Texto del fallo
TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA SALA CONTENCIOSA, CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA SEGUNDA AUTO SUPREMO N 253/2026 Sucre, 16 de abril de 2026 Expediente : 701/2025 Demandante : Asociación Accidental los Álamos Demandado : Universidad Autónoma Juan Misael Saracho Proceso : Contencioso Distrito : Tarija Relator : Mgdo. Germán Saúl Pardo Uribe I. VISTOS: El recurso de casación, de fs. 520 a 528 vta., deducido por Eduardo Cortez Baldivieso en representación legal de la Universidad Autónoma Juan Misael Saracho (UAJMS), impugnando la Sentencia N 03/2025 de 17 de marzo, pronunciada por la Sala Social, Seguridad Social. Administrativa, Contenciosa y Contenciosa Administrativa Única del Tribunal Departamental de Justicia de Tarija, de fs. 459 a 510, dentro del proceso Contencioso seguido por la Asociación Accidental Los Álamos contra la Universidad recurrente; con respuesta de contrario de fs. 533 a 538 vta; el Auto Interlocutorio N 141/2025 de 28 de agosto a fs. 543 y vta, que concedió el recurso, el Auto Supremo N? 701/2025-A de 03 de septiembre, a fs. 550 y vta, que admitió el recurso de casación y los antecedentes del proceso.
IL. ANTECEDENTES DEL PROCESO SENTENCIA Cursa en obrados, la demanda contenciosa de fs. 260 a 280, subsanada a fs. 284 y vta., a través de la cual, la Asociación Accidental demandante, representada legalmente por Leopoldo Héctor López Cossio, accionaron la vía contenciosa en contra de la
UAJMS a efecto de obtener una declaración de eficacia, validez y aplicación de certificados de constancia de impedimento; y declaración de existencia de volúmenes adicionales ejecutados en obra y no pagados, correspondiente a la Contratación de Construcción y Equipamiento de Laboratorios de la Carrera de Ingeniería de Alimentos de la UAJMS, demanda que fue resuelta mediante la Sentencia N 03/2025 de 17 de marzo, pronunciada por la Sala Social, Seguridad Social, Administrativa, Contenciosa y Contenciosa Administrativa Única del Tribunal Departamental de Justicia de Tarija, de fs. 495 a 510, que declaró PROBADA en parte la demanda contenciosa, interpuesta por la Asociación Accidental demandante, por haberse demostrado objetiva y materialmente, la existencia del impedimento por 18 días de lluvia;
la existencia de un impedimento de 21 días, por un Paro Civico movilizado; la existencia de la construcción de volúmenes adicionales: la existencia de trabajos de mantenimiento y reparaciones; la existencia del pago de montos adicionales por parte de la Asociación Accidental, para el mantenimiento de la vigencia de las garantías de cumplimiento de contrato y correcta inversión de anticipo; la existencia del daño de orden patrimonial en contra de la Asociación Accidental por el tiempo en que no fue cumplida la obligación pecuniaria por el trabajo efectuado: por lo que, ordenó a la UAJMS el pago por los conceptos señalados por la suma total de Bs327.378,23 (Trescientos veintisiete mil trescientos setenta y ocho con 23/100 bolivianos), más el interés legal del 6 (seis) anual, como única sanción compensable ante el incumplimiento de pago de la UAJMS, computable desde el momento en que se hagan exigibles estas obligaciones ahora reconocidas, hasta que se haga efectivo el pago.
III. ARGUMENTOS DEL RECURSO DE CASACIÓN
La parte demandada, mediante memorial de fs. 520 a 528 vta., interpuso recurso de casación, exponiendo las siguientes
infracciones:
En el Fondo
El recurso expuso sus argumentos señalando que, el Tribunal Ad quo, habría incurrido en una errónea interpretación y aplicación indebida de las cláusulas contractuales vigésima, trigésima y trigésima sexta del Contrato Administrativo de Obra para la Construcción y Equipamiento de los Laboratorios de la Carrera de Ingenieria de Alimentos de la UAJMSs, suscrito con la Asociación Accidental Los Álamos, por cuanto que, cuestionó que el fallo judicial reconociera montos por impedimentos de lluvias y paro cívico, volúmenes adicionales, mantenimiento y garantías, liberando de responsabilidad al contratista.
Respecto a los impedimentos por lluvias y paro cívico, argumentó que, el Tribunal falló erróneamente a favor del contratista basándose solo en los certificados de constancia elaborados por el Fiscal de Obra, omitiendo lo estipulado en las cláusulas vigésima y trigésima, las cuales determinaban que, el contratista no solo debía recabar dicha constancia, sino también solicitar por escrito al Supervisor el inicio del trámite para la elaboración de una Orden de Cambio, requisito indispensable para modificar el plazo o eximir penalidades al contratista. Esta omisión habría vulnerado el principio doctrinal Pacta Sunt Servanda (lo pactado obliga), esencial en la contratación pública, y aplicó de forma indebida el principio Nemo auditur propriam turpitudinem allegans (nadie puede alegar su propia negligencia) en contra de la UAJMS, ignorando que fue la empresa demandante la que no aseguró la conclusión del procedimiento formal.
Asimismo, en relación con el paro civico nacional de 21 días, se advirtió que el Tribunal no valoró el Informe Legal N 549/2019 presentado en la contestación de la demanda. Dicho informe concluyó que, el plazo de 180 dias para la recepción definitiva no formaba parte del plazo de ejecución de la obra, por lo que, no
correspondía un contrato modificatorio de ampliación y justificaba la aplicación de días de mora, los cuales fueron debidamente descontados en el Certificado de Obra N 23 (de cierre) suscrito y aceptado de conformidad por la propia empresa.
En cuanto a los volúmenes adicionales, mantenimiento y garantías, se señaló que la Sentencia validó reclamos económicos sin la existencia de Órdenes de Cambio o Contratos Modificatorios exigidos por las cláusulas trigésima y trigésima sexta, priorizando de forma errónea una supuesta verdad material por encima de la seguridad jurídica y la normativa de contratación estatal. Esta decisión vulneró el Principio de Legalidad consagrado en el art.
232 de la Constitución Política del Estado (CPE), el cual establece que la Administración Pública y los contratistas deben someterse estrictamente a la Ley, a las Normas Básicas del Sistema de Administración de Bienes y Servicios (NB-SABS) y al contrato, como Ley entre partes.
De igual manera, se acusó la transgresión del Principio de Transparencia, tipificado en el art. 3-k) del DS N 0181 y vinculado al art. 108-I de la CPE, debido a que la falta de formalización de las modificaciones impidió la verificación clara y pública de los fondos estatales. También se vulneró el Principio de Eficiencia, previsto en el art.3-g) del mismo Decreto Supremo (DS) N 0181, ya que la negligencia del contratista al no tramitar los mecanismos contractuales oportunos generó sobrecostos y demoras en los fines del Estado, sentando un precedente peligroso para la gestión pública.
Denunció un error de derecho en la apreciación de la prueba, toda vez que, el Tribunal de Sentencia valoró la prueba pericial de los volúmenes adicionales sin considerar que la tramitación de una Orden de Cambio constituía un requisito sine qua non para su cobro, este error se repitió al analizar el Certificado de Avance de Obra N 23 (de cierre), puesto que el contratista propuso, aprobó
y firmó dicho documento en plena conformidad sin incluir los trabajos adicionales, lo que significó un consentimiento expreso de su contenido que invalidaba cualquier pretensión de cobro judicial posterior.
En la forma
El demandado fundamentó la existencia de la vulneración del debido proceso en la Sentencia N 03/2025 debido a una flagrante incongruencia aditiva, citando la doctrina de Guillermo Cabanellas, se recordó que el principio de congruencia exige la conformidad y correspondencia estricta que debe existir entre el fallo judicial y las pretensiones planteadas por las partes; en ese sentido, argumentó que el Tribunal de Sentencia incurrió en este vicio al desestimar la solicitud del demandante sobre el pago de daños, perjuicios y lucro cesante, pero otorgó de oficio un interés legal del 6 anual como sanción compensatoria, introduciendo un elemento que nunca fue peticionado, probado ni debatido en la litis, actuando de forma ultra petita.
Señaló que, esta Resolución habría vulnerado el elemento de congruencia garantizado por la normativa del art. 4 del Código Procesal Civil (CPC-2013), que exige una estricta correlación entre lo pedido y lo resuelto.
Invocó la jurisprudencia de la Sentencia Constitucional (SC) N 2016/2010-R de 9 de noviembre de 2010, la cual determinó de manera vinculante que la incongruencia aditiva se configura precisamente cuando la autoridad jurisdiccional o administrativa falla adicionando o incorporando elementos que no fueron peticionados ni discutidos por las partes en el decurso de la causa.
Advirtió que, la inclusión arbitraria de dicho interés legal lesionó el derecho a la defensa de la parte demandada, al privarla de la oportunidad de pronunciarse, debatir o contradecir tal pretensión.
Por tal motivo, se concluyó que la Sentencia recurrida adoleció de un vicio formal insubsanable que afectó la validez del fallo y que
habilitó la interposición del recurso de casación, conforme a lo previsto en el art. 271-III del CPC-2013, constituyendo una causal clara de nulidad por haberse violado las formas esenciales del proceso.
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