Texto del fallo
TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA SALA PENAL
AUTO SUPREMO 211/2026-A
Sucre, 09 de marzo de 2026
ANÁLISIS DE ADMISIBILIDAD Proceso : Chuquisaca 22/2025 Parte acusadora : Ministerio Público y Gobierno Autónomo Municipal de
Sucre
Parte acusada : Walter Iván Cojintos Villegas Delito : Peculado, art. 142 del Código Penal (CP) . VISTOS: Por memorial de recurso de casación presentado el 17 de febrero de 2025, cursante de fs. 972 a 977 vta., Walter Iván Cojintos Villegas, impugna el Auto de Vista 47/2025 de 6 de febrera, de fs. 961 a 970 vta., pronunciado por la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca, dentro del proceso penal seguido en su contra por el Ministerio Público y el Gobierno Autónomo Municipal de Sucre, por la presunta comisión del delito de Peculado previsto en el art. 142 CP.
ll. ANTECEDENTES ll.1. Sentencia Por Sentencia de 25/2023 de 11 de enero, de fs. 882 a 887, el Juez de Sentencia Penal Segundo de la Capita! del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca, declaró a Walter Iván Cojintos Villegas, autor del delito de Peculado, previsto y sancionado por el art. 142 del CP, imponiendo la pena de cinco años de reclusión en el Centro Penitenciario San Rogue de Chuquisaca, más el pago 200 días multa a razón de Bs1 por día. Con costas y responsabilidad civil.
Il.2. Apelación Restringida y Auto de Vista Contra la referida Sentencia, el acusado interpuso el recurso de apelación restringida de fs. 914 a 920, resuelto por el Auto de Vista 47/2025 de 6 de febrero, de fs. 961 a 970 vta., pronunciado por la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca, que declaró improcedente el recurso interpuesto, confirmando la Sentencia apelada.
HI. MOTIVO DEL RECURSO DE CASACIÓN En cuanto al defecto de sentencia previsto en el art. 370 inc. 6) del Código de Procedimiento Penal (CPP), señala que la Sentencia incurrió en una defectuosa valoración de la prueba que presentó, de las pruebas documentales codificadas como MPD-1 y MPD-2, toda vez que violó el principio de la lógica razonada de prueba, ya que el Tribunal no valoró que se impuso sanción condenatoria en mérito a la referida prueba documental que ya fue valorado en otro proceso por el delito de Peculado. Para reforzar su recurso cita la Sentencia Constitucional Plurinacional (SCP) 0450/2012 de 29 de junio. Invoca como precedentes contradictorios los Autos Supremos (AASS) 308 de 25 de agosto de 2006, 515 de 16 de noviembre de 2006 y 171/2012-RRC de 24 de julio.
IV. MARCO NORMATIVO Y JURISPRUDENCIAL 1V.1. Del derecho a la impugnación multinivel Previo a referirnos sobre el recurso de casación y su admisibilidad, incumbe manifestar que, el derecho a recurrir resulta una facultad inherente al ser humano, consagrado y reconocido en el Sistema Universal e Interamericano de Derechos Humanos, Constitución Política del Estado (CPE), y ley ordinaria; en ese, sentido conforme lo establecido en los arts. 18 de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre (DADDH), 8 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos (DUDH), 8.2.h y 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos (CADH), se reconoce el derecho que tiene toda persona a un recurso sencillo, rápido y efectivo para hacer valer sus derechos ante jueces y tribunales competentes.
Bajo ese marco normativo, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), dentro del caso Herrera Ulloa contra Costa Rica, Sentencia de 2 de julio de 2004, sostuvo que:
La Corte considera que el derecho de recurrir del fallo es una garantía primordial que se debe respetar en el marco del debido proceso legal, en aras de permitir que una sentencia adversa pueda ser revisada por un juez o tribunal distinto y de superior jerarquía orgánica. El derecho de interponer un recurso contra el fallo debe ser garantizado antes de que la sentencia adquiera calidad de cosa juzgada. Se busca proteger el derecho de defensa otorgando durante el proceso la posibilidad de interponer un recurso para evitar que quede firme una decisión que fue adoptada con vicios y que contiene errores que ocasionarán un perjuicio indebido a los intereses de una persona (el resaltado es añadido).
Del mismo modo, en el caso Barreto Leiva contra Venezuela, Sentencia de 17 de noviembre de 2009, la Corte IDH, estableció de forma categórica que:
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