Texto del fallo
SALA CONTENCIOSA Y CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA
SEGUNDA
Auto Supremo Nº 222/2021
Sucre, 16 de marzo de 2021
Expediente: SC-CA.SAII-TJA. 77/2021
Distrito: Tarija
Magistrado Relator: Dr. Carlos Alberto Egüez Añez
VISTOS: Los recursos de casación en la forma y en el fondo de fs. 882 a 898 vta., interpuestos por la Asociación Accidental Lapacho, representada por Diego Gerardo Rodríguez Rodríguez; y, por el Ejecutivo de Desarrollo Transitorio de Villa Montes del Gobierno Regional Autónomo del Chaco Tarijeño, representado por Robert Gim Ruiz Ordóñez, de fs. 920 a 926, impugnando la Sentencia 10/2020 de 21 de septiembre, cursante de fs. 860 a 872 vta., pronunciada por la Sala Social, Seguridad Social, Administrativa, Contenciosa y Contenciosa Administrativa Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Tarija, en el proceso contencioso que sigue la citada Asociación Accidental contra el Gobierno Autónomo del Departamento de Tarija y la Sub Gobernación de Villa Montes, el Auto 46-C/2020 de 11 de diciembre de 2020 que concedió los recursos (fs. 955 y vta.), el , de admisión cursante a fs. 965 y vta., los antecedentes del proceso y:
CONSIDERANDO I:
I. Antecedentes del Proceso
I.1. Sentencia
Admitida la demanda y corridos los trámites del proceso, la Sala Social, Seguridad Social, Administrativa, Contenciosa y Contenciosa Administrativa Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Tarija, pronunció la Sentencia 10/2020 de 21 de septiembre, cursante de fs. 860 a 872 vta., declarando improbada la demanda, en consecuencia, legal y vigente la resolución de contrato que impuso la entidad contratante; e, improbada la demanda reconvencional de cobro de multas por incumplimiento del plazo del contrato.
I.2. Motivos del recurso de casación interpuesto por la Asociación Accidental Lapacho
Dentro el plazo previsto por ley, la Asociación Accidental recurrente, planteó el recurso de casación en la forma y en el fondo, que cursa de fs. 882 a 898 vta., señalando -en resumen- lo siguiente:
I.2.1. En la forma:
Señaló que Sentencia 10/2020 de 21 de septiembre, al negar ilegalmente la producción de prueba pericial, fue emitida con injustificable arbitrio y exceso jurisdiccional que afecta al debido proceso y lesiona el principio procesal de pertinencia y congruencia de las decisiones judiciales, vulnerando también, el derecho a la tutela judicial en su variante defensa en juicio.
Después de que el proceso fuera calificado como contencioso de hecho, la empresa efectuó el ofrecimiento de prueba, cuya producción fue negada por resolución judicial de fs. 769, con el argumento de que los aspectos legales que se presentaron como controvertidos en este caso, debían ser valorados por quienes ejercen jurisdicción sobre la base de la prueba documental ofrecida por las partes en proceso. En el mismo sentido, con el medio probatorio pericial se trató de cuantificar los daños directos e indirectos, así como las circunstancias que determinen su existencia.
Dicho decisorio judicial, constituye una abierta ilegalidad del Tribunal de sentencia, que los privó de la oportunidad de demostrar varios de los hechos calificados en causa mediante Auto interlocutorio 82-C/2018 de 27 de junio, cursante de fs. 747 a 748. Entonces, esa decisión incongruente, ilegal y arbitraria, es lesiva y contraria al derecho de igualdad y legalidad del proceso, por haber conculcado el derecho fundamental de poder ofrecer prueba para los hechos calificados, remitiendo todo a la valoración probatoria de la documental, para que en la sentencia recurrida no se haya podido contar con criterio técnico evaluativo del grado de cumplimiento del contrato, de su gravedad e importancia y de la comprobación fáctica de elementos técnicos inmersos en los puntos de hecho calificados y luego impedidos de poder comprobar.
I.2.2. En el fondo:
I.2.2.1. Violación del art. 570 en relación a los arts. 450 y 519, todos del Código Civil (CC)
La Sentencia sostiene que la resolución del contrato de fs. 82, no causó efecto por no haber participado de ese acto la máxima autoridad de la entidad (MAE), pero que sin embargo, dicha falencia fue oportunamente subsanada con la emisión de la resolución de fs. 83 a 88 que sí fue firmada por la MAE el 16 de diciembre de 2010, dando por terminado el procedimiento de resolución contractual, lo cual es un absurdo total debido a que, la intención de resolución contractual se inició con unos señalados supuestos incumplimientos; se resolvió fallidamente el contrato por autoridad incompetente y luego se hizo aparecer otra resolución administrativa de resolución contractual, que no estaba vinculada a la intención original y que resolvió el contrato por motivos o causales diferentes.
De esa forma, decir que se subsanó el procedimiento defectuoso con la segunda resolución administrativa que se pronuncia sin anular la primera ni basarse en la intención de resolución originada primero, es una falacia total, un razonamiento ilógico e ilegal que solo busca apañar la ausencia de legalidad en el procedimiento resolutorio materializado buscando formar una aparente legalidad de un acto que de por si fue nulo en las dos resoluciones administrativas emitidas.
I.2.2.2. Ilegal valoración de la prueba producida en la causa por error de hecho y de derecho en relación al estado de la obra al momento de la nula resolución contractual efectuada
El Tribunal de sentencia utilizó la prueba producida en la causa de manera arbitraria y caprichosa con invocaciones generales sobre la misma y sin que se precise el contenido o parte de ella que respalda sus erráticas inferencias jurídicas, desdibujando de manera inaceptable el cumplimiento de su deber jurisdiccional de motivar y fundamentar lo decidido en la sentencia dictada en la causa. Citó los AA.SS. 146/2015 de 6 de marzo, 410/2015 de 9 de junio y 629/2014 de 31 de octubre.
La Sentencia impugnada dentro de la gala de desaciertos en su estructura, trae consigo un amplio conjunto de infracciones al ordenamiento legal y formula como conclusiones, inadecuadas e incorrectas interpretaciones sobre las normas legales y estipulaciones contractuales aplicables y la irracional e ilegal valoración probatoria de documentos presentados por ausencia de motivación y fundamentación en el proceso intelectivo de su valoración intrínseca, desvalorizando irrefutable prueba documental obtenida legalmente, demostrando escasa conexión jurídica con el derecho aplicable, lo que derivó en que se sostengan inviables inferencias jurídicas, exentas de una adecuada epiqueya jurídica sobre la verdad jurídica de fondo o verdad material en causa, con una exagerada e indisimulable tendencia a recoger las posiciones de contrario aun con razonamientos insustentable y deformados.
El Tribunal de sentencia afirmó que no cursa en las pruebas documentales ofrecidas, ningún antecedente que demuestre lo afirmado por la Asociación Accidental Lapacho sobre la conclusión de la obra por su parte; omitiendo considerar los siguientes elementos probatorios:
- a)Carta notariada de 14 de octubre de 2010, por la que el Gobierno Autónomo Regional de Villa Montes se limitó a poner en su conocimiento una intención de resolución de contrato por causales que fueron oportuna y debidamente desvirtuadas, de manera que no correspondía la intentada resolución de contrato de obra por los argumentos que fueron ilegalmente utilizados por la entidad contratante y debidamente refutados de su parte, tomando en cuenta que dicha carta notariada fue remitida sin competencia alguna por parte del Ejecutivo Sectorial de Villa Montes; y, que además, la obra se encontraba concluida en su totalidad, habiéndose solicitado en forma oportuna la recepción definitiva de la misma.
- b)En la irracional valoración de prueba el Tribunal de sentencia, a fs. 271 consignó que el Libro de Órdenes era un documento invalorable sobre la base de imaginarios defectos, ignorando de manera inopinada que el mismo es un documento esencial para la obra y consigna todo el recurso de la ejecución; por ello, resulta inaceptable que la parte demanda pretenda alegar una supuesta suspensión de los trabajos sin justificación por veinte días calendario sin autorización escrita del Supervisor, porque la obra se encontraba concluida en su totalidad, conforme está asentado de manera irrefutable en el Libro de Órdenes que es el alma de la ejecución de la obra.
- c)Tampoco podría existir incumplimiento injustificado del cronograma de obra sin que el contratista adopte medidas necesarias y oportunas para recuperar su demora y asegurar la conclusión de la obra dentro del plazo vigente, puesto que la obra Electrificación Trifásica Villa Montes-Ibibobo se encontraba concluida en su totalidad, como evidencian los siguientes documentos:
1 A través de nota de 24 de marzo de 2010, dirigida a Gonzalo Bobe (Administrador C.M.V.M.), Julio Orías Bozo, Fiscal de Obras que cursa a fs. 199 del Anexo, se realiza una solicitud de refrigerio puesto que el 25 de marzo de 2019 se realizaría en la comunidad de Ibibobo, el acto de inauguración del Proyecto de Electrificación Trifásica Villa Montes-Ibibobo, dando un pleno entendimiento de que era un hecho la puesta en marcha del proyecto concluido.
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