Texto del fallo
TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA SALA CONTENCIOSA, CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA PRIMERA AUTO SUPREMO 256/2026 Sucre, 28 de abril de 2026 DATOS DEL PROCESO Y DE LAS PARTES Expediente : 843/2025 Demandante : Empresa Unipersonal bWQuisbert Riveros Ingeniería Demandado : Gobierno Autónomo Departamental de La Paz Proceso : Contencioso Distrito : La Paz Relatora : Meda. Rosmery Ruiz Martinez I. VISTOS: Los Recursos de Casación de fs. 1455 a 1459 y de fs. 1450 a 1452 vta., interpuestos por la Empresa Unipersonal Quisbert Riveros Ingeniería, a través de su representante legal y por el Gobierno Autónomo Departamental de La Paz, respectivamente;
impugnando la Sentencia 8/2024 de 20 de noviembre, de fs. 1416 a 1436 vta., emitida por la Sala Social Administrativa, Contencioso y Contenciosa Administrativa Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, dentro del proceso Contencioso seguido por la Empresa Unipersonal Quisbert Riveros Ingeniería contra el Gobierno Autónomo Departamental de La Paz; la contestación al recurso, de fs.
1463 a 1464; el Auto 28/2025 de 19 de agosto, a fs. 1465, que concedió el recurso; el -1I de 20 de octubre, a fs. 1477 y vta., que admitió el Recurso de Casación interpuesto por la Empresa Unipersonal Quisbert Riveros Ingeniería y declaró improcedente el Recurso de Casación interpuesto por el Gobierno Autónomo Departamental de La Paz; lo obrado en el proceso.
IL. ANTECEDENTES PROCESALES Sentencia En consideración de la demanda Contenciosa de fs. 182 a 191, subsanada por memorial de fs. 195 a 198 vta., interpuesta por la
Empresa Unipersonal Quisbert Riveros Ingeniería, a través de su representante legal, contra el Gobierno Autónomo Departamental de La Paz, quien una vez citado, contestó negativamente de fs. 426 a 440, interponiendo en el mismo acto Acción Reconvencional por Cumplimiento de Garantía de Buena Ejecución de Obra, subsanada por memorial de fs. 543 a 566 vta. Sustanciada la causa, la Sala Social Administrativa, Contencioso y Contenciosa Administrativa Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, emitió la Sentencia 8/2024 de 20 de noviembre, de fs. 1416 a 1436 vta., declarando:
Primero: PROBADA EN PARTE la Demanda Contenciosa de fs. 182 a 191, subsanada por memorial de fs. 195 a 198 vta., disponiendo que el Gobierno Autónomo Departamental de La Paz proceda de manera inmediata con el pago del Saldo Deudor de Bs558.584,42 (quinientos cincuenta y ocho mil quinientos ochenta y cuatro 42/100 bolivianos), emergente del Contrato Administrativo Construcción Estación Policial Integral E.P.I. - Distrito 8 El Alto, Contrato LPN/72/2014 de 12 de septiembre y Contratos Modificatorios de 19 de noviembre de 2014, 15 de abril de 2015 y O5 de enero de 2016, respectivamente, y Órdenes de Cambio de 5 de febrero de 2016 y 15 de abril de 2016.
Segundo: IMPROBADA la solicitud de daños y perjuicios e Intereses solicitados por la parte demandante, por su manifiesta improcedencia.
Tercero: IMPROBADA la excepción de Prescripción alegada por la Empresa Unipersonal Quisbert Riveros Ingeniería.
Cuarto: IMPROBADA la Acción Reconvencional por cumplimiento de obligación, contenida en el otrosí 2do. del memorial de fs. 426 a 440, subsanada por memorial de fs. 543 a 566 de obrados.
Quinto: IMPROBADA la excepción de Prescripción alegada por el Gobierno Autónomo Departamental de La Paz.
AL. ARGUMENTOS DEL RECURSO DE CASACION El Recurso de Casación interpuesto por la Empresa Unipersonal Quisbert Riveros Ingeniería, a través de su representante legal, de fs.
1455 a 1459, expuso lo siguiente:
Acusó la errónea apreciación del derecho al pago de intereses y falta de valoración probatoria, dado que el recurrente señaló que el monto de Bs558.584,42 (quinientos cincuenta y ocho mil quinientos ochenta y cuatro 42/100 bolivianos), debido por el Gobierno Autónomo Departamental de La Paz por concepto de saldo de la Planilla 7, debió ser cancelado en el año 2016, y que el retraso en dicho pago genera, por previsión contractual expresa, una compensación pecuniaria a su favor conforme a la Cláusula Vigésima Octava del Contrato Administrativo LPN/72/2014 de 12 de septiembre, que establece taxativamente el derecho del Contratista a reclamar el pago de un interés equivalente a la tasa promedio anual del sistema bancario cuando la demora de pago supere los sesenta dias calendario desde la aprobación de la planilla por el Supervisor.
Añade que la Sentencia impugnada incurrió en una errónea apreciación al sostener que dicha cláusula no sería aplicable a la Planilla 7 por tratarse de una planilla final, con el procedimiento de pago y las consecuencias del retraso estatuidas en la referida Cláusula Vigésima Octava, siendo falso que el cierre formal del proyecto exima a la Entidad de generar intereses por mora, máxime cuando en obrados quedó acreditado un saldo deudor vinculado precisamente a dicha planilla.
Denunció asimismo, que el Tribunal de origen omitió valorar la amplia documentación probatoria adjunta a la demanda, consistente en notas de solicitud de pago, reclamos notariados, facturas, memoriales y recursos administrativos de fs. 135, 137 a 138, 139, 141, 142, 147, 148, 152, 158 y 170 a 172, entre otros, que acreditan las gestiones de cobro oportunamente realizadas por la empresa y que no fueron objeto de análisis en la Sentencia impugnada.
Concluyó solicitando se CASE la Sentencia 8/2024 20 de noviembre, únicamente en lo que respecta al Dispositivo Segundo de dicha Resolución, disponiendo el pago de intereses devengados por el retraso en el pago del saldo deudor de la Planilla de Avance 7.
IV. CONTESTACIÓN AL RECURSO DE CASACIÓN
Mediante memorial de fs. 1463 a 1464, el Gobierno Autónomo Departamental de La Paz, a través de su representante legal, contestó al Recurso de Casación, argumentando que:
La Sentencia impugnada señala con claridad que se ignora si la empresa contratista efectuó el trámite administrativo pertinente previsto en la Cláusula Vigésima Octava del Contrato Administrativo para el reclamo y cobro de los intereses que alega, por lo que los argumentos para solicitar dichos ¡intereses carecen de fundamentación jurídica y respaldo probatorio.
Sostuvo que no existe arbitrariedad en condicionar el pago del saldo deudor, toda vez que la empresa demandante aceptó y suscribió el documento correspondiente, quedando obligada a atender la conminatoria para subsanar las observaciones y así recibir el saldo adeudado, siendo su responsabilidad el hecho de que no se procediera con dicho pago por no haber subsanado las observaciones en su momento.
Añadió que el demandante formuló desistimiento mediante memorial de fecha 20 de febrero de 2025, mismo que no fue notificado al GADLP, vulnerando el debido proceso y el derecho a la defensa, toda vez que todo actuado procesal genera efecto desde su notificación.
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