Texto del fallo
TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA
S A L A C I V I L
Auto Supremo: 216/2019
Sucre: 07 de marzo de 2019
Expediente: CB-42-18-S
Partes: Félix Soliz Jaimes c/ Cooperativa PIO X Ltda.
Proceso: Resolución de contrato.
Distrito: Cochabamba
VISTOS: El recurso de casación de fs. 566 a 569 vta., interpuesto por Félix Solis Jaimes contra el Auto de Vista N° 46/2018 de 23 de marzo de 2018, cursante de fs. 555 a 559, pronunciado por la Sala Civil Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, en el proceso ordinario sobre Resolución de contrato, seguido por el recurrente contra Cooperativa PIO X Ltda., la contestación cursante de fs. 585 a 589 vta., el Auto de concesión de fs. 590, el Auto Supremo de Admisión N° 668/2018-RA de 23 de julio de fs. 596 a 597 vta., los antecedentes del proceso, y:
CONSIDERANDO I:
ANTECEDENTES DEL PROCESO
El Juez 4° de Partido en lo Civil del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, pronunció la Sentencia de 24 de diciembre de 2015, cursante de fs. 366 a 371 vta. de obrados, declarando PROBADA la demanda e IMPROBADA las excepciones perentorias en consecuencia dispuso la resolución del contrato de cesión de créditos, privilegios y garantías reales suscrito entre las partes en 10 de marzo de 2010, declarando resuelto y sin valor legal el mismo, la restitución de su hipoteca privilegiada que pesa sobre el inmueble inscrito bajo matricula computarizada N° 3.10.1.010003366 asiento B-5, y la restitución a favor de la entidad demandada del monto recibido de $us. 14.000, 00 en el plazo de diez días hábiles de ejecutoriada la resolución. Asimismo, dictó el Auto de complementación de 16 de febrero de 2016 de fs. 374 que complemento la parte resolutiva de la sentencia disponiendo la cancelación del asiento B-10 de 12 de marzo de 2010 inscrito bajo la matrícula de Folio Real N° 30101010003366.
Contra la referida Resolución, interpuso recurso de apelación Rosario Arnez Zapata en representación de la Cooperativa de Ahorro y Crédito PIO X Ltda. por memoriales de fs. 376 a 381 vta. y de fs. 389 a 394 vta., resuelto por la Sala Civil Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, quien pronunció el Auto de Vista de 23 de marzo de 2018, cursante de fs. 555 a 559, por el cual REVOCO totalmente la sentencia deliberando en el fondo declarando IMPROBADA la demanda con costas, y PROBADA la excepción de falta de acción y derecho de fs. 45 a 47 y mantiene vigente el contrato de cesión de créditos, privilegios y garantías reales, de 10 de marzo de 2010, bajo los siguientes argumentos:
La obligación contractual de la entidad demanda era el pago de la suma de dinero de $us. 14.000,00 que fue cumplido de forma simultánea al momento de suscribir el contrato impugnado; por lo que el requisito de procedencia de la acción resolutoria que establece el art. 568 del Código Civil, incumplimiento voluntario de la obligación que esta desvirtuado, en consecuencia consideró el fundamento fáctico del juez A quo en sentencia, que la personera legal de la entidad demandada ejerció actos de presión para cobrar el dinero, sometiendo el acto a un proceso penal, o le hubiera requerido la devolución del mismo, cuestionando el documento base de la demanda, lo que no habría permitido la completa materialización y conclusión del contrato, lo cual no implica incumplimiento del contrato, porque el contrato de cesión de créditos sería un contrato de ejecución instantánea, las obligaciones del cedente y del cesionario se habrían cumplido apenas se celebró el contrato, por consiguiente el demandante puede fundar otra acción, pero no la acción de resolución por incumplimiento contractual, ya que está probado que la entidad demandada cumplió con sus obligaciones como cesionaria; pues, el contrato no podría extinguirse por la causa demandada considerando que la entidad demandada no ha incurrido en acto alguno que justifique para que se le responsabilice, ya que la obligación contractual fue consumada, asimismo la concurrencia de terceros perjudicados por el accionar de una de las partes contractuales tampoco justifica a la resolución de un contrato en el que no ha formado parte, por cuanto si ha incurrido en actos ilícitos que puedan perjudicar a terceras personas ajenas al contrato, deberá asumir la responsabilidad que emane de sus propios actos, sea civil o penalmente, no siendo procedente trasladar esa responsabilidad a la parte contractual, que no ha incurrido en acto o hecho alguno que justifique una decisión como la asumida en sentencia. Posteriormente el ad quem se refiere a la excepción perentoria de falta de acción y derecho, opuesta por la parte demandada, no puede demandarse la resolución del contrato de cesión de crédito, privilegios y garantías reales por la causa invocada, toda vez que las obligaciones contractuales de ambas partes contratantes ya fueron ejecutadas, por lo que al existir falta de un interés para accionar la demanda, sin fundamento legal, considera que declara probada la excepción perentoria.
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