Texto del fallo
TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA SALA CONTENCIOSA, CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA PRIMERA AUTO SUPREMO 267/2026 Sucre, 28 de abril de 2026 DATOS DEL PROCESO Y DE LAS PARTES Expediente : 903/2025 Demandante : Empresa Representaciones, Ingeniería y Desarrollo de Proyectos SRL RIDEPRO SRL Demandado : Gobierno Autónomo Municipal de Cochabamba Proceso : Contencioso Distrito : Cochabamba Relatora : Meda. Rosmery Ruiz Martínez I. VISTOS: Los Recursos de Casación de fs. 679 a 684 vta. y de fs.
692 a 699 vta., interpuestos por el Gobierno Autónomo Municipal de Cochabamba, a través de su representante legal, y la Empresa Representaciones, Ingeniería y Desarrollo de Proyectos SRL RIDEPRO SRL, a través de su representante legal, respectivamente; impugnando la Sentencia 19/2024 de 31 de diciembre, de fs. 646 a 658, emitida por la Sala Primera Social y Administrativa, Contenciosa y Contencioso-Administrativa del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, dentro el proceso Contencioso seguido por la Empresa Representaciones, Ingeniería y Desarrollo de Proyectos SRL RIDEPRO SRL contra el Gobierno Autónomo Municipal de Cochabamba; las contestaciones a los recursos, de fs. 692 a 699 vta. y de fs. 703 a 704; el Auto de 2 de octubre de 2025 a fs. 705, que concedió los recursos; el Auto de Admisión 903/2025-A de 5 de noviembre, a fs. 712 y vta., que admitió los Recursos de Casación; los antecedentes del proceso.
IL. ANTECEDENTES PROCESALES 1. Sentencia En consideración de la demanda Contenciosa de fs. 199 a 201, subsanada a fs. 214, interpuesta por la Empresa Representaciones, Ingeniería y Desarrollo de Proyectos SRL RIDEPRO SRL, a través de su representante legal, contra el Gobierno Autónomo Municipal de Cochabamba (GAMC), quien una vez citado, contestó negativamente, de fs. 270 a 273, previa interposición de excepción previa de impersonería de fs. 226 a 229, declarada improbada por Auto de 27 de julio de 2021, de fs. 280 a 281. Sustanciada la causa, la Sala Primera Social y Administrativa, Contenciosa y ContenciosoAdministrativa del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, emitió la Sentencia 19/2024 de 31 de diciembre, de fs. 646 a 658, declarando PROBADA EN PARTE la demanda contenciosa, en cuanto al pago demandado por el cumplimiento del Contrato Administrativo de Adquisición Horno Crematorio de 13 de julio de 2020, que asciende al monto de Bs970.000 (novecientos setenta mil 00/100 bolivianos); e IMPROBADA respecto al pago de la penalidad libremente convenida, daños y perjuicios, costos y costas; disponiendo que el Gobierno Autónomo Municipal de Cochabamba, a través de su Alcalde Municipal, cumpla con su obligación de pagar el monto demandado y adeudado, que asciende a Bs970.000, a favor de la Empresa Representaciones, Ingeniería y Desarrollo de Proyectos SRL RIDEPRO SRL. Sin costas ni costos.
II. ARGUMENTOS DE LOS RECURSOS DE CASACIÓN II.1. El Recurso de Casación interpuesto por el Gobierno Autónomo Municipal de Cochabamba, a través de su representante legal, de fs. 679 a 684 vta., expuso lo siguiente:
1. Se vulneró del principio de verdad material, del debido proceso y de la igualdad procesal, por el rechazo de la prueba de reciente obtención, con mala aplicación del art. 331 e inobservancia del art.
gane uu 378 del Código de Procedimiento Civil. Refirió que mediante memorial de 18 de noviembre de 2021, acompañó el Informe Técnico Dpto. Sup. de Obras CITE 950/2021 de 5 de noviembre y solicitó la declaración de dos testigos, a efectos de demostrar el incumplimiento del contrato por parte de RIDEPRO SRL; sin embargo, el Tribunal A quo, rechazó la misma amparándose en la clausura del plazo probatorio.
Sostuvo que la clausura del plazo probatorio no impedía la producción de la prueba ofrecida, puesto que el art. 378 del Código de Procedimiento Civil faculta al juez a ordenar, hasta antes de la sentencia, toda prueba que juzgare necesaria y pertinente, lo que en concordancia con el principio de verdad material previsto en el art.
180 de la Constitución Política del Estado (CPE), imponía su producción. Denunció además vulneración del principio de igualdad procesal previsto en el art. 119 de la CPE, por cuanto el mismo Tribunal A quo admitió la prueba de reciente obtención presentada por RIDEPRO SRL mediante memorial de 14 de marzo de 2023, otorgando un trato diferenciado a las partes en conflicto. Concluyó que tal proceder constituye vicio procesal que vulnera el debido proceso previsto en el art. 115.II de la CPE.
2. Se valoró defectuosamente la prueba y se incurrió en motivación insuficiente de la sentencia, dado que el Tribunal A quo no realizó un correcto análisis de las pruebas cursantes en el expediente, puesto que en ninguna parte de la Sentencia se determinó la existencia de la deuda de Bs970.000 por impago del Contrato de Emergencia 01/2020, sino que únicamente se analizó el cumplimiento de la entrega de los bienes en forma y plazo por parte de RIDEPRO SRL, sin establecer si existía o no la deuda reclamada, máxime cuando no se permitió probar tal extremo al GAMC con la producción de nueva prueba.
Sostuvo a su vez que no se puede condenar al Estado al pago de una suma de dinero sin que previamente se determine la existencia de la deuda, no siendo suficiente la sola palabra del demandante.
Acusó, en ese mismo orden, la omisión de valoración del Informe Técnico DRCB/UDOM/INF/425/2020 de 31 de julio y del Informe INF-TEC-DCB 1061/2020 de 18 de agosto, emitidos por YPFB Redes, cursantes de fs. 553 a 565 de obrados, los cuales acreditarían el incumplimiento de las especificaciones técnicas del contrato por parte de RIDEPRO SRL en lo relativo a la instalación de gas. Sostuvo textualmente que: Lo que implico que constituya en una causal para el no pago del contrato hasta su subsanación o corrección, hecho que no fue valorado y al contrario minimizado, por el Tribunal Aguo, lo que constituyo en vulneración a nuestro derecho al debido proceso, ya que jamas se explico donde emergía la obligación del pago por efecto simple de la emisión del acta de conformidad, si la instalación efectuada por RIDEPRO no se encontraba conforme a normativa por constituir un riesgo para el mismo bien como para el horno antiguo (sic).
Concluyó solicitando se ANULE obrados hasta fs. 527, ordenando al Tribunal A quo aceptar los medios probatorios ofrecidos, así como la producción de prueba de oficio que considere pertinente para el esclarecimiento de la verdad material, o en su caso, se CASE en parte la Sentencia 19/2024 de 31 de diciembre, y deliberando en el fondo se declare IMPROBADA la demanda en todas sus partes.
II.2. El Recurso de Casación interpuesto por la Empresa Representaciones, Ingeniería y Desarrollo de Proyectos SRL RIDEPRO SRL, a través de su representante legal, de fs. 692 a 699 vta., expuso lo siguiente:
1. Indebida denegatoria del pago de la penalidad libremente convenida y de los daños y perjuicios, con interpretación errónea del art. 345 del Código Civil (CC), error en la apreciación de la
gas Tunceal
prueba y disposiciones contradictorias en la Sentencia. Refirió que el reclamo de la penalidad libremente convenida se encuentra plenamente acreditado en el Contrato Administrativo de Adquisición Horno Crematorio de 13 de julio de 2020, cuya Cláusula Vigésima Primera (Forma de Pago), concordante con la Cláusula Cuarta (Monto del Contrato), establece que si la entidad incurre en demora de pago que supere los cuarenta y cinco (45) días calendario desde la fecha de cada recepción, el proveedor tiene derecho a reclamar el pago de un interés equivalente a la tasa promedio pasiva anual del sistema bancario sobre el monto no pagado, calculado dividiendo dicha tasa entre trescientos sesenta y cinco (365) días y multiplicándola por el número de días de retraso.
Sostuvo también que no se trata de un daño previsto sino de una penalidad libremente convenida en caso de demora en el pago, cuya naturaleza contractual no requiere acreditación de perjuicio.
Denunció asimismo error en la apreciación de la prueba, por cuanto la Sentencia afirma que no cursa carta de exigencia de pago de tales conceptos efectivamente recibida por el GAMC, cuando obra de fs.
132 a 175 abundante prueba documental que acredita los reiterados reclamos, entre ellos la carta notariada de 9 de diciembre de 2020 con referencia Conmina Pago de Provisión de Horno Crematorio e Intereses por Demora en el Pago, recibida por el GAMC en fecha 10 de diciembre de 2020, conforme acredita el Acta de Diligenciamiento de Carta Notariada elaborada por el Notario Dr.
Alfredo Maldonado O. cursante a fs. 132, con la que se conminó al pago habiendo transcurrido 74 días calendario desde la recepción del bien, en aplicación de la Cláusula Vigésima Primera. Acusó finalmente que la Sentencia contiene disposiciones contradictorias, pues acepta la validez del contrato y la prueba aportada para determinar la deuda de Bs970.000,00 por la provisión del horno
crematorio, pero las desconoce a efectos de la penalidad pactada en
la misma Cláusula Vigésima Primera del propio contrato.
2. Aplicación indebida de los arts. 39 de la Ley 1178 y 52 del Decreto Supremo (DS) 23215 para desestimar el pago de costas y costos.
Sostuvo que tales normas se refieren a las costas y costos en procesos por responsabilidad administrativa, ejecutiva, civil y penal, y no a procesos contenciosos como el presente, donde lo que se persigue es el pago del monto adeudado por el bien adquirido más la penalidad libremente convenida por la demora en el pago, los cuales representan un gasto adicional al contemplado en la provisión del bien adjudicado, producto de la presente causa y de la negativa de pago del GAMC.
Concluyó solicitando se CASE parcialmente la Sentencia 019/2024 de 31 de diciembre, en lo referente a la determinación que declara IMPROBADO el pago de la penalidad libremente convenida, daños y perjuicios, costos y costas; y deliberando en el fondo, se disponga el pago de la penalidad libremente convenida en la Cláusula Vigésima Primera del Contrato de 13 de julio de 2020, por la demora en el pago del valor del Horno Crematorio, a ser calculada a la fecha del pago, más daños y perjuicios, costos y costas.
IV. CONTESTACIÓN DE LOS RECURSOS DE CASACIÓN
1. Mediante memorial de fs. 692 a 699 vta., la Empresa Representaciones, Ingeniería y Desarrollo de Proyectos SRL RIDEPRO SRL, a través de su representante legal, contestó el Recurso de Casación presentado por el Gobierno Autónomo Municipal de Cochabamba, argumentando que la facultad prevista en el art. 378 del Código de Procedimiento Civil es potestativa de la autoridad judicial, no pudiendo descargarse en el juzgador la responsabilidad probatoria que corresponde a las partes.
Añadió que, habiendo sido emitido el Auto de 18 de noviembre de 2021 que clausuró formalmente el plazo probatorio fenecido el 15
de noviembre de 2021, operó la preclusión conforme al art. 16 de la Ley del Órgano Judicial (LOJ). Sobre la supuesta valoración defectuosa por no haberse acreditado la inexistencia del pago, sostuvo que el argumento resulta contradictorio, pues en un contrato quien cumple con la entrega de lo pactado tiene derecho al pago convenido, y si la parte demandada contara con documento que acreditara haber pagado, le bastaba con oponer la excepción de pago documentado, lo que no ocurrió, evidenciándose más bien negligencia del GAMC, que pretende ahora que el órgano jurisdiccional actúe como parte supliendo la actividad probatoria que aquél no desarrolló durante la tramitación del proceso, máxime cuando en su responde a la demanda reconoció expresamente no haber cancelado por la adquisición del horno crematorio.
Concluyó solicitando se declare INFUNDADO el Recurso de Casación interpuesto por el Gobierno Autónomo Municipal de Cochabamba, con costas y costos.
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