AS/0233/2025

Texto del fallo

<div>

TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

S A L A C I V I L

Auto Supremo: 233/2025

Fecha: 20 de marzo de 2025

Expediente: CB-7-25-S

Partes: Grover Mercado Almanza, Gladys Gilde Mercado Almanza, José Nikita Mercado Almanza, Pepe Pablo Mercado Almanza y Daniela Pilar Mercado Vargas c/ Josefina Rojas Saavedra, David Rojas Saavedra, Teresa Rojas Saavedra, Guillermina Rojas Saavedra y Mario Rojas Saavedra como herederos de Honorato Rojas Contreras y Cecilia Saavedra de Rojas, Nancy Mercado Almanza y Yolanda Mercado Almanza.

Proceso: Nulidad parcial de cláusulas.

Distrito: Cochabamba

VISTOS: El recurso de casación de fs. 453 a 459, interpuesto por Teresa Rojas Saavedra contra el Auto de Vista de 31 de agosto de 2023, cursante de fs. 444 a 450 vta., pronunciado por la Sala Civil Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, dentro del proceso ordinario de nulidad parcial de cláusulas, seguido por Grover Mercado Almanza, Gladys Gilde Mercado Almanza, José Nikita Mercado Almanza, Pepe Pablo Mercado Almanza y Daniela Pilar Mercado Vargas contra Josefina Rojas Saavedra, David Rojas Saavedra, Teresa Rojas Saavedra, Guillermina Rojas Saavedra y Mario Rojas Saavedra como herederos de Honorato Rojas Contreras y Cecilia Saavedra de Rojas, Nancy Mercado Almanza y Yolanda Mercado Almanza; la contestación de fs. 465 a 475, el Auto de concesión visible a fs. 478, el Auto Supremo de admisión N° 020/2025-RA de 20 de enero, corriente de fs. 485 a 487 vta.; todo lo inherente al proceso; y:

CONSIDERANDO I:

ANTECEDENTES DEL PROCESO

1. Grover, Gladys Gilde, José Nikita, Pepe Pablo todos Mercado Almanza y Daniela Pilar Mercado Vargas, por memorial de fs. 12 a 17, subsanado a fs. 19 y vta., y memorial a fs. 36, promocionaron proceso ordinario de nulidad parcial de cláusulas de contrato; contra Josefina, David, Teresa, Guillermina y Mario todos Rojas Saavedra como herederos de Honorato Rojas Contreras y Cecilia Saavedra de Rojas, asimismo, Nancy Mercado Almanza y Yolanda Mercado Almanza, citados con la demanda, por un lado, Josefina Rojas Saavedra por memorial de fs. 56 a 59 vta., responde de forma negativa, opone excepción previa de falta de legitimación activa; por su parte, David Rojas Saavedra por memorial a fs. 116 a 118 vta., responde de forma negativa y plantea excepción de falta de legitimación o interés legítimo en los demandantes, y demanda defectuosa; finalmente, por escrito de fs. 128 a 131 vta., Teresa Rojas Saavedra responde de forma negativa y reconviene; sobre esto último, por Auto de 10 de noviembre de 2017 de fs. 151 se declaró por no presentada. Asimismo, en audiencia de 29 de noviembre de 2018, conforme acta saliente a fs. 244 a 248, se desestiman las excepciones.

Desarrollándose, la causa hasta dictarse Sentencia N° 076 de 29 de mayo de 2019 cursante de fs. 326 a 335 vta., en la que el Juez Público Civil y Comercial 3° de Quillacollo – Cochabamba, declaró PROBADA la demanda de nulidad parcial, con las disposiciones establecidas en dicho fallo.

2. Resolución de primera instancia que al haber sido recurrida de apelación por Teresa Rojas Saavedra por memorial de fs. 340 a 345, adhesión de Josefina Rojas Saavedra representada por Oscar Flores Choque por memorial de fs. 353 a 356, y el recurso de apelación de David Rojas Saavedra de fs. 392 a 399; originó que la Sala Civil Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba emita el Auto de Vista de 31 de agosto de 2023, visible de fs. 444 a 450 vta., que CONFIRMÓ la sentencia, bajo los siguientes argumentos:

- La demanda de nulidad pretendida, es referente a las cláusulas segunda y tercera del documento de 25 de febrero de 1992, analizando el mismo se percata que la venta efectuada es referente sobre las acciones y derechos de las vendedoras, el cual hace referencia al departamento con superficie de 113,13 m2; empero, en el mismo documento no se evidencia que éstas sean propietarias de esa superficie; toda vez que, los demandantes sostuvieron que Adela Almanza de Mercado transfirió a título de ganancialidad el 50% del inmueble ubicado en Av. Ballivian N° 225 a sus hijos Nancy, Yolanda, Grover, Gladys, José y José Pablo mercado Almanza, el cual fue registrado en Derechos Reales bajo la partida 2486 del libro de propiedades de la provincia de Quillacollo el 22 de diciembre de 1978, a nombre de todos ellos, sin haber realizado división alguna entre los adquirientes sobre el inmueble; por lo que, no se demostró que las vendedoras tengan titularidad sobre el departamento.

-Conforme al art. 136 del Código Procesal Civil, se entiende que las partes están en la obligación de respaldar y probar sus alegaciones con toda la documentación pertinente, en el presente caso, los apelantes afirman que no existe documentación que demuestre registro sobre la propiedad horizontal; por lo que, su alegación resulta contradictoria, al aceptar que no existe documentación que avale registro sobre la propiedad horizontal, pues de esta manera solo se confirma que la propiedad objeto de litis es proindiviso.

-Respecto al error material sobre la superficie, no es pertinente pronunciarse, porque los apelantes no identifican la superficie que alegan.

-Respecto al registro a nombre de Josefina Rojas Saavedra, sobre la Matrícula N° 3.09.1.01.0022609, Asiento A-1, sobre el cual no se hubiera pronunciado la sentencia, pues a momento de contestar la demanda tanto Josefina Rojas, Teresa Rojas y otros codemandados, no adjuntaron documento alguno que pruebe la existencia del registro referido, razón por el cual el Juez A quo no emitió pronunciamiento alguno.

-Los apelantes intentaron alegar la falta de legitimación en base al porcentaje que el padre les transfirió a los hijos demandantes y no así sobre la transferencia realizada por la madre Adela Almanza de Mercado (nulidad que se pretende del documento base); además, de la documental adjunta los demandantes probaron tener registro propietario sobre la transferencia realizada; por lo que, sí demostraron la legitimación activa para iniciar la demanda ordinaria de nulidad.

- Conforme lo desarrollado, se demostró que existió error en la venta y transferencia de acciones y derechos y el departamento con superficie de 113,13 m2, suscrito entre las partes, al transferir más del porcentaje que les correspondía; por lo que, el daño ocasionado a los co-propietarios (hermanos) si fue demostrado.

-Las partes teniendo conocimiento de los actos procesales en el desarrollo del proceso deben prepararse y cumplir con la carga pertinente que les compete realizar, si bien la parte demandada solicitó, que se suspenda la audiencia complementaria, estos de igual manera debieron asistir, porque su solicitud de suspensión no aludió a ninguna causa fortuita o impedimento gravoso que les dificulte llegar a la misma; por lo que, ante la irresponsabilidad de su parte, su derecho a impugnar sobre el informe pericial precluyó.

-Las vendedoras en conjunto con sus hermanos son dueños en acciones y derechos del 50% del bien inmueble objeto de transferencia, sin identificar que sean dueñas legitimas del departamento que dieron en venta o exista porciones de titularidad de cada copropietario sobre el inmueble, ya que ellas mismas reconocen que el inmueble es indivisible. Conforme a lo dispuesto por el art. 510 del Código Civil en relación al art. 473 ídem del mismo cuerpo legal, se entiende que sí existe causales de error sobre el contrato, no sería válido el consentimiento dado, porque la voluntad interna de las partes se forma en base a un conocimiento equivocado o contrario a la realidad, razón por el cual el art. 579.num.4) del Procesal Civil, establece como causal de nulidad el error esencial sobre la naturaleza o sobre el objeto del contrato. De lo que se concluye que, las vendedoras de manera equivocada efectuaron a transferencia de una superficie de un bien inmueble del que no eran las únicas propietarias, transfiriendo más de lo que les correspondía en porcentaje, motivo por el cual corresponde declarar la nulidad de las cláusulas segunda y tercera que refieren la transferencia del departamento con superficie de 113,13 m2; sin embargo, se aclara que esta nulidad no quita la esencia del objeto que es la transferencia de lo que si les pertenece a las codemandadas Nancy y Yolanda Mercado Almanza.

3. Fallo de segunda instancia que fue recurrido en casación por Teresa Rojas Saavedra, mediante el memorial de fs. 453 a 459, recurso que es objeto de análisis

CONSIDERANDO II:

DEL CONTENIDO DEL RECURSO DE CASACIÓN Y SU CONTESTACIÓN

1. La recurrente en el recurso de casación alegó:

a) Lo único cierto y evidente que confiesan espontáneamente los actores es que Nancy y Yolanda Mercado Almanza (entonces copropietarias) trasfirieron a sus padres en vida un inmueble en el primer piso con una superficie de 113,13 m2, más la alícuota que le correspondía en un 50% en la superficie total de terreno; es decir, 50 m2., la referida venta también comprende el departamento, la denominada propiedad en común, la puerta de ingreso y salida que es un pasillo hacia la calle Ballivian, las gradas, el servicio de agua potable con deposito común en la planta baja, la instalación de energía eléctrica con medidor propio del departamento que se transfiere más una terraza propia. La venta comprende con todos sus usos, costumbres, servidumbres y mejoras existentes, sin reserva ni exclusión alguna más una terraza (para lavandería y secado de ropa en la parte superior del edificio); sin embargo, la sentencia no establece esta situación, más al contrario desconoce y no existe ningún pronunciamiento objetivo sobre estos aspectos que forma parte de la minuta de compra venta adquirido de Honorato Rojas Contreras y Cecilia Saavedra.

b) La venta y el registro del objeto que se realizó cuando la Alcaldía de Quillacollo aun no tenía aprobado ningún reglamento de propiedad horizontal, el mismo que aun al presente se encuentra en tratamiento en el Concejo Municipal de Quillacollo y no existe ninguna documentación que “haga entrever” a la autoridad de primera instancia y a los demandados que la Alcaldía de Quillacollo, nunca procedió a la visación de minutas menos al rechazo del registro de la propiedad horizontal de 113,13 m2, que corresponde a un departamento.

c) No existe documentación alguna y objetiva que evidencie que la propiedad horizontal haya sido registrado después de la reglamentación a la ley de inscripción de Derechos Reales, cuando dicha normativa a nivel nacional que regula las inscripciones de la propiedad adquirida en todas sus formas, entre ellas la propiedad horizontal, fue promulgada recién el 2004; es decir, que dicha disposición nacional fue promulgada y pública después del registro de la propiedad de Honorato Rojas Contreras y Cecilia Saavedra (1992) у la citada norma legal no puede aplicarse de una forma retroactiva, y en ninguna parte de la sentencia establece o fundamenta sobre estos aspectos fundamentales.

d) “La Sentencia N° 076 de fecha 29 de mayo del 2019” ordenó la cancelación de la inscripción del documento de venta descrito anteriormente y dispuso su registro en Derechos Reales de la venta proindiviso; es decir, sólo referente a dos acciones y derechos en el 50% del inmueble de la calle Ballivian No. 225 de Quillacollo de 300 m2, dejando sin efecto las cláusulas que estipulan la venta del primer piso en 113 m2, en propiedad horizontal. Cuando también existe un error material en la superficie que deja sin efecto y es motivo de nulidad y los demandados en ningún momento han observado esa situación al existir error matemático que correspondería inclusive a otra propiedad.

e) La Sentencia N° 76 de 29 de mayo, declaró probada la demanda de nulidad parcial de venta traducida en las cláusulas segunda y tercera de la minuta en acciones y derechos de 25 de febrero de 1992, suscrita por Nancy Mercado Almanza y Yolanda Mercado Almanza a favor de Honorato Rojas Contreras y Cecilia Saavedra. El mismo se halla registrado en Derechos Reales a fs. 3564, Partida N°. 3564 del Libro Primero de Propiedad de la Provincia Quillacollo, el 10 de septiembre de 1993, quedando subsistente la transferencia únicamente de las dos acciones en lo proindiviso; sin embargo, actualmente existe otro registro a nombre de Josefina Rojas Saavedra que se encuentra registrado en oficinas de Derechos Reales de Quillacollo, bajo la Matrícula Computarizada N°. 3.09.1.01.0022609 Asiento "A-1", y la sentencia sobre el caso no hizo referencia a la cancelación de dicho asiento y al haber sido registrado con todas las formalidades legales causa estado y su publicidad de acuerdo al art. 1538 del Código Civil le otorga la legalidad que corresponde. Mientras no exista un justo proceso respecto a la inscripción referida, la misma es traducida como un legítimo derecho que surte efectos legales y por ende la existencia del departamento con la extensión superficial de 113,13 m2; consecuentemente, de propiedad en común.

f) En ejercicio del art. 128.num.3 del Código Procesal Civil, la codemandada Josefina Rojas Saavedra presentó excepción de falta de legitimación e interés legítimo y acción de todos los demandantes, al cual adjuntó un certificado de defunción de Pedro Mercado Valencia, de quien compraron supuestamente el 50% de los derechos, quien falleció el 02 de junio del 2004 y la compra supuestamente se hizo el 10 de junio del 2004, firmando el protocolo en la notaria el 22 de julio de 2004; es decir, un mes después de haber fallecido; por lo tanto, al ser falso dicho documento de compra y venta, seria nulo; por lo que, los demandantes no tendrían legitimación para presentar la demanda de nulidad, aspecto que no fue resuelta en la sentencia, encontrándose viciado de nulidad.

g) Los demandantes no demostraron que daño les ocasionó el documento de compra y venta de 25 de febrero de 1992, señalando únicamente las ventas y adquisiciones del inmueble y la “sentencia dictada por su autoridad agravia al desconocer elementos esenciales de una compra y venta entre ellas al declarar 2 acciones de 50 mts., se tiene derechos y acceso a toda la construcción y por ende a recibir pagos de alquiler de los 150 mts., que conforma la propiedad”. (las negrillas nos corresponden)

h) Por memorial de 11 de marzo de 2019 planteó la nulidad de obrados hasta el vicio más antiguo por defecto absoluto; empero, por decreto de 11 de marzo de igual año se señaló que, el mismo sería considerado en el momento oportuno motivo por el cual no se dio curso a la suspensión de audiencia complementaria, por no haberse planteado dicho incidente conforme previene el art. 154.I del Código Procesal Civil, sin emitir pronunciamiento alguno en la parte resolutiva.

i) La demanda presentada el 29 de marzo del 2017 responde a determinar si corresponde la nulidad de parcial de la cláusula segunda y tercera de la minuta de trasferencia de 1992; empero, con los puntos de pericia 4 y 6 no se justifica que pretenden demostrar los demandantes, pero su autoridad acepta esta pericia sin pedir la aclaración y la pertinencia de la misma, peor aun cuando en la “sentencia N° 076 de fecha 29 de mayo del 2019, en la parte considerativa II núm. 8 únicamente señala Informe pericial de Fs. 284-304 presentada por el perito de oficio Arq., Vittorio Valdez Rocha”, pero el peritaje no identificó los 150 m2, que se encuentra en disputa, simplemente se limitó a identificar la totalidad del inmueble por otra parte otorga un valor del precio comercial de $us. 786 por m2, como si el inmueble se encontraría situado en un área rural, cuando dicho departamento se sitúa en pleno centro de la ciudad; por lo que, el peritaje causa agravio por no estar adecuado a la realidad.

j) En el caso de autos se persigue la nulidad completa del contrato, otorgándole otra figura jurídica; es decir, de transferencia de un departamento a la venta de acciones y derechos de las vendedoras, al cual los demandantes no tienen ninguna legitimidad activa para seguir la demanda, por no tener relación contractual y con la nulidad parcial que se pretende se quiere anular definitivamente el contrato de venta en propiedad horizontal, afectando completamente en su esencia principal al objeto del contrato.

Fundamentos por los cuales la parte recurrente solicitó se “revoque” el Auto de Vista impugnado.

2. De la contestación al recurso de casación

José Nikita Mercado Almanza y Daniela Pilar Mercado Vargas, por si mismos y en representación de sus mandantes, mediante memorial de fs. 465 a 475, en cuanto al recurso de casación de Teresa Rojas Saavedra, refieren en lo principal que:

a) La exposición de los fundamentos recurrido por los demandados, se reducen a reproducir la demanda a cuestionar la Sentencia y volver a reproducir los argumentos de su defensa en primera instancia y de la apelación contra la sentencia, incluyendo algunas insólitas acotaciones, sin tocar o impugnar el Auto de Vista, concurriendo en una deliberada omisión o incumplimiento de las normas procesales, sobre todo los arts. 270 y 271 del Código Procesal Civil y los fundamentos de derecho que tampoco alcanzan valor alguno.

b) Los recurrentes no acataron lo dispuesto por el art. 271.I del Código Procesal Civil, tampoco demostraron en términos claros y precisos, la violación, la errónea interpretación o la indebida aplicación de la ley que hubo de parte del Tribunal Ad quem, o error de hecho o de derecho en la valoración de la prueba.

c) El recurso de casación interpuesto no fue elaborado en el fondo o en la forma con el rigorismo procesal requerido, porque la imprecisa fundamentación, no suple los requerimientos específicos y menos los vacíos pueden ser llenados o sobre entendidos por el Tribunal y para cumplir con dichas formalidades se ha negado los argumentos que se ha desarrollado en el memorial de casación, a efecto de demostrar que en ninguna parte del escrito existe algunas pistas que den idea de haber ajustado su recurso a los indicados lineamientos procesales ya sea en el fondo o en la forma.

d) En el petitorio del recurso de casación falsamente se asegura haber adecuado su impugnación a los arts. 270, 271 y siguientes, del Código Procesal Civil, sin mencionar qué violación, errónea interpretación o indebida aplicación desentrañaron en el Auto de Vista, si el recurso fue el fondo o en la forma o en ambos y menos aún se demostró concretamente las violaciones flagrantes de disposiciones sustantivas y procesales que se hubieran sometido al art. 274 del adjetivo civil, para la procedencia del recurso. Solicitando que se declare infundado el recurso de casación.

CONSIDERANDO III:

DOCTRINA APLICABLE AL CASO

III.1 Sobre el cumplimiento del art. 274 del Código Procesal Civil

En aplicación del art. 274 del Código Procesal Civil el recurso de casación, debe cumplir los siguientes requisitos:

b) Se debe citar en términos claros y precisos el Auto de Vista que se recurriere y su foliación dentro del expediente.

c) Se debe identificar con claridad, precisión la ley o leyes infringidas, violadas, o aplicadas indebida o erróneamente interpretadas, especificándose en qué consiste la infracción acusada, se debe identificar también, la violación falsedad o error, identificando que se recurre de casación en el fondo o en la forma o en ambos, todas estas especificaciones deben efectuarse necesariamente en el escrito del aludido recurso y no fundarse en memoriales anteriores ni suplirse en escritos posteriores.

Que la jurisprudencia sentada por este Tribunal, estableció de manera reiterada, que el recurso de casación constituye una demanda nueva de puro derecho, utilizada para invalidar una sentencia o auto definitivo en los casos expresamente señalados por ley pudiendo presentarse como recurso de casación en el fondo o recurso de casación en la forma, según se trate de errores in iudicando en el primer caso o de errores in procedendo en el segundo; sin que exista óbice alguno para que ambos recursos se interpongan al mismo tiempo, conforme establece la norma prevista por el artículo 274 del Código de Procesal Civil. En este marco y dada la naturaleza jurídica de cada acción extraordinaria, los fundamentos que se expongan respecto de cada uno de ellos, deben estar adecuadamente diferenciados, de modo tal, que el Tribunal Supremo, lo considere en el efecto correspondiente.

Por otro lado, y considerando siempre la naturaleza jurídica de los recursos extraordinarios descritos, es menester precisar que los fundamentos de los recursos deben ser pertinentes; ya que a través del recurso de casación en el fondo, no se pueden analizar aspectos o denuncias relativas a la existencia de errores in procedendo o violaciones en las formas esenciales del proceso, cuyo análisis y resolución corresponde al recurso de casación en la forma; ni viceversa, es decir, analizar aspectos concernientes al recurso de casación en el fondo -cuya materia es el análisis de los errores in iudicando a través del recurso de casación en la forma.

III.2. Del segundo examen de admisibilidad del recurso de casación.

Conforme la jurisprudencia pronunciada por esta Sala especializada del Tribunal Supremo de Justicia, con precisión en el Auto Supremo N° 248/2022 de 19 de abril, se tienen regulado aspectos referentes al trámite del recurso de casación, donde se dejó establecido que: “no obstante de haberse admitido en una primera etapa el recurso de casación, este Tribunal casatorio se encuentra facultado para realizar un segundo examen de admisibilidad posterior a haberse sorteado la causa al Magistrado relator, pues esta etapa recursiva se encuentra compuesta de dos fases: una referente a la admisibilidad del recurso, y otra concerniente al fondo de la causa pero no limitativa de la revisión de los aspectos concernientes a la declaratoria de improcedencia del recurso.

Criterio plasmado, entre otros, en el Auto Supremo Nº 301/2018 de 26 de abril, que refiere: ‘En principio corresponde precisar que la Ley 439 (Código Procesal Civil), ha configurado en esencia un nuevo esquema procedimental, en todas las etapas del proceso, el cual responde a los principios y valores del nuevo modelo constitucional entre ellos el de justicia pronta y oportuna, estableciendo en lo que concierne a este etapa casacional otro tipo de sustanciación, que se encuentra detallada en lo determinado por el art. 277 de la citada Ley, que de forma textual señala: ‘I. Recibidos los obrados, el Tribunal Supremo de Justicia, bajo responsabilidad, dentro de un plazo no mayor de diez días, examinará si se cumplieron los requisitos previstos por el Artículo 274 del presente Código y de no ser así, dictará resolución declarando improcedente el recurso, en cuyo caso se tendrá por ejecutoriada la resolución recurrida para su consiguiente cumplimiento por el inferior. (…)

De lo glosado se advierte que en un primer momento este Tribunal se limita analizar el recurso de forma principal a lo contenido en el arts. 274.I núm. 3) de la citada Ley, ahora posterior admisión del recurso y previo sorteo del mismo en un segundo momento este Tribunal no posee esa limitante, sino al contrario se realiza un análisis pormenorizado de todo el proceso, y en dicho examen es posible advertir causales que hagan a la improcedencia del recurso que no fueron advertidas en un primer momento, esto debido a las limitantes señaladas precedentemente, ya que, valga la redundancia este segundo análisis o examen no se limita a evidenciar la existencia de la violación o infracción de las leyes infringidas o vulneradas (art. 274 I. num. 3) Ley 439) en el contenido del memorial del recurso de casación sino de todo proceso en sí, y es por este motivo que en ese examen se podrá advertir la existencia de aspectos que harían a la improcedencia del recurso de casación, como ser el caso de resoluciones que por expresa determinación de la norma no permitan este recurso extraordinario; las cuales como se dijo en el apartado anterior generan un límite al principio de impugnación, o en el caso que no se hubiese planteado recurso de apelación pese a serle desfavorable la resolución y sea confirmada la misma, hipotéticos que a todas luces hacen a la improcedencia del recurso, impidiendo su análisis en el fondo mereciendo por sindéresis jurídica una Resolución de improcedencia la cual está permitida conforme manda el art. 220 del citado Código”. (…)

III.3. No es viable en casación impugnar lo fundamentado en sentencia.

Al respecto, esta Sala del Tribunal Supremo en el Auto Supremo Nº 214/2016 de fecha 14 de marzo, señala lo siguiente: “Corresponde precisar que conforme a una adecuada técnica procesal recursiva dentro de un proceso ordinario el recurso de casación se interpone contra la Resolución de segunda instancia, es decir, contra el Auto de Vista, conforme orienta lo establecido en el art. 255 en sus incisos del 1) al 4) (con la salvedad de lo establecido en el inciso 5) entonces todos los reclamos incoados en el recurso de casación deben estar orientados a observar aspectos de forma y fondo inherentes a lo dispuesto por el Tribunal de segunda instancia y no así lo expresado en primera instancia, como ser la sentencia, debido a que este Tribunal ha de analizar y resolver declarar infundado o casar el Auto de Vista y no la sentencia’.

Conforme a ello, este Tribunal en diversas resoluciones ha establecido que el recurso de casación se plantea para cuestionar lo razonado en el Auto de Vista, en consideración a que por secuencia procesal, esta es la instancia que resuelve la apelación de una sentencia de primer grado; de ahí que ante la comisión de posibles transgresiones incurridas en el auto de vista a tiempo de su emisión, debe formularse el recurso de casación con la concurrencia de los requisitos pertinentes (objetivos y subjetivos) donde se cuestione precisamente los fundamentos expuestos en segunda instancia, no pudiendo por simple lógica cuestionarse el Auto de Vista en la vía de fondo sobre aspectos que no fueron considerados en dicha instancia.(…).

CONSIDERANDO IV:

FUNDAMENTOS DE LA RESOLUCIÓN

Expuestos como están los argumentos del recurso de casación, así como los fundamentos legales y doctrinales que sustentarán la presente resolución y en virtud al principio de congruencia que debe regir en todo proceso judicial como elemento del debido proceso, corresponde a continuación dar respuesta a lo acusado en el recurso interpuesto.

A efecto de brindar una respuesta acorde a los lineamientos establecidos por nuestra normativa, es preciso indicar que la recurrente expuso como supuestos agravios: a) la sentencia no se pronunció sobre la trasferencia de una superficie de 113,13 m2, más la alícuota que le correspondía en un 50% en la superficie total de terreno; tampoco hizo referencia que la venta también comprendía el departamento, la denominada propiedad en común, la puerta de ingreso y salida que es un pasillo hacia la calle Ballivian, las gradas, el servicio de agua potable con deposito común en la planta baja, la instalación de energía eléctrica con medidor propio del departamento que se transfiere más una terraza propia; b) y c) no existe ninguna documentación que “haga entrever” a la autoridad de primera instancia y a los demandados que la Alcaldía de Quillacollo, nunca procedió a la visación de minutas menos al rechazo del registro de la propiedad horizontal, porque no existía normativa legal aprobada; d) la Sentencia ordenó la cancelación de la inscripción del documento de venta disponiendo su registro en Derechos Reales, referente a dos acciones y derechos en el 50% del bien inmueble de 300 m2; empero, al dejar sin efecto las cláusulas que estipulan la venta del primer piso en 113 m2., en propiedad horizontal, no consideró que existe un error material en la superficie que dejó sin efecto el cual sería motivo de nulidad. e) existe registro a nombre de Josefina Rojas Saavedra en oficinas de Derechos Reales de Quillacollo, bajo la Matrícula Computarizada N° 3.09.1.01.0022609 Asiento "A-1", y la Sentencia al declarar nulo el registro parcial de venta traducida en las cláusulas segunda y tercera de la minuta en acciones y derechos de 25 de febrero de 1992, no hizo referencia a la cancelación de dicho asiento; f) cursa certificado de defunción de Pedro Mercado Valencia, quien supuestamente hubiera vendido el 50% de sus derechos del bien inmueble, objeto de litigio el 10 de junio de 2004, firmando el protocolo en la notaria el 22 de julio de 2004; es decir, un mes después de haber fallecido y al ser falso dicho documento de compra y venta, éste sería nulo; g) la Sentencia dictada le causa agravio al desconocer elementos esenciales de una compra y venta al declarar 2 acciones de 50 mts., restringiendo sus derechos y acceso a toda la construcción y por ende a recibir pagos de alquiler de los 150 mts., que conforma la propiedad; h) el 11 de marzo de 2019 planteó nulidad de obrados hasta el vicio más antiguo por defecto absoluto; empero, se dispuesto que sería considerado en el momento oportuno, por no haberse planteado dicho incidente conforme al art. 154.I del Código Procesal Civil; i) la sentencia en su considerando II núm. 8 hace referencia al Informe pericial de fs. 284 a 304 presentada por Vittorio Valdez Rocha, pero dicho peritaje no identificó los 150 m2, que se encuentra en disputa; por lo que, el mismo le causaría agravio; j) los demandantes no tenían legitimidad activa para instaurar la demanda, por no tener relación contractual y con la nulidad parcial que se pretende se quiere anular definitivamente el contrato de venta en propiedad horizontal.

Bajo estos parámetros, se debe tener presente que el art. 270.I de la Ley N° 439, enmarca la procedencia de este recurso precisando que: “El recurso de casación procede para impugnar autos de vista dictados en procesos ordinarios y en los casos expresamente señalados por Ley.”; concordante con este precepto, el art. 274.I establece que debe reunir los siguientes requisitos: “1. Será presentado por escrito ante el tribunal que dictó el auto de vista cuya casación se pretenda. 2. Citará en términos claros y precisos el auto de vista del que se recurriere, y su foliación. 3. Expresará, con claridad y precisión, la Ley o leyes infringidas, violadas o aplicadas indebida o erróneamente interpretadas, especificando en qué consiste la infracción, la violación, falsedad o error, ya se trate de recurso de casación en el fondo, en la forma o en ambos. Estas especificaciones deberán hacerse precisamente en el recurso y no fundarse en memoriales anteriores, ni suplirse posteriormente, que, en el caso concreto, al margen de haber mencionado someramente el Auto de Vista recurrido, el medio de impugnación no individualizó la normativa quebrantada como establece el inc. b) del referido artículo, tampoco especificó en qué consistió la violación o el equívoco cometido en segunda instancia para plantear su recurso de casación en la forma o en el fondo.

Ahora bien, de la revisión íntegra tanto del recurso de apelación corriente de fs. 340 a 345, así como del recurso de casación cursante de fs. 453 a 459; se advierte que, los fundamentos expuestos en ambos medios de impugnación son totalmente idénticos, constituyéndose así el recurso de casación en una copia íntegra del recurso de apelación, pues claramente se evidencia que todos los reclamos se encuentran dirigidos a cuestionar la Sentencia de primera instancia y no así al Auto de Vista recurrido, pues si bien en la parte introductoria de su recurso de casación refiere que la misma la interpone contra el “AUTO DE VISTA DE FECHA 31 DE AGOSTO DEL 2023”, refiriendo una violación y aplicación indebida de la ley en el fondo y en la forma; sin embargo, omite citar en términos claros y precisos la ley o leyes infringidas, violadas o aplicadas indebidamente o erróneamente interpretadas, a más de mencionar lo siguiente: “II. AGRAVIOS POR VIOLACIÓN O ERRÓNEA APLICACIÓN DE LA LEY CON EL AUTO DE VISTA QUE CONFIRMA LA DEMANDA DE NULIDAD PARCIAL DE VENTA TRADUCIDA EN LAS CLÁUSULAS SEGUNDA Y TERCERA DE LA MINUTA EN ACCIONES Y DERECHOS DE FECHA 25 DE FEBRERO DE 1992”, para luego desarrollar diez puntos, en los cuales transcribe argumentos, omitiendo precisar las causales de procedencia del recurso de casación establecidas en el art. 271 del Código Procesal Civil; puesto que, de la revisión de estos diez puntos, se evidencia que los mismos resultan ser una copia de los fundamentos que ya fueron expuestos en su recurso de apelación, de lo que se concluye que no basaron su planteamiento en las normas pertinentes, adoleciendo de la debida fundamentación jurídica propia del recurso que se plantea, al ser estos puntos copia del recurso de apelación.

En este entendido; y, toda vez que el recurso de apelación ya fue absuelto por el Tribunal de alzada, no corresponde manifestarse sobre los mismos, pues, si la recurrente no estaba de acuerdo con la resolución emitida por el Tribunal de alzada, debió dirigir la fundamentación del presente recurso de casación a cuestionar la decisión de fondo de fallo emitido por el Ad quem; y no limitarse simplemente a realizar una copia de agravios que atacan íntegramente la decisión asumida por el Juez A quo en la Sentencia de primera instancia, aspectos que demuestran que no se ha cumplido con los preceptos exigidos por el art. 270 y 271 del Código Procesal Civil, al tratarse de una copia de la apelación que reiteramos, ya fue examinada por el Tribunal de instancia inferior, máxime si consideramos que la labor de este Tribunal Supremo es analizar los fundamentos vertidos en el Auto de Vista; en ese sentido, la parte recurrente debió acusar con precisión los yerros incurridos por el Tribunal de alzada, pues el sistema recursivo de casación, no admite como cargo el hecho de la existencia de una violación, interpretación errónea o aplicación indebida de la Ley sin precisarla claramente; es decir, el planteamiento genérico siempre es descartado conforme los arts. 271 y 274 del Adjetivo Civil, que describen que únicamente se podrá acoger el recurso con base a planteamientos de haberse percibido una violación, interpretación errónea o aplicación indebida de la Ley específicos (pueden ser varios; empero, deben determinarse el error de cada uno de ellos), debiendo explicar su incidencia con el fondo de la decisión de manera tal que haga ver el error incurrido.

Por otro lado, en relación al punto 11 donde se hace referencia que el Juez Público Civil y Comercial N° 3 de Quillacollo con la Sentencia de 29 de mayo de 2019 confirmada por Auto de Vista de 31 de agosto de 2023, desconocen y violan los derechos de terceras personas; toda vez que, dentro de un proceso ejecutivo seguido por José Fernando Flores en contra de Josefina Rojas Saavedra, se dispuso el pago de $us. 90.000, donde figura como garantía hipotecaria la propiedad horizontal ubicada en la calle Ballivian N° 225 de Quillacollo, consistente en el primer piso con una extensión superficial de 113,13 m2.

Al respecto, de la lectura del argumento en estudio se establece que el reclamo va dirigido a establecer alguna infracción de los derechos de un tercero y no de sus propios derechos lo cual resulta inatendible; en ese antecedente, este Tribunal no puede considerar los mismos por su manifiesta impertinencia, merced al principio de afectación.

Por todo lo descrito precedentemente y en aplicación al principio de pertinencia, este Tribunal Supremo se ve impedido de considerar el recurso de casación; toda vez que, su contenido decanta en agravios formulados contra la Sentencia de primera instancia, pues es copia estricta del recurso de casación; por ende, corresponde a este Tribunal resolver conforme señala el art. 220. I num. 4 del Código Procesal Civil.

POR TANTO: La Sala Civil del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, con la facultad conferida por el art. 42 num. 1) de la Ley del Órgano Judicial de 24 de junio de 2010, y en aplicación del art. 220.I num. 4) del Código de Procesal Civil, declara IMPROCEDENTE el recurso de casación de fs. 453 a 459, interpuesto por Teresa Rojas Saavedra; contra el Auto de Vista de 31 de agosto de 2023 cursante de fs. 444 a 450 vta., pronunciado por la Sala Civil Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, sea con costas y costos.

Se regula honorarios del abogado que respondió al recurso en la suma de Bs.1000.-

Regístrese, comuníquese y devuélvase.

Relator: Mgdo. Primo Martínez Fuentes

</div>

Texto del fallo

Consulta el PDF original con Pixi

Datos del proceso