AS/0214/2020

SALA CONTENCIOSA Y CONTENCIOSA

ADMINISTRATIVA, SOCIAL Y

ADMINISTRATIVA

SEGUNDA

Auto Supremo Nº 214/2020

Sucre, 9 de marzo de 2020

Expediente: SC-CA.SAII-BN. 499/2019

Distrito: Beni

Magistrado Relator: Dr. Ricardo Torres Echalar

VISTOS: Los recursos de casación en la forma y en el fondo de fojas 622 a 626, interpuesto por Roberto Rivero Chávez y Fabián Antonio Rodal Coelho; en la forma y en el fondo de fojas 637 a 640 y vuelta, deducido por Jorge Mogro Zutara; y en la forma y en el fondo de fojas 643 a 648 y vuelta, presentado por Walter Ribera Méndez, dentro del proceso coactivo fiscal seguido por la Universidad Autónoma del Beni “José Ballivián” contra los recurrentes, el memorial de contestación de fojas 653 a 656, el auto de concesión de los recursos de fojas 658, el Auto N° 508/2019-A de 29 de noviembre que admitió los recursos (fojas 667 y vuelta), los antecedentes del proceso y,

CONSIDERANDO I.

I.1.Antecedentes del proceso. Sentencia.

Que tramitado el proceso coactivo fiscal a demanda de la Universidad Autónoma del Beni “José Ballivián”, de fojas 165 a 167, en base al Informe de Auditoria Especial Nº GB/EP18/S14 R1 (fojas 83 a 142) y el Informe Complementario Nº GB/EP18/S14 C1 (fojas 1 a 45), aprobados mediante Dictamen de Responsabilidad Civil Nº CGE-DRC 012/2017 de 23 de octubre, emitido por el Contralor General del Estado, cursante de fojas 170 a 173, referente a la pérdida de activos y bienes del Estado por negligencia, irresponsabilidad de los empelados y funcionarios a cuyo cargo se encuentran, prevista en el inciso i) del artículo 77 de la Ley del Sistema de Control Fiscal, vigente en virtud de lo dispuesto por el artículo 54 de la Ley Nº 1178 de 20 de julio de 1990, por lo que el Juez Primero de Partido Administrativo, Coactivo Fiscal y Tributario de la ciudad de Trinidad, Capital del Departamento del Beni, emitió la Sentencia Nº 02/2018 de 15 de julio (fojas 503 a 517 y vuelta), declarando IMPROBADA la demanda de fojas 165 a 167, dejando sin efecto la Nota de Cargo Nº 01/2018 de 24 de enero (fojas 177 y vuelta), por la suma de Bs. 141.323,- Bs. 150.395,- Bs. 172.123,- y Bs. 183.535,- girada contra los coactivazos, Fabián Antonio Rodal Coelho, Roberto Rivero Chávez, Jorge Mogro Zutara y Walter Ribera Méndez, por haberse acreditado su prescripción, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 40 de la Ley Nº 1178.

Dispuso adicionalmente, que ejecutoriada la sentencia, deberá procederse a levantar todas las medidas precautorias que fueron dispuestas por Auto de 24 de enero de 2018 y procederse al archivo de obrados.

I.2. Auto de Vista.

En grado de apelación, recurso interpuesto por la Universidad Autónoma del Beni “José Ballivián” (fojas 535 a 538), por Auto de Vista Nº 48/2019 de 23 de septiembre (fojas 614 a 620 y vuelta), la Sala en Materia del Trabajo, Seguridad Social, Administrativa, Contenciosa y Contenciosa Administrativa del Tribunal Departamental de Justicia del Beni, determinó:

Sin costos ni costas en aplicación del artículo 39 de la Ley Nº 1178, con relación al artículo 52 del Decreto Supremo Nº 23215.

I.3 Motivos de los recursos de casación.

Que, contra el referido auto de vista, Roberto Rivero Chávez y Fabián Antonio Rodal Coelho; Jorge Mogro Zutara, y Walter Ribera Méndez, interpusieron los recursos de casación en la forma y en el fondo de fojas 622 a 626, de fojas 637 a 640 y vuelta, y de fojas 643 a 648 y vuelta, respectivamente, en los que expresaron lo siguiente:

PRIMER RECURSO (fojas 622 a 626)

I.3.1. EN LA FORMA

I.3.1.1. Acusaron la incongruencia e impertinencia del auto de vista impugnado, además de la falta de motivación y fundamentación, citando al respecto el parágrafo II del artículo 115 de la Constitución Política del Estado y los artículos 265, 256 y 261 del Código Procesal Civil.

A continuación realizaron una descripción del contenido del auto de vista en relación con la prescripción; que lo que el apelante expresó como agravio, fue la interrupción de la prescripción, pero que ésta como tal, está declarada en sentencia, sin que se haya cuestionado ese aspecto, por lo que invocaron el principio de congruencia.

Que, siendo el único agravio expresado, el que se refiere a la interrupción de la prescripción, el auto de vista impugnado no se pronunció al respecto; que en el Considerando IV de la resolución impugnada, página 12, se señala que el auto de admisión y la notificación con la nota de cargo fueron los últimos actuados procesales que puso a derecho a las partes, por lo que se entiende que sería ese el momento en que se interrumpió la prescripción.

Que, más adelante en la página 13, se manifiesta que el cómputo del término de la prescripción corre desde el último actuado, que fue el 23 de octubre de 2017, que corresponde al Dictamen de Responsabilidad Civil., hasta la admisión de la demanda, 24 de enero de 2018, habiendo realizado varias actuaciones la institución coactivante, pero que en definitiva, no se explica cuál fue la causa de interrupción de la prescripción.