AS/0234/2025

Texto del fallo

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SALA PLENA

TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

<table style="margin:0 0 0 0;"><tbody><tr><td style="padding:0 720 0 720;">AUTO SUPREMO Nº

</td>

<td style="padding:0 720 0 720;">:234/2025

</td>

</tr>

<tr><td style="padding:0 720 0 720;">EXPEDIENTE Nº

</td>

<td style="padding:0 720 0 720;">:36/2024

</td>

</tr>

<tr><td style="padding:0 720 0 720;">PROCESO

</td>

<td style="padding:0 720 0 720;">:Extradición.

</td>

</tr>

<tr><td style="padding:0 720 0 720;">PARTES

</td>

<td style="padding:0 720 0 720;">:Embajada de la República Argentina contra Roberto Acuña Magne o Roberto Zacarías Acuña.

</td>

</tr>

<tr><td style="padding:0 720 0 720;">MAGISTRADO TRAMITADOR

</td>

<td style="padding:0 720 0 720;">:Ricardo Torres Echalar.

</td>

</tr>

<tr><td style="border-width:0 0 100 0;border-color:#000000;padding:0 720 0 720;border-style:solid;mso-element:para-border-div;">FECHA

</td>

<td style="border-width:0 0 100 0;border-color:#000000;padding:0 720 0 720;border-style:solid;mso-element:para-border-div;">:13 de noviembre de 2025

</td>

</tr>

</tbody>

</table>

VISTOS EN SALA PLENA. La solicitud de extradición del ciudadano boliviano Roberto Acuña Magne o Roberto Zacarias Acuña; la nota Clasificación: URGENTE Nota GM-DGAJ-UAJI-Cs-3909/2024 de 23 de septiembre, remitida por la Dirección General de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Relaciones Exteriores; el Tratado de Extradición suscrito por la República Argentina y el Estado Plurinacional de Bolivia; el Dictamen del Fiscal General del Estado y los antecedentes del proceso.

CONSIDERANDO I: ANTECEDENTES DE LA SOLICITUD DE EXTRADICIÓN.

La Dirección General de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Relaciones Exteriores del Estado Plurinacional de Bolivia remite la nota Clasificación: URGENTE Nota GM-DGAJ-UAJI-Cs-3909/2024 de 23 de septiembre (fs. 21) haciendo conocer la Nota Nº 423/2024 de 3 de septiembre (fs. 1 a 3), proveniente de la Embajada de la República Argentina, acompañando la solicitud de detención preventiva con fines de extradición del ciudadano Roberto Acuña Magne o Roberto Zacarias Acuña de nacionalidad boliviana, con DNI 33.753.037, C.I. 5073537 nacido el 14 de junio de 1975 solicitado por el Juzgado Federal de Córdoba Nº 1 – Argentina, Caratulada “Brizuela Facundo Carlos Gabriel y Otros p.ss.aa. infracción Ley 23.737”, (FCB 28384/2023) tenencia y tráfico de estupefacientes a la que se adjuntan los antecedentes del proceso penal (fs. 4 a 19).

CONSIDERANDO II: AUTO SUPREMO QUE DETERMINÓ LA DETENCIÓN PREVENTIVA CON FINES DE EXTRADICIÓN.

Constatada la concurrencia de los requisitos legales y convencionales para proceder con la solicitud de detención preventiva con fines de extradición, el Tribunal Supremo de Justicia mediante el Auto Supremo 313/2024 de 30 de octubre (fs. 23 a 25) dispuso la detención preventiva con fines de extradición de Roberto Zacarias Acuña o Roberto Acuña Magne.

CONSIDERANDO III: ANTECEDENTES PENALES DEL EXTRADITABLE.

Consta Informe de la Dirección Nacional de Registro Judicial de Antecedentes Penales (REJAP) (fs. 112), señalando que el ciudadano Roberto Zacarias Acuña o Roberto Acuña Magne, no registra antecedente penal referido a sentencia condenatoria ejecutoriada, salidas alternativas, declaratorias de rebeldía o suspensión condicional de proceso; asimismo, los Tribunales Departamentales de Justicia de Cochabamba (fs. 38 a 89), Tarija (fs. 92 a 111), Pando (fs. 134 a 136), Beni (fs. 151 a 183), Chuquisaca (fs. 188 a 244), Oruro (fs. 252 a 292), La Paz (fs. 340 a 400) y Santa Cruz (fs. 768 a 846) especificando que el extraditable, no tiene procesos penales pendientes.

El Tribunal Departamental de Justicia de Potosí (fs. 137 a 149) especifica que el Juzgado de Sentencia Penal, Anticorrupción, contra la Violencia hacia la Mujer, Publico de Familia de Villazón registra un proceso en contra de Roberto Acuña Magne por el delito de Resistencia a la Autoridad especificando que el mismo cuenta con resolución definitiva de Criterio de Oportunidad de 11 de septiembre de 2020 debidamente ejecutoriado, disponiéndose el archivo definitivo del proceso (fs. 144 a 147 vta.).

CONSIDERANDO IV: DETENCIÓN PREVENTIVA CON FINES DE EXTRADICIÓN.

Del Oficio Presidencia Nº 576/2025 de 2 de julio (fs. 497), la Juez comisionada a través de Presidencia del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca adjunta el Informe 107/2025 referente al cumplimiento del mandamiento de detención preventiva con fines de extradición contra Roberto Zacarias Acuña o Roberto Acuña Magne elaborado por la Sbtte. Jhenny Pamela Chambi Cahuana Investigadora C.E.I.P. – La Paz (fs. 492 a 496), señalando que: “En fecha 04 de junio de 2025, la Dirección Nacional de Inteligencia participó de una reunión de coordinación en la sala de reuniones de la OCN INTERPOL, referente a la búsqueda del Sr. ACUÑA Roberto Zacarias y/o ACUÑA MAGNE Roberto, donde se proporcionó la información adjunta del trabajo realizado por el equipo de inteligencia de la Gendarmería Nacional Argentina. Así también se dio a conocer que dicha persona cuenta con una notificación roja de INTERPOL”, así también detalla las labores que realizaron para que el 7 de junio de 2025 a horas 16:45 p.m. se dio cumplimiento al Mandamiento de Detención Preventiva N°036/2024 con fines de Extradición de Roberto Zacarías Acuña o Roberto Acuña Magne con DNI 33753037 y cedula de identidad 5073537, para luego ser trasladado a dependencias de la Dirección Departamental de Interpol Potosí dejándolo en buen estado de salud a cargo del Sgto. Javier Orcko Pinto investigador Interpol Potosí para luego ser trasladado al Centro de Readaptación Productiva “Santo Domingo” de Cantumarca en Potosí.

Mediante Oficio URGENTE GM-DGAJ-UAJI-Cs-2399/2025 de 8 de julio (fs. 766) el Ministerio de Relaciones Exteriores hace conocer a esta instancia Judicial, la Nota Número NO-2025-68031367-APN-DAJI#MRE de 24 de junio de 2025 (fs. 748) de la Dirección de Asistencia Jurídica Internacional del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto de la República Argentina que envía la solicitud formal de Extradición del ciudadano Roberto Zacarias Acuña o Roberto Acuña Magne, emitido por el Juzgado Federal de Córdoba Nº 1 – Argentina.

CONSIDERANDO V: DICTAMEN DEL FISCAL GENERAL DEL ESTADO.

En el Dictamen Fiscal FGE/RRMM N° 30/2025, de 9 de septiembre el Fiscal General del Estado, en representación legal del Ministerio Público (fs. 871 a 876) consideró que la solicitud de extradición cumple con los requisitos exigidos por el Acuerdo de Extradición suscrito entre la República Argentina y el Estado Plurinacional de Bolivia, habiéndose verificado, además, el principio de doble incriminación, dado que el hecho imputado también se configura como delito en la legislación boliviana, específicamente como Tráfico de Sustancias Controladas, previsto en el art. 48 con relación al inc. m) del art. 33 de la Ley del Régimen de la Coca y Sustancias Controladas (Ley N° 1008).

Asimismo, se constató que la pena mínima prevista supera los dos años, conforme a lo requerido por el art. 150 del Código de Procedimiento Penal (CPP), siendo este un requisito indispensable para la procedencia de la extradición.

En aplicación del art. 158 del CPP y del art. 30.29 de la Ley Nº 260, el Fiscal General del Estado concluye que el Estado requirente ha cumplido con las formalidades y exigencias legales para la procedencia de la extradición, razón por la cual requiere se declare procedente la Extradición de Roberto Zacarias Acuña o Roberto Acuña Magne.

CONSIDERANDO VI: APERSONAMIENTO DEL ESTRADITABLE

El Presidente del Tribunal Departamental de Chuquisaca remite (fs. 856) el memorial presentado por Roberto Acuña Magne (fs. 857 a 868 vta.) con la suma “Ante vulneración a derechos constitucionales, interpone incidente de actividad Procesal Defectuosa”, alegando que luego de haber tomado conocimiento del Auto Supremo de Sala Plena 313/2024 de 30 de octubre; que dispuso la detención preventiva con fines de extradición del ciudadano Roberto Zacarías Acuña o Roberto Acuña Magne en el que se hizo constar que en uso de su derecho a la defensa e invocando los arts. 169.3, 302.22 y 314 del CPP, alega un indebido procesamiento, denunciando que existirían defectos procesales absolutos dentro del proceso de extradición “Caso 36/2024” vulnerándose el debido proceso en sus vertientes de fundamentación, motivación, legalidad, de certeza y derecho a la defensa.

Observa la relación del hecho fáctico atribuido a su persona como antecedente de la solicitud de extradición, alegando que la misma fuera decadente y que la nota REB- 423/2024 de 3 de septiembre por la cual se solicitaría su extradición remitida a este Tribunal Supremo por la Republica de Argentina, es carente de carga probatoria que otorgué certeza mínima de su participación en el hecho endilgado, entendiendo que esta detención de la cual es objeto, fuera arbitraria e indebida además lesiva a sus derechos constitucionales como ciudadano boliviano.

Hace un recopilado del marco normativo de aplicación preferente de normativa del bloque de constitucionalidad y las normas de derechos humanos en materia de extradición, transcribiendo los arts. 13.IV y 256 de la Constitución Política del Estado (CPE), sobre la subordinación incondicional de la extradición al respeto de los derechos humanos que la extradición formulada por la República Argentina debe ser analizada bajo la luz del derecho a la vida y a la integridad personal, el derecho al debido proceso, tutela judicial efectiva, el principio de legalidad y la prohibición de penas inhumanas, aseverando que “Por tanto este máximo Tribunal de Justicia, en su rol de garante de la constitucionalidad y de los derechos, tiene el deber ineludible de realizar un control de convencionalidad. Debe examinar si la entrega del ciudadano Michael Luciano Borzas es compatible con las obligaciones internacionales del Estado Boliviano emanadas de la Convención y otros pactos”. (sic.) (el resaltado es añadido)

En el acápite II.2 de su memorial subtitulado “Análisis concurrente de los instrumentos aplicables: Código de Procedimiento Penal el Tratado bilateral de 2013 y el Acuerdo del MERCOSUR” indicando que la solicitud de extradición se debe analizar bajo la óptica de la normativa mencionada aplicada de forma favorable a los derechos fundamentales de la persona requerida, desglosando el contenido de los arts. 151 y 153 del CPP resaltando que no procede la extradición en caso de la persona a ser extraditada sea sometida a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes, haciendo alusión referente a la ejecución diferida de la extradición que cuando la persona requerida “está sometida a la jurisdicción penal de la república por un delito distinto de aquel por el que se hubiera solicitado la extradición hasta la conclusión del procedimiento o ejecución de la pena impuesta” hace alusión a la aplicación del tratado de extradición entre Bolivia y Argentina en el art. 20 específicamente respecto a la descripción de la persona reclamada, el paradero de esta si se conociere, etc.; debiéndose aplicar la norma más favorable y protectora de los derechos del requerido, ya que el Tribunal Supremo de Justicia, debe examinar la solicitud de extradición a la luz de todas las causales del Acuerdo del Mercado Común del Sur (Mercosur) “para luego aplicar la disposición que, en el caso concreto, ofrezca la mayor protección a los derechos fundamentales del Sr. Michael Luciano Borzas”. (las negrillas son añadidas)

Expresa que se debe denegar la extradición por el riesgo de tratos crueles según el art. 151. 1 del CPP o por la falta de garantía sobre la pena máxima según el art. 13 del Acuerdo del Mercado Común del Sur (Mercosur), o por la existencia de un proceso en curso en Bolivia, volviendo a identificar al extraditable como Sr. Borzas (el subrayado y negrillas son añadidos).

Así también reclama la falta de certeza objetiva y probatoria a momento de identificar al ciudadano boliviano para la extradición, ya que según el extraditable el Auto Supremo 313/2024 de 30 de octubre determinó la detención preventiva con fines de extradición de su persona vulnerando el debido proceso en su vertiente de certeza, legalidad, motivación, fundamentación y congruencia en las resoluciones ya que el Auto Supremo mencionado, no tiene sustento probatorio alguno, debiendo ser declarado defectuoso y nulo ya que en cuestión, señala como supuesto autor del hecho de Tráfico de estupefacientes a dos personas distintas Roberto Zacarías Acuña o Roberto Acuña Magne con supuestos C.I. 5073537 y DNI 33753073 el primero de nacionalidad argentina y el segundo de nacionalidad boliviana, no quedando claro cuál es la identidad real de la persona que solicitan su extradición, lo que no condice con lo establecido en el art. 20 del Tratado de Extradición entre la República Argentina y el Estado Plurinacional de Bolivia de 22 de agosto de 2013 y ratificado mediante Ley Nº 723 de 24 de agostos de 2015.

Argumenta que no existe el nexo causal entre los hechos endilgados, el señor Roberto Zacarías Magne de nacionalidad argentina y su persona ROBERTO ACUÑA MAGNE de nacionalidad boliviana, que denotaría incongruencia en la orden de Detención Preventiva al no existir certeza de que ambas personas son la misma ya que no existe descripción cierta y objetiva sobre las características de ambos sujetos aspecto que debió ser adjuntada por el estado requirente en base al mismo tratado de extradición.

Señala además que, no se tiene la certeza objetiva de que realmente Roberto Zacarias Acuña y Roberto Acuña Magne sean la misma persona ocasionándole perjuicio, solicitando que su incidente de actividad procesal defectuosa, sea declarado fundado, en consecuencia, se deje sin efecto el Mandamiento de detención preventiva con fines de extradición de 29 de octubre de 2024 y se disponga su libertad irrestricta.

CONSIDERANDO VII: FUNDAMENTOS JURÍDICOS Y NORMATIVOS.

La extradición es un procedimiento solemne y formal, regida por requisitos y reglas previstas en un tratado o convenio bilateral o multilateral específico o en su ausencia por el principio de reciprocidad, que permite la entrega por un Estado (el Estado requerido) de un individuo que se encuentra en su territorio, a otro Estado (el Estado requirente), a los fines de ser sometido a un proceso judicial o a la ejecución de una pena impuesta en su contra.

En ese sentido, los tratados internacionales se constituyen en fundamento legal esencial de la Cooperación Penal Internacional en todo el mundo y ante su ausencia, debe primar el principio universal de reciprocidad, el cual cobra especial relevancia; en ese sentido, en la cooperación internacional, los tratados son el más formal de los instrumentos que se puede utilizar tanto en casos de asistencia jurídica, como de extradiciones, cooperación internacional por excelencia, cobrando relevancia en ese contexto lo previsto en el art. 255.I de la Constitución Política del Estado (CPE), que señala: “I. Las relaciones internacionales y la negociación, suscripción y ratificación de los tratados internacionales responden a los fines del Estado en función de la soberanía y de los intereses del pueblo.”, disposición concordante con el art. 257.I de la CPE, que determina: “I. los tratados internacionales ratificados forman parte del ordenamiento jurídico interno con rango de ley.”

Ahora bien, el art. 3 del Código Penal (CP), señala: “Ninguna persona sometida a la jurisdicción de las leyes bolivianas podrá ser entregada por extradición a otro Estado, salvo que en un tratado internacional o convenio de reciprocidad disponga lo contrario. La procedencia o improcedencia de la extradición será resuelta por la Corte suprema. En caso de reciprocidad, la extradición no podrá efectuarse si el hecho por el que se reclama no constituye un delito conforme a la ley del Estado que pide la extradición y del que la debe conceder.”

Así también, el art. 149 del Código de Procedimiento Penal (CPP), dispone: “La extradición se regirá por las Convenciones y Tratados Internacionales vigentes y subsidiariamente por las normas del presente Código o por las reglas de reciprocidad cuando no exista norma aplicable”.

Por su parte, el art. 150 del CPP, en cuanto a la procedencia de la extracción, dispone: "Procederá la extradición por los delitos que, en la legislación de ambos Estados, se sancionen con penas privativas de libertad cuyo mínimo legal sea de dos o más años y tratándose de nacionales cuando el mínimo legal sea superior a dos años. La extradición de una persona para el cumplimiento de una pena en el Estado requirente, será procedente cuando quede por cumplir por lo menos un año de la condenó”.

La normativa nacional determina criterios que deben ser cumplidos para que se procese una solicitud de extradición; así el art. 157 del CPP, establece: "Toda solicitud de extradición será presentada al Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, acompañada de la identificación más precisa de la persona extraditable, de los datos que contribuyan a determinar el lugar en el que se encuentre y del texto autenticado de la disposición legal que tipifica el delito. Toda la documentación exigida deberá acompañarse de una traducción oficial al idioma español. Cuando la persona esté procesada, deberá acompañarse además el original o copia autenticada de la resolución judicial de imputación que contenga la tipificación del delito, incluyendo una referencia al tiempo y lugar de su comisión y del mandamiento de detención emitido por una autoridad judicial competente. Cuando la persona haya sido condenada, deberá acompañarse además el original o copia autenticada de la sentencia condenatoria y la certificación correspondiente a su ejecutoria señalando, en su caso, el resto de la pena que le quede por cumplir".

Las relaciones internacionales en materia de extradición entre el Estado Plurinacional de Bolivia y la República de Argentina como país requirente se encuentran regidas por el Tratado de Extradición suscrito entre ambos países ratificado por Bolivia mediante Ley 723 de 24 de agosto de 2015.

El referido acuerdo prevé lo siguiente:

Art. 1 Obligación de conceder la Extradición. - Las Partes se obligan a entregarse recíprocamente, según las reglas y las condiciones establecidas en el presente Tratado, a las personas que se encuentren en sus respectivos territorios o en lugares sometidos a su jurisdicción, que sean requeridas por las autoridades competentes de la otra Parte, para ser encausadas, juzgadas o para la ejecución de una pena privativa de libertad, por un delito que dé lugar a la extradición.

Art. 2 Delitos que dan lugar a la Extradición. - Darán lugar a la extradición los hechos tipificados como delito por las leyes de la Parte Requirente y de la Parte Requerida, cualquiera sea su denominación o calificación jurídica, que sean punibles por la legislación de ambas Partes con una pena privativa de libertad cuyo máximo sea de al menos dos años. Si la extradición fuera solicitada para la ejecución de una sentencia impuesta por alguno de los delitos determinados en el párrafo anterior, se requiere que la parte de la pena que reste por cumplir no sea inferior a un año. Si la extradición requerida estuviera referida a delitos diversos, bastará, siempre que exista doble incriminación, esto es que los hechos se encuentren tipificados como delitos por las leyes de ambas Partes, que uno satisfaga el resto de las exigencias previstas en este Tratado, para que pueda concederse la extradición también respecto de otros delitos que no cumplan con el requisito de la penalidad mínima.

Art. 8 Contenido del requerimiento. - La solicitud de extradición se efectuará por escrito y deberá contener la siguiente información y documentación: a) Datos de la persona reclamada, incluyendo su nacionalidad, descripción física, datos filiatorios, fotografía e impresiones digitales si estuvieran disponibles, como asimismo la información que se disponga sobre su paradero. b) Datos completos de la autoridad requirente, incluyendo números de teléfono, fax y dirección de correo electrónico. e) Copia certificada o legalizada, por la autoridad emisora, de la sentencia, orden de detención u otra resolución análoga, incluyendo los datos sobre dicha autoridad y la fecha de la emisión. d) Copia o transcripción de las disposiciones legales de la Parte Requirente que tipifiquen el delito.

e) Descripción del hecho, incluyendo circunstancias de tiempo, lugar y el grado de participación de la persona reclamada. f) El tiempo de la condena si hay sentencia firme y la pena que reste por cumplir. g) Una manifestación acerca de que la acción o la pena no se encuentran prescritas. La documentación transmitida por las vías establecidas en el presente Tratado estará exenta de certificación o legalización, salvo lo establecido en el inciso c del presente artículo.

Art. 9 Transmisión de los requerimientos. - Los pedidos de extradición y demás requerimientos deberán ser tramitados por la vía diplomática. Sin perjuicio de ello, las Partes podrán designar Autoridades Centrales encargadas de la tramitación de los pedidos, que actuarán según las competencias y procedimientos establecidos en la normativa interna de cada Parte.

Art. 12 Decisión. - La decisión acerca de la extradición deberá ser fundada y comunicada inmediatamente a la Parte Requirente por los canales establecidos a esos efectos.

Art. 13 Entrega de la persona reclamada El traslado deberá efectuarse dentro del plazo de 45 días desde la comunicación a la Parte Requirente de la decisión sobre la entrega. En caso que la Parte Requirente se viere imposibilitada de efectuar el traslado dentro de ese plazo, la Parte Requerida podrá otorgar, por única vez, una prórroga por 15 días más. En caso de fuerza mayor o de enfermedad grave debidamente comprobada que impidan u obstaculicen la entrega o la recepción de la persona reclamada, tales circunstancias serán informadas a la otra Parte, antes del vencimiento del plazo previsto en el párrafo anterior, pudiéndose acordar una nueva fecha para la entrega y recepción. Vencidos los plazos establecidos en el presente artículo sin que se hubiese efectuado el traslado del requerido, la persona será puesta en libertad y la Parte Requirente no podrá volver a pedir la extradición por ese delito (…).

CONSIDERANDO VIII: RESOLUCIÓN DEL CASO.

En la presente causa, con base en el Tratado de Extradición entre la República Argentina y el Estado Plurinacional de Bolivia el Estado Requirente a través de la Embajada de la República Argentina, ha solicitado la extradición del ciudadano Roberto Zacarias Acuña o Roberto Acuña Magne, con DNI 33.753.037 y Cedula de identidad 5073537, nacido en Potosí, el 14 de junio de 1975, hijo de Zacarias Acuña Rodríguez y Claudia Magne Ariviri, quien se encuentra detenido preventivamente con fines de extradición en el Centro de Readaptación Productiva Santo Domingo de Cantumarca.

Mediante Nota REB Nº 423/2024 de 3 de septiembre, (fs. 1) dirigida al Ministerio de Relaciones Exteriores de Bolivia, quien a su vez remite la Nota signada como CLASIFICACIÓN URGENTE GM-DGAJ-UAJI-Cs-3909/2024 de 23 de septiembre, (fs.21) a este Tribunal por la Directora General de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Relaciones Exteriores del Estado Plurinacional de Bolivia, promovida por el Juzgado Federal de Córdova N° 1, caratulada “Brizuela Facundo Carlos Gabriel y Otros p.ss.aa. infracción Ley 23.737” a quien de acuerdo a la documental adjunta se le imputa que “Desde fecha no determinada aún con exactitud pero que podría ubicarse en el mes de febrero de 2022 y hasta el 24 de marzo de 2024, Juan Carlos Brizuela (a) Sieto; Rosa María Espinoza (a) "Mery" y otras personas aún no identificadas, con la participación de Roberto Zacarias Acuña -o también llamado Roberto Acuña Magne (identidad boliviana)-; Sergio Ariel Brizuela, Romina Margarita Brizuela; Juan Carlos Ariel Brizuela (a) Cacalo; Luciano Benigno Ordoñez, Facundo Carlos Gabriel Brizuela; Rodrigo Carlos Emanuel Brizuela (a) Gogui, Javier Luis Humacata; Jazmin Ayelén Choque; José María Astorga, Fátima del Valle Brizuela, Ramiro Félix Tapia y Paola Beatriz Guerrero habrían organizado y financiado el transporte, almacenamiento y distribución ilegal de estupefacientes cocaína- desde distintas localidades de la provincia de Jujuy y Salta a las ciudades de Córdoba, Buenos Aires y alrededores. Los estupefacientes serian provistos por ROBERTO ZACARÍAS ACUÑA o también llamado ROBERTO ACUÑA MAGNE (Identidad Boliviana) - desde Bolivia e ingresados al territorio nacional a través de las fronteras con las provincias de Jujuy y Salta, burlando los controles aduaneros de un modo aún no determinado. Para ello, ROSA MARIA ESPINOZA (a) Mery era el nexo con JUAN CARLOS BRIZUELA (a) Sieto para coordinar la entrega de la droga gestionando ambos el pago de esta. A su vez, PAOLA BEATRIZ GUERRERO, pareja de Juan Carlos Brizuela (a) Sieto, por indicaciones de éste, acordaría con ROSA MARÍA ESPINOZA (a) Mery los pagos en San Salvador de Jujuy. Una vez entregada la droga, JUAN CARLOS BRIZUELA (a) Sieto, se encargaría de organizar, coordinar y financiar su almacenamiento y transporte hasta aquellos lugares destinados para su acopio temporal (Orán, Pampa Blanca, Puesto Viejo, entre otros) desde los cuales posteriormente seria llevada a las ciudades de Córdoba, Buenos Aires y alrededores donde seria puesta a disposición de ROSA MARIA ESPINOZA (a) "Mery" y de otras personas aún no identificadas con el objeto de ser distribuida ilegalmente para su venta. A tales efectos, se utilizaron una gran cantidad de vehículos de alto porte y valor, asi como también se habría trasladado en camiones, ocultos bajo cargas legales.”

A su vez hace saber que la normativa aplicable al caso sería “Ley 23.737, art. 7° - Será reprimido con prisión de ocho (8) a veinte (20) años y multa de noventa (90) a mil ochocientas (1.800) unidades fijas, el que organice o financie cualquiera de las actividades ilícitas a que se refieren los artículos 5º y 6º de esta ley, y los artículos 865, inciso h), y 866 de la ley 22.415 (Código Aduanero)”

Ahora bien, en cuanto al memorial presentado por Roberto Acuña Magne desarrollado en el acápite VI de la presente resolución, donde aduce vulneración del debido proceso en sus vertientes de fundamentación motivación, legalidad, certeza y derecho a la defensa, observando que el hecho atribuido fuera decadente en la nota enviada por el país requirente que no otorgaría certeza mínima de su participación en el hecho motivo de su detención, el extraditable pasa de largo lo especificado en la documental adjunta a la nota remitida por el país requirente (fs. 5 y 6) dentro de la Solicitud de Detención Preventiva con fines de Extradición del Juzgado Federal de Córdoba 1 en el subtítulo hechos que se investigan detalla posible participación del extraditable y otras personas que estuvieran implicadas en el hecho delictivo.

En cuanto a la alegación de que, al otorgarse la extradición a Roberto Acuña Magne, fuese pasible de tratos crueles e inhumanos, hace referencia a la pena para el delito atribuido a su persona y que debería considerarse la Extradición diferida, sin que adjunte documental que sustente que cuenta con un proceso penal instaurado en Bolivia para considerarse la Extradición diferida, ya que como se tiene informado por el Juzgado de Sentencia Penal, Anticorrupción, contra la Violencia hacia la Mujer, Publico de Familia de Villazón (fs. 137 a 149) registra un proceso en contra de Roberto Acuña Magne por el delito de Resistencia a la Autoridad puntualizando que el mismo cuenta con resolución definitiva de Criterio de Oportunidad de 11 de septiembre de 2020 debidamente ejecutoriado, disponiéndose el archivo definitivo del proceso (fs. 144 a 147 vta.) pero no sustenta objetivamente el por qué se debiera considerar estos aspectos para determinar la Extradición diferida del mismo, consignando equivocadamente el país requirente como BRASIL y el nombre del extraditable por MICHAEL LUCIANO BORZAS o SR. BORZAS, cuando queda claro que el país requirente es Argentina y la persona extraditable es Roberto Acuña Magne.

En cuanto al argumento que se debiera aplicar la norma más benigna para considerar la extradición del requerido considerando que esta fuera el Tratado del MERCOSUR, el extraditable debe tener en cuenta que la normativa principal que rige la extradición entre Bolivia y Argentina es el Tratado de Extradición entre la República Argentina y el Estado Plurinacional de Bolivia, suscrito en 2013 y aprobado por ambos países siendo la normativa principal y preferente que rige el proceso entre Bolivia y Argentina, garantizando un marco legal claro y mutuamente acordado.

Respecto a la falta de certeza objetiva y probatoria en la identidad del requerido por parte del país requirente especificando que no se tendría clara la identidad del extraditable que no se hubiera demostrado el nexo causal entre el extraditable y el hecho endilgado; de la documental adjunta al presente tramite de extradición por parte de la Embajada de la República Argentina a través del Ministerio de Relaciones Exteriores de Bolivia (fs. 1 a 19) se tiene incluso la descripción del extraditable y una fotografía de la certificación de datos del SEGIP, se incluye documental donde se describe el hecho por el cual es investigado el nombre y el otro nombre que supuestamente usaría.

Se debe tener presente que la extradición es un procedimiento de cooperación jurídica internacional, establecido en el ordenamiento jurídico legal interno, por el cual un Estado requerido entrega a otro Estado requirente a una persona que se encuentra en su territorio para su procesamiento por la comisión de un delito o el cumplimiento de una condena, en virtud a los instrumentos internacionales (tratados, convenios, acuerdos, etc.) ratificados sobre la materia o por el principio de reciprocidad.

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Texto del fallo

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