Texto del fallo
TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA
SALA CONTENCIOSA, CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA,
SOCIAL Y ADMINISTRATIVA SEGUNDA
AUTO SUPREMO N 264/2026 Sucre, 16 de abril de 2026
Expediente : 667/2025 Demandante : AGRO IGUAZU Demandado : Aduana Nacional de Bolivia Proceso : Contencioso Tributario Distrito : Santa Cruz Relator : Mgdo. German Saul Pardo Uribe I. VISTOS: El recurso de casación de fs. 226 a 231, interpuesto por AGRO IGUAZÚ representada legalmente por Paulo Borgo, impugnando el Auto de Vista N 03/2023 de 06 de marzo de fs.
196 a 217 y el Auto de 17 de julio de 2024 a fs. 221, emitidos por la Sala Social, Administrativa, Contenciosa, Administrativa y Tributaria Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, dentro del proceso contencioso tributario seguido por el recurrente contra la Aduana Nacional de Bolivia, sin contestación de contrario; el Auto de 22 de mayo de 2025 de fs.
236, que concedió el recurso de casación; el Auto Supremo (AS) N 667/2025-A de 28 de agosto de fs. 242 y vta., que admitió el recurso y todo lo que en materia fue pertinente analizar:
IL ANTECEDENTES DEL PROCESO:
Sentencia.
La Juez Primero de Partido Administrativo, Coactivo Fiscal y Tributario de Santa Cruz, emitió la Sentencia N 09/2021 de 04 de enero de fs. 150 a 158, declarando PROBADA la demanda contenciosa tributaria planteada por AGRO IGUAZÚ, de fs. 36 a 41, en consecuencia, REVOCÓ la Resolución Determinativa ANULEZR-RDS-63/2016 de 26 de enero de 2016.
Auto de Vista.
En conocimiento de la Sentencia, la Aduana Nacional de Bolivia representada legalmente por Carola Cazon Fernández en su calidad de Gerente General, a su vez representada por Verónica Vásquez Salvatierra, por memorial de fs. 164 a 172 interpuso recurso de apelación, que fue resuelto por Auto de Vista N 03/2023 de 06 de marzo de fs. 196 a 217, emitido por la Sala Social, Administrativa, Contenciosa, Administrativa y Tributaria Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, que REVOCÓ en todas sus partes la Sentencia N 09 de 04 de enero de 2021. Con costas; consecuentemente mantuvo firme y subsistente la Resolución Determinativa AN-ULEZ-RDS-63/2016 de 26 de enero de 2016.
La empresa AGRO IGUAZÚ de fs. 219 a 220 vta., solicitó complementación y enmienda, que fue declarada NO HA LUGAR mediante Auto de 17 de julo de 2024 a fs. 221.
II. ARGUMENTOS DEL RECURSO DE CASACIÓN:
Contra el indicado Auto de Vista, AGRO IGUAZÚ planteó recurso de casación en la forma y el fondo, exponiendo los siguientes argumentos:
En la forma.
Refirió que existe una falta de fundamentación y motivación al excluir una prueba adjunta al expediente y señalar la existencia de otra que no consta en el expediente, violentando el derecho al debido proceso, a la defensa y seguridad juridica, puesto que se ha desconocido que de fs. 32 a 35 se encuentra la certificación original de la factura comercial emitida por el proveedor, HANGZHOU KINGTAI CHEMICALS CO.LIMITED la cual especifica que los precios corresponden al apoyo a los volúmenes de compra y puntualidad en pagos, por lo que las resoluciones recurridas son oscuras, contradictorias y violentan el debido proceso y el principio de verdad material al incluir fundamentación y motivación, no
circunscribiéndose a los puntos resueltos por el inferior que hubieren sido objeto de apelación y fundamentación.
En el fondo.
1. Acusó error de hecho en el argumento utilizado por el Tribunal Ad quem, respecto a que la Sentencia de fecha 01 de enero de 2021, se habría amparado en el análisis del art. 181 del Código Tributario Boliviano (CTB), haciendo referencia al ilícito del contrabando, cuando en el proceso administrativo y judicial lo que se acusa es la existencia de una contravención tributaria de omisión de pago; cuando en ningún momento el citado articulo es utilizado para sustentar la Sentencia, puesto que, de la simple lectura de dicho fallo, se tiene que valoró de manera in extensa, la prueba pericial relativa al Informe Técnico Tributario, emitido por el Auditor adscrito al Juzgado, pero que de manera conveniente favoreciendo al demandado, el Tribunal Ad quem, hubiere omitido, justificar otro tipo de tasación en lo que respecta a la valoración de la prueba pericial indicada.
2. El Auto de Vista desconoció expresamente, sin que exista prueba en contrario, la Pericia (Informe Técnico Tributario) de fs. 99, el cual claramente señaló que el trabajo efectuado en la Fiscalización de Control Diferido Posterior Aduanera, realizado a la empresa recurrente por la Aduana Nacional Regional Santa Cruz, no es procedente ni confiable, ya que no se ajusta a los procedimientos y normas legales; con lo que claramente se evidenciaría que es justamente el control diferido lo que aplicado la Juez y no al revés como pretende hacer notar el Ad quem.
3. Señaló que la Aduana Nacional ha vulnerado el sistema de valoración (método de descarte), señalado en el Art. 250 del Reglamento a la Ley General de Aduana (LGA), aprobado por el Decreto Supremo (DS) N 25870, al no realizar el mismo de manera objetiva en desconocimiento de la jurisprudencia. Por lo que existe una incorrecta, indebida y parcializada interpretación de la Ley.
4. El Tribunal de alzada, ha desconocido expresamente la existencia y el valor de prueba material, contenida en el Informe Técnico Tributario, de fs. 91 a 100, e informe complementario de fs. 113 a 121, y de fs. 127 a 133, en el cual claramente se señala la inexistencia de una presunta comisión de contravención tributaria y omisión de pago, que se puede evidenciar de manera clara y precisa que la entidad demandada, ha procesado de manera indebida a la parte demandante, al no existir contravención alguna. Siendo el Auto de Vista y Auto complementario totalmente ¡legales y contradictorios, que desconocen los principio y derechos constitucionales que han sido tutelados por la Juez A quo, al momento de dictar la Sentencia.
5. El Tribunal de Alzada, ha cometido como errores de hecho y derecho, al momento de dictar las resoluciones impugnadas, pues hubiese omitido, justificar otro tipo de tasación en lo que respecta a la valoración de la prueba pericial, por consiguiente, existiría una parcializada y antojadiza argumentación con la que se revoca la Sentencia, demostrándose un claro incumplimiento al principio procesal de verdad material.
6. El Tribunal Ad quem, no aplicó el principio de preclusión procesal, vulnerando el art. 1283 del CC concordante con el art. 375 del CPC, que sostiene que la carga de la prueba incumbe al actor en cuanto al hecho constitutivo de su derecho y al demandado en cuanto a la existencia del hecho impeditivo, modificatorio o extintivo del derecho del actor; en lo que respecta a los errores de derecho, se interpretó erróneamente las nomas jurídica en las cuales se basa la resolución impugnada, ignorando con ello el valor que la ley le otorga a las pruebas y otorgándole un valor distinto; se desconoció el principio jurídico in dubio pro administrado como el principio in dubio pro actione, reconocidos por la doctrina como parte del principio de favorabilidad al administrado.
Con tales argumentos, solicita que se emita Auto Supremo que anule
o deje sin efecto la Resolución impugnada, o revoquen las mismas, dejando válida y subsistente la Sentencia de primera instancia.
IV. CONTESTACIÓN AL RECURSO DE CASACIÓN.
Habiendo sido trasladado del recurso de casación mediante
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