Texto del fallo
TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA SALA CONTENCIOSA, CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA SEGUNDA AUTO SUPREMO N 233/2026 Sucre, 16 de abril de 2026 Expediente : 671/2025 Demandante : Empresa Constructora Elite Construcciones Ltda.
Demandado : Gobierno Autónomo Municipal de Potosi Materia : Contencioso Distrito : Potosi Relator(a) : Meda. Rosmery Ruiz Martinez _ I. VISTOS: El recurso de casación, de fs. 460 a 466 vta., interpuesto por la Empresa Constructora Elite Construcciones LTDA., mediante su representante legal Rolando Mauro Urzagaste, contra la Sentencia N 14/2025 de 30 de junio, de fs. 453 a 457 vta., pronunciada por la Sala Contenciosa, Contenciosa Administrativa, Social y Administrativa del Tribunal Departamental de Justicia de Potosi; dentro del proceso contencioso, seguido por la empresa recurrente contra el Gobierno Autónomo Municipal de Potosi, con respuesta de fs.
472 a 476 vta., el Auto de 08 de agosto de 2025, a fs. 477, que concedió el recurso; el Auto Supremo de admisión N 671/2025-A de 27 de agosto, a fs. 483 y vta., y:
IL ANTECEDENTES PROCESALES Sentencia:
Tramitado el proceso contencioso, la Sala Contenciosa y Contenciosa Administrativa, Social y Administrativa del Tribunal Departamental de Justicia de Potosi, emitió la Sentencia N 14/2025 de 30 de junio, de fs. 453 a 457 vta., que
declaró IMPROBADA la demanda contenciosa, interpuesta por la Empresa Constructora Elite Construcciones Ltda., representada por Rolando Mauro Urzagaste.
Sin costas y costos.
III. ARGUMENTOS DEL RECURSO DE CASACIÓN
La parte recurrente, mediante memorial de recurso de casación interpuesto en la forma y en el fondo contra la Sentencia N 14/2025 de 30 de junio de 2025, pronunciada dentro del proceso contencioso promovido por la Empresa Constructora Élite Construcciones Ltda. contra el Gobierno Autónomo Municipal de Potosí, sostuvo que la referida resolución judicial fue emitida con vulneración de normas procesales y sustantivas, así como con una incorrecta valoración de los antecedentes del proceso y de la prueba producida, circunstancias que, a su criterio, hacen procedente su nulidad 0, en su caso, su casación.
Como cuestión preliminar, manifestó que el recurso fue presentado dentro del plazo previsto por ley, señalando que el cómputo del término para la interposición del recurso de casación debe realizarse únicamente considerando días hábiles, conforme al entendimiento desarrollado por el Auto Supremo N 662/2016. En ese entendido, afirmó que el recurso cumple con los requisitos de admisibilidad establecidos por la normativa procesal, solicitando que el Tribunal Supremo de Justicia ingrese al análisis de los agravios denunciados.
En relación con los antecedentes del conflicto, refirió que la Empresa Constructora Élite Construcciones Ltda. suscribió con el Gobierno Autónomo Municipal de Potosí el Contrato Administrativo de Obra N 062/2008 para la ejecución del proyecto denominado Construcción Coliseo Cerrado Zona Difunta Correa, Distrito Municipal N 5, bajo la modalidad llave en mano. Señaló que durante la ejecución del proyecto la
LAA entidad contratante dispuso la paralización de la obra argumentando la necesidad de efectuar verificaciones técnicas respecto de la resistencia del hormigón empleado en la estructura; sin embargo, sostuvo que dicha determinación carecía de fundamento técnico y contractual, por cuanto la obra había sido ejecutada conforme a las especificaciones previstas en el contrato y bajo permanente supervisión técnica.
Indicó que, con posterioridad a la suspensión de los trabajos, la entidad contratante comunicó inicialmente su intención de resolver el contrato y, posteriormente, emitió la resolución definitiva del mismo, atribuyendo a la empresa un retraso superior al diez por ciento del plazo contractual. No obstante, sostuvo que esa conclusión resulta errónea, debido a que el supuesto retraso fue consecuencia directa de la paralización dispuesta por la propia entidad pública y de la falta de regularización del plazo contractual mediante los mecanismos previstos expresamente en el contrato administrativo.
En ese contexto, manifestó que la Sentencia N 14/2025 de 30 de junio, concluyó que la paralización de la obra obedeció a la necesidad de verificar técnicamente la resistencia del hormigón mediante ensayos especializados; asimismo, estableció que no era necesaria la emisión de una nueva ampliación del plazo de ejecución y que el tiempo correspondiente a la suspensión debia ser compensado posteriormente, concluyendo finalmente que, una vez reiniciadas las obras, la empresa incurrió en un retraso superior al diez por ciento del plazo contractual, circunstancia que justificó la resolución administrativa del contrato.
La parte recurrente sostuvo que dichas conclusiones fueron asumidas mediante una incorrecta apreciación de los antecedentes del proceso, afirmando que la sentencia no efectuó una valoración integral de la prueba documental y técnica producida durante la tramitación de la causa. Señaló
que el Tribunal de instancia otorgó plena validez a las actuaciones administrativas desarrolladas por la entidad demandada sin examinar adecuadamente las obligaciones contractuales asumidas por ambas partes ni los efectos jurídicos derivados de la suspensión de la obra.
En cuanto al primer agravio de fondo, afirmó que la paralización de la obra dispuesta el 25 de enero de 2013 fue ilegal e injustificada, sosteniendo que la decisión adoptada por la entidad contratante no encontraba respaldo ni en las especificaciones técnicas del proyecto ni en las cláusulas contractuales. Explicó que toda la estructura fue ejecutada utilizando hormigón premezclado elaborado conforme a las normas técnicas aplicables, bajo permanente control de calidad y supervisión especializada, realizándose además todos los ensayos exigidos durante la ejecución de la obra.
En ese sentido, manifestó que los resultados obtenidos mediante los ensayos de esclerometría demostraban que la estructura cumplía con la resistencia requerida por el diseño estructural, indicando que las observaciones formuladas por los especialistas únicamente recomendaron vreforzar determinados elementos que se encontraban dentro de los márgenes minimos de tolerancia técnica, extremo que, a su criterio, no constituía una deficiencia estructural capaz de justificar la suspensión de la obra ni la posterior resolución del contrato administrativo.
Asimismo, sostuvo que la Sentencia otorgó una interpretación incorrecta a dichos informes técnicos, concluyendo indebidamente que existian observaciones suficientes para respaldar la decisión adoptada por la entidad contratante.
Afirmó que el Tribunal de instancia no valoró integralmente el contenido de los informes periciales ni los documentos técnicos incorporados al proceso, limitándose a reproducir las
ve L conclusiones asumidas por la administración sin efectuar un examen crítico de la prueba producida.
La parte recurrente señaló que la propia entidad demandada reconoció que el tiempo durante el cual la obra permaneció paralizada debía ser considerado como un periodo compensable a favor de la empresa contratista. En ese sentido, sostuvo que, conforme a las cláusulas contractuales que regulaban la suspensión temporal de los trabajos, correspondía regularizar el plazo de ejecución mediante la emisión de la Orden de Cambio N 4; sin embargo, dicha actuación nunca fue realizada por el Supervisor de Obra ni por la entidad contratante, omisión que, a su criterio, constituye el verdadero origen del conflicto y del supuesto retraso posteriormente atribuido a la empresa.
Manifestó que el contrato administrativo establecia expresamente que, cuando la suspensión de la obra superara el plazo previsto contractualmente, debía emitirse la correspondiente Orden de Cambio con la finalidad de modificar el cronograma de ejecución y establecer un nuevo plazo contractual. En consecuencia, afirmó que mientras ese procedimiento no fuera cumplido, resultaba jurídicamente improcedente atribuir al contratista un retraso respecto de un plazo que nunca fue regularizado conforme a las previsiones del propio contrato.
Añadió que el Supervisor de Obra incumplió las obligaciones que le imponía el contrato administrativo, al no gestionar oportunamente la emisión de la referida Orden de Cambio, pese a tener conocimiento de la suspensión de los trabajos y de sus efectos sobre el cronograma de ejecución. En criterio de la recurrente, dicha omisión no podia ser trasladada a la empresa contratista, pues obedecía exclusivamente al incumplimiento de funciones por parte de quienes ejercian la supervisión técnica y administrativa del proyecto.
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