Texto del fallo
TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA SALA CONTENCIOSA, CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA SEGUNDA AUTO SUPREMO N 261/2026 Sucre, 16 de abril de 2026 Expediente : 749/2025 Demandante : Jairo Flores Salinas Demandado : Caja de Salud de Caminos y R.A. Regional Oruro Proceso : Contencioso Distrito : Oruro Relator : Mgda. Rosmery Ruiz Martinez I. VISTOS: El recurso de casación de fs. 113 a 114 vta., interpuesto por Jairo Flores Salinas contra la Sentencia N 35/2025 de 17 de julio, de fs. 103 a 107, pronunciada por la Sala Especializada Contenciosa, Contenciosa Administrativa y Social Administrativa del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro, dentro del proceso contencioso seguido por el recurrente contra la Caja de Salud de Caminos R.A. Regional Oruro; sin contestación de contrario; el Auto N 385/2025 de 03 de septiembre, de fs. 118 y vta. que concedió el recurso; el Auto Supremo N 749/2025-A de 16 de septiembre, de fs. 124 y vta., que admitió el recurso; los antecedentes del proceso, y;
IL. ANTECEDENTES DEL PROCESO Sentencia La Sala Especializada Contenciosa, Contenciosa Administrativa y Social Administrativa del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro, emitió la Sentencia N 35/2025 de 17 de julio, que declaró PROBADA en parte la demandada contenciosa y dispuso:
1. Que la entidad demandada cumpla con el pago de Bs. 13.000.- (Trece Mil 00/100 Bolivianos) en favor del demandante; 2. Otorgó
el plazo de tres días de ejecutoriada la Sentencia, para cumplir lo dispuesto; 3. Sin lugar a los daños, perjuicios ni honorarios profesionales; y 4. Sin costas ni costos.
III. MOTIVOS DEL RECURSO DE CASACIÓN
El recurrente, planteó recurso de casación contra la referida Sentencia N 35/2025, alegando errores de hecho y de derecho en la valoración de la prueba, así como una interpretación errónea y aplicación indebida de la Ley, que derivaron en una decisión parcializada e incongruente.
Refirió que su demanda se circunscribe al cobro de Bs. 19.500.por el servicio de ecografía que prestó en la institución durante tres meses correspondientes a octubre, noviembre y diciembre de 2022, los cuales son acreditados por el mismo contrato administrativo N A.L.102/2022, la certificación de trabajo emitida por la jefatura médica y otra documentación presentada.
Expresó que la Sentencia emitida por el Tribunal A quo, se limita a solo reconocer el pago de Bs. 13.000.- bajo el argumento de que, no se habían emitido las facturas correspondientes, decisión que es rígida, formalista y contraria a principios básicos de derecho.
Señaló que las obligaciones son recíprocas y en tal virtud, las partes se encuentran constreñidas al cumplimiento del contrato, este aspecto debió analizarse en conformidad a lo establecido en el art. 573 del Código Civil (CC), de lo que se deduce que, la entidad demandada no podía exigir la emisión de facturas sin haber efectuado el pago en los plazos pactados, lo que ocasionó una imposibilidad de contraer obligaciones tributarias sin contar con el pago correspondiente por ser financieramente insostenible para un profesional independiente.
Refirió que la Sentencia impugnada, incurrió en interpretación errónea y aplicación indebida de la norma contractual administrativa, al condicionar el pago total pactado en el Contrato Administrativo N 102/2022 a la presentación de facturas, sin
valorar que dicha exigencia resultaba de imposible cumplimiento por causas imputables exclusivamente a la entidad demandada, la cual no efectuó el pago oportuno y mantuvo impago los servicios prestados a la fecha, circunstancia respaldada por la confesión expresa del responsable de Contabilidad de la Caja de Salud de Caminos y R.A. y el certificado de trabajo emitido por el jefe médico regional, cursante en obrados, que fueron indebidamente omitidos o desvalorizados por la autoridad judicial.
Manifestó, que conforme a lo establecido en la Sentencia Constitucional Plurinacional (SCP) N 0919/2014 de 21 de mayo.
el Juez no puede realizar una interpretación puramente literal o restrictiva de la norma civil, omitiendo considerar circunstancias concretas del caso y otros principios, la jurisprudencia citada, enfatiza que cuando la valoración probatoria se aparta de los hechos probados resultando incongruente, se vulnera el debido proceso y la tutela judicial efectiva.
En cuanto al rechazo de los daños y perjuicios, refirió que se desconoció la naturaleza misma del resarcimiento contractual, citó los arts. 339 y 344 del CC y señaló que en el caso presente, la falta de pago generó perjuicios directos a su actividad profesional e impidió atender compromisos financieros y produjo un lucro cesante, tampoco se aplicó el principio de verdad material consagrado en los arts. 180-1 de la Constitución Politica del Estado y en el art. 30-11 de la Ley del Órgano Judicial.
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