Texto del fallo
DO AS AA TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA SALA CONTENCIOSA, CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA PRIMERA AUTO SUPREMO 249/2026 Sucre 28 de abril de 2026 DATOS DEL PROCESO Y DE LAS PARTES Expediente : 883/2025 Demandante : Marina Rivero Iporre Demanda : Gobierno Autónomo Municipal de Sucre Proceso : Conversión de Contrato Distrito : Chuquisaca Relatora : Mgda. Rosmery Ruiz Martinez I. VISTOS: El Recurso de Casación de fs. 431 a 442 vta., interpuesto por el Gobierno Autónomo Municipal de Sucre, a través de su representante legal, impugnando el Auto de Vista 437/2025 de 16 de septiembre, pronunciado por la Sala de Familia, Niñez, Adolescencia y Social del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca, de fs. 419 a 428 vta., dentro de Conversión de Contrato seguido por Marina Rivero Iporre contra la entidad recurrente; contestación al recurso, de fs. 451 a 457 vta., el Auto 254 de 22 de octubre de 2025 que concedió el recurso a fs. 469; el Auto de Admisión 883/2025-A de 27 de octubre que admitió el Recurso de Casación, a fs. 475 y vta., y los antecedentes del proceso.
IL. ANTECEDENTES PROCESALES Sentencia Tramitado el proceso laboral por pago de Beneficios Sociales la Juez de Partido del Trabajo y Seguridad Social, Administrativo, Coactivo, Fiscal y Tributario Segundo de la capital del departamento de Chuquisaca, emitió la Sentencia 15/2024 de 19 de julio, de fs. 373 a 377, declarando PROBADA EN PARTE la demanda de Conversión de Contrato de plazo
fijo a indefinido y reconocimiento de estabilidad laboral y otros de fs. 25 a 31, sin costas en atención al art. 39 de la Ley 1178, disponiendo la CONVERSION DE CONTRATO DE PLAZO A FIJO A PLAZO INDEFINIDO Y EL RECONOCIMIENTO DE LA ESTABILIDAD LABORAL DE MARINA RIVERA IPORRE EN EL CARGO DE TÉCNICO X TOPOGRAFO DE DIRECCIÓN DE REGULARIZACIÓN TERRITORIAL DEPENDIENTE DE SECRETARÍA MUNICIPAL DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL DEL GOBIERNO AÚTONOMO MUNICIPAL DE SUCRE, así como el reconocimiento de sus derechos laborales como el bono de antiguedad y el uso y goce de sus vacaciones.
Auto de Vista
En grado de Apelación promovida por el Gobierno Autónomo Municipal de Sucre (GAMS), a través de su representante legal, la Sala de Familia, Niñez, Adolescencia y Social del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca, por Auto de Vista 437/2025 de 16 de septiembre, de fs. 419 a 428 vta., CONFIRMÓ la Sentencia 15/2024 de 19 de julio, de fs. 373 a 377.
II. ARGUMENTOS DEL RECURSO DE CASACIÓN DE CASACIÓN Recurso de Casación de forma
De la revisión exhaustiva del memorial del recurso de casación en la forma interpuesto por el Gobierno Autónomo Municipal de Sucre (GAMS), se establece que la entidad pública recurrente acusa la violación del debido proceso en sus elementos de motivación, fundamentación y congruencia previsto en el arts. 115.1 de la Constitución Política del Estado (CPE); art.
30.1I de la Ley del Órgano Judicial (LOJ); y arts. 213.3 y 218 de la Ley 439, acusa lo siguiente:
1. Omisión de pronunciamiento y omisión valorativa de la prueba respecto a la condición de profesional de la demandante, su ingreso bajo la modalidad de libre nombramiento y la aplicabilidad de la Sentencia Constitucional Plurinacional (SPC) 464/2018-S3 de 13 de septiembre.
Denuncia que el Tribunal de Alzada, al emitir el Auto de Vista, incurrió en un vicio de incongruencia omisiva (citra petita) y en una flagrante omisión valorativa de la prueba documental aparejada, consistente en los POAlIs de fs. 116 a 140, informes de trabajo de fs. 3606 a 348 y Título en
NS AE A Provisión Nacional a fs. 210. Reclama que los Vocales ignoraron el problema jurídico relativo a que la demandante no se encuentra amparada por la Ley 321 al detentar la calidad de Profesional, conforme al art. 1.11 de la Ley 321, toda vez que el término Operativo en el POAI refiere únicamente al nivel jerárquico del puesto y no a la ejecución de servicios manuales.
Sustenta de manera expresa que el ingreso de la trabajadora a la institución se dio en calidad de libre nombramiento al obedecer a contratos por invitación directa, argumentando que la condición de personal de confianza debe ser valorada por su naturaleza y no se limita a cargos de alta jerarquía (citando como ejemplo el puesto de chofer). En consecuencia, acusa al Tribunal de Alzada de haber omitido aplicar de forma correcta los entendimientos vinculantes de la , la cual delimita que la reincorporación al ámbito de protección de la Ley General del Trabajo se restringe única y exclusivamente a los trabajadores asalariados permanentes que desempeñen funciones manuales y técnico-operativo-administrativas, excluyendo a los profesionales y al personal de libre nombramiento.
2. Omisión de pronunciamiento y motivación insuficiente sobre la inaplicabilidad literal del DL 16187 frente al bloque de legalidad presupuestaria del sector público, lo que a su vez implica una vulneración de la . Acusa que el Auto de Vista adolece de una motivación insuficiente, vulnerando la , y de una total falta de justificación legal al aplicar de forma taxativa y aislada la sanción de conversión contractual regulada en el artículo 2 del DL 16187 de 16 de febrero de 1979. Sostiene que los Vocales evadieron pronunciarse sobre la naturaleza del GAMS como institución pública de servicio social sostenida por el TGN y los impuestos, cuya administración económica está obligatoriamente supeditada al principio de legalidad presupuestaria.
Señala que el Tribunal de Segunda Instancia aplicó mecánicamente una norma concebida para el fraude en empresas privadas lucrativas, omitiendo compulsar y confrontar el marco normativo del sector público invocado por el Municipio, compuesto por: el artículo 321.1 de la CPE, el
art. 1 de la Ley del Presupuesto General del Estado para la Gestión 2025, el art. 6.V de la Ley 482 de Gobiernos Autónomos Municipales, el art.
114.11 de la Ley 031 Marco de Autonomías, el art. 8 de la Ley 1178 de Administración y Control Gubernamentales, el art. 52 del Decreto Supremo 29894, el art. 16 la Resolución Suprema 22558 y las Resoluciones Ministeriales que aprueban los Clasificadores Presupuestarios de cumplimiento obligatorio. Afirma que el auto de Vista omitió deliberadamente dar las razones de hecho y de derecho por las cuales considera que la estabilidad laboral de la LGT debe prevalecer de manera absoluta por encima de la imposibilidad material y legal que tiene el GAMS para otorgar o crear contratos a plazo indefinido sin partidas presupuestarias autorizadas.
Recurso de Casación en el fondo
De la compulsa del Recurso de Casación en el fondo interpuesto por el Gobierno Autónomo Municipal de Sucre (GAMS), se establece que la entidad pública recurrente acusa la existencia de errores de hecho en la apreciación de la prueba y la flagrante violación, interpretación errónea y aplicación indebida del art. 271 de la Ley 439.
1. Errónea valoración probatoria de los contratos, los POAis y las condiciones laborales en relación a la categoria de Profesional del artículo 1.11 de la Ley 321. Denuncia que el Auto de Vista incurrió en una valoración irrazonable de la prueba documental al confirmar la Sentencia de primera instancia. Sostiene que los Vocales aplicaron indebidamente el art. 1.1 de la Ley 321 y dejaron de aplicar la excepción de la condición de Profesional contenida en el parágrafo II de dicha norma, bajo el argumento de que el GAMS incorporó erróneamente a la demandante al régimen de la Ley General del Trabajo mediante cláusulas contractuales literales. Afirma que, bajo el principio de primacía de la realidad previsto en el art. 4.1.d del DS 28699 y (no señala Sala emisora), las funciones efectivas de la actora, acreditadas por los POAIs de fs. 116 a 140, informes técnicos de fs. 366 a 348 y el Título en Provisión Nacional de Técnico Superior en Topografia, de fs. 210, superan lo pactado textualmente en los contratos y demuestran su calidad profesional.
Argumenta que el Tribunal de Alzada confundió el término Operativo consignado en el Punto 5 de los POAlIs (Categoría del Puesto), interpretándolo de manera automática como una labor manual o técnicooperativo-administrativa, cuando en realidad dicha descripción obedece exclusivamente al nivel jerárquico del puesto dentro de la estructura organizacional del Órgano Ejecutivo Municipal (donde el Alcalde se ubica en el nivel Superior; los Directores en el Ejecutivo; y los Asesores, Ingenieros y Topógrafos se encuentran en la base Operativa como ejecutores de las tareas diarias de la institución). Precisa que las funciones del cargo de Técnico X Topógrafo (levantamientos topográficos, división y anexión de líneas municipales, verificación de loteamientos y elaboración de planos e informes) exigen indispensablemente conocimientos profesionales especializados que otra persona sin titulo no podría realizar.
Finalmente, tacha de subjetiva y contraria a las reglas de la sana crítica y el prudente criterio, la conclusión del Tribunal Ad quem que pretendió relativizar su condición profesional basándose en el monto de su remuneración salarial y sus condiciones laborales, alegando que el salario no define la naturaleza técnica del cargo, por lo que la trabajadora se halla excluida de la Ley 321.
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