Texto del fallo
AO A SALA CONTENCIOSA Y CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA SEGUNDA Auto Interlocutorio Sucre, O1 de junio de 2026 Expediente: 196/2026-MP Magistrado Tramitador: Dr. Germán Saúl Pardo Uribe VISTOS: La solicitud de medida cautelar de 27 de mayo de 2026, impetrada por la empresa Asociación Accidental SOFY, representada por Anibal Darío Vega Flores, conforme al Testimonio de Poder N 1351/2025 de 16 de junio, dentro del proceso contencioso seguido por la empresa impetrante contra la Agencia Estatal de Vivienda (AEVIVIENDA); los antecedentes del proceso, y:
I. ARGUMENTOS DEL DEMANDANTE.
El impetrante refiere que la empresa suscribió Minuta de Contrato de Prestación de Servicio de Consultoría para el Proyecto de Vivienda Cualitativa en el Municipio de Caraparí -Fase 2025.
Expresó que, el 11 de marzo de 2026, mediante acta notarial la Asociación comunicó formalmente a la Agencia Estatal de Vivienda (AEVIVIENDA) su intención de resolución del contrato por causales atribuibles al contratante y afectación grave al equilibrio económico, como ser la omisión de ajuste de precios, silencio ante gestiones técnicas y deuda de planillas. Asimismo, por carta notariada de 25 de marzo de 2026, efectivizo la resolución del contrato al amparo de la Cláusula Vigésima numeral 20.2.2.
Refirió que, la verosimilitud del derecho, se encuentra acreditado por la relación contractual citada precedentemente, existiendo un incumplimiento de AEVIVIENDA al haber ejercido un bloqueo administrativo al negarse a recibir el tramite del Contrato Modificatorio N 1, manteniendo el silencio administrativo.
Que el peligro en la demora, se tiene por el tiempo prolongado que pueda durar el proceso contencioso, lo que le puede causar daños financieros u comerciales de imposible reparación si no se frena la ejecución unilateral de las boletas de garantia de cumplimiento de contrato y de correcta inversión
de anticipo, lo que generaría una descapitalización inmediata y la quiebra inminente de la empresa. Lo mismo ocurriría si se registra en el SICOES el supuesto incumplimiento, lo que le impediría a participar en licitaciones públicas con el Estado por el lapso de 3 años.
Concluyó solicitando que, se disponga la prohibición de ejecución de garantías y de registro en el SICOES, en el marco del art. 311.1III del Código Procesal Civil (CPC-2013).
IL. CONSIDERACIONES DOCTRINALES, JURISPRUDENCIALES Y LEGALES APLICABLES AL CASO EN CONCRETO.
Las medidas cautelares son disposiciones judiciales que se dictan para garantizar el resultado de un proceso y asegurar el cumplimiento de la sentencia, evitando la frustración del derecho del peticionante derivada de la duración del mismo.
Calamandrei, define las medidas cautelares como: La anticipación provisoria de ciertos efectos de la providencia definitiva encaminada a prevenir el daño que podrá derivar del mismo.
Buegermini, refiriéndose a las medias cautelares, señala lo siguiente: Como su nombre lo indica constituyen modos de evitar el incumplimiento de la sentencia, pero también suponen una anticipación a la garantía constitucional de defensa de los derechos, al permitir asegurar bienes, pruebas, mantener situaciones de hecho o para ayudar a proveer la seguridad de las personas, o de sus necesidades urgentes.
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