Texto del fallo
DD TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA SALA CONTENCIOSA, CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA PRIMERA AUTO SUPREMO 259/2026 Sucre, 28 de abril de 2026 DATOS DEL PROCESO Y DE LAS PARTES Expediente : 838/2025 Demandante : Gobierno Autónomo Municipal de La Paz Demandado : Germán Andrés Manuel Monroy Chazarreta y Otros.
Proceso : Coactivo Fiscal Distrito : La Paz Relator : Mgdo. Germán Saúl Pardo Uribe f I. VISTOS: El Recurso de Casación de fs. 841 a 846 vta., interpuesto por el Gobierno Autónomo Municipal de La Paz, a través de sus representantes legales, impugnando el Auto de Vista 224/2024 de 16 de septiembre, de fs. 837 a 839 vta., pronunciado por la Sala Social Administrativa, Contencioso y Contenciosa Administrativa Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, dentro del proceso Coactivo Fiscal, seguido por la entidad recurrente contra Germán Andrés Manuel Monroy Chazarreta y otros; sin contestación al Recurso de Casación; el Auto 142/2025 de 10 de marzo, a fs. 863 que concedió el Recurso de Casación; el Auto de Admisión 838/2025-A de 15 de octubre, a fs. 871 y vta. que admitió el Recurso de Casación, y lo obrado en el proceso.
IL. ANTECEDENTES PROCESALES Tramitado el proceso Coactivo Fiscal, seguido por el Gobierno Autónomo Municipal de La Paz contra Germán Andrés Manuel Monroy Chazarreta y Otros, el Juez de Partido Administrativo, Coactivo Fiscal y Tributario Quinto de la Capital del departamento de
La Paz, emitió la Sentencia 2/2024 de 30 de enero, de fs. 814 a 818 vta., que en su parte resolutiva declaró PROBADA la demanda Coactiva Fiscal interpuesta por el Gobierno Municipal de La Paz con relación a Efrain Alejandro Rodríguez Donoso y German Andrés Manuel Monroy Chazarreta y PROBADA LA EXCEPCION PERENTORIA DE PRESCRIPCIÓN planteada por Daniel Quevedo Villagómez. Asimismo, giró Pliego de Cargo en contra de Efraín Alejandro Rodriguez Donoso y German Andrés Manuel Monroy Chazarreta para que procedan al pago en forma solidaria, de la suma Bs656,00 (seiscientos cincuenta y seis 00/100 bolivianos) equivalentes a USD143,23 (ciento cuarenta y tres 23/100 dólares estadounidenses) más actualización e intereses de ley a liquidarse por concepto de percepción indebida de sueldos, salarios, honorarios, dietas y otras remuneraciones análogas con fondos del Estado.
II. AUTO DE VISTA
Interpuesto el Recurso de Apelación por la entidad demandante mediante memorial de fs. 821 a 826, la Sala Social Administrativa, Contencioso y Contenciosa Administrativa Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, emitió el Auto de Vista 224/2024 de 16 de septiembre, de fs. 837 a 839 vta., que CONFIRMÓ totalmente la Sentencia 2/2024 de 30 de enero, sin costas; fallo contra el cual la entidad demandante interpuso el Recurso de Casación en análisis.
IV. ARGUMENTOS DEL RECURSO DE CASACIÓN
Mediante memorial de fs. 841 a 846 vta., la entidad recurrente, a través de su representante legal, interpuso Recurso de Casación en contra del citado Auto de Vista, expresando los siguientes motivos:
- EN LA FORMA
1. Infracción del art. 271.II con relación al art. 218.III del Código Procesal Civil (CPC). Refirió que, al momento de resolver, el Tribunal de Alzada no tomó en cuenta lo señalado en la Sentencia
ZA Constitucional Plurinacional (SCP) 790/2012 de 20 de agosto, de cuya transcripción pertinente, considera que las deudas con el Estado no prescriben.
Refirió que, el Auto de Vista señaló que no constan notificaciones a los coactivados (con el Informe Preliminar, el Informe Complementario y el mismo Dictamen de Responsabilidad Civil), lo que pone en duda la emisión del Dictamen de Responsabilidad Civil, empero, se verificaría el cumplimiento del procedimiento en el que se encuentran las notificaciones a los involucrados, para la presentación de los descargos respectivos, por lo que aquella afirmación del Tribunal Ad quem, a su entender, carece de fundamento.
Señala que el momento en que se inicia el cómputo de la prescripción es una vez que se emite el Informe Complementario, el que se realiza en mérito al examen que se efectúa a los argumentos y documentación presentados en calidad de justificativos y aclaraciones, debido a que el mismo puede dejar sin efecto los hallazgos de responsabilidad advertidos en el Informe Preliminar, y es el momento desde el cual se puede hacer valer el derecho cobrando el cargo imputado por responsabilidad civil. Del presente caso, advierte que se notificó al coactivado Daniel Quevedo Villagómez en fecha 15 de noviembre de 2006, según memorial de respuesta del coactivado, en el que opone la excepción de prescripción, por lo que, a partir de los hechos de la responsabilidad civil (gestión 2000) correspondiente al Informe Complementario GL/EP22/L96 C2 de 21 de septiembre de 2000, hasta la notificación al coactivado con la demanda coactiva fiscal, auto de admisión y Nota de Cargo, transcurrieron solamente 6 años, lo que no hubiere sido apreciado por el juez de la causa ni por los vocales del Tribunal de Apelación.
Agregó que, el hecho de oponer excepción de prescripción contraviene el precepto constitucional del art. 324 de la Constitución Política del Estado (CPE), la que tiene preferencia de aplicación, conforme
interpretó la Sentencia Constitucional (SC) 1000/2010-R de agosto de 2010 (sic), en relación a la sustitución de la Constitución Política del Estado.
Señaló que la Ley de Lucha contra la Corrupción, Enriquecimiento llíicito e Investigación de Fortunas Marcelo Quiroga Santa Cruz, vigente desde el 31 de marzo de 2010, en su art. 39 impone el principio de defensa de los intereses del Estado a través de la imprescriptibilidad de las deudas por efecto del tiempo; disposiciones que llevaron al Tribunal Constitucional a declarar la inconstitucionalidad del art. 40 de la Ley SAFCO a través de la .
Así, expresa que el precepto del art. 324 de la CPE en cuanto a la imprescriptibilidad de las deudas por daños económicos causados al Estado debe ser asumido como norma constitucional-principio de acuerdo al desarrollo de la jurisprudencia constitucional efectuado por la .
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