AS/0231/2014

TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

SALA SOCIAL Y ADMINISTRATIVA PRIMERA

Auto Supremo Nº 231

Sucre, 23 de julio de 2014

Expediente: 56/2014-S

Parte demandante: Joaquín Fernández Irahola

Parte demandada: Industrias Agrícolas de Bermejo dependiente

de la ex-Prefectura de Tarija

Distrito: Tarija

Magistrado Relator: Antonio Guido Campero Segovia

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VISTOS: El recurso de casación en el fondo de fs. 174 a 176 vta., interpuesto por Sergio Fernández Espíndola en representación de Joaquín Fernández Irahola, contra el Auto de Vista Nº 36/2014 de 28 de marzo de fs. 167 a 171 vta., pronunciado por la Sala Social y Administrativa del Tribunal Departamental de Justicia de Tarija, dentro del proceso social que sigue Joaquín Fernández Irahola contra Industrias Agrícolas de Bermejo dependiente de la ex-Prefectura de Tarija; la respuesta de fs. 178 a 179; el Auto de fs. 179 vta. a 180 que concedió el recurso; los antecedentes del proceso; y:

CONSIDERANDO I:

I. ANTECEDENTES DEL PROCESO

I.1 Sentencia

Que tramitado el proceso por pago de beneficios sociales, la Juez de Partido Segundo de Trabajo y Seguridad Social de Tarija, emitió la Sentencia de 15 de octubre de 2011 (fs. 136 a 139 vta.), declarando improbada la demanda de fs. 23 a 24 y probada la excepción de prescripción de fs. 85 a 86, sin costas.

I.2 Auto de Vista

Interpuesto el recurso de apelación por el representante de la parte demandante (fs. 143 a 144 vta.), mediante Auto de Vista Nº 36/2014 de 28 de marzo de fs. 167 a 171 vta., la Sala Social y Administrativa del Tribunal Departamental de Justicia de Tarija, confirmó totalmente la Sentencia de fs. 136 a 139 vta., sin costas en aplicación del art. 39 de la Ley Nº 1178.

II. MOTIVOS DEL RECURSO DE CASACIÓN

Dicha Resolución motivó el recurso de casación en el fondo de fs. 174 a 176 vta., interpuesto por Sergio Fernández Espíndola en representación de Joaquín Fernández Irahola, quien acusó que el Auto de Vista impugnado constituiría una resolución atentatoria y violatoria a derechos laborales fundamentales, mismos que por mandato de los arts. 48 y 123 de la Constitución Política del Estado (CPE) son irrenunciables, imprescriptibles e inembargables, así como poseen carácter retroactivo; por lo que al gozar la Constitución Política del Estado de primacía en su aplicación frente a otras leyes el art. 120 de la Ley General del Trabajo (LGT) resultaría inaplicable.

Asimismo refirió que el Tribunal de Alzada habría vulnerado el principio in dubio pro operario, así como el art. 4 de la LGT, el art. 3.g) del Código Procesal del Trabajo (CPT) y los arts. 46, 48 y 123 de la CPE y el art. 397 del Código de Procedimiento Civil (CPC), por lo que se evidenciaría la existencia de error de interpretación en la valoración de la prueba y de la normativa legal citada.