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AS/0266/2019-RRC

Tribunal Supremo de Justicia
25 de abril de 2019Penal

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INCONGRUENCIA OMISIVA/ El Tribunal de alzada debe fundamentar sus resoluciones de manera puntual y específica a todas y cada…

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Resumen del caso

Derecho Penal / Derecho Procesal Penal / Recursos / Recurso de casación / Fundado

La parte recurrente interpuso recurso de casación impugnando el Auto de Vista 32/2018, pronunciado por la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Tarija, dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público y el Gobierno Autónomo Departamental de Tarija por la presunta com…

Proceso
Incumplimiento de Deberes y otros

Vista de texto de la resolución.

Texto del fallo

TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

SALA PENAL

AUTO SUPREMO Nº 266/2019-RRC

Sucre, 25 de abril de 2019

Expediente : Tarija 37/2018

Parte Acusadora : Ministerio Público y otros

Parte Imputada : Mario Adel Cossio Cortez

Delitos : Incumplimiento de Deberes y otros

Magistrado Relator : Dr. Edwin Aguayo Arando

RESULTANDO

Por memorial presentado el 15 de mayo de 2018, fs. 1232 a 1260, Alexander Kenedy defensor de oficio de Mario Adel Cossio Cortez, interpuso recurso de casación impugnando el Auto de Vista 32/2018 de 2 de mayo, fs. 1096 a 1104, pronunciado por la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Tarija, dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público y el Gobierno Autónomo Departamental de Tarija contra Mario Adel Cossio Cortez, por la presunta comisión de los delitos de Resoluciones Contrarias a la Constitución y las Leyes, Incumplimiento de Deberes, Contratos Lesivos al Estado y Conducta Antieconómica, previstos y sancionados por los arts. 153, 154, 221 y 224 del Código Penal (CP), respectivamente.

I. RECURSO DE CASACIÓN

I.1 Antecedentes

Por Sentencia 45/2016 de 25 de noviembre, fs. 662 a 667 vta., el Tribunal Primero de Sentencia del Tribunal Departamental de Justicia de Tarija, declaró a Mario Adel Cossio Cortez, autor y culpable de la comisión de los delitos de Resoluciones Contrarias a la Constitución y las Leyes, Incumplimiento de Deberes y Conducta Antieconómica, previstos en la sanción de los arts. 153, 154 y 224 del CP, imponiéndole la pena de dos años y seis meses de reclusión, más costas a favor del Estado. Accesoriamente se le sancionó por el lapso de cinco años después del cumplimiento de la pena, la incapacidad para obtener mandatos, cargos, empleos o comisión públicos por elección popular o nombramiento. Siendo absuelto del delito de Contratos Lesivos al Estado.

Contra la referida Sentencia, Vibianz Arza y Alexander Kenedy defensores de oficio de Mario Adel Cossio Cortez, fs. 779 a 795 vta.; el Ministerio Público, fs. 803 a 806 vta.; y, el Gobierno Autónomo Departamental de Tarija, fs. 854, respectivamente, interpusieron recursos de apelación restringida y adhesión, resueltos por Auto de Vista 32/2018 de 2 de mayo, dictado por la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Tarija, que los declaró sin lugar; en consecuencia, confirmó la Sentencia apelada.

I.2 Motivos del Recurso

En conocimiento del señalado recurso la Sala, en juicio de admisibilidad, pronunció el , determinando el marco de análisis de fondo, bajo los siguientes criterios:

Defecto absoluto por vulneración al derecho a la defensa, ante el incumplimiento de los arts. 160 y 162 del CPP. Explicó que el hecho de no haber puesto en conocimiento de los defensores de oficio los actos procesales vinculados a la convocatoria del Vocal Irahola para conformar Sala, como tampoco ese acto en específico, vulneró su derecho a la defensa, en el orden de lo previsto por los arts. 1 y 5 del CPP, y el art. 115 parág. II Constitucional.

Defecto absoluto por vulneración al debido proceso en la tramitación del recurso de apelación con afectación al derecho del Juez natural. Señaló que la designación del Vocal de la Sala Civil Segunda Adolfo Irahola fue realizada en situación contraria a las reglas orgánicas previstas por la Ley 025, tomando en cuenta lo establecido por su art. 12 con relación al art. 58 sobre el orden prelación de suplencias; siendo que la intervención del Vocal Irahola se constituye en defecto absoluto no susceptible de convalidación, en el marco del art. 169 incs. 3) y 4) del CPP, por inobservancia de los arts. 120, 115 y 122 de la CPE.

Expresa la defensa que en apelación denunció la presencia del defecto descrito en el art. 370 inc. 1) del CPP, respecto a los tipos penales de los arts. 153, 154 y 224 del CP; sin embargo, el Auto de Vista no se ajustó a esos términos respecto a la correcta aplicación de la Ley; además de repetir los mismos fundamentos de la Sentencia e invocar de manera errática contenidos de las Leyes 2341, 1654 y 1178, obviando pronunciarse sobre el reclamo de interpretación del art. 30 y 44 de la CPE abrogada, en cumplimiento al art. 398 del CPP.

Acusa al Tribunal de apelación de haber modificado los hechos contenidos en la Sentencia para forzar de manera ilegal la configuración del delito de Incumplimiento de deberes al incluir nuevos deberes propios, que no fueron parte base del juicio y menos aún contemplados en Sentencia, y, sin ingresar en ninguna consideración analítica de cada uno de los elementos de los tipos penales, respecto al carácter doloso de la conducta. Asimismo, estimaron de modo concreto del supuesto daño económico, ausente desde la acusación. Incluir nuevas circunstancias, considera la defensa, vulneró los arts. 124 y 279 del CPP, así como violenta el derecho a la defensa del art. 115 de la CPE y el rol del tercero imparcial del Tribunal de apelación.

Con ello el Tribunal de apelación rebasó el límite de su competencia establecido por el art. 398 del CPP, no pronunciándose sobre la labor de control de subsunción reclamada en apelación, generando carencia argumentativa y consecuente transgresión del art. 124 del CPP. Invocó como precedentes contradictorios los , , y , precisando que la contradicción se ligase a una supuesta falta de control de legalidad sobre la subsunción del hecho a los tipos penales acusados, e, incongruencia omisiva ante la falta de pronunciamiento concreto por el Tribunal de alzada.

Denuncia defecto absoluto por vulneración al debido proceso en su componente de debida fundamentación, acusando al Tribunal de alzada, desestimar su denuncia de violación al derecho y garantía de irretroactividad de la Ley penal, el debido proceso y el derecho a la defensa por incorrecta aplicación del art. 344 bis de la Ley Nº 004, fue abordada a través de una interpretación vaga del contenido de esta última norma, obviando el aspecto sustantivo, referido a la naturaleza de los delitos que permiten el juzgamiento en rebeldía. El Tribunal de apelación -prosigue- se limitó a realizar una transcripción del art. 123 de la CPE y parte del , sin realizar un aporte propio, incurriendo en una falta de fundamentación. Invocó como precedentes contradictorios los y 141 de 22 de abril de 2006.

Falta de fundamentación del Auto de Vista por incongruencia omisiva, en torno a la vulneración del derecho humano al refugio. Se alegó que los Vocales omitieron pronunciarse sobre el contenido del numeral 11.6 del recurso respectivo, dejando en incertidumbre sobre la validez de su derecho al refugio, lo que conlleva que el Auto de Vista carezca de fundamentación conforme al art. 124 del CPP, al existir un evidente desajuste material entre el Auto de Vista y los términos de la apelación, manifestando que no podía ser procesado en rebeldía por su calidad de refugiado, aplicando erróneamente el art. 87 inc. 1) del CPP, lo que también genera un defecto absoluto no susceptible de convalidación.

I.2.1 Petitorio

Solicitó que declarada la admisibilidad del recurso, en aplicación al art. 419 del CPP, se deje sin efecto el Auto de Vista impugnado y pronunciado por la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Tarija, disponiendo la emisión de nuevo fallo conforme la Doctrina Legal Aplicable y las normas constitucionales y legales inobservadas.

II. ACTUACIONES PROCESALES VINCULADOS AL RECURSO

II.1 Objeto del proceso

El Tribunal de Sentencia Primero del Tribunal Departamental de Justicia de Tarija emitió el Auto de 31 de julio de 2015, fs. 259 y vta., de apertura de juicio oral, teniendo como antecedente la presentación de acusaciones pública y particular. El Ministerio Púbico en memorial de fs. 4 a 10 con data al 4 de julio de 2014; y la Gobernación del Departamento de Tarija, a través de Patricia Romero Arancibia y Santos Tórrez Galarza, en memorial de fs. 119 a 126 vta., presentado el 7 de agosto de 2014. Se señaló audiencia de juicio oral para el 1 de octubre de tal año, contra Claudia Concepción Noguera Espinoza, Ángel Eusebio Hoyos y Mario Adel Cossio Cortez´. Aquel Tribunal en esa decisión consideró que no existía la necesidad de precisar sobre cuál hecho se realizarían los debates habida cuenta que “el Ministerio Público realiza el relato de los hechos delictivos imputados, adhiriéndose a ésta el acusador particular, conteniendo una descripción de la conducta reprochable, hechos éstos que sirven de base al juicio” (sic). Sin embargo, la Sentencia 45/2016 en torno a la enunciación del hecho, circunstancias y objeto del juicio precisó:

“…mediante minuta de contrato modificatorio No.1 suscrito en fecha 10 de enero de 2009 por Ángel Eusebio Hoyos y Claudia Noguera con el representante legal de la empresa contratista PROCOSUR se establece que el plazo contractual para la conclusión de la obra Mejoramiento y Construcción del tramo vial ‘Tojo-La Verdiguera’ es el 24 de mayo de 2009 incluida la recepción definitiva, no obstante la empresa referida el 14 de agosto de 2008 justifica una serie de motivos comunica a Supervisión la paralización de obras, avalando el 27 de mayo de 2010 Inocencia Sagredo Subprefecto de la provincia Avilés la paralización temporal de trabajos testimonio de escritura pública N| 171/2009 se introducen nuevos precios de la obra producto del rediseño implicando un aumento del presupuesto al contrato principal de la ejecución del proyecto incrementándose Bs. 896.122,60 correspondiente al 3,78% modificando el monto original a Bs. 24.606.460,91 al margen de la cláusula décimo sexta que reconocía el reajuste de precios reclamado dentro de los 30 días de sucedido el incremento acompañando la certificación del NINE que acredite un alza que supere el 20% sobrepasando inclusive los plazos previstos por los DS 29603 de 11 de junio de 2008, 28659 de 30 de julio de 2008 y 29740 de 15 de octubre de 2008 de 90, 150 días calendario ampliado hasta el 31 de diciembre de 2008 para la modificación de precios unitarios de materiales de construcción mediante contrato modificatorio, para obras vigentes y en ejecución. En consecuencia el imputado Mario Cossio Cortez apartándose de la responsabilidad exigida por ley en su condición de máxima autoridad ejecutiva…se desentiende de la labor de control, supervisión, seguimiento, desarrollo y resultados del proceso de contratación, omitiendo el adecuado manejo de la cosa pública, contraviniendo lo preceptuado por las Leyes 1178, 2027 referido al desarrollo de funciones administrativas inspirados en principios y valores éticos de integridad, imparcialidad, transparencia, responsabilidad, con celeridad, economía, eficiencia, probidad con pleno sometimiento a la Constitución, las leyes y el ordenamiento jurídico nacional, denotando que al momento de desempeñar funciones de Prefecto del Departamento de Tarija, tanto en el proceso licitatorio, adjudicación, contratación y ejecución del proyecto había procedido a infringir instrumentos legales en los que sobresale la CPE subsumiendo su conducta a los ilícitos de Incumplimiento de Deberes, Resoluciones Contrarias a la Constitución y a las Leyes y Conducta Antieconómica, más todavía cuando delega en forma general las facultades de MAE a los Subprefectos en los procesos de contratación de sus jurisdicciones bajo plena y absoluta responsabilidad de ellos, adecuando su conducta a lo previsto por el art. 153 resoluciones contrarias a la CPE y a las leyes, revelando una deficiente administración o dirección técnica al no haber verificado que el contrato firmado se encuentre dentro del plazo señalado en el DS 27328 y sus decretos modificatorios, consecuentemente al permitir la firma del contrato modificatorio aplicando la normativa administrativa en forma incorrecta generó un incremento en el costo de la obra que causó un perjuicio económico al estado boliviano circunscrito en el art. 224 del C. Penal, y al no impedir la firma del contrato se consumó atentado contra la economía o intereses estatales” (textual)

II.2 Sentencia

El 24 de noviembre de 2016, el Tribunal de Sentencia Primero de Tarija, pronunció la Sentencia 45/2016, declarando a Mario Adel Cossio Cortez, “en concurso ideal responsable penalmente en grado de autor de los delitos de Incumplimiento de Deberes, Conducta Antieconómica, resoluciones Contrarias a la Constitución y a las Leyes previstos y sancionados por los arts. 154, 224.2 y 153 del Código Penal Boliviano Ley 1768 vigente al momento del hecho, habiéndose generado en el Tribunal la convicción objetiva, plena y precisa del reproche penal y su participación en él…imponiendo la pena privativa de libertad de dos años y seis meses a cumplir en el penal de Morros Blancos de la ciudad de Tarija a la ejecutoria del veredicto…asimismo en estricta aplicación de los arts. 34 y 36 del estamento punitivo se impone como pena accesoria por el tiempo de cinco años después del cumplimiento de la pena la incapacidad para obtener mandatos, cargos, empleos o comisiones públicas por elección popular o nombramiento” (sic).

Entre los fundamentos que condujeron a esa decisión destacan:

“Hechos probados: La suscripción del contrato mejoramiento y construcción del ramo vial ‘Tojo-La Verdiguera’ el 13 de enero de 2006 por el Prefecto del departamento Adel Gonzalo Cortez Maire y el representante legal de la Empresa Procosur…por el monto de bolivianos (23.710.338,31).

Que Mario Cossio en la gestión 2006 fungía como Prefecto del departamento de Tarija y en tal calidad designa como MAES a los subprefectos del departamento delegándoles funciones propias sin observar las formalidades y procedimientos exigidos, básicamente por la Ley de Descentralización Administrativa, estatuto del Funcionario Público y Ley de Procedimiento Administrativo, poniendo en evidencia la omisión de las obligaciones a las que se hallaba reatado.

Que el proyecto de construcción estuvo paralizado por más de un año, desde el 14 de agosto de 2008 hasta el 5 de mayo de 2010, sin que el Prefecto Cossio ejercite mecanismos de control y supervisión, en la suscripción de un contrato modificatorio fuera del plazo establecido, en una obra que no estaba vigente ni en ejecución, causando daño al estado en beneficio de terceros.

Que la denuncia que motiva la presente investigación y posterior enjuiciamiento fue presentada el 18 de enero por el Dr. Hugo Raúl Montero Lara viceministro de lucha contra la corrupción.

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Datos del proceso

Demandante
Ministerio Público y otros
Demandado
Mario Adel Cossio Cortez
Proceso
Incumplimiento de Deberes y otros
Magistrado relator
Edwin Aguayo Arando
Tribunal Supremo de Justicia25 de abril de 2019AS/0266/2019-RRCFuente oficial