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TSJ

AS/0243/2026

Tribunal Supremo de Justicia
17 de abril de 2026Sala Social 1era
Proceso
Pago de Beneficios Sociales y Derechos

Vista de texto de la resolución.

Texto del fallo

_ TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA SALA CONTENCIOSA, CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA SOCIAL Y ADMINISTRATIVA PRIMERA AUTO SUPREMO 243/2026 Sucre, 17 de abril de 2026 DATOS DEL PROCESO Y DE LAS PARTES Expediente : 821/2025 Demandante : Bruno Cámaras Rojas Demandado : Funeraria San Pedro.

Proceso : Beneficios Sociales Departamento : Santa Cruz Relatora : Mgda. Rosmery Ruiz Martínez I. VISTOS: El Recurso de Casación de fs. 299 a 318, interpuesto por Bruno Cámaras Rojas, inpugnando el Auto de Vista 90 de 13 de junio de 2025, de fs. 291 a 296 vta., pronunciado por la Sala Social, Contenciosa, Contenciosa Administrativa y Tributaria Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, dentro del proceso por pago de Beneficios Sociales seguido por el recurrente contra la Funeraria San Pedro; el memorial de contestación al Recurso de Casación de fs. 322 a 234 el Auto de concesión 137 de 11 de septiembre de 2025 a fs. 335, el Auto de Admisión 821/2025-A de 8 de octubre a fs. 342 y vta. y los antecedentes procesales.

IIL.- ANTECEDENTES DEL PROCESO:

Sentencia Tramitado el proceso laboral de pago de Beneficios Sociales, el Juez de Partido del Trabajo y Seguridad Social Onceavo de la Capital del Departamento de Santa Cruz, pronunció la Sentencia 18/2024 de 27 de febrero de fs. 237 a 244 vta., declarando: PROBADA la demanda de pago de Beneficios Sociales, por el concepto de Desahucio, Indemnización, Duodécimas de Aguinaldo, Vacaciones acumuladas, Segundo Aguinaldo Esfuerzo por Bolivia 2018, Asignaciones Familiares, Pre Natal, Natalidad, Bono de Antiguedad y Multa, por la suma total de Bs206.089.84 (doscientos seis mil ochenta y nueve con

84/100 bolivianos), que la empresa demandada debía pagar en favor del trabajador, al tercer día de ejecutoriada la Sentencia, más la actualización y reajustes, dispuesto en el art. 9 del DS 28699, que deberá ser calculado en ejecución de Sentencia.

Auto de Vista

Interpuesto el Recurso de Apelación de fs. 248 a 255, por la empresa demandada, fue resuelto a través del Auto de Vista 90/2025 de 13 de junio de fs. 291 a 296 vta., pronunciado por la Sala Social, Contenciosa, Contenciosa, Administrativa y Tributaria Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, que REVOCÓ la Sentencia 18/2024 de 27 de febrero pronunciada por el Juez de Partido del Trabajo y Seguridad Social Onceavo de la Capital del Departamento de Santa Cruz, declarando Improbada la demanda.

III.- MOTIVOS DEL RECURSO DE CASACIÓN

El demandante interpuso Recurso de Casación de fs. 299 a 318, de cuyo contenido se extraen las siguientes infracciones:

  1. 1.-Acusa la vulneración del derecho al debido proceso en sus vertientes de fundamentación, motivación y congruencia por parte del Tribunal de Alzada; toda vez que, el Auto de Vista recurrido carecería de una base argumentativa sólida, por haber limitando su análisis únicamente a la confesión provocada y ¿a documentos de un proceso penal inconducente, omitiendo valorar la totalidad del acervo probatorio, especialmente los documentos de fs. 2 a 5 que gozarían de plena fe probatoria al no existir Sentencia ejecutoriada ni dictamen pericial que demuestre su falsedad.

De acuerdo con el art. 265.1 del Código de Procedimiento Civil (CPC), la resolución de segunda instancia tiene el deber inexcusable de considerar no solo los agravios de la apelación, sino también los fundamentos de la contestación y la integridad de las pruebas cursantes en el proceso, aspecto que se vincula directamente con el principio de congruencia. Al respecto, el Tribunal Constitucional Plurinacional, en su doctrina sobre este principio, ha establecido que la congruencia es relevante para el proceso como unidad,

: condicionando el desenvolvimiento jurisdiccional a responder tanto a lo invocado por las partes como al actuado impugnado, sin excluir elementos probatorios de forma arbitraria. En este sentido, el Tribunal

de Alzada incurrió en una omisión indebida al no pronunciarse sobre la inconducencia de las pruebas penales (Dictamen Pericial, Imputación, Acusación y Sentencia 29/2023 de 8 de diciembre), las cuales se basaron en documentos de una tercera persona ajena a la litis (Misael Cámaras Rojas) y no sobre los documentos de Bruno Cámaras Rojas que cursan a fs. 2 a5.

La doctrina constitucional sentada en la es clara al señalar que la falsedad de un documento no puede determinarse por mera suposición, sino mediante prueba pericial específica que demuestre la alteración del documento público o privado. En el caso concreto, el Dictamen Pericial del HTCUP de 20 de junio de 2022 de fs. 124 al 141 determinó la falsedad de firmas y sellos en documentos relativos a Misael Cámaras Rojas (puntos 3.1.1 al 3.1.4 del Informe Pericial), pero de ninguna manera acreditó la falsedad del certificado de trabajo o boletas de pago de Bruno Cámaras Rojas. Al haber afirmado el Tribunal de Alzada que dicho peritaje alcanzaba a las pruebas de fs. 2 a 5, no solo cometió un error fáctico y legal, sino que también incurrió en una transgresión al art. 122 de la Constitución Política del Estado (CPE), usurpando funciones al declarar la falsedad de documentos sin sustento técnico, vulnerando así la presunción de inocencia y el derecho a la defensa.

Asimismo, esta actuación judicial infringe el principio de verdad material consagrado en el art. 180 de la CPE, pues se aparta de la realidad de los hechos probados en el expediente. La falta de motivación se agrava al considerar que la Sentencia Constitucional (SC) 386/2013 de 25 de marzo exige que toda autoridad exponga de forma ineludible los motivos que sustentan su decisión, asegurando que la estructura del fallo elimine cualquier sospecha de parcialidad y garantice que la resolución sea el resultado de la aplicación objetiva de normas sustantivas y procesales. El Auto de Vista, al dedicar apenas dos

páginas al fondo de la cuestión y omitir los argumentos de la contestación a la apelación sobre la existencia de la relación laboral, ha incumplido con el estándar mínimo de fundamentación, resultando en una resolución arbitraria que vulnera los arts. 202 del Código Procesal del Trabajo (CPT), 265.1, 218.1 y 213.11.3 del CPC, al no haber realizado una valoración integral y motivada de la prueba producida. 2. Reclamó la nulidad del Auto de Vista impugnado, por cuanto el Tribunal de Alzada habría transgredido lo establecido en el art. 122 de la Constitución Política del Estado (CPE), por haber usurpado funciones que no le competían, porque, determinó la existencia de falsedad de los documentos cursantes a fs. 2 a 5 de obrados en base al dictamen pericial de fs. 124 a 147.

3. Error de hecho y de derecho, en la valoración de la prueba, toda vez que, el Tribunal Ad quem, no ha tomado en cuenta todo el conjunto de la prueba que acreditaría la existencia de la relación laboral, toda vez que, la prueba presentada por su parte resultó idónea y la parte demandada no acreditó prueba, en función del principio de inversión de la prueba. Invocó como jurisprudencia aplicable el contenido de los (sin indicar fecha, ni la Sala del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de la que fue emitido) y 53 de 27 de marzo de 2012, (no indicó, de que Sala del TSJ lo pronunció).

4. Error de hecho y de derecho en la valoración de la prueba, por parte del Tribunal de Alzada, consistente en el Dictamen Pericial emitido por el ITCUP de 20 de junio de 2022 de fs. 124 a 141 de obrados, por cuanto que, el objeto del informe fue, establecer la autenticidad de las firmas a nombre de Luis Torrez Moscoso en los documentos cuestionados 3.1.1. al 3.1.4 y determinar la autenticidad o falsedad del sello de la Funeraria San Pedro, en el documento cuestionado 3.1.1., siendo que el punto 3.1.1 hizo referencia al Certificado de la Funeraria San Pedro correspondientes a Misael Cámara Rojas; concluyendo señaló que, el dictamen pericial en ningún dictamen hizo referencia a los documentos a fs. 2 a 5 de obrado, es más -a decir del recurrente-, no existiría ningún dictamen pericial a la fecha de estos documentos

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Datos del proceso

Demandante
Bruno Camaras Rojas
Demandado
Funeraria San Pedro
Proceso
Pago de Beneficios Sociales y Derechos
Magistrado relator
Rosmery Ruiz Martinez
Tribunal Supremo de Justicia17 de abril de 2026AS/0243/2026Fuente oficial