asumido en la Sentencia de primera instancia.
IV. CONTESTACIÓN A UNO DE LOS RECURSOS DE CASACIÓN.
Dispuesto el traslado del recurso de casación de Maria Llanos Rios, Página 5 de 28
mediante decreto de 1 de julio de 2025 a fs. 260; por memorial de fs.
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