AS/0263/2020

TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

S A L A   C I V I L

Auto Supremo: 263/2020

Fecha: 06 de julio de 2020

Expediente: LP-36-20-S

Partes: Jacinta Lucy Pomacusi Zacarías c/ Jaime Torrez Tito.

Proceso: Partición y división de bienes gananciales.

Distrito: La Paz.

VISTOS: El recurso de casación de fs. 71 a 72 vta., presentado por Jaime Torrez Tito, impugnando el Auto de Vista N° 22/2020 de 20 de enero, cursante de fs. 68 a 69 vta., pronunciado por la Sala Civil Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, dentro el proceso de división y partición de bienes gananciales, seguido por Jacinta Lucy Pomacusi Zacarías contra el recurrente, la respuesta al recurso de fs. 76 a 77 vta., el Auto de concesión de 28 de febrero de 2020 a fs. 79, el Auto Supremo de Admisión N° 202/2020-RA de 16 de marzo cursante de fs. 85 a 86 vta., todo lo inherente; y,

CONSIDERANDO I:

ANTECEDENTES DEL PROCESO.

1. Con base en el memorial de demanda de fs. 30 a 31, Jacinta Lucy Pomacusi Zacarías interpuso proceso ordinario de partición y división de bienes gananciales; contra Jaime Torrez Tito, quien una vez citado contestó oponiendo excepción de incompetencia; desarrollándose el proceso hasta la emisión de la Sentencia N° S-1056/2019 de 23 de octubre, cursante de fs. 52 a 55 vta., emitida por el Juez Público de Familia N° 2 de la ciudad de El Alto-La Paz, que declaró PROBADA la demanda de fs. 30 a 31, refiriendo ganancial el bien inmueble y sus construcciones, ubicado en la Urbanización Villa Exaltación Segunda Sección, signado como lote N° 20, manzana “J” de la ciudad de El Alto, con una superficie de 300 m2, registrado en DDRR de la ciudad de El Alto N° 2.01.4.01.0139145, disponiendo que en ejecución de sentencia se proceda a su división y partición del 50% a favor de cada ex cónyuge Jaime Torrez Tito y Jacinta Lucy Pomacusi Zacarías.

2. Resolución de primera instancia, que fue apelada por Jaime Torrez Tito, mediante memorial de fs. 62 a 63; a cuyo efecto la Sala Civil Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, emitió el Auto de Vista N° 22/2020 de 20 de enero cursante de fs. 68 a 69 vta., CONFIRMANDO la sentencia, con base en los siguientes argumentos:

Con relación a que el inmueble sea favor de los hijos nacidos dentro del matrimonio, al respecto la norma jurídica es clara al señalar que los cónyuges pueden disponer de los bienes adquiridos en la vigencia de la unión a favor de los hijos y de terceros, siempre y cuando esta disposición sea mediante escritura pública, bajo ese antecedente los cónyuges como propietarios pueden disponer de manera libre y voluntaria a renunciar la parte que les corresponde a favor de su familia o terceros, pero este extremo no acontece, debido a que el demandado solicita que el inmueble quede a favor de los hijos en calidad de reserva, pero no existe documento alguno para viabilizar este aspecto.

3. Resolución recurrida en casación por Jaime Torrez Tito, mediante memorial cursante de fs. 71 a 72 vta., recurso que es objeto de análisis.

CONSIDERANDO II:

DEL CONTENIDO DEL RECURSO DE CASACIÓN Y SU CONTESTACIÓN

1. Manifiesta que previamente a la causa, se interpuso una demanda de divorcio ante el Juzgado Público de Familia de El Alto, que concluyó con una sentencia donde se declaró disuelto el vínculo jurídico que le unía a su ex pareja, fallo debidamente ejecutoriado cuya partida fue cancelada ante la oficina del SERECI, sin embargo de manera contradictoria actualmente demanda la división y partición de bienes gananciales, radicando la causa ante el Juez de primera instancia, cuando lo correcto y coherente era que la pretensión sea planteada directamente ante la autoridad que conoció la acción de divorcio, situación que no fue debidamente apreciada.

2. Aduce la existencia de un divorcio motivado a causa de la demandada, pero al momento de plantear la demanda de forma descarada no se consideró ni se hizo mención a los tres hijos pertenecientes al matrimonio, quienes ante la eventualidad de darse lo pretendido, es decir la división y partición quedarían en situación de calle y total abandono al no contar con una vivienda donde ser cobijados.

3. Alega que el bien objeto de Litis, constituye el único patrimonio familiar y por su naturaleza no admite enajenación, hipoteca ni otra clase de restricción o gravamen y el Gobierno Autónomo Municipal de El Alto por informe sostiene que el bien no es divisible técnicamente, lo cual implica su remate en subasta pública, pero conforme a lo señalado por su característica de patrimonio familiar no puede ser objeto de transferencia a terceras personas.

4. Durante el desarrollo del juicio oral la prueba fundamental para declarar la viabilidad de una división y partición, es la que acredita que el bien se encuentre libre de gravamen o restricción, pero el informe de DDRR a fs. 7 donde se acredita esta información fue rechazada, por no llevar firma ni sello de autoridad competente, situación que implica no tener certeza sobre la existencia de gravamen o anotación preventiva que pese sobre el bien en debate.

5. En la sustanciación del juicio, la parte actora tampoco demostró la existencia y ubicación exacta del bien inmueble pretendido en división y partición, existiendo una simple inspección ocular realizada por los funcionarios del juzgado, pero no cursa informe técnico de su existencia, advirtiéndose al respecto una duda razonable, hecho que vicia de nulidad la sentencia.

Respuesta al recurso de casación.

Alude que es extraño que el demandado refiera que las resoluciones dictadas por los jueces de instancia van en desmedro de sus hijos o que con esta división y partición se deja a los hijos en situación de calle, ya que en el inmueble que con tanto esfuerzo le costó construir únicamente viven el demandado, su madre y hermanos, pero los hijos provenientes del matrimonio no habitan en él, es decir que el recurrente únicamente está velando por sí mismo y sus familiares directos, pero no por sus hijos, por lo que su fundamento carece de total asidero.

CONSIDERANDO III:

DOCTRINA APLICABLE AL CASO

En mérito a la resolución a dictarse, corresponde desarrollar la doctrina aplicable.

III.1. Causales de improcedencia objetiva (reglada) y subjetivas (construcciones jurisprudenciales).

Este Tribunal Supremo de Justicia evidenciando criterios dispersos, en cuanto a causales de improcedencia del recurso extraordinario, con fines jurídico pedagógicos generó el AS N° 633/2018-RI donde realizó una clasificación jurídica, avocada a las causales o restricciones expresamente previstas por ley y en subjetivas que son por sindéresis aquellas que no están normadas en el procedimiento, pero emergen por fallos de este alto Tribunal, o sea son construcciones jurisprudenciales que se fueron dando a través del tiempo, que por el efecto horizontal, son de carácter vinculante y motivadas que explican el motivo del porqué no admiten este recurso, por lo nutrido de este fallo corresponde citar a los fines de la presente resolución, donde en su contenido refleja: “El recurso de casación, a través de la doctrina y  jurisprudencia, ha sido definido como un recurso extraordinario vertical con presupuestos esencialmente establecidos por ley, que puede ser en la forma (por errores improcedendo o de procedimiento) o en el fondo (errores in iudicando). Por su naturaleza jurídica respondía a diferentes finalidades como ser la nomofiláctica y uniformadora, la primera pues limitaba a este Tribunal única y exclusivamente a un control exacto de la Ley y, la segunda porque los fallos emitidos por este máximo Tribunal de Justicia, al ser fuente directa del derecho, son vinculantes tanto horizontal (auto-vinculantes) como verticalmente (para todas las autoridades que componen el Órgano Judicial).

No debe dejarse de lado que a partir de la vigencia de la actual Constitución Política del Estado, se ha producido un constitucionalismo sin precedentes que irradia a todo el ordenamiento jurídico; en ese mismo contexto, el art. 180 de la Constitución Política del Estado determina que la jurisdicción ordinaria se fundamenta en los principios procesales de gratuidad, publicidad, transparencia, oralidad, celeridad, probidad, honestidad, legalidad, eficacia, eficiencia, accesibilidad, inmediatez, verdad material, debido proceso e igualdad de las partes ante el Juez, principios rectores, los cuales este máximo Tribunal de la  Jurisdicción ordinaria debe interpretar desde y conforme al bloque de constitucionalidad.

Partiendo de este criterio, y encontrándose en vigor el principio de verdad material que influye en todos los niveles, y sobre todo, en la  administración de justicia, este Máximo Tribunal no puede cumplir únicamente su función nomofiláctica y unificadora, sino que a partir del citado principio de rango constitucional, retoma con fuerza la función dikelógica del recurso de casación, que a decir de Juan Carlos Lazano Bambaren: “ consiste, en reivindicar el carácter justiciero del medio impugnatorio, pues, el uso de un recurso impugnatorio tiene por objeto evitar que el error cometido por un juez produzca un agravio definitivo sobre uno de los litigantes”1   En esa misma lógica Martin Hurtado Reyes expresa: “ el desarrollo de la teoría procesal fue perfilando un tercer fin, con el que se buscaba proteger al litigante pretendiendo cautelar sus interéses “…” generando la posibilidad que con el recurso de casación se busque  hacer justicia al caso concreto, esta es la finalidad dikelogica”2, entonces acorde con la doctrina, esta tercera función, adopta una aplicación del valor justicia al caso concreto que encuentra consonancia con el nuevo paradigma constitucional que genera principios rectores como es el de verdad material; tampoco se puede desconocer la semejanza del recurso de casación a una nueva demanda de puro derecho por los requisitos que la norma le impone para su viabilidad, entonces el recurso de casación cumple las tres citadas funciones, nomofiláctica, unificadora y dikelógica.

En ese orden , el recurso de casación por su carácter de extraordinario, vertical y por su similitud a una demanda nueva de puro derecho, responde a causales de procedencia, que pueden ser calificadas de objetivas y subjetivas, entendiendo a las primeras como causales de improcedencia regladas o establecidas por ley y; a las segundas como auto-restricciones generadas como emergencia de la construcción jurisprudencial de la  extinta Corte Suprema de Justicia y de este Tribunal Supremo de Justicia, causales que no deben comprenderse bajo un criterio formalista que impida el análisis del recurso, máxime si  la Corte Interamericana de Derechos Humanos  ha producido abundante jurisprudencia en cuanto al derecho a recurrir, orientando que este derecho debe estar revestido de los elementos de eficacia y accesibilidad; caso contrario, nos encontraríamos en una  especie de recurso ilusorio, aclarándose que esas causales de improcedencia no vulneran dichos estándares internacionales, sino que son requisitos mínimos que deben cumplirse para que este Tribunal, -sin ninguna limitación- ingrese a un análisis de lo reclamado en el recurso.

III.1.1. A partir de la relación precedente, en lo que denominamos causales de improcedencia objetivas o regladas, se encuentran:

El plazo para su interposición (art. 273 CPC) Diez días, que deben computarse conforme a las reglas establecidas en los art. 90 y 91 del Código de Procesal Civil.

El tipo de resolución que se impugna pues, si bien se encuentra establecido en el art. 270 del Código Adjetivo de la materia, sin embargo la citada normativa ha sido interpretada en sus alcances por el AS Nº855/20163 de 20 de julio, cuyo criterio fue ampliado por el AS 751/20174 de 18 de julio.

La Legitimación para recurrir entendida, en esencia, como la aptitud legal para interponer el recurso de casación, supuestos que han sido desarrollados en el  AS 1306/20165 y por último;

La exposición de los puntos de controversia que debe contener un mínimo de explicación y coherencia, para que este Tribunal pueda inferir la problemática planteada, porque en caso de resultar sumamente generales las alegaciones contenidas existe evidente dificultad material para determinar la problemática jurídica; así por ejemplo, cuando se invoca la falta de motivación en la resolución sin precisar qué punto o parte de la argumentación fue inmotivada, reclamo que al resultar tan genérico impide determinar cuál la intencionalidad del recurrente. (AS 352/2018-RI de 2 de mayo)6

III.1.2 En las causales de improcedencia subjetivas o Auto restricciones jurisprudenciales, se encuentra la expresión de agravios reglada en la normativa y cuyos parámetros de análisis comprende casos de:

“Per saltum”, principio por el cual para estar a derecho los reclamos que se invocan en casación estos deben ser invocados en apelación, agotando completamente la instancia (AS Nº 939/2015 de 14 de octubre).7

Contra una resolución que disponga una nulidad procesal, en cuyo caso no es viable interponer reclamos inherentes al fondo, entendiendo que tratándose de un Auto de Vista anulatorio no se ingresó al fondo de la causa, por cuanto una correcta técnica recursiva conduce a que debe observarse únicamente los motivos y argumentos que dieron origen a la nulidad dispuesta para determinar si esa resolución es correcta. Entendimiento aplicable también al caso en que el Tribunal de alzada declara inadmisible el recurso de apelación por falta de cumplimiento de requisitos de admisibilidad, es decir, que los argumentos que sustentan el recurso de apelación deben ir dirigidos a enervar los fundamentos de esa inadmisiblidad y no cuestiones de fondo.

En casación, no es viable observar u objetar la Sentencia, entendimiento asumido bajo la lógica que el Auto Supremo a emitirse tiene como finalidad el análisis del Auto de Vista, criterio que ha sido ampliamente desarrollado en el AS 1009/2016 de 24 de agosto8

Falta de legitimación por no tratarse de un derecho propio, que no debe confundirse con la falta de legitimación para recurrir, sino con la falta de aptitud para reclamar derechos que conciernen o afectan a otro sujeto procesal.”