Volver a sentencias
TSJ

AS/0243/2026

Tribunal Supremo de Justicia
16 de abril de 2026Sala Social 2da
Proceso
Pago de Beneficios Sociales y Derechos

Vista de texto de la resolución.

Texto del fallo

TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA SALA CONTENCIOSA Y CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA SEGUNDA AUTO SUPREMO N 243/2026 Sucre, 16 de abril de 2026 Expediente : 666/2025 Demandante : Enrique Peñaranda Mercado Demandado : Gobierno Autónomo Departamental de Pando Materia : Beneficios Sociales Distrito : Pando Relatora : Mgda. Rosmery Ruiz Martínez I. VISTOS: Los recursos de casación de fs. 126 a 127 interpuesto por Elizabeth Ferreira Soliz en representación legal del Gobierno Autónomo Departamental de Pando (GAD-Pando) y de fs. 132 a 135 vta, interpuesto por Enrique Peñaranda Julio, impugnando el Auto de Vista N 121/2025 de 4 de julio, de fs. 118 a 119, pronunciado por la Sala Civil, Social, Familia, Niñez, Adolescencia, Contenciosa y Contenciosa Administrativa del Tribunal Departamental de Justicia de Pando, dentro del proceso de pago de beneficios sociales, seguido por el recurrente contra de la entidad departamental recurrente, la contestación al recurso del actor de fs. 139 a 142; el Auto Interlocutorio de N 442/2025 de 10 de noviembre, a fs. 163 que concedió ambos recursos; el Auto Supremo N 666/2025-A de 24 de noviembre, que admitió ambos recursos a fs. 169 y vta, y los antecedentes procesales.

IL. ANTECEDENTES DEL PROCESO:

Sentencia El Juez de Partido del Trabajo y Seguridad Social, Primero de Cobija, mediante Sentencia N 13/2025 de 29 de enero, de fs. 82 a 84 vta, declaró PROBADA la demanda de fs. 19 a 22 de obrados, que el pago a favor del demandante por los conceptos de vacaciones, bono de Página 1 de 30

refrigerio por la suma de Bs54.910,00 (Cincuenta y cuatro mil novecientos diez con 00/100 Bolivianos). Sin costas.

Auto de Vista En conocimiento de la Sentencia, el GAD-Pando interpuso recurso de apelación de fs. 98 a 100 vta; resuelto por el Auto de Vista N 121/2025 de 4 de julio, de fs. 118 a 119, pronunciado por la Sala Civil, Social, Familia, Niñez Adolescencia, Contenciosa y Contenciosa Administrativa del Tribunal Departamental de Justicia de Pando, que REVOCÓ parcialmente la Sentencia impugnada, reconociendo solo el concepto de vacaciones por la suma de Bs31. 150,00 (Treinta y un mil ciento cincuenta con 00/100 Bolivianos).

II. ARGUMENTOS DE LOS RECURSOS DE CASACIÓN Recurso de casación del GAD-Pando Contra el mencionado Auto de Vista, el GAD-Pando formuló recurso de casación de fs. 126 a 127 vta, exponiendo las siguientes infracciones:

Señaló, la inobservancia y errónea interpretación de la normativa aplicable al régimen de vacaciones para servidores públicos por parte del Tribunal de Alzada, bajo el argumento que, según los arts. 33 del Decreto Reglamentario de la Ley General del Trabajo (DR-LGT) y el 50 de la Ley N 2027 (Estatuto del Funcionario Público), las vacaciones no serían compensables en dinero ni acumulables por más de dos gestiones consecutivas, siendo su uso obligatorio. En el caso específico del GAD-Pando, sostuvo que, ni el personal de libre nombramiento o autoridades electas regulados por el art.5 la Ley N 2027, mi el personal eventual o los consultores en línea referidos en el art. 6 de la citada Ley, están sujetos a un régimen laboral que permita el pago pecuniario de vacaciones, ya que sus derechos se rigen por contratos de índole administrativo. Bajo este razonamiento, se impugnó la Página 2 de 30

Sentencia N 13/2025 y la decisión del Tribunal de Alzada por ordenar el pago de Bs 31.150,00.-, alegando que se ha desconocido la jerarquía normativa de la Ley N 2027, la que, prevalecería sobre cualquier Decreto Supremo y prohíbe la compensación económica de este beneficio para las tres categorías de personal mencionadas.

Denunció que, su infracción centra el análisis en una presunta vulneración del derecho a la debida motivación y fundamentación de las Resoluciones judiciales, una pieza clave del debido proceso que, si fallaría, dejaría al justiciable en un limbo de incertidumbre. El recurrente invoca los arts. 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP) y el 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH), señalando que la Corte Interamericana de Derechos Humanos, mediante la interpretación evolutiva del art. 8- 1) de la CADH, ha consolidado la motivación como una garantia esencial. Según esta visión, motivar no es solo un formalismo, sino la exteriorización de una justificación razonada que aseguraría que las partes han sido escuchadas y permite el control de la decisión mediante recursos.

En el ordenamiento interno, se vincula esta exigencia con los arts.115 y 117 de la Constitución Política del Estado (CPE), para sustentar esta posición, se citó una linea jurisprudencial uniforme que incluye la Sentencia Constitucional (SC) N 112/2010-R de 10 de mayo, las Sentencias Constitucionales Plurinacionales I(SSCCPP) Nos.

1471/2012 de 24 de septiembre y 487/2014 de 25 de febrero; estas sentencias establecen que, toda autoridad tiene el deber ineludible de exponer los hechos y fundamentos legales de su decisión de forma clara y coherente; de lo contrario, se genera una duda razonable sobre la imparcialidad del Juzgador. El reclamo central radica en que el Tribunal de apelación omitió pronunciarse sobre los agravios expresados en el recurso de apelación.

Página 3 de 30

Concluyó, solicitando que se case o se anule el Auto de Vista impugnado.

Recurso de casación de Enrique Peñaranda Mercado Contra el mencionado Auto de Vista, Enrique Peñaranda Mercado formuló recurso de casación de fs. 132 a 135 vta, exponiendo la siguiente infracción:

El recurrente planteó una infracción relativa al pago del bono refrigerio, denunciando que el Auto de Vista impugnado incurrió en una interpretación errónea y aplicación indebida de la Ley, vulnerando los principios de congruencia, pertinencia y razonabilidad.

Fundamenta su recurso en el art. 271 del Código Procesal Civil (CPC- 2013) y en la ratio decidendi del Autos Supremos Nos. 936/2024 y 937/2024, argumentando que el derecho al refrigerio, según los arts.

1, 2 y 3 del Decreto Supremo (DS) N 2219 (modificado por el DS N 4613, constituye un derecho adquirido para todo el sector público, incluyendo a personal con ítem, eventuales y consultores individuales de linea; que si bien este beneficio está condicionado a la prestación efectiva y directa del servicio (excluyéndose días de vacación o licencias), la entidad empleadora no habría cumplido con la inversión de la carga de la prueba para desvirtuar la pretensión, conforme exigen los arts. 3-h), 66, 150 y 160 del Código Procesal del Trabajo (CPT), en estrecha relación con lo dispuesto en el art. 48-II de la CPE, que garantiza la protección del trabajador y la aplicación del principio in dubio pro operario.

Asimismo, denunció la vulneración de los arts. 46, 48, 49, 115-II, 117, 123, 180-I y 410 de la CPE, señalando que los derechos laborales son irrenunciables e imprescriptibles, y que la normativa laboral debe aplicarse retroactivamente cuando favorece al trabajador.

Página 4 de 30

El recurrente refuerza su postura citando la SCP N 0979/2019-5S1 y el Auto Supremo N187-S de 23 de abril de 2013, que establecen, aunque un servidor público esté sujeto a la Ley N 2027 (Estatuto del Funcionario Público) y no a la Ley General del Trabajo (LGT), la judicatura laboral tiene competencia excepcional para tutelares derechos adquiridos como sueldos devengados o bonos. También se invocó el art. 4 del DS N 110 sobre los principios protector y de condición más beneficiosa, e hizo referencia a la doctrina de Pastor Ortiz Mattos sobre los errores de hecho y de derecho en la apreciación de la prueba. Finalmente; advierte, que la inobservancia de estas normas y de la jerarquía del bloque de constitucionalidad, así como el incumplimiento del deber de fundamentación y lealtad procesal conforme el art. 3-f) y g) del CPT, podría derivar en responsabilidad administrativa bajo el DS N 23318-A y el Auto Supremo N 40/2025, solicitando la restitución de sus derechos.

Solicitó que, se CASE y/o ANULE el Auto de Vista impugnado.

IV. CONTESTACIÓN AL RECURSO DE CASACIÓN Mediante memorial de fs. 139 a 142, el actor dio respuesta negando todas las infracciones interpuestas por el demandado en su recurso de casación, alegando lo siguiente:

Respondió que, el Tribunal Supremo de Justicia abordó el análisis del recurso de casación fundamentado en el art. 271 del CPT, evaluando la existencia de posibles violaciones normativas, interpretaciones erróneas o aplicaciones indebidas de la ley para garantizar el debido proceso.

En ese marco, y bajo la guía de la ratio decidendi de los y , se examinaron los antecedentes del proceso, evidenciando que el demandante trabajó como personal eventual y posteriormente con ítem en el Servicio Departamental de Gestión Social de Pando desde febrero de 2011 hasta mayo de 2019.

Página 5 de 30

Defendió que, la Sentencia se basó en la aplicación obligatoria de los arts .1, 2 y 3 del DS N 2219, modificado posteriormente por el DS N 4513, normas instituyeron el bono de refrigerio como una asignación máxima diaria de Bs18 (dieciocho 00/100 Bolivianos) para todo el sector público, extendiendo el beneficio explícitamente al personal eventual y a los consultores de línea.

Estableció que, este concepto constituye un derecho adquirido que exige Únicamente la prestación personal y efectiva del servicio, perdiéndose de forma temporal solo si la actividad laboral se interrumpía por vacaciones o licencias; recordó que, la actualización normativa dispuso la efectivización de este pago mediante la aplicación de la Billetera Móvil para fomentar la economía nacional.

Respecto a la carga de la prueba, señaló que, la entidad demandada incumplió con su obligación procesal de desvirtuar la pretensión del trabajador, omitiendo demostrar cualquier razón legal que impidiera dicho pago, conforme a lo exigido por los arts. 3- h), 66 y 150 del CPT, este criterio guardó coherencia con el art. 48-II de la CPE, el cual impuso la inversión de la prueba y el principio de no discriminación a favor del trabajador; además, la obligatoriedad de otorgar este beneficio en los Gobiernos Autónomos Municipales fue respaldada con la SCP N 0979/2019-S1, ratificando que el marco de negociación de estas asignaciones se encontró amparado en el art. 49 de la CPE.

Mostrando 28 de 136 parrafos.

Lee el fallo completo con Pixi Lector

Estás viendo aproximadamente el primer 20% del fallo. Activa Pixi Lector para acceder al texto íntegro y al PDF original completo.

Bs. 20/mesPixi Lector

  • Texto íntegro de las sentencias del TCP y TSJ
  • PDF oficial de cada resolución, listo para descargar
  • Citas listas para usar en tus escritos

¿Necesitas también el asistente IA? Compara todos los planes

Datos del proceso

Demandante
Enrique Peñaranda Mercado
Demandado
Gobierno Autónomo Departamental de Pando.-
Proceso
Pago de Beneficios Sociales y Derechos
Magistrado relator
German Saul Pardo Uribe
Tribunal Supremo de Justicia16 de abril de 2026AS/0243/2026Fuente oficial