Texto del fallo
TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA SALA CONTENCIOSA, CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA PRIMERA Auto Supremo 264/2026 Sucre, 28 de abril de 2026 DATOS DEL PROCESO Y DE LAS PARTES Expediente : 931/2025 Demandante : Corporación de las fuerzas Armadas para el Desarrollo Nacional sus Empresas Asociadas - COFADENA Demandado : Administración de Aduana Interior La Paz Gerencia Regional La Paz de la Aduana Nacional Proceso : Contencioso Tributario Distrito : La Paz Relator : Germán Saúl Pardo Uribe I. VISTOS: El Recurso de Casación de fs. 364 a 372, interpuesto por la Administración de Aduana Interior La Paz dependiente de la Gefencia Regional La Paz de la Aduana Nacional a través de su representante legal, contra el Auto de Vista 213/2025 de 2 de julio de fs. 354 a 358 vta., emitido por la Sala Social, Administrativa, Contencioso y Contenciosa Administrativa Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz; dentro del proceso Contencioso Tributario, interpuesto por la Corporación de las Fuerzas Armadas para el Desarrollo Nacional y sus Empresas Asociadas - COFABENA contra la entidad recurrente; el memorial de fs. 380 a 385 vta. de respuesta al Recurso de Casación; el Auto 487/2025 de 22 de septiembre a fs. 387 que concedió el Recurso; el Auto de Admisión 931 /2025-A de 13 de noviembre a fs. 395 y vta., que admitió el Recurso de Casación; y lo obrado en el proceso:
II. ANTECEDENTES DEL PROCESO 1. Sentencia Planteada la demanda Contenciosa Tributaria, por el representante legal de la Corporación de las Fuerzas Armadas para el Desarrollo
Nacional y sus Empresas Asociadas (COFADENA) contra la Administración de Aduana Interior La Paz de la Gerencia Regional La Paz de la Aduana Nacional, el Juez de Partido Administrativo, Coactivo Fiscal y Tributario Primero de la ciudad de El Alto, emitió la Sentencia 27/2021 de 13 de mayo de fs. 221 a 227 vta., que declaró PROBADA en parte la demanda Contencioso Tributaria de fs. 33 a 38, declarando prescrita la facultad de la Administración Tributaria Aduanera para imponer sanciones respecto de la DUI C- 42803 de 6 de diciembre de 2011 establecida en la Resolución Sancionatoria de Sumario Contravencional AN-GRLGR-LAPLIRESSAN-467-2019 de 30 de julio e IMPROBADA en cuanto a la exención aduanera, al no existir una solicitud pendiente en la Administración Aduanera.
2. Auto de Vista
Notificada con la Sentencia, la Administración de Aduana Interior La Paz de la Gerencia Regional La Paz de la Aduana Nacional (AN), interpuso Recurso de Apelación de fs. 233 a 238; resuelto por la Sala Social Administrativa, Contencioso y Contenciosa Administrativa Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, mediante Auto de Vista 213/2025 de 2 de julio de fs. 354 a 358 vta., declarando la IMPROCEDENCIA y en consecuencia CONFIRMA la Sentencia apelada, sin costas.
Mediante Auto de 10 de junio de 2025, el Tribunal de Alzada, declaró NO HA LUGAR a la aclaración, complementación y enmienda, solicitada por la entidad demandada.
II. ARGUMENTOS DEL RECURSO DE CASACIÓN
La entidad recurrente, en su Recurso de Casación, de fs. 364 a 372, arguye que el Auto de Vista 213/2025 de 2 de julio, transgrede, agravia e infringe por negligencia, incongruencia omisiva, las leyes, normas y reglamentos por interpretación errónea de la norma, argumentando lo siguiente:
CA 1. En la forma: .
Señaló que el Auto de Vista 213/2025 de 2 de julio, en su fundamentación utilizó el art. 59 del Código Tributario Boliviano (CTB) con las modificaciones, diametralmente opuesta a lo señalado en la Sentencia 27/2021 de 13 de mayo, la cual se sustenta en el art 59 del CTB sin ,modificaciones, ocasionando que sea inentendible e incongruente, transgrediendo el principio de congruencia como elemento trascendental del debido proceso, puesto que un Tribunal superior no puede confirmar una Sentencia, que dentro de la fundamentación de su resolución rebate, desvirtúa, modifica y soslaya los fundamentos esgrimidos por el Juez A quo, aplicando un cómputo distinto de la prescripción, vulnerando el art.
115 de la Constitución Política del Estado (CPE), resultando una aberración jurídica que el Auto de Vista 213/2025 de 2 de julio confirme la Sentencia 27/2021 de 13 de mayo, cuando ambas poseen argumentos contrarios entre sí, la una con la otra, con referencia específica a la normativa aplicable para el régimen de la prescripción, aún más flagrante cuando el inicio del cómputo de la prescripción también es diferente en ambas decisiones judiciales, siendo irracional y hasta temerario que el Auto de Vista, sostenga que pese a reunir fundamentaciones o argumentaciones contrapuestas con la Sentencia, confirma la misma, existiendo discordancia que ratifica un erróneo razonamiento.
2. En el fondo 2.1. Argumentó que en el Recurso de Apelación, reclamó la inaplicabilidad de la jurisprudencia constitucional y judicial inserta en la Sentencia 27/2021 de 13 de mayo, en razón a que el Juez A quo no ha intentado aplicar la regla básica de la analogía, tal como establece la Sentencia Constitucional (SC) 38/2019 de 26 de marzo, ante la cual el Tribunal de Alzada se ha limitado a señalar que la referida SC, no es contraria al análisis de fondo y no explica porque
sería aplicable con base al criterio y las reglas de la analogía que debe primar a la hora de aplicar los precedentes constitucionales como respaldo para emitir un fallo; tampoco desvirtuaron con fundamentos propios, las razones que determinan la viabilidad de la jurisprudencia; carece de nexos causales y lógicos para confirmar una Sentencia que tiene una distinta motivación y fundamentación, viciándolo de nulidad, porque no se explica qué es lo que pretendió confirmar, porque tiene distinto razonamiento, incurriendo en incongruencia omisiva y tampoco se pronuncia sobre los aspectos reclamados en apelación, vulnerando el debido proceso y soslayando deliberadamente aspectos primordiales de forma y de fondo al resolver la apelación.
2.2. Realizó una interpretación errónea o aplicación indebida de la ley, referente a la prescripción, establecida en el art. 59 del CTB, modificada mediante Ley 291, que introdujo un sistema progresivo de ampliación del plazo de prescripción, desde 4 hasta 10 años y posteriormente reemplazado por la Ley 812, que consolidó un pyazo único de prescripción de 8 años, aplicable de forma general a todas las acciones de la Administración Tributaria, que incluye la facultad para imponer sanciones; ambas leyes al ser posteriores al inicio del supuesto cómputo de plazo, pero anteriores a su consolidación, impacta sobre el plazo de prescripción aún no cumplido, lo que habilita su aplicación en tanto el derecho a ejercer la acción por parte de la Administración no se había extinguido, por lo que al entrar en vigencia las Leyes 291 y 812, el término de la prescripción original aún estaba en curso, resultando jurídicamente válido aplicar el nuevo régimen a situaciones cuyos efectos jurídicos no se había consolidado plenamente, criterio sustentado en el art. 164.11 de la CPE, que establece la obligatoriedad del cumplimiento de la ley desde su vigencia, así como el principio de que la prescripción en materia administrativa tributaria, no genera derechos
o A ALA adquiridos, pudiendo ser ampliada válidamente por disposición legal expresa, cuando aún no ha concluido su curso, correspondiendo aplicar el régimen establecido por la Ley 812, al haber modificado el Código Tributario con efectos sobre los plazos inconclusos, sin que ello implique vulnerar el principio de irretroactividad de la ley, toda vez que no está afectando una sitilación jurídica ya consolidada, sino una facultad en curso de ejercicio.
2.3. Argumentó que, si bien el art. 150 del CTB prohíbe la retroactividad de normas tributarias más gravosas, sin embargo, la prohibición no opera si el plazo de prescripción no se ha consolidado, porque la prescripción no es un derecho adquirido hasta que haya transcurrido el plazo íntegro sin interrupción, las Leyes 291 y 812 modificaron ese plazo antes de su vencimiento, ampliando el mismo, por lo que no existe retroactividad, sino aplicación válida a un plazo no vencido, además de considerar que la decisión emitida, genera daño económico al Estado, al impedir que la Administración Aduanera, ejerza su facultad de imponer y ejecutar sanciones destifiadas no solo a hacer cumplir al sujeto pasivo con sus obligaciones, sino también a garantizar que sus actuaciones se enmarquen dentro del marco normativo vigente.
La CPE asume la imprescriptibilidad no solo de ciertos delitos, sino también de aquellos hechos que causan daño económico al Estado, los arts. 111, 112 y 324 de la CPE, reafirman la imprescriptibilidad como garantía procesal para asegurar la acción de la justicia y evitar la impunidad, sino que amplía su aplicación al ámbito del daño económico causado, quedando establecida de forma categórica la imprescriptibilidad del daño económico al Estado, por lo que la CPE no reconoce la prescripción respecto de las obligaciones tributarias ni geudas económicas a favor del Estado, criterio respaldado por la
Sentencia de Sala Plena 211/2011 de 5 de julio, emitida por el Tribunal Supremo de Justicia.
La inaplicación de la imprescriptibilidad en casos como el presente constituye un acto que debilita la soberanía fiscal del Estado y vulnera el principio de supremacía constitucional, por lo que el reconocimiento indebido de la prescripción a favor del sujeto pasivo en un proceso no consolidado, termina beneficiando al infractor y lesionando el interés público.
Solicitó, por una parte, se ANULE el Auto de Vista 213/2025 de 2 de julio, con reposición de obrados hasta el vicio más antiguo, y por otra, CASE el mismo y deliberando en el fondo revoque totalmente el Auto de Vista y se declare IMPROBADA la demanda y mantenga firme y subsistente la Resolución Sancionatoria de Sumario Contravencional AN-GRLGR-LAPLI-RESSAN-467-2019 de 30 de julio, emitida por la Administración Aduana Interior La Paz de la Gerencia Regional La Paz de la Aduana Nacional. .
IV. CONTESTACIÓN AL RECURSO DE CASACION
La entidad demandante, mediante escrito de fs. 380 a 385 vta., contestó el Recurso de Casación argumentando sobre el Recurso en la forma, lo siguiente:
1. Señaló que el Auto de Vista y la Sentencia utilizan respaldos normativos distintos, que fue la propia Administración Aduanera que expresó como agravio, la aplicación de las Leyes 291 y 317;
asimismo, que el Tribunal de Alzada, en la búsqueda de reparar el daño causado por una Sentencia, con la potestad de revisar o en su caso modificar con base a los hechos, pruebas y normativa aplicable, evidenció la no existencia del agravio, porque se demostró que la prescripción ya había operado con cualquier norma que se pretenda aplicar.
2. Manifestó de forma genérica la falta de fundamentación y motivación, denunciando la vulneración al debido proceso,
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